Uruguay/ proletarios sumergidos: el precario mundo laboral de la seguridad privada [Daiana García]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de enero 2017

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Uruguay

El precario mundo laboral de la seguridad privada

Obreros con botas

Salen a la calle con una capacitación que no les brinda herramientas para
protegerse, con chalecos y armas en mal estado. Varios ya peinan canas y
otros tantos nacieron en República Dominicana, Paraguay o Venezuela. Los
trabajadores de la seguridad privada tienen un rol preponderante en una
sociedad que cada vez demanda más servicios de esta naturaleza, pero ganan
como proletarios sumergidos.

Daiana García

Brecha, Montevideo, 13-1-2017

http://brecha.com.uy/

Apenas apoyados en un taburete, refugiados en casillas de chapa, expuestos
al sol o al frío, parados a la entrada de un supermercado o de un banco,
cumplen su horario, a paso de tortuga, buena parte de estos trabajadores.

Es un sector que se despliega en un gran abanico de subrubros: el transporte
de valores, la custodia de locales comerciales, de cobranza y bancarios, los
servicios de seguridad de los boliches nocturnos y de espectáculos
deportivos, la vigilancia de grandes predios rurales, de guardaespaldas y de
atención a las alarmas, que en general incluyen la respuesta de efectivos en
el lugar. Los hay armados, con perros, a pie, motorizados e incluso a
caballo en zonas agrarias. Esa amplia gama en el ejercicio de la seguridad
privada se traduce en realidades variopintas y en salarios y condiciones
laborales muy diversas.

El rubro está regulado por la Dirección General de Fiscalización de Empresas
(Digefe), que pertenece al Ministerio del Interior (MI), y su labor consiste
en habilitar y llevar el registro de las firmas, inspeccionar y fiscalizar
su funcionamiento y controlar que se realicen las capacitaciones.

Se trata de un sector que ocupa a 26 mil trabajadores, una cifra que se
duplicó en los últimos diez años. Según Gerardo Rey, inspector de Trabajo y
Seguridad Social, esto se debe no sólo al crecimiento de la actividad sino a
que aumentó la formalización (ahora la informalidad está en un 9 por ciento,
cuando el promedio del país es de 24). Sin embargo, persiste la queja de los
empleados del rubro por la precarización del trabajo que realizan, y quizás
esa sea la razón por la que tienen un promedio de rotación de personal del
60 por ciento anual.

En Uruguay las empresas de seguridad se dividen en dos grandes grupos, unas
pocas multinacionales (como Prosegur, Securitas y G4S, que ocupan a algo
menos de la mitad de los trabajadores), y las empresas nacionales, que son
pequeñas o de mediano porte. Hoy hay unas 328 firmas registradas, de acuerdo
a la información proporcionada a Brecha por Charles Carrera, director
general de Secretaría en el MI, pero a este número hay que sumar las que
cumplen tareas de seguridad sin formar parte del rubro. A su vez, Rey
explicó que algunos comerciantes delegan este tipo de actividad en sus
propios empleados para evitar contratar el servicio, y es por esa razón que
se calcula que la cantidad de trabajadores dedicados a la seguridad sea aún
mayor. En algunos casos se llega a emplear a personas mayores de 65 años, y
una de las explicaciones manejadas para que se emplee gente de tal edad es
que algunos seguros exigen la presencia de un guardia en el local, más allá
de la función intrínseca del trabajador.

Al bajo precio de la necesidad

Son percibidos por gran parte de la sociedad como primos hermanos de la
Policía, por lo cual, aunque no trabajan para quien tiene el monopolio
legítimo de la fuerza, sufren grados de rechazo similar en algunos segmentos
de la población. “Pichón de alcahuete” es un apodo que dos por tres alguien
les endilga. La forma en que interactúan con los usuarios, las exigencias
laborales, la quietud y el ocio que caracterizan a la tarea, les han costado
a muchos un gran desgaste psicológico y varias certificaciones por estrés
laboral. Pero eso no es lo más duro que enfrentan.

Si bien existe una diversidad de salarios, porque incluso algunos hacen la
temporada en Punta del Este, no son pocos los que cobran el laudo, que hoy
está en 19.972 pesos nominales por mes por 48 horas semanales. Su
remuneración líquida oscilará entre los 15.753 y los 16.052 pesos,
dependiendo de si aportan al Fonasa por su núcleo familiar o no. Muchos
cumplen regularmente jornadas de 12 horas para cobrar cuatro de ellas como
extra, o tienen dos empleos, en general dentro del rubro, vigilando hasta
que la aguja larga del reloj da unas 16 vueltas en la esfera cada día.

