Venezuela/ El futuro de la negociación en República Dominicana [Michael Penfold]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

20 de diciembre 2017

Boletín Informativo

 <https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/>
https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

  _____

Venezuela

El futuro de la negociación en dominicana

Michael Penfold

Prodavinci, 15-12-2017

http://prodavinci.com/

Es probable que contra todo pronóstico el país culmine con un acuerdo en
República Dominicana. El acuerdo, si bien no será perfecto, puede llegar a
cambiar la situación política tan desfavorable que actualmente enfrenta
Venezuela. Ciertamente, después de los resultados electorales tanto del 15
de octubre como del 10 de diciembre, el gobierno asiste a la negociación
para ver cómo se queda con el poder. En ningún momento esta negociación es
vista por el oficialismo como un mecanismo de transición democrática y mucho
menos de abandono de su dominio sobre la totalidad del país. Su principal
objetivo en la negociación es otorgarle suficientes concesiones a la
oposición para que la comunidad internacional, luego del desmantelamiento
institucional que ha sufrido el sistema político venezolano, relegitime una
potencial reelección del presidente Maduro para el período 2018-2024. Como
veremos, esta negociación pasa por tres temas centrales, sin los cuales la
comunidad internacional difícilmente puede llegar a reconocer una potencial
reelección: cambio en las condiciones electorales, reconocimiento de la
Asamblea Nacional y disolución de la Asamblea Constituyente.

La negociación se mueve sobre dos ejes. Una primera dimensión está referida
al intercambio de mejoras en las condiciones electorales (cronograma,
renovación del CNE y observación internacional) a cambio de acceso a las
aprobaciones de crédito publico necesarias por parte de la Asamblea
Nacional, lo cual supone tanto su reconocimiento formal como la eliminación
del desacato judicial. En teoría, esta parte de la negociación, también
incluye la abolición o por lo menos ciertas limitaciones en el
funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que continúa siendo la
principal motivación por parte de los EEUU para mantener vigente las
sanciones económicas introducidas en agosto de este mismo año. Un segundo
eje está vinculado a la eliminación de las inhabilitaciones y de la
liberación de los presos políticos a cambio de un desmantelamiento
progresivo o una flexibilización parcial de las sanciones económicas e
individuales tanto de los Estados Unidos como de Europa.

Este último tema es fundamental para el gobierno. Aún si suponemos que el
presidente Maduro logra ser reelecto en el 2018, su viabilidad futura está
seriamente afectada por unas sanciones que en la práctica impiden cualquier
reestructuración o refinanciación de la deuda; y adicionalmente limitan
severamente la capacidad de PDVSA de utilizar a Citgo para realizar la
procura de bienes y servicios de la industria petrolera al restringir a 90
días el crédito comercial de corto plazo en los Estados Unidos. PDVSA,
debido a su situación financiera así como a la corrupción y a su pésima
gestión gerencial, paga en el mejor de los casos a más de 150 días o
sencillamente no paga. Esta realidad financiera supone que en la práctica el
crédito comercial de la empresa estatal se cerró y sus proveedores dejaron
de prestar servicios. China y Rusia tampoco han salido al rescate con dinero
fresco tal como el gobierno anticipaba. Bajo estas condiciones, y sin un
cambio radical en la política económica, es virtualmente imposible
estabilizar la producción petrolera y mucho menos resolver el problema del
financiamiento internacional que enfrenta tanto el gobierno central como
PDVSA. En los últimos dos meses, PDVSA ha perdido más de 200,000 barriles
diarios de producción. A esta tasa de decrecimiento de la producción, PDVSA
podría llegar a caer a poco menos de 1.6 millones de barriles diarios para
el primer trimestre del 2018. En el mejor de los escenarios –incluso con una
producción de 1.9 millones barriles y con un precio para la cesta venezolana
de cincuenta dólares– las necesidades de financiamiento de Venezuela superan
los 7 mil millones de dólares.

