Chile/ Crisis en el sistema de salud privada: el "modelo chileno" en cuidados intensivos [Horacio R Brum]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de marzo 2017

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Chile

Crisis en el sistema de salud privada

El “modelo chileno” en cuidados intensivos

Medio millón de personas podrían quedar sin cobertura médica en Chile a raíz
de la quiebra de una empresa de salud privada, un caso que evidencia los
peligros del modelo neoliberal chileno de privatizaciones.

Horacio R Brum, desde Santiago de Chile

Brecha, 24-3-2017

http://brecha.com.uy/

No busque el lector a Santa Olga en un mapa de Chile, porque no lo hallará.
Es un pueblo situado en el medio de una de las regiones forestales del país,
350 quilómetros al sur de Santiago. O era, porque Santa Olga parece ahora
una mini Hiroshima, con unas pocas ruinas de cemento erguidas entre los
restos de las mil casas arrasadas por el incendio del 25 de enero. Tanta
destrucción, con 5 mil damnificados, se produjo a causa de que las
plantaciones de eucaliptos –en su mayoría pertenecientes al grupo Arauco,
dueño de la planta de celulosa uruguaya de Montes del Plata– envolvían a la
población. Como la empresa no mantenía fajas de terreno despejado a manera
de cortafuegos, cuando los grandes incendios de enero (que afectaron casi
500 mil hectáreas del sur chileno) llegaron a la zona, el destino de Santa
Olga quedó sellado.

Una pelea familiar arruinará las carreras de 3.500 estudiantes
universitarios, porque la fundadora de la chilena Universidad Iberoamericana
y su hija se enemistaron con otros dos miembros del consorcio propietario,
también hijos de la fundadora, y resolvieron no aportar los fondos para
sanear la deuda de casi 2 millones de dólares que la institución tiene con
proveedores y docentes. La Iberoamericana quedó así al borde de la quiebra y
el cierre, en tanto que la fundadora, quien también posee una red de
colegios privados, está desde hace dos años bajo investigación por fraude
tributario.

Úrsula, una profesional universitaria que vive en Concepción, la segunda
ciudad de Chile, se encontró con su ginecóloga en el supermercado. “No se
preocupe por los exámenes, se los hago igual, por ética profesional, pero
estos sinvergüenzas hace más de un año que no me pagan”, dijo la médica a su
paciente. Ambas comentaban la noticia que en estos días causa angustia a más
de 500 mil personas que podrían quedar sin acceso a ningún servicio médico:
la quiebra de facto de la institución de salud privada Masvida.

Tres pilares

Estas tres historias tienen un elemento en común: el virtual descontrol que
impera en Chile en los negocios privados y la incapacidad del Estado para
ejercer un papel que proteja los derechos de los ciudadanos ante los abusos
de las empresas. Hasta ha habido acuerdos empresariales para mantener
artificialmente altos durante muchos años el precio de productos como el
papel higiénico, los medicamentos, el pollo y los pañales, pero el caso de
Masvida tiene la importancia de dar a la opinión pública evidencia
manifiesta del modo fraudulento de operar que ya se conocía y criticaba en
los sistemas de educación y pensiones.

No paran de trascender ejemplos de prácticas fraudulentas de Masvida y la
policía chilena investiga acusaciones de varios delitos tributarios, pero la
justicia ya acreditó que ejecutivos de la empresa matriz emitieron facturas
falsas por cerca de un millón de dólares.

La salud, la educación y las jubilaciones privadas constituyen los pilares
del “modelo chileno” que construyó la dictadura de Pinochet, mantenido con
pocos cambios por los gobiernos democráticos. Una situación que según Miguel
Crispi, candidato a diputado por la novel alianza izquierdista Frente Amplio
(la cual aspira a llegar al gobierno inspirándose en la trayectoria del
Frente Amplio uruguayo), se debe a que la coalición de centro izquierda
actualmente encabezada por la presidenta Michelle Bachelet “es un proyecto
que es prisionero del pacto que hizo con la elite empresarial” y con “las
reglas del juego neoliberal que heredó de la dictadura”.

Lo cierto es que el escándalo de Masvida dejó al descubierto algunos
vínculos sugestivos de la empresa con el poder político. “Todo huele a
fraude y estafa, por eso, además de la comisión investigadora, estamos
dispuestos a hacernos parte de la querella por estafa y por todos los
delitos relacionados con la quiebra inexplicable de Masvida”, declaró a los
medios el médico y diputado oficialista (partido Socialista) Juan Luis
Castro; pero Castro, además de integrar la Comisión de Salud de la Cámara,
es accionista de la empresa cuestionada, al igual que la ministra de Salud y
por lo menos otros tres diputados. En otro ámbito, los registros accionarios
incluyen también el nombre del rector de la Universidad de Chile.

