Colombia/ Asesor de las Farc: "algunos pretenden una especie de volatilización de los guerrilleros" [Enrique Santiago - entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de marzo 2017

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Colombia

Entrevista a Enrique Santiago, asesor de las Farc

"Algunos pretenden una especie de volatilización de los guerrilleros el día
D+180"

Ainara Lertxundi, Donostia

Gara, 23-3-2017

http://www.naiz.eus/eu/

La implementación del Acuerdo Final suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno
colombiano el 24 de noviembre en Bogotá camina lentamente. El calendario
avanza, no así el cronograma establecido o, al menos, no al mismo ritmo.
Teóricamente, el próximo 31 de mayo finalizará el proceso de dejación de
armas. Para ese día, todo el armamento de la guerrilla estará en manos de la
ONU y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización habrán dejado de
tener vigencia. Pero cuando falta poco más de tres meses para ello, las 26
Zonas y Puntos Transitorios siguen sin estar habilitados en su totalidad. La
aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso, se ralentiza.
Los jueces de ejecución de penas, los responsables de tramitar las
solicitudes, amenazaron incluso con ir a la huelga alegando falta de
recursos. Y aún faltan por diseñar los programas que posibiliten la
reincorporación social y económica de los combatientes, piedra angular para
garantizar una paz estable y duradera. El Gobierno cubano ha dado un
importante paso en ese sentido, ofreciendo tanto a las FARC como al Gobierno
mil becas para cursar estudios de Medicina en la isla caribeña. Bogotá ha
cedido sus 500 plazas a la guerrilla.

El abogado Enrique Santiago es uno de los artífices de los acuerdos de La
Habana. A medio camino entre Madrid y Bogotá, sigue asesorando a las FARC en
la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del
Acuerdo Final (CSIVI). En entrevista con GARA antes de participar en las
jornadas sobre desarme organizadas los pasados viernes y sábado por
Bakebidea en Biarritz, analiza el escenario actual que, aunque previsible,
no está exento de peligros tales como un posible aumento de la disidencia.

-El Senado colombiano acaba de aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿Qué supone este paso en el contexto actual y cuándo se pondrá en marcha a
efectos prácticos?

Es un paso trascendental en cuanto a la implementación y cumplimiento de lo
acordado. Es la puesta de largo del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición. En cuanto a su aplicación práctica, el Comité de
Escogencia tiene como máximo seis meses para elegir a los jueces de la
Jurisdicción Especial para la Paz, a los comisionados de la Comisión de la
