Ecuador/ Incertidumbres ante las próximas elecciones presidenciales [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de febrero 2017

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Ecuador

Incertidumbres ante las próximas elecciones presidenciales

Decio Machado *

Viento Sur, 9-2-2017

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El próximo 19 de febrero Ecuador enfrenta sus primeras elecciones
presidenciales en los últimos 10 años y medio sin que el nombre de Rafael
Correa Delgado esté en la papeleta de votación. Entender el ascenso de
Alianza PAIS y Rafael Correa al poder, implica entender también sus
orígenes, con la conformación de este partido político tan sólo ocho meses
antes del proceso electoral del 2006, donde se determinó la primera de las
múltiples victorias electorales correístas durante esta década.

Antecedentes inmediatos al correísmo

Al igual que lo que sucedía en el resto de la región, en Ecuador se vivía
desde la década de 1990 en un marco de inestabilidad política fruto de un
apretado ciclo de levantamientos populares y grandes movilizaciones que
conllevaron al derrocamiento de tres presidentes constitucionalmente
elegidos (Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en
2005), con el consiguiente descrédito del régimen de partidos, de las
instituciones políticas ecuatorianas y del sistema económico neoliberal
implementado tras el estallido de la crisis de la deuda externa en 1982. La
salida de esta crisis devino en la progresiva construcción de un modelo
empresarial de desarrollo que fue consolidado a partir del gobierno de Sixto
Durán Ballén (1992-1996) y que fue ampliado por los gobiernos sucesores.

Este período puede ser definido como la fase inicial de la modernización del
capitalismo ecuatoriano, durante el cual se mejoraron los beneficios
empresariales a costa del deterioro del los servicios públicos, el
achicamiento del rol y el tamaño del Estado, la concentración de la riqueza,
la desregulación tributaria, la precarización laboral y a partir del crack
financiero (1998-2000) y la pérdida de soberanía monetaria a través de la
dolarización del país, con la explosión del fenómeno migratorio ecuatoriano.


Es en ese contexto en el cual entre mayo y junio de 1990 tomaba forma el
primer levantamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
Sus demandas, dieciséis puntos, recogían la defensa y reivindicación de sus
derechos, territorios, la justicia y la libertad.

El “levantamiento del Inti Raymi” consolidó al movimiento indígena como un
sujeto protagónico en las luchas sociales ecuatorianas durante un período
que se prolongó entre 1990 y 2005, pasando de la resistencia popular al
cogobierno durante una breve etapa del gobierno de Lucio Gutiérrez.
Convertido el movimiento político Pachakutik en la principal fuerza de
oposición al ajuste estructural implementado en Ecuador desde las
instituciones de Bretton Woods, su participación en la gestión gubernamental
–lo que inicialmente se consideró un triunfo- generaría una crisis interna
de la cual el movimiento indígena en su conjunto aún no ha sido capaz de
levantar cabeza. Ello hace que el escenario político cambie y tomen fuerza
las demandas ciudadanas, en torno a las cuales se aglutinaron las clases y
capas medias urbanas. Esto propiciará la “revuelta de los forajidos” y la
caída del gobierno gutierrista en abril de 2005, última crisis gubernamental
vivida en este pequeño país andino.

Es desde este preámbulo que resulta factible la construcción, apenas unos
meses antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2006,
de un fenómeno político nuevo pero que electoralmente resultó tremendamente
eficaz: la conformación de Alianza PAIS bajo el liderazgo de un joven
profesor universitario, Rafael Correa, cuya experiencia política era ajena a
las luchas de los movimientos sociales locales y cuyo único antecedente
político era haber ocupado durante cuatro meses el cargo de ministro de
Economía durante el gobierno anterior a su elección.

La década correísta

Tras su investidura el 15 de enero de 2007, el objetivo del gobierno del
presidente Correa fue abordar un segundo proceso de modernización
capitalista en el país, esta vez mediante la reinstitucionalización y fuerte
intervención del Estado, recuperando la institucionalidad pública y la
relegitimación del sistema de representación política institucional. Los
ideólogos del correísmo llamarían a esto la construcción de una sociedad
posneoliberal, implementado un proceso de reformas por fases que pretendía
como objetivo la construcción de un segundo momento que podríamos definir
como “socialismo de mercado” (capitalismo popular), para terminar en un
tercer estadio que tuvieron a bien definir como “biosocialismo” (una
sociedad de autoconciencia implementada bajo los principios civilizatorios
del Buen Vivir).

