América Latina/EEUU/ El negocio criminal del tráfico de migrantes [Daniela Pastrana - Patricia Grogg]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de mayo 2017

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América Latina/Estados Unidos

Sin políticas claras para afrontar el tráfico humano

Daniela Pastrana, desde México

Patricia Grogg desde La Habana

Inter Press Service (IPS), 29-5-2017

http://www.ipsnoticias.net/

Cada año, unos tres millones de personas que emigran de sus países entran
ilegalmente a Estados Unidos y la mitad lo hace con la guía de algún
traficante, en un negocio de casi 7.000 millones de dólares, según datos de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Aunque México sigue siendo el origen principal de los migrantes hacia
Estados Unidos, en las últimas décadas se ha registrado un aumento del flujo
proveniente de América Central y América del Sur, y más recientemente de
países del Caribe, Asia y África.

Tres cuartas partes de estos nuevos migrantes deben cruzar el territorio
mexicano y muchos de ellos son víctimas de redes criminales.

“Cuando Estados Unidos habla de políticas trasnacionales quiere decir que no
entren los migrantes a su país y que van a perseguir a los coyotes, pero no
de políticas que atiendan los problemas alrededor de todo el fenómeno y
mucho menos a las víctimas”: Ana Lorena Delgadillo.

Es una de las violaciones escondidas de los derechos humanos para decenas de
miles de personas. Pero, aunque el tráfico ilícito de migrantes es un delito
transnacional, en los países involucrados en este fenómeno no existe una
política transnacional para enfrentar el problema.

“Los acuerdos que hay entre los países son para reprimir a la gente, para no
dejarla pasar. Pero no hay un solo acuerdo bilateral o trilateral que
realmente busque resolver el problema integralmente”, dijo a IPS en una
entrevista Martha Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante
Mesoamericano (MMM).

El MMM  organiza cada año la caravana de madres centroamericanas que buscan
a sus hijos desaparecidos en México y que ha impulsado un esfuerzo para
tender puentes entre los países para la localización de los ausentes.

“Nosotros hemos denunciado mil veces a ‘coyotes’ (traficantes de seres
humanos, también conocidos como polleros) y nos les hacen nada porque no hay
un intento serio de parar el problema. Los coyotes son un buen negocio para
los gobiernos”, explicó la activista.

La trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes son delitos que en los
últimos años han prendido focos rojos en América Latina, al igual que los
organismos multilaterales.

La UNODC y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) advierten que es
un fenómeno que obedece a “las difíciles condiciones de vida en los países
menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los
países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos
no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de
episodios aislados”.

En noviembre de 2000, la respuesta mundial frente al crecimiento de este
tipo de criminalidad, considerada una forma moderna de esclavitud, fue la
Convención de las Nacicones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional firmada en la ciudad italiana de Palermo.

La Convención se reforzó con dos acuerdos operativos complementarios:
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños.

Aunque muchos confunden trata y tráfico y los manejan como sinónimos, se
trata de delitos que pueden estar vinculados, pero que en realidad se
refieren a dos actividades distintas: el objetivo de la trata es la
explotación de la persona y ha sido considerada una forma de esclavitud
moderna, pero no es necesario que las víctimas crucen fronteras.

Migrantes que recorren México para intentar ingresar a Estados Unidos
realizan un viacrucis en uno de los puntos del camino, para simbolizar lo
que padecen como víctimas del tráfico humano en la región, que genera
anualmente unos 7.000 millones de dólares anuales. Crédito: Ximena
Natera/Pie de Página

En cambio, el tráfico es un delito totalmente trasnacional, porque implica
la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado para
obtener un beneficio económico; suele realizarse en condiciones peligrosas o
degradantes; las víctimas dan su consentimiento, y generalmente termina con
la llegada de los migrantes a su destino, o incluso antes.

Sin embargo,  en México, el tráfico de personas se ha mezclado con otras
formas de criminalidad y muchos migrantes caen en redes de trata para la
explotación sexual o para el trabajo forzado con carteles de la droga.

De acuerdo con UNODC, el tráfico de migrantes desde México a Estados Unidos
deja casi 7.000 millones de dólares al año, lo que lo convierte en uno de
los delitos más rentables en el crimen organizado trasnacional, pues es
menos arriesgado que el trasiego de drogas.

Se trata, precisó Felipe de la Torre, de la oficina de UNODC en México,  de
una cifra “conservadora”, en un delito “necesariamente asociado a la
corrupción, que ha proliferado” hasta las más altas esferas de gobiernos y
organismos públicos involucrados, sin olvidar sectores privados como las
compañías ferroviarias.

