Uruguay/ A prisión "los fenómenos" de Cutcsa: explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el país [La Diaria]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de enero 2017

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Uruguay

Tenían un grupo de Whatsapp llamado “Los fenómenos”

La Justicia procesó a cinco trabajadores del transporte por explotación
sexual

Son cientos los casos de explotación sexual comercial y no comercial que
afectan a niñas, niños y adolescentes en todo el país

La Diaria, Montevideo, 12-1-2017

https://ladiaria.com.uy/

El caso se hizo público entre el lunes y el martes, luego de que la Policía
allanara las terminales de Palacio de la Luz, Paso de la Arena y Cerro,
concurriera a las de Kibón, Buceo y Tabárez, y 12 trabajadores de la empresa
Cutcsa -choferes, un inspector y un largador- fueran llevados a declarar al
Juzgado Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno.
Siguiendo el pedido de la fiscal, María de los Ángeles Camiño, la jueza
María Elena Mainard procesó con prisión a cinco de los 12 trabajadores, a
todos por la Ley 17.815, de Violencia Sexual Comercial o no Comercial
Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces. Cuatro de los trabajadores
fueron procesados por el artículo 5º, de “contribución a la explotación
sexual de personas menores de edad o incapaces”, y otro por el artículo 4º,
que refiere a la “retribución o promesa de retribución a personas menores de
edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier
tipo”. La pena para ambos delitos es de dos a 12 años de penitenciaría.

Las víctimas son dos adolescentes que tienen entre 16 y 17 años y que
residen en el oeste de Montevideo (1); otra adolescente también fue
indagada, pero, según Subrayado, de la investigación no surgieron elementos
para involucrarla en el caso. Según informó ayer Radio Uruguay, una de las
chicas, que tiene ahora 16 años, mantenía desde los 13 años un vínculo con
un guarda-conductor de Cutcsa, de 43 años. De acuerdo con el informe de la
fiscal, que reprodujo Radio Uruguay, “esta persona la sometía a que le
practicara sexo oral en un bus de Cutcsa, empresa en la cual trabaja, una
vez finalizada su jornada laboral o el recorrido en la terminal de la Playa
del Cerro a cambio, según la menor, de viajar gratis en el ómnibus en
algunas oportunidades”. Otros favores “comunes” eran hacerle una recarga de
celular. La chica se vinculó luego con otros dos trabajadores. Otra de las
adolescentes mantuvo relaciones con otros dos procesados. La investigación
detectó, en varios casos, la promesa de pago y regalos, y en otros casos,
según dijeron, no hubo retribución. El abogado de los procesados, Pablo
Barreiro, apelará el fallo, según trascendió en la prensa.

Todos los indagados tenían un grupo de Whatsapp llamado “Los fenómenos”. La
jueza descartó que el grupo estuviera vinculado a los hechos denunciados,
puesto que corroboró que se usaba para conversaciones internas que incluían
temas familiares y laborales. Sí se constató que el vínculo entre las
adolescentes y los explotadores incluía mensajes privados por Whatsapp.

Tal como lo hizo el martes, la empresa Cutcsa (2) volvió ayer a manifestar
su repudio a estos hechos; expresó que “todos los funcionarios que fueron
citados a declarar, más allá de la resolución que adoptó la Justicia, están
al día de hoy retirados del servicio y así continuarán hasta el día que el
Directorio se reúna de forma extraordinaria para tomar una resolución en
cada uno de los casos” y que para el Directorio de Cutcsa no va a significar
“ninguna diferencia” el hecho de “estar procesado o no procesado (con
prisión o sin prisión)”. Juan Salgado, presidente de Cutcsa, declaró anoche
a Telemundo que le daba vergüenza lo ocurrido y que “parece raro que se
hayan puesto el nombre de ‘Fenómenos’ y que esos fenómenos tengan la
necesidad de hacer este tipo de cosas con menores de 16 y 17 años”.

