América Latina/ Odebrecht, la trama detrás de la trama [Juan Peris-Mencheta Barrio]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de febrero 2017

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América Latina

Transnacionales y élites políticas

Odebrecht, la trama detrás de la trama

Juan Peris-Mencheta Barrio *

Eldiario.es, 15-2-2017

http://www.eldiario.es/

El pasado 21 de diciembre de 2016 salía a la luz pública que el emporio
brasileño Odebrecht, la mayor constructora de América Latina con más de 168
000 empleados e ingresos de más de 40 000 millones de dólares y cuyo
presidente ya fuera juzgado y encarcelado en 2015 en el marco del escándalo
Petrobras, había recurrido de manera masiva al pago de sobornos a políticos,
partidos y funcionarios por un monto estimado por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos en 788 millones de dólares para conseguir la
concesión de licitaciones públicas en varios países latinoamericanos
(Brasil, Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú,
Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala) y africanos. Los impactos
políticos y económicos del caso están aún por calibrarse, a medida que las
informaciones van filtrándose, pero conviene detenerse en aquello que el
caso Odebrecht no debería ocultarnos en su espectacular estallido mediático.


Una Púnica a escala latinoamericana

Para dimensionar adecuadamente la magnitud del delito y a la vez curarnos
preventivamente de cualquier prejuicio chovinista, la suma comprometida a lo
largo y ancho del caso Odebrecht se corresponde con la suma total de lo
defraudado en España por las tramas Púnica, ERE de Andalucía, Gürtel y el
caso Saqueo, por sólo escoger algunos de los más de 120 casos de corrupción
censados en nuestro país.

Más allá de su magnitud, el entramado Odebrecht revela tanto la intensidad
como el modus operandi (relativamente simple y homogéneo) mediante el cual
se ha generalizado esta inmensa dinámica de colusión entre los intereses de
las grandes corporaciones transnacionales (especialmente aquellas dedicadas
a la extracción de materias primas y a la realización de grandes obras
públicas) y los defendidos por las élites político-administrativas de
numerosos estados periféricos del Sistema-Mundo, por recuperar la
terminología de Wallerstein.

Al mismo tiempo, muestra que la impunidad se ha banalizado a tal punto que
difícilmente será un desafío superable en los dos próximos decenios en
América Latina y quizás de manera más acusada en un continente africano, que
sigue siendo la presa más inerme de los grandes entramados crematísticos en
torno a los cuales se despliega el capitalismo internacional: hasta el
momento, sólo en Brasil (con el PT vastamente tocado), en Colombia y, desde
la semana pasada en Perú (con el expresidente Toledo directamente implicado)
hay personas juzgadas o imputadas.

Pero lo que subyace tras el que ha sido ya definido como el mayor caso de
corrupción en la historia reciente de América Latina no es otra cosa sino la
consecuencia del despliegue del capitalismo en su nueva fase de acumulación,
embarrancada ya en el pillaje compulsivo de lo que hasta ahora pertenecía al
dominio público, al Estado social, o seguía bajo el control de las
comunidades locales, y que está siendo, en tiempos de la gobernanza
neoliberal, llevado a cabo por la alianza entre los Estados (los centrales
como promotores y los periféricos como cómplices necesarios) y los
oligopolios privados.

Más allá de Odebrecht

El neoextractivismo es una estrategia de desarrollo económico adoptada por
la mayoría de los gobiernos de América del Sur, con especial intensidad a
principios del siglo XXI. Apoyada argumentalmente en la necesidad de
alimentar las arcas públicas en pos de la aplicación de políticas
redistributivas, se basa en la intensificación al interior de la matriz
productiva de aquellas actividades de explotación de la naturaleza para la
obtención de recursos no procesados, dirigidos de forma prioritaria a la
exportación.

Si bien en su modo de operación el neoextractivismo se basa en el
extractivismo convencional, difiere de éste en el papel protagónico que
adquieren los Estados periféricos en un proceso productivo cuya mayor
plusvalía es captada por los Estados centrales. Esta participación puede
adoptar una forma directa, a través de empresas estatales, o indirecta, a
través de la operación de empresas transnacionales a las que se aplican
tributaciones especiales y regalías, así como otros diversos mecanismos de
regulación, permitiéndose la obtención de un porcentaje mayor de ingresos
para las arcas estatales. Parte de estos recursos sirven para la puesta en
marcha de programas sociales y otras iniciativas públicas que dotan a los
gobiernos de cierto grado de legitimidad y de hecho, es sobre esta base
sobre la que reposa el argumentario de los gobiernos neoextractivistas al
enfrentar las críticas desde la izquierda, el ecologismo, las comunidades
indígenas, los sectores urbanos de clase media y estudiantiles y los
activistas altermundialistas, que se encuentran cada vez con mayor
intensidad denunciando los estragos de esta estrategia de desarrollo.

Sin embargo, como se han encargado de demostrar diversos autores
latinoamericanos (Gudynas, Svampa, Acosta, Escobar, Lander, entre otros) los
mayores ingresos que supuestamente podrían percibir las economías de los
países en los que se ceba ahora con especial intensidad el sistema
capitalista global en busca de commodities cada vez más escasas, no se
contabilizan enormes “externalidades” tales como la pérdida de
biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones
ambientales que prestan, la desestructuración y paulatina disolución de
culturas ancestrales, ni los recursos económicos que será necesario destinar
para descontaminar los vectores ambientales (agua, aire, agua y suelo).