“Las rutas de los migrantes comenzaron a coincidir con las de la droga,
haciendo los cruces aún más violentos y transformando a los polleros en
coyotes, animales más agresivos. Se volvió pues un negocio con desmesuradas
ganancias para el crimen, en el cual se pierden muchas vidas y se expone la
salud física y psicológica de muchas otras”, afirmó De la Torre.

La abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la
Justicia y el Estado Democrático, explicó a IPS que  “la convención de
Palermo es la llave para estos temas y hay acuerdos binacionales más
generales, pero son más bien para investigaciones y de coordinación entre
instituciones de justicia”.

Pero también aclaró: “Aunque tengamos legislaciones suficientes no existen
realmente políticas regionales que establezcan medidas de atención alrededor
de todo el fenómeno”.

“Cuando Estados Unidos habla de políticas trasnacionales quiere decir que no
entren los migrantes a su país y que van a perseguir a los coyotes, pero no
de políticas que atiendan los problemas alrededor de todo el fenómeno y
mucho menos a las víctimas”, puso como ejemplo.

El especial caso cubano

Un ejemplo de esta falta de políticas se ha visto desde 2015 con la
migración cubana. En noviembre de ese año, el gobierno de Costa Rica
desarticuló una red de tráfico humano y se desató una crisis con varios
miles de migrantes cubanos varados en distintos países de la región, que
cerraron sus fronteras al tránsito de los indocumentados.

Una pareja de migrantes cubanos descansa en un albergue en Costa Rica,
cuando cientos de ellos quedaron varados en ese país en su tránsito desde
Ecuador hasta Estados Unido, en que en muchos casos cayeron víctimas de
traficantes de seres humanos. Crédito: Mónica González/Pie de Página

En Cuba, la mayoría de las personas estafadas por traficantes humanos sufren
los daños en silencio. Los casos más dramáticos, con lamentables pérdidas de
vidas humanas, suelen conocerse en seriales policiacos de factura nacional,
basados en la vida real. El delito golpea a Cuba desde que en los años 60 la
emigración quedó atrapada en el conflicto con Estados Unidos.

En materia penal, el contrabando de migrantes es castigado con severas
condenas que incluyen la prisión perpetua en casos agravados. Pero no hay
datos ciertos del costo humano.

“Los riesgos son enormes, porque quedas a merced de estas mafias. Con ellos
no hay ley ni derechos humanos que valgan”, dijo a IPS un cubano residente
en Estados Unidos, quien recordó que antes los traficantes sacaban del país
a los viajeros fundamentalmente en balsas o lanchas rápidas procedentes
desde territorio estadounidense.

En los últimos años, los emigrantes han salido de Cuba de manera legal, para
embarcarse luego desde Sudamérica o América Centrao en la peligrosa travesía
que ofrecen los traficantes rumbo al país norteño,  a un costo de 7.000 a
13.000 dólares por persona.

Cuba asegura que esa emigración irregular se articula al amparo  de la Ley
de Ajuste Cubano de 1966 y a través de redes de tráfico de personas,
responsables de actos de violencia, extorsión, vejaciones y otros delitos de
que son víctimas los cubanos en su intento por llegar a los Estados Unidos,
después de un peligroso recorrido de no menos de 7.700 kilómetros y de
cruzar ilegalmente ocho fronteras.

“Una de mis mejores amigas pagó 4.000 dólares a un hombre que le tramitaría
su salida. Su familia gastó otro tanto en Estados Unidos. Pasado un año, no
le quedó más remedio que reconocer que había sido estafada. Era una
operación ilegal, así que no hizo la denuncia”, contó a IPS la profesional
de 40 años Idalmis Guerrero.

Su historia es anterior a la reforma migratoria vigente desde enero de 2013,
que amplió los derechos de viaje para la ciudadanía cubana,  eliminó el
permiso de salida del país y dejó sin efecto la carta de invitación del
exterior, engorros documentos que encarecían  cualquier viaje por razones
personales. Pero obtener visa de ingreso a Estados Unidos u otro país
continuó siendo dificultoso.

El 12 de enero de 2017, una semana antes de entregar el mando a Donald
Trump, el presidente Barack Obama firmó la eliminación de la Política de
Pies Secos-Pies Mojados, que garantizaba residencia a los cubanos que
tocasen tierra estadounidense, así como el Programa de Parole (acceso
preferencial) para Profesionales Médicos Cubanos, que Washington aplicaba en
terceros países.

Aunque México y Cuba tienen varios acuerdos de colaboración para enfrentar
el tráfico de personas, el 21 de enero comenzó la deportación de cubanos
detenidos en su tránsito hacia Estados Unidos, a los que las autoridades
mexicanas les negaron el “pase de salida”, un documento que permite a los
extranjeros circular 20 días por el territorio nacional.

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