Pingüe negocio

Úrsula vive en la misma ciudad donde hace más de 25 años un grupo de médicos
decidió crear una Institución de Salud Previsional (Isapre) con dos
objetivos claros, como los describió hace algunos días uno de los
accionistas: obtener para los facultativos y sus familias la mejor atención
de salud y hacer un buen negocio. El buen negocio está en que Chile, de
acuerdo con un informe encargado en 2012 por la Fiscalía Nacional Económica
a la Universidad Católica de Valparaíso, con datos de la Federación
Internacional de Planes de Salud, es uno de los países más caros del mundo
en el ámbito de la salud privada, al nivel de Estados Unidos, y el más caro
de América Latina. Si se lo compara con Argentina, una apendicectomía cuesta
diez veces más y la hospitalización supera en cinco veces el precio en una
institución similar de ese país. Úrsula paga a Masvida 200 dólares
mensuales; el suyo es un buen plan de salud, pero debe hacer copagos por
todos los servicios, que están entre los 10 y 15 dólares en el caso de una
consulta médica. También paga más que un hombre de su misma edad, porque la
Isapre la sigue considerando “mujer en edad fértil”. Aunque el reloj
biológico ya indica otra cosa, la Isapre no le hace rebaja alguna.

A fines del año pasado, el superintendente de Salud anunció en una
conferencia de prensa que la rentabilidad del sistema “sigue en niveles
razonables y no críticos para el funcionamiento de la industria”. Entre las
principales cifras azules estaba la de Masvida, que según la autoridad,
había aumentado sus utilidades 88 por ciento respecto del año anterior. Sin
embargo, según pudo averiguar Brecha, dentro de la empresa se sabía por lo
menos desde 2013 que ella estaba expandiéndose (con compras y construcciones
de clínicas) más allá de lo que su capital se lo permitía. Mientras Úrsula,
“mujer en edad fértil”, y decenas de miles de afiliados más, entregaban
todos los meses 51 millones de dólares, el plan médico especial para los
accionistas generaba pérdidas por cinco millones anuales y sólo una de las
clínicas tenía un déficit de 34 millones. Ello, pese a que ese
establecimiento –la clínica Las Lilas de Santiago– cobraba mil dólares por
volver a su lugar un brazo dislocado, como lo pudo comprobar este
corresponsal, quien no está afiliado a Masvida, en una emergencia.

En 2015 Empresas Mas Vida (Emv), una suerte de sociedad paraguas que, por la
ingeniería financiera que permite la legislación chilena, incluye a la
Isapre, las clínicas y las inmobiliarias que alquilaban edificios a Masvida,
comenzó a buscar socios estratégicos que aportaran capitales para el
salvataje. Los afiliados se preocuparon cuando varias clínicas les exigieron
el pago total de los tratamientos y consultas, y muchos emprendieron el
éxodo hacia otras instituciones. En cuanto a los posibles socios o
compradores parciales de Emv, el dato de que existían deudas con bancos y
proveedores por 120 millones de dólares los hizo pensar dos veces. Por otra
parte, se supo que las auditorías y balances mostraban grandes blancos e
imprecisiones en las cifras.

Negando lo evidente

No obstante, en enero de 2017 la Superintendencia de Salud no se daba por
enterada de que algo raro estaba sucediendo y su titular, Sebastián
Pavlovic, declaró a los medios de prensa que no había recibido “señales de
un inminente quiebre de Masvida”. Solamente a comienzos de marzo, y cuando
todo el ambiente empresarial sabía que la Isapre estaba con un pie en la
quiebra, el gobierno nombró un interventor, cuya primera medida fue decretar
un “corralito” de afiliados, para impedirles buscar en otra institución la
protección de su salud. Bajo la lógica oficial, así se evita que la cartera
de clientes pierda atractivo para su venta a otra Isapre, porque solamente
permanecerían en ella las personas con enfermedades crónicas, en
tratamiento, o de la tercera edad. Esto, porque las reglas del juego del
negociado de la salud en Chile permiten que las instituciones privadas se
nieguen a afiliar a esa gente.

Declarar un capital y depósitos por 280 mil dólares es la obligación
principal que la ley fija para crear una Isapre. A partir de allí la
libertad para el negocio es total, al extremo de que existen unos 40 mil
planes de salud, ofrecidos por siete Isapres, y las diferencias de los
precios de un examen como el hemograma pueden ser de hasta 1.000 por ciento.
Ya en 2009, el Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia
de Salud informaba que “la elección de un plan de salud es compleja, poco
transparente y constituye un problema para el usuario”. Otros estudios sobre
el tema indican que la gran variedad de planes permite a las empresas de
salud escapar a la comparación, la regulación y la competencia, porque se
hace difícil comparar una cobertura con otra, y se construye un nicho de
mercado.

Entre las promesas electorales de Michelle Bachelet estuvo la reforma del
sistema de Isapres. Casi al fin de su presidencia, el proyecto de ley sigue
perdido entre las comisiones de estudio y las presiones y cabildeos de la
Asociación de Isapres, que ha recibido asesoramiento de empresas de lobby
montadas por ex ministros, como el poderoso operador político Enrique
Correa, quien integró el primer gobierno de la democracia.

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