Según Maristella Svampa, las políticas de lo que ella denomina el
neo-extractivismo progresista (en referencia a los gobiernos
latinoamericanos de izquierda que adoptaron este modelo) deben ser
reevaluadas, puesto que “en la medida en que no se ha realizado un balance
objetivo que dé cuenta de los activos y pasivos que provocarán las nuevas
explotaciones extractivas, la afirmación sobre mayores ingresos debe al
menos relativizarse” /1. En realidad, la “maldición de la abundancia” a la
que se refiere acertadamente Alberto Acosta/2 cuando describe la condena que
sufren los países ricos en materias primas a vivir permanentemente en el
esquema primario-exportador subordinado al metabolismo capitalista
internacional operado desde los Estados centrales en co-gobernanza con las
corporaciones transnacionales y los grandes organismos internacionales, se
ha cumplido con su factura de profundización de las dinámicas
uniformizadoras y ampliadoras de los cercamientos privatizadores del
capitalismo global, incluso en aquellas circunstancias histórico-políticas
más favorables a una posible ruptura con el orden económico imperante. 

¿Pero es que de este balance catastrófico para las posibilidades de un
desarrollo sustentable en América Latina y en el mundo no han sido
conscientes los gobernantes de la región, en su mayoría progresistas y de
izquierdas en el primer quinquenio? Todo tiende a hacernos pensar que sí lo
han sido, pero que lo que ha operado aquí es la visión pragmática y sobre
todo, lo que Marx llamaría la “subsunción bajo el capital”, y que Wolin ha
descrito posteriormente como la gran simbiosis entre el capital y el
Estado/3, convertido en gran empresa extractiva, y por la cual las nuevas
élites políticas latinoamericanas, que eran en un principio en sus discursos
y primeras acciones de gobierno radicalmente refractarias a constituirse en
piezas subordinadas al engranaje global, acaban siendo cooptadas por y para
la supervivencia del capital en una de sus fases críticas (que Harvey achaca
más a la sobreacumulación de capital que a la sobreproducción de
mercancías).

La pregunta aquí es obligada: ¿de qué nos sirven los Estados como
propietarios (soberanos) de nuestros bienes comunes estratégicos cuando,
cediendo el usufructo de nuestros territorios de manera prácticamente
ilimitada a las grandes transnacionales, se convierten en meros
administradores/legitimadores del pillaje? El avance de los grandes espacios
de liberalización comercial y financiera, que ocurre actualmente bajo la
forma de Acuerdos de Libre Comercio y de Inversiones (TTIP, CETA, TPP, etc),
es tan sólo la expresión más mediatizada de las nuevas apuestas del
cosmocapital para dar el golpe de gracia tanto a la soberanía de Estados
(cuyas élites administrativas han sido vastamente cooptadas) como a los
Derechos Humanos (en especial los económicos y sociales y ambientales) y al
Derecho Internacional en general.

La pista de Odebrecht nos lleva por tanto hasta el verdadero meollo de la
cuestión detrás del inmenso nubarrón de corrupciones: el expolio programado
que se lleva dando en toda América Latina y en África por parte del
entramado trans-estatal-corporativo, en perjuicio no sólo de las poblaciones
donde se localizan los recursos extraídos sino, de manera agregada y en la
asunción de nuestra cada vez mayor interconexión e interdependencia, del
desarrollo sustentable de todas las sociedades.

Sin lugar a dudas, el espacio paradigmático de esa operación de expolio a
gran escala es la Amazonía, y su puntal y mayor exponente ya operativo, la
Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA). Un mega-proyecto
iniciado justo a comienzos del milenio compuesto de centenas de proyectos
viales, hidrocarburíferos, mineros, agro-forestales, hidrológicos y de
ocupación y destrucción progresiva del ecosistema amazónico y las culturas
que lo habitan que se ha desarrollado contra todas las advertencias
científicas y sin consulta ciudadana alguna. La columna vertebral del IIRSA,
la Carretera Interoceánica Brasil-Perú, ha tronchado ya por la mitad el que
es el segundo mayor pulmón del planeta, su segunda reserva de agua dulce
(quizás la primera, cuando se pueda calcular el volumen total de aguas
subterráneas que posee) y su principal sumidero de carbono. Odebrecht, por
cierto, empresa constructora de uno de sus tramos, pagó 20 millones de
dólares al entonces presidente Alejandro Toledo para asegurarse la
concesión.

Preparar nuestras sociedades para abordar una transición inteligente hacia
una era post-capitalista (la transición forzosa será el colapso sistémico,
ecológico y civilizatorio, que nos espera en caso de seguir sosteniendo el
actual sistema) supone no sólo denunciar y actuar con toda la fuerza del
derecho y de las movilizaciones sociales contra la inmensa tela corrupción,
sino poner en cuestión el entramado de intereses geopolíticos y puramente
crematísticos que la sostiene y la estira cada día más hacia nuestro colapso
como especie.

* Juan Peris-Mencheta Barrio es politólogo, asistente acreditado en el
Parlamento Europeo Notas: 1/ SVAMPA, M., “Consenso de los commodities, giro
ecoterritorial y pensamiento crítico en América latina” en OSAL Nº32,
CLACSO, Buenos Aires, 2012. 2/) ACOSTA A., La maldición de la abundancia,
Abya-Yala, Quito, 2009 3/ WOLIN, S.S., Democracy Incorporated. Managed
Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton University
Press, Princeton, 2008.

Notas

1/ SVAMPA, M., “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y
pensamiento crítico en América latina” en OSAL Nº32, CLACSO, Buenos Aires,
2012.

2/) ACOSTA A., La maldición de la abundancia, Abya-Yala, Quito, 2009

3/ WOLIN, S.S., Democracy Incorporated. Managed Democracy and the Specter of
Inverted Totalitarianism, Princeton University Press, Princeton, 2008
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Odebrecht-trama-detras_6_612848751.htm
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