En la práctica y tras más de diez años de gobierno del presidente Rafael
Correa, podemos aseverar que el proceso no ha sido capaz de pasar de su
primera fase. Sería el propio presidente Correa quien con la siguiente frase
definiría de forma adecuada su gestión ante un medio público: “básicamente
estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes
de cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es
nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” (Diario El
Telégrafo, 15 de enero de 2012). Sin embargo, llegado en el año 2013 el fin
del período conocido popularmente en América Latina como la “década dorada o
del boom de las materias primas”, las políticas públicas correístas
sufrieron una fuerte involución debido a la falta de liquidez económica
gubernamental. Dentro de esta involución destacan hechos como la ampliación
de la frontera petrolera con su correspondiente impacto social y ambiental
sobre el conjunto de territorios originarios de los pueblos y nacionalidades
indígenas ancestrales; la entrega de los campos maduros (conocidos en el
mundo petrolero como las “joyas de la corona”) a transnacionales extractivas
extranjeras; la concesión sin licitación pública de varios puertos
estratégicos del país a grupos de capital extranjeros; el apoyo a los
grandes del agronegocio en detrimento de la soberanía alimentaria nacional;
un proceso de flexibilización laboral que permite la reducción de las horas
trabajo de las y los operarios; la vuelta de la vigilancia sobre la economía
nacional a manos del FMI; así como el actual proceso en marcha para la
privatización de hidroeléctricas, gasolineras y otras empresas públicas que
inicialmente fueron rescatadas durante la primera fase de este proceso
político autodenominado propagandísticamente como revolución ciudadana.

El correísmo, al igual que otros gobiernos progresistas de la región, se
caracterizó durante sus años de bonanza económica por impulsar políticas
sociales compensatorias que fueron la base de esta nueva gobernabilidad a la
par que exacerbó el modelo de explotación extractivista de recursos
naturales, fortaleciendo un Estado que había quedado reducido a su mínima
expresión durante el período neoliberal y fomentando ampliamente la
construcción de obras de infraestructura en el país en la búsqueda de
desarrollar cierta competitividad sistémica (creación de un entorno
sustentador que pueda conducir a un desarrollo acelerado buscando ventajas
competitivas para la inversión privada nacional y extranjera).

La gestión correísta durante el período de bonanza económica (los ingresos
del Estado ecuatoriano entre 2007 y 2015 fueron de 221 mil millones de
dólares, lo que significó unos ingresos promedio 3,84 veces superior a los
ingresos existentes entre los años comprendidos entre 2000 y 2006) permitió
que la pobreza por ingresos se redujera en torno a los 12 puntos, pasando el
salario básico de 160 dólares en 2006 a 340 dólares en 2013; que el Estado
invirtiese aproximadamente 13 500 millones de dólares en salud, impulsando
la construcción de hospitales y otras infraestructuras sanitarias; que en
materia de Educación se haya incrementado la tasa neta de matrícula en
educación básica del 92% al 96%, siendo de seis puntos porcentuales el
incremento de matrículas en el caso de la población más pobre; y que el
Estado haya intervenido sobre 9 000 kilómetros de carreteras durante esta
década.

El crecimiento de la renta per cápita durante dicho período activó la
“popularización” del sistema financiero privado (facilidad de acceso al
crédito para familias humildes buscando incentivar el consumo), lo que
consolidó un capital emergente que enfocando sus criterios de rentabilidad
hacia el mercado interno agudizó el problema ya anteriormente existente del
control de empresas monopólicas sobre los distintos sectores del mercado
nacional ecuatoriano.

Es así que la intervención del estado en la dinamización de la economía,
principal característica del socialismo del siglo XXI, significó que el
gasto de inversión pasara del 11,4% por Presupuesto General del Estado en
2008 al 20,5% en 2013, mientras los grandes grupos económicos que operan en
el mercado nacional incrementaron en casi un 40% sus ingresos. En pocas
palabras, las empresas más grandes que operan en el mercado ecuatoriano
ganaron durante el período progresista sustantivamente más que durante los
años anteriores a la llegada del presidente Rafael Correa al Palacio de
Carondelet. Así, en 2006, con un PIB de 46 800 miles de millones de dólares,
las 300 empresas más grandes en Ecuador ingresaron 20 363 millones de
dólares, lo que viene a significar un 43,6% del PIB. Tanto solo seis años
después, en 2012, y con un PIB de 84 700 millones de dólares (casi el doble
que el del 2006), estas mismas empresas ingresaron 39 289 millones de
dólares, lo que implica tres puntos porcentuales más sobre el PIB nacional.
Sin embargo, desde que comenzase la caída en 2013 de los precios de las
materias primas en el mercado global, el país entró en una crisis económica
que es fruto de la falta de cambios estructurales en el ámbito económico.
Tres factores externos (caída del precio del petróleo, apreciación del dólar
y encarecimiento del financiamiento externo) sumado a la falta de
diversificación productiva interna han golpeado seriamente al país.