El perfil de los trabajadores es variado, aunque se trata en su mayoría de
hombres, relata Eduardo Camargo, dirigente de la Unión Nacional de
Trabajadores de la Seguridad (Unatrase), nucleada en la Federación Nacional
de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys). Se estima que solamente hay
unas tres mil trabajadoras. Es un área comercial (porque no deja de serlo)
que en términos generales se compone de retirados policiales, militares
jubilados o en actividad, jóvenes padres de familia, algunos estudiantes y
una fuerte presencia de población migrante, sobre todo de dominicanos,
aunque según los registros del Ministerio de Trabajo también hay una
presencia fuerte de paraguayos y venezolanos. De hecho, es uno de los
sectores donde las inspecciones constatan mayor presencia de extranjeros. Si
bien están “en blanco” y perciben el mismo salario por la misma tarea que
los trabajadores nacionales, Camargo relata que es común que quieran
“hacerles la caída” con las liquidaciones y vulnerar algunos de sus
derechos, aprovechando su desconocimiento de las leyes laborales.

Los requisitos para ejercer la tarea son distintos según las empresas y la
función del trabajador. A modo de ejemplo, los que brindan servicios de
seguridad electrónica son técnicos y se les exigen estudios terciarios, pero
se trata de la minoría de los casos. Para gran parte de los puestos de
trabajo las exigencias son bastante menores. Óscar Hernández, presidente de
la Cámara Empresarial de Seguridad Integral (Cesi), que nuclea a las
empresas nacionales y forma parte de la Cámara de Comercio, detalló a Brecha
que aproximadamente el 80 por ciento de los trabajadores no han completado
el ciclo básico. Si bien no todas las empresas contratan con los mismos
criterios, Hernández considera que es importante –y es algo que declara
tratar de imponer en su empresa– que los trabajadores hayan al menos
comenzado el liceo, tengan más de 25 años y “preferentemente familia a
cargo”, porque pueden afrontar, dice, mayores niveles de responsabilidad.
Resulta difícil compatibilizar ese cuadro óptimo con el poco salario que se
les paga. Aunque parecería estar en los bajos sueldos la explicación de la
alta rotación de personal, Hernández entiende que se debe a otras razones.
Argumenta que gran parte de los trabajadores tienen descuentos por
retenciones (por su situación familiar) o por créditos impagos, que a veces
comienzan a descontarse 90 días después del alta en el Bps, y a su entender,
cuando llegan las deducciones es que el trabajador renuncia. A esto se suma
que la construcción y la seguridad privada comparten más o menos el mismo
personal, por lo que se relacionan de forma inversamente proporcional.
Cuando una sube la otra baja.

La formación es también mencionada como un hándicap para los migrantes. El
presidente de la Cesi afirma que cada vez son menos las firmas que los
aceptan definitivamente, pero dice que no es por discriminación: “La mayoría
de las empresas no aceptan mucho dominicano; en mi caso hicimos la prueba,
tomamos a algunos, somos muy exigentes con ellos. No es un tema de color de
piel, al contrario… La mayoría de los dominicanos que llegan vienen con
formación escasa, y la formación escasa de ellos es más baja que la
formación escasa en Uruguay”.

Gerardo Rey destaca la alta formalización que ha alcanzado el sector, pero
reconoce que aún la mayor parte de las denuncias ante el Mtss son por
haberes impagos, mal calculados, el no pago de horas extra o irregularidades
en los descansos, y que todas generalmente se constatan.

Otro porcentaje importante de las demandas son por malas condiciones de
seguridad e higiene, que en el rubro se traducen en casillas en mal estado,
a veces sucias, sin electricidad, donde los trabajadores están expuestos a
sofocantes temperaturas veraniegas y al peor frío del invierno. Además se
denuncia la falta de baños cercanos –en muchos casos incluso se les prohíbe
abandonar el puesto de trabajo–, ausencia de un comedor y de vestuarios.
También existen casos de chalecos antibalas vencidos o de talles
inapropiados, armas en malas condiciones o uniformes desgastados. Camargo
recuerda que en una oportunidad constataron en la empresa G4S que había
trabajadores que cumplían sus funciones en el Banco República sin chalecos.
Si bien esta falta puntual se enmendó, el dirigente explica que en las
instancias de negociación bipartita se trabajan estos asuntos pero muchas
veces las empresas no cumplen lo acordado y no subsanan la omisión, es por
eso que se ven obligados a denunciar ante la Inspección General del Trabajo.

Hernández entiende que no siempre estos reclamos son válidos, que a veces
son producto del desconocimiento de la normativa, y que al sindicato le
sería útil un técnico prevencionista que los asesore previamente para
determinar qué reclamos son pertinentes y cuáles no. En rigor, Fuecys sí
cuenta con este asesoramiento, y según los datos de la Inspección del
Trabajo, la gran mayoría de las denuncias del sindicato se comprueban.