Fragilidades

El caso fue denunciado ante la Justicia por el Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU), que se enteró de la situación a partir de la
información transmitida por referentes educativos que trabajaban con las
adolescentes. “Queremos resaltar el trabajo articulado e interinstitucional
con los centros educativos, con las organizaciones de la sociedad civil que
detectaron estas situaciones, de las que pusieron al tanto al INAU, y
también que el directorio de INAU tomó la decisión, en esta y en otras
situaciones, de realizar directamente la denuncia al Poder Judicial con el
objetivo de proteger a los equipos que trabajan directamente con las
adolescentes, pero en primer lugar a las adolescentes, que son realmente
frágiles y tienen situaciones que las llevan efectivamente a contextos donde
son utilizadas por adultos”, declaró ayer en conferencia Marisa Lindner,
directora del INAU. Lindner recordó la investigación Un secreto a voces.
Percepciones sobre la explotación sexual comercial en Montevideo oeste, que
publicó el INAU en 2014, a partir del trabajo impulsado por el Comité
Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no
Comercial de la Niñez y Adolescencia (Conapees). Esa investigación daba
cuenta de la situación vivida en el entorno de las terminales de ómnibus.
“Se han indicado situaciones de adolescentes mujeres que son explotadas
sexualmente a cambio de traslados en taxi o en ómnibus, tanto en la terminal
de Santa Catalina como en la del Cerro”, expresaba la publicación, que daba
cuenta de que las chiquilinas tenían sexo a cambio de “un cigarrillo, un
viaje en taxi o un refuerzo”.

Tanto Lindner como Luis Purtscher, presidente del Conapees, informaron que
la red tejida en el oeste entre centros educativos, el Ministerio de
Desarrollo Social, organizaciones de la sociedad civil y el INAU permitió
“generar un proceso de reconocimiento de estas problemáticas” y llevarlas a
la Justicia. El INAU accedió en agosto a la información. Los jerarcas
alegaron que se tardó cinco meses en dilucidar la cuestión porque era
necesario proteger a las adolescentes: “Las situaciones deben llegar al
proceso judicial de manera que efectivamente se transformen en instrumentos
de protección”, declararon. Cuando se les consultó si las familias de las
adolescentes estaban en conocimiento de estas situaciones y si se constató
omisión, las autoridades respondieron que la Justicia no lo detectó. De
todos modos, comentaron que “estas situaciones van a ser puestas a nivel del
juzgado de familia, por lo tanto la Justicia va a dar continuidad a los
procesos desde el punto de vista judicial”, y recordaron que “es muy
importante que estas adolescentes puedan dar sostenibilidad a estos
procesos, y para eso son necesarias sus familias”.

En cuanto al trabajo que desarrollará el INAU, Purtscher comentó: “Se apoya
a las familias o a los referentes o al arreglo familiar con que ellas
cuentan si es de carácter positivo, y luego comienza un trabajo mucho más
arduo, mucho más lento, porque sabemos que las secuelas de las situaciones
de explotación, en las que los niños son transformados en cosas, no se
resuelven en cinco minutos, sino que ahí comienza un nuevo proceso de
resiliencia de la adolescente como para poder constituirse como sujeto”.

Son cientos

Lindner expresó: “Esta es una de las más de 300 situaciones de explotación
sexual comercial y no comercial que afecta a niñas, niños y adolescentes de
nuestro país en las cuales nos encontramos trabajando”. Detalló que son
exactamente 333 los casos de explotación sexual en los que está trabajando
el INAU, todos correspondientes a 2016. Se trata de niños y adolescentes
cuyas edades van de los diez a los 17 años; hay varones, mujeres y en
proceso de trans. Aclararon que no todas las situaciones están
judicializadas, puesto que para eso se requiere “un acompañamiento para que
las adolescentes puedan dar sostenibilidad al proceso de judicialización” y
contar con “elementos de seguridad” para las víctimas, puesto que “el hecho
de judicializarlo no asegura la salida”. Se busca, también, que los casos se
lleven a la Justicia cuando haya “elementos de prueba que puedan
responsabilizar a adultos”. Aseguraron que todos “los casos en los que la
constatación de la explotación es real y culminada” se han llevado a la
Justicia.