Ecuador posee una estructura productiva altamente dependiente de las
exportaciones de crudo y otros bienes primarios, así como de la importación
de productos elaborados para su buen desenvolvimiento. Esto hace que cuando
las exportaciones primarias decrecieron el país haya vuelto a la senda del
endeudamiento externo y que la economía ecuatoriana se haya contraído en
2015 un 1,7% de su PIB.

El llamado “socialismo del siglo XXI” en Ecuador no fue capaz, por
incapacidad o por falta de voluntad política, de transformar la matriz de
acumulación capitalista heredada del neoliberalismo. Esto implica que la
estructura productiva nacional se mantenga concentrada en pocos grupos
económicos que ejercen su control sobre los distintos sectores de la
economía nacional, a pesar de que sean bajos generadores de empleo. Los
pequeños emprendimientos que dan empleo hasta 9 personas generan el 70% del
empleo nacional, mientras que las empresas que emplean desde 100 personas en
adelante concentran alrededor de la mitad de los ingresos de la economía del
país. El fisco ecuatoriano reconoce la existencia de 118 grandes grupos
económicos que operan en el mercado nacional, de los cuales 16 controlan la
mayor parte de la economía. Las políticas fiscales y productivas
desarrolladas en los últimos años permitieron una serie de excepciones
fiscales que determinan el hecho de la presión fiscal no recaiga sobre las
grandes empresas, recaudándose de estas tan solo el 15% del montante total
del Impuesto a la Renta.

A la postre, el actual deterioro de la economía ecuatoriana conlleva que los
indicadores sociales positivos logrados durante gran parte del período
correísta en el ámbito de la disminución de la pobreza, la disminución del
empleo o las mejoras en materia de capacidad adquisitiva de la población, se
encuentren en la actualidad en franco deterioro. Por ofrecer tan solo un par
de ejemplos sobre esta afirmación: durante el ejercicio 2015 se perdieron
340 000 puestos de empleo digno en el país, mientras que el incremento del
salario básico para 2017 equivale a 30 centavos de dólar al día, lo que no
da para financiar en su acumulado de una semana un triste plato de comida en
el comedor popular más económico existente en la ciudad de Quito.

La cuestión se agrava en la medida que el incremento relativo de la
capacidad adquisitiva de la población ecuatoriana durante la etapa de
bonanza, conllevó a una política interna de democratización del acceso al
consumo, que a la postre ha derivado en un fuerte crecimiento del
endeudamiento familiar. Según un estudio del Colegio de Economistas de
Pichincha, el 41% de los hogares ecuatorianos gastan más de lo que ganan,
siendo las personas más endeudadas las que menos ingresos perciben (mayor
endeudamiento entre los pobres).

Es esta nueva condición económica que atraviesa el país lo que ha hecho que
el correísmo haya perdido legitimación social durante los últimos tres años
de mandato del presidente Correa. La crisis hegemónica neoliberal no
conllevó en Ecuador a la implementación de un modelo posneoliberal anclado a
un proyecto de transformación social y económico. El correísmo es apenas un
ejemplo más de las lógicas ilusorias capitalistas que pretenden de combinar
crecimiento capitalista subordinado y emancipación social. Eso sí, todo ello
con una gran dosis propagandística de radicalidad discursiva.

En la actualidad se evidencia que lo construido en materia de mejoramiento
de los indicadores sociales a lo largo de este período tiene unos pilares
demasiado frágiles. Dicha condición nos debe hacer reflexionar, aquí y en
otros lugares, sobre el hecho de que no es posible mejorar estructuralmente
la situación de los más pobres sin tocar los privilegios de las élites
económicas y los grandes grupos de poder.

La actual disputa electoral

El hecho de que Rafael Correa no esté en la papeleta de votación, sumado a
la condición de deterioro económico que vive el país, permitió que los
sectores de la oposición política aspiraran por primera vez de forma seria a
ganar el próximo proceso electoral.