¿Cuánto va a ceder el gobierno? Lo suficiente como para garantizar un
reconocimiento internacional, pero tampoco tanto como para permitir unas
elecciones perfectamente competitivas. ¿Cuánto va a aceptar la oposición?
Todo aquello que le permita mostrar algunas mejoras en las condiciones
electorales, la eliminación de las inhabilitaciones y la liberación de los
presos políticos. A pesar de la voluntad de ambas partes de hacer
concesiones, la incertidumbre de la negociación radica en un tema que
ninguna de las partes controla: las sanciones. Dentro de este proceso de
negociación, la comunidad internacional, y muy especialmente los Estados
Unidos y la Unión Europea, deben aceptar definir unilateralmente las
condiciones bajo las cuales podrían estar dispuestos a desmontar las
sanciones en un futuro inmediato. Para la comunidad internacional esto es un
tema complejo: las sanciones fueron diseñadas para producir un cambio
político en Venezuela y su desmantelamiento nunca fue pensado para legitimar
una potencial reelección del presidente Maduro.

La alternativa para el chavismo

La reelección del oficialismo, sobre todo su sostenibilidad, pasa por la
negociación. Esto es indudable. Ir a la reelección, sin una negociación
exitosa, implica asumir una presidencia que es inviable y que plantea unos
problemas de gobernabilidad que son totalmente insuperables tanto desde el
punto de vista internacional como económico y financiero. De ahí que el
gobierno haya dicho que sin negociación y sin remoción de las sanciones no
habrá elecciones presidenciales en el 2018. Pero esta amenaza es poco
creíble. Unas condiciones económicas signadas por la hiperinflación y en
especial por el colapso de la producción petrolera, le imprimen un sentido
de urgencia a un gobierno, que a pesar de la retórica, entiende
perfectamente las consecuencias políticas de un aceleramiento del deslave
social. El gobierno, en cualquier caso, pareciera preferir adelantar contra
viento y marea estos comicios a más tardar para finales del primer semestre
del año entrante.

La alternativa para el chavismo frente a la negociación es sustituir a su
candidato a la presidencia sin necesariamente sacrificar su hegemonía sobre
el control institucional del país; lo cual implica no hacer concesiones
electorales ni políticas a la oposición. Con ello se sacrifica la reelección
de Maduro, se abandona la negociación en Dominicana y se busca resolver
tanto el tema internacional y financiero a través de un nuevo gobierno que
asegure la continuidad chavista, pero que produzca una ruptura con el modelo
económico actual. Esta alternativa buscaría consolidar el poder sin
necesariamente aceptar la negociación, aceleraría las elecciones
presidenciales sin cambio en las condiciones electorales y conllevaría a
impulsar un programa de estabilización económica sin cooperación del mundo
opositor. No obstante, para el chavismo este escenario continúa siendo
incierto, pues aún si lograran alternar el candidato para promover un
refrescamiento controlado en el gobierno, es difícil pensar que obtendrían
el reconocimiento internacional. Las sanciones, al menos en el corto plazo,
difícilmente serán removidas. Para flexibilizar las sanciones, tanto los
Estados Unidos como Europa, tendrían que cambiar su objetivo de política
exterior de una política orientada al “cambio de régimen” a una mucho más
pragmática que busque tan sólo un “cambio de comportamiento”.

Hasta ahora la voluntad de Maduro de impulsar su reelección pareciera que se
va imponiendo. Su aspiración a ser reelecto se basa en haber forzado la
instauración de la Asamblea Nacional Constituyente así como su amplia
victoria en las elecciones regionales y locales. Su carta de presentación
frente a sus rivales internos son su control total sobre la Constituyente,
el triunfo en 19 gobernaciones y 308 alcaldías. ¿Quién dentro del chavismo
apostó que iban a estar en esta situación luego de cuatro meses de protestas
y de haber permitido el colapso de la economía más grande de la historia
venezolana? Pero aún con estas fortalezas, el futuro de Maduro se muestra
incierto si no logra un nuevo reconocimiento internacional y un cambio en
las sanciones. Y sus rivales internos, quienes también aspiran sustituirlo,
y quienes prefieren un sistema hegemónico de partido como el del PRI en
México, es decir, sin reelección, entienden perfectamente estas
limitaciones.