Los 333 casos se dan en todo el país. En cuanto a su distribución, Purtscher
comentó: “Los espacios fronterizos son espacios donde el fenómeno se expresa
en forma permanente durante todo el año. Tenemos departamentos donde el
problema sigue la zafralidad de determinadas actividades económicas o
situaciones de explotación que se dan en el marco de la temporada turística;
tenemos espacios permanentes que se han localizado donde existe tránsito,
movimiento de mercancías, puertos, explanadas de camiones que a su vez
siguen la zafra de la circulación y embarque de granos, o las esperas
realizadas por transportistas a la entrada de los puentes. Cada departamento
tiene especificidades concretas”. Detalló: “Existe una media de 20 casos por
departamento, donde tenemos casos, como Canelones o Tacuarembó, que superan
los 30 casos anuales. Montevideo en este momento estaba presentando 26”.
Pero no sólo alarma el número 333, sino también todas las situaciones que no
se denuncian. “Somos conscientes de que esto es un subregistro. Cada vez que
nos aproximamos a un caso, en la declaración [de las víctimas] aparecen dos
o tres más que las adolescentes conocen y relatan”. Pero acotó que ese
relato no se da en el primer contacto, porque lleva tiempo “reconocer la
violencia humillante de estar siendo explotada o ser objeto de explotación”.
“No estamos frente a un fenómeno que puede expresarse libremente. Es un
delito: son niños, son adolescentes, muchas veces se las culpabiliza, se las
hace responsables de las situaciones de explotación”, dijo.

Las denuncias van en aumento. En los tres años comprendidos entre 2007 y
2009, el INAU recibió 20 denuncias; en 2010, 21. La cifra siguió creciendo
hasta llegar al mencionado 333 en 2016. Lindner señaló que “las comunidades
atentas al problema son un factor de protección insoslayable” y pidió no
naturalizar las situaciones ni culpabilizar a las adolescentes. Comentó que
con frecuencia, luego de que se conocen las denuncias, “todos habían visto,
conocían algo, o se sabía algo”. Purtscher expresó: “Son problemas complejos
que hacen no solamente al hecho puntual del abuso o de la explotación, sino
también a que hay factores estructurales y culturales contra los que es muy
complejo luchar. ¿Cómo deconstruyo el patriarcado o los factores culturales
que ven en la explotación sexual comercial algo que existió toda la vida y
se naturaliza? ¿Cómo rompo con el miedo que genera en las comunidades
denunciar este tipo de casos cuando tengo que denunciar a un vecino, o
cuando el explotador o el abusador es una persona que tiene más poder o que
cumple un rol importante en su comunidad y que en su vida cotidiana puede
ser un excelente padre de familia o una persona relevante en alguna
actividad?”, preguntó. Dijo que muchas veces las víctimas están en situación
de violencia intrafamiliar y económica, y que la fragilidad se profundiza
con el abandono de los estudios. En cuanto a los explotadores, los hay “de
todos los estratos sociales, de todos los niveles adquisitivos, incluso con
niveles superiores de educación”, advirtió.

Notas de Correspondencia de Prensa

1) En el oeste de la capital se ubican los barrios más “vulnerables”, donde
se concentran los peores indicadores socio-económicos del país: pobreza
infantil, desempleo juvenil, embarazo adolescente, trabajo “informal”,
salario mínimo, vivienda precaria, deserción estudiantil.

2) Es la principal empresa privada de transporte en Montevideo. Tiene un
cuasi-monopolio de las líneas con mayor rentabilidad. Su presidente, Juan
Salgado -accionista en shoppings y empresas de salud- integra el estrecho
círculo de confianza del presidente de la República, Tabaré Vázquez. El
propio Salgado se considera “amigo honorario” de Vázquez y fue un “donante”
significativo de su campaña electoral. A cambio, se ha  beneficiado en sus
múltiples negocios y, de hecho, ejerce un poder relevante tanto en la
organización municipal del transporte urbano de la capital como en la
fijación del precio del boleto. La esposa del presidente de la República,
María Auxiliadora Delgado, bautizó en su momento a Cutcsa como la “empresa
amiga”.

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