De todas formas el presidente de la cámara reconoce que hay casos en que los
empresarios no cumplen con la reglamentación y proporcionan herramientas de
trabajo en mal estado. Pero además para él es un problema que no estén
reguladas las calidades de los materiales, con lo cual las empresas tienen
la posibilidad de escatimar costos a la hora de adquirirlos, y en este
sentido le reclama un rol mucho más activo a la Digefe como órgano
competente, que a su criterio debería ser más específico en este tipo de
aspectos. Otro elemento bien distintivo es que la seguridad privada suele
ser un servicio tercerizado contratado por públicos y privados, a excepción
de casos puntuales, como en Presidencia o en el Palacio Legislativo.

Divide y reinarás

El gremio del rubro, Unatrase, cuenta con un 25 por ciento de adhesión entre
los empleados y 51 organizaciones sindicales formadas (del total mencionado
de 328 empresas), por lo que le resulta muy difícil conocer y apoyar las
realidades restantes. Según Camargo, una explicación para la baja
sindicalización es la rotación de personal, pero también que las empresas
desestimulan la formación de sindicatos, y que son varios los casos de
persecución sindical.

Gerardo Rey relató a Brecha un caso reciente ocurrido en Prosegur, que
descontó la totalidad –no el equivalente a un día– del bono por presentismo,
luego de que los trabajadores detuvieran las actividades para realizar una
asamblea. Tras una primera instancia de negociación en la Dinatra, en la que
la empresa no accedió a enmendar su error, el caso pasó a la Inspección del
Trabajo, que intimó a corregir la falta, obteniendo nuevamente la negativa
de Prosegur. Rey explica que la violación a la libertad sindical acarrea una
de las multas más altas que prevé la ley y que puede alcanzar hasta cien
veces el salario de cada uno de los trabajadores afectados. La sanción no
llegó a imponerse, porque cuando procedían a efectivizarla se llegó a un
acuerdo en la Dinatra. La empresa finalmente reconoció el error y abonó los
haberes impagos.

Hernández considera que la relación con el sindicato es buena. En cuestiones
de salud y seguridad –dice– funcionan muy bien, aunque insiste en que
algunos reclamos no tienen sentido y que el gremio necesita estar mejor
asesorado.

Tan ilustrados

La capacitación obligatoria que reciben los trabajadores es otro de los
flancos débiles del rubro. Charles Carrera se aviene a destacar la
importancia de que este sector contribuya en materia de seguridad ciudadana,
pero admite que “si hay algo que está mal regulado en Uruguay es la
seguridad privada”. Y deposita su confianza en un proyecto de ley que
reglamentará al sector, que ya cuenta con la aprobación de los diputados.

Desde la Unatrase denuncian que la capacitación es insuficiente. En general
dura tres días en los que se trabaja el Código de la Niñez, el Penal, la
legítima defensa, a lo que se suma una prueba de tiro para los guardias
armados. Esa es la única diferencia en la formación de unos y otros.
Reclaman que los custodias no están capacitados para repeler hechos
violentos, reducir a un atacante e incluso desconocen la forma de proteger
los sitios del cuerpo que no cubre el chaleco. Consideran que en esta
situación el trabajador no sólo se vulnera a sí mismo sino también a las
personas que están bajo su custodia: un error de procedimiento o un
movimiento inapropiado pueden tener graves consecuencias.

Rey coincide en que la capacitación del sector está descuidada, pero
entiende que las herramientas existen, ya que es uno de los roles del
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Considera que
trabajadores y empresarios deberían articular más con este organismo en
busca de solucionar esta carencia.

En conversación con Brecha, Eduardo Pereyra, director del Inefop, suscribió
el diagnóstico de Rey. Desde el organismo únicamente se solicita que haya un
acuerdo previo entre las partes y a partir de allí se generen las propuestas
formativas que no tienen ningún costo extra para los interesados. Tanto
Hernández como el sindicato manifestaron a Brecha su voluntad de trabajar en
este sentido, pero por el momento el instituto no ha recibido ninguna
solicitud. Quizás haya un futuro más prometedor, ya que actualmente la
realidad del sector se encuentra en plena discusión en los consejos de
salarios, y si bien aún no hay acuerdos formales, se han alcanzado ciertos
consensos, algunos de ellos vinculados a la capacitación mediante el Inefop,
así como la formación de una tripartita de salud laboral y una recuperación
salarial progresiva. Desde el sindicato perciben buena voluntad de las
empresas en esta instancia de negociación.

Según Carrera, la piedra angular para solucionar estos problemas se
encuentra en el proyecto de ley que espera se apruebe este año. En él se
enfatiza en una capacitación más exigente que dependerá de la Dirección
Nacional de Educación Policial y no de cada empresa, como sucede
actualmente. Esta reglamentación profundizará en los exámenes psicológicos y
contará con la participación de jueces, fiscales y policías en la formación
práctica y teórica de los trabajadores. Para su redacción se consultó a las
empresas y al sindicato. Hernández considera que es un aporte pero que hay
que seguir profundizando, Camargo entiende que algunas observaciones del
sindicato no fueron atendidas, aunque esperan poder incidir en el futuro.

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