La oposición tiene que enfrentar este dilema a la inversa. Dejar de negociar
con Maduro es permitir que se imponga un tercero dentro del chavismo que a
su vez no va a aceptar ninguna negociación. Estos potenciales sustitutos
chavistas desean imponerse y apuestan a que la comunidad internacional
estará más dispuesta a entenderse con ellos, si hay un “cambio de
comportamiento”, que si Maduro decide quedarse en la presidencia. Desde este
punto de vista, la Revolución queda mejor blindada con alternabilidad
partidista y sin negociación que con concesiones políticas y reelección.
Para los rivales internos, e incluso también para una parte del estamento
militar, la negociación más bien podría ser riesgosa, pues un cambio tanto
en las inhabilitaciones como en las condiciones electorales podría aumentar
las oportunidades de triunfo de un candidato opositor (sea alguno que
actualmente está inhabilitado o de un potencial “outsider”). Frente a esta
realidad, la oposición tiene pocas alternativas. Su única opción es abordar
con seriedad la negociación, tal como lo viene haciendo, especialmente
porque los incentivos para que Maduro efectivamente acepte un acuerdo son
mucho más altos que los que muchas personas suponen.

El problema es la implementación

Culminar con éxito una negociación en Dominicana probablemente sea más
sencillo que implementarla. La razón tiene que ver con los “holdouts”
políticos, es decir, los grupos que decidieron “ex profeso” no sentarse en
Dominicana, tanto del mundo opositor como de las esferas chavistas. Los
grupos que no apoyan la negociación van a tratar de impedir a toda costa que
cualquier acuerdo se implemente, tanto elevando su costo en la opinión
pública, como obstaculizando la toma de decisiones dentro del poder
judicial, el estamento militar, la Asamblea Nacional, la Asamblea
Constituyente y también dentro de los partidos políticos. La implementación
también será compleja porque los diversos actores que se resisten a la
negociación promoverán un cabildeo activo sobre los Estados Unidos y Europa
para impedir cualquier flexibilización de las sanciones, incluso en caso que
se haya verificado la implementación de las partes centrales del acuerdo. De
modo que el éxito del pacto depende de múltiples actores que no
necesariamente van a estar comprometidos con su ejecución.

La única forma de resolver este problema central es que la negociación
incluya un tema sobre el cual ninguna de las partes hasta ahora ha querido
hablar: una amnistía general. La inclusión de este tema permite que la
implementación sea mucho más sencilla para todos. La razón es que una
amnistía general crea beneficios en toda una gama de asuntos (fiscal,
derechos humanos y políticos) que haría que aún aquellos actores que se
oponen a un potencial acuerdo se beneficien abiertamente de su
implementación. Hasta ahora este es un tema que el gobierno esquiva
recurrentemente (en parte porque percibe que está seguro que se mantiene en
el poder y prefiere seguir hablando de una Comisión de la Verdad) y porque
es un asunto que también divide a las diversas facciones opositoras (pues
tendrían que abortar su deseo de llevar adelante una justicia transicional).
Esta percepción es un verdadero escollo. Lo cierto es que Venezuela es un
país que ha vivido un conflicto civil, que si bien no es una guerra civil,
igual ha dejado un saldo negativo tanto en lo económico y en lo social de la
misma envergadura. Sin una amnistía general difícilmente el país pueda
enfrentar con éxito la estabilización económica, la emergencia social y su
urgente reinstitucionalización.

¿Maduro puede ganar una elección presidencial?

