Uruguay/ La utopía de los 70 mil presos [Anibal Conti]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de junio 2017

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Uruguay

La utopía de los 70 mil presos

Aníbal Conti

Brecha, 16-6-2017

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Está instalada en una parte de la opinión pública uruguaya una especie de
utopía: la de encerrar a todas las personas con conductas antisociales.
Vamos a llamarla “la utopía de los 70 mil presos”, ya que hace unos años el
entonces director nacional de Policía, inspector Julio Guarteche, hoy
fallecido, estimó en esa cantidad las personas que están dedicadas al delito
en nuestro país. Ese es entonces el censo estimado (a ojo de buen cubero,
como casi todo en Uruguay) de la población que idealmente sería alcanzada
por la medida.

Uruguay no puede tener 70 mil presos por razones que deberían ser evidentes
para cualquiera. No tenemos recursos económicos, ni infraestructura
material, ni personal capacitado para manejar la población penitenciaria
actual, que es seis veces menor, ¿cómo diablos haríamos para manejar ese
número elevadísimo de reclusos? ¿Y dónde los meteríamos? Si Uruguay tuviera
ese censo penitenciario, tendría unos 2.200 presos cada 100 mil habitantes.
Una tasa de encarcelamiento absurda, que triplica la de Estados Unidos, que
es uno de los países que más encarcela en el mundo. Dentro de Estados Unidos
hay, es verdad, distintas realidades. El distrito de Columbia, por ejemplo,
tiene una tasa de unos 1.200 presos cada 100 mil habitantes. Con 70 mil
presos, nosotros duplicaríamos prácticamente esa tasa. De tal manera que,
con recursos que no se sabe de dónde saldrían, deberíamos mantener el mayor
sistema penitenciario del mundo en términos proporcionales a nuestra
población. Por no mencionar el hecho de que también deberíamos tener el
mayor sistema de administración de justicia penal del mundo (también en
términos proporcionales a nuestra población), porque los infractores no van
a dirigirse a los establecimientos penitenciarios de motu proprio a pedir
que los encierren.

Pero que esa utopía sea de imposible realización no es el punto, porque eso
es exactamente lo que ocurre con todas las utopías: por definición son
imposibles. Uruguay nunca va a tener 70 mil presos, pero podría tener 20
mil. De hecho, quizás no estemos tan lejos de conseguirlo. Y cuando tengamos
20 mil, podríamos ponernos el objetivo de llegar a 30 mil. Nunca llegaríamos
a los 70 mil, pero la utopía sirve para eso: para caminar, decía Eduardo
Galeano. Así, la utopía de los 70 mil presos, absurda como es, sin dudas, en
su expresión literal, tiene sentido en tanto que identifica un objetivo,
fija un rumbo.

Meter presos a todos los individuos con conductas antisociales no solamente
es inviable desde el punto de vista material, también lo es desde el punto
de vista legal. La ley no lo ampara. Pero eso tampoco es un problema. O,
mejor dicho, sí lo es, pero, al menos mientras no cambien las actuales
normas procesales, si es que algún día cambian, existe una solución. Con las
leyes actuales, el procesamiento es en los hechos una sentencia. Por
supuesto que en las facultades de derecho se enseña otra cosa, pero fuera de
ellas nadie se preocupa ni siquiera mínimamente por fingir que el procesado
es técnicamente un inocente y que el procesamiento no es una sentencia. “Lo
que hay que buscar es que haya más detenciones, y más procesamientos con
prisión. (…) Después, los años que les vas a dar (entiéndase: la sentencia)
no deja de ser una exquisitez, a mi juicio, secundaria. No hay que modificar
tanto las penas, sino conseguir que más gente caiga y que más gente sea
procesada con prisión.” Esto, aunque parezca increíble, es lo que el fiscal
letrado penal de Montevideo de 8º turno, doctor Gustavo Zubía, le dijo a la
revista Paula del diario El País en octubre del año 2015.