Sin embargo, las rivalidades existentes entre las distintas familias que
conforman el conservadurismo ecuatoriano no les ha permitido desarrollar una
estrategia de unidad similar a lo que en algún momento desarrolló la
oposición en Venezuela. Esto hace que existan dos facciones enfrentadas de
la derecha ecuatoriana. Una encabezada por un magnate propietario de uno de
los principales bancos del país (Guillermo Lasso), y otra por una política
de la vieja derecha socialcristiana (Cynthia Viteri). Conscientes de que no
pueden ganar las elecciones presidenciales por separado, el objetivos de
ambos es forzar una segunda vuelta o balotaje, intentando posicionarse cada
uno de ellos como el contendor final al continuismo oficialista. De lograr
tal objetivo, se articularía una alianza de casi la totalidad de fuerzas
opositoras para apoyar la candidatura conservadora. Más allá de lo anterior,
en lo que va de campaña electoral, ambas facciones de la derecha han
confrontado dialéctica y hasta físicamente en escenarios de aparición
conjunta. Todo ello a pesar de que sus propuestas electorales sean similares
y tengan como propuesta la reimplementación del neoliberalismo en Ecuador.

Desde el ámbito de las izquierdas disidentes al régimen, se alinearon un
conjunto de fuerzas opositoras cuyo abanico abarca posiciones ideológicas
que van desde la socialdemocracia liberal (encarnada por el reconstituído
partido Izquierda Democrática), hasta múltiples sectores que han ido poco a
poco quedando excluidos del gobierno correísta, pasando por el propio
Pachakutik y la Unidad Popular (un reconvertido y muy disminuido partido
maoísta que en el pasado se denominó Movimiento Democrático Popular).

Esta alianza electoral, que en la práctica carece de homogeneidad ideológica
y que goza de escasas expectativas cara a ganar las elecciones, se agrupa en
torno a la candidatura del general Paco Moncayo, un viejo militar de corte
nacionalista que alcanzó notoriedad en 1995 como comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas del Ecuador en su conflicto militar con el Perú. Moncayo es
precursor de lo que en el país se ha venido a llamar, en una alarde de
imaginación inusitada, “militarismo ilustrado”.

A menos de dos semanas de los comicios electorales, las encuestas más serias
en el país vienen a indicar que el partido de gobierno (Alianza PAIS) baja
paulatinamente su intención de voto debido a los incesantes escándalos de
corrupción institucional que están apareciendo casi de forma diaria en la
prensa nacional. El diseño es estratégico y sin duda elaborado por la
oposición conservada, quienes aguardaron hasta la campaña electoral para,
con la complicidad de los medios de comunicación privados, posicionar una
larga lista de depravados affaires gubernamentales que dan luz a la
descomposición ética del régimen.

Esta campaña electoral se convirtió para Alianza PAIS en una especie de
partido contra reloj, pues aunque se mantienen como opción preferencial del
electorado ecuatoriano, su caída en intención de voto es sostenida y sus
estrategas cuentan los días que faltan de campaña entre las angustias de la
pudredumbre que se va aireando a su alrededor.

Para ganar en primera vuelta sin mayoría absoluta, Alianza PAIS necesita del
40% de los votos válidos con un 10% de ventaja sobre sus opositores. Dicha
condición comienza a ponerse en cuestión, aunque el régimen cuenta con el
apoyo de un Consejo Nacional Electoral (órgano rector de la democracia en el
país, pero cuya composición en íntegramente oficialista) cuya imparcialidad
electoral está en cuestión. En paralelo, el partido CREO liderado por
Guillermo Lasso (principal fuerza opositora) apuesta por ser la opción
elegida en el último día por parte de ese 30% del electorado que en pasadas
elecciones depositó su voto por el correísmo, pero que en la actualidad se
define como indeciso a pesar de lo avanzado de la campaña electoral y de que
el voto en Ecuador sea obligatorio para el conjunto de ciudadanos
comprendidos entre los 18 y los 65 años.

En todo caso y más allá de la opción política que triunfe electoralmente en
esta campaña electoral, el próximo gobierno se verá obligado a proceder con
un plan de ajuste que conllevará el recorte del gasto público y una
renegociación para los pagos de la deuda externa contraída durante estos
últimos años por el régimen. Además, basta oír los discursos de los
principales presidenciables para entender que los planes diseñados para la
salida de la actual crisis recaerá a todas luces sobre las espaldas de las y
los trabajadores. Es de esperar que en base a lo anterior y con un gobierno
que ya no gozará de la legitimidad social y política sobre la que se
sustentó los primeros siete años de gobierno correísta, exista una
recomposición del tejido social ecuatoriano. Será únicamente a través de la
movilización social como se reempoderarán los movimientos sociales
ecuatorianos, esos que protagonizaron en su momento las luchas de
resistencia al neoliberalismo, permitiendo un acumulado histórico que llevo
a Alianza PAIS al poder, y que hoy se sienten defraudados por el accionar de
un gobierno que dijo representarles.

* Decio Machado. Sociólogo. Consultor político residente en Ecuador

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