Tal como hemos visto, lo único que justifica la negociación desde el punto
de vista del gobierno es la percepción que tiene, sobre todo después de los
últimos eventos comiciales, que aun haciendo concesiones sustantivas puede
llegar a ganar la reelección y obtener el reconocimiento internacional que
carece en estos momentos. ¿Realmente puede Maduro ganar una elección
aceptando un cambio en las condiciones electorales? La evidencia estadística
de la reelección en América Latina (aun en condiciones de normalidad
democrática) no es alentadora para la oposición: la probabilidad que un
presidente que aspira a la reelección obtenga el triunfo es altísima. Son
pocos los casos de derrotas, entre ellos los de Daniel Ortega en Nicaragua o
Hipólito Mejías en República Dominicana, y más bien la regla es que la
reelección presidencial termina siendo exitosa. El mejor inductor a la
alternabilidad democrática en América Latina es limitar la reelección y
lamentablemente en el caso venezolano la reelección es indefinida. Los
cambios políticos en América Latina suelen surgir cuando quien aspira a la
reelección no puede presentarse, tal como acabamos de ver en Ecuador con
Rafael Correa o en Argentina con Cristina Kirchner. Son las limitaciones
constitucionales y no las elecciones las que promueven la alternabilidad.

Maduro tienen un problema central que es innegable: más allá de controlar la
presidencia, para poder garantizar su reelección debe frenar en seco la
hiperinflación. Sin un programa de estabilización económica, Maduro corre el
mismo riesgo que Daniel Ortega en Nicaragua a finales de los ochenta, quien
perdió la reelección luego de una guerra civil y en medio de un proceso
hiperinflacionario de larga duración. Los paralelismos con el caso
venezolano son evidentes. El gobierno se ha volcado al Carnet de la Patria y
al uso clientelar de los CLAPS como mecanismo de compensación social para
inflar con esteroides su desempeño electoral. Los efectos de ambos
instrumentos son significativos. 71 por ciento de la población dice tener
acceso (aunque irregular) a los CLAPS; de ese grupo que recibe las bolsas de
comida, 70 por ciento dice ser oficialista y 30 por ciento opositor. 63 por
ciento de la población dice también poseer el Carnet de la Patria; de
aquellos que poseen el plástico –y se autodefinen como oficialistas, y dicen
también haber participado en las elecciones regionales–, el 95 por ciento
terminó efectivamente votando por el gobierno. En el caso de los que se
autodefinen como opositores, el 31 por ciento dice haber terminado votando
por el PSUV (probablemente porque se sintieron coercionados). Es evidente
que el Carnet de la Patria tiene un poder significativo en su capacidad para
reforzar por la vía de los hechos la lealtad partidista y en su capacidad
(parcial) de lograr la conversión del voto por parte de aquellas personas
que dicen no ser oficialistas.

La fragilidad del país

En Venezuela los problemas son cada vez más estructurales: 82 por ciento de
la población vive actualmente en situación de pobreza y los niveles de
inseguridad alimentaria son verdaderamente alarmantes. Hemos perdido en
términos reales en los últimos cuatro años casi un 40 por ciento de nuestra
economía. La producción petrolera ha retrocedido a los niveles de la década
de los ochenta mientras que la población es tres veces más grande. Una
hiperinflación que puede cerrar por encima de 1600 por ciento en el 2017
implica que en cuestión de días una persona de clase media puede pasar a ser
vulnerable y otra que vive en situación de pobreza puede pasar a vivir en la
pobreza extrema. Venezuela es simplemente un país que agoniza.

La negociación también debería estar orientada a resolver estos problemas
estructurales. Ambas partes deben reconocer que el país requiere
enfrentarlos colectivamente, lo cual conlleva inexorablemente a construir
instituciones para resolver los dilemas del desarrollo, para impulsar el
crecimiento económico, el bienestar, la calidad de vida y la equidad social.
Sin estos factores, el proceso de negociación es más débil y muchos
venezolanos lo percibirán como irrelevante o al menos lo verán con mucho
escepticismo.

  _____





---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20171220/54da2c04/attachment-0001.htm