Así, pues, hay un horizonte utópico: el ideal de los 70 mil presos. El
sistema lo realiza imperfectamente en la medida en que captura a todos los
antisociales que puede y los mantiene a la sombra todo el tiempo que puede,
aunque después de emitida la sentencia haya que liberarlos –o incluso antes
de que sea emitida, como ocurrió en el caso infame y vergonzoso de los
presos “de la Coca-Cola” del año pasado–. Ese es el ideal. Ese es el
horizonte utópico. Esta utopía se confunde frecuentemente con otra, que en
realidad es muy distinta. Se trata del ideal de que cada ofensa sea
reprochada. Esto es, que el delito no quede impune. El reproche penal y la
cárcel no necesariamente deben ir de la mano. El problema es que para muchos
uruguayos (entre ellos, muchos jueces y fiscales) reprochar una conducta
sólo puede hacerse a través de la cárcel: es el único instrumento de castigo
que conciben. Es “cárcel o nada”, como dice Roberto Gargarella. Pero existen
alternativas.

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) es un
instituto de investigación orientado al análisis y la recomendación de
políticas públicas (lo que los estadounidenses llaman un think tank, una
“usina de pensamiento”) de orientación liberal conservadora. Su director, el
economista Ernesto Talvi, que en estos días suena como posible precandidato
a la Presidencia por el Partido Colorado, no es un abolicionista noruego.
Pues bien, esta institución acaba de publicar un informe sobre el estado del
sistema penitenciario uruguayo cuyo autor principal es el ex comisionado
parlamentario Álvaro Garcé, un hombre que tampoco es sospechoso de
ultraizquierdismo. Ese informe, entre otras cosas, constata que la
aplicación de medidas alternativas no está considerada realmente como una
opción de castigo en Uruguay. Y, entre otras recomendaciones, sugiere
establecer una infraestructura que permita extender la aplicación de medidas
sustitutivas de la prisión (como el cumplimiento de la condena bajo
monitoreo electrónico sin privación de libertad, el trabajo comunitario y el
tratamiento en libertad), principalmente a ofensores a los que les hayan
sido imputados delitos de menor cuantía.

Por supuesto que es posible seguir abrazados a la utopía de los 70 mil
presos. Es más, ese ideal podría convertirse en una verdadera política de
Estado, en caso de que ya no lo sea. El sistema penitenciario uruguayo
recibió en 2010 recursos presupuestales extraordinarios que permitieron
descomprimir temporalmente algunas situaciones críticas, sobre todo en
materia de hacinamiento. Pero al día de hoy la crisis no sólo no ha sido
superada sino que tiende a perpetuarse, en la medida en que la población
carcelaria no deja de aumentar. Si la idea es que esta tendencia se
consolide y que haya cada vez más presos en Uruguay, no obstante las muchas
señales de que esta política no es buena (como la elevada reincidencia en el
delito, la escasa inserción laboral una vez cumplida la pena y los elevados
niveles de violencia intracarcelaria, entre otros males del sistema),
entonces habrá que hacer una inversión muchísimo mayor en los próximos años.
Los partidos políticos deberían sincerarse y comprometerse a dar los pasos
necesarios para el apuntalamiento del sistema. Deberían firmar, por ejemplo,
un compromiso preelectoral que incluyera, entre otros puntos, una previsión
de los enormes desembolsos presupuestales que supondría mantener el rumbo
actual, así como un cronograma de construcción de cárceles (públicas,
privadas o semipúblicas) para albergar al creciente contingente de presos.

Pero también podríamos ele­­gir cambiar el rumbo.

Para los que dicen: “¡Necesitamos una solución ahora! Las ensoñaciones
utópicas de la izquierda biempensante no solucionan los problemas de
seguridad que tenemos todos los días” hay una mala noticia: el ideal de que
cada infractor esté preso también es una ensoñación utópica que no soluciona
los problemas urgentes. Por supuesto que es posible acercarse, muy
lentamente y tras muchos esfuerzos, a lo largo de varios lustros, a la
utopía de los 70 mil presos. Lo que habría que preguntarse es si se trata de
una utopía deseable o más bien de una distopía terrorífica. Y si no nos
gusta el destino, quizás deberíamos considerar la posibilidad de tomar otra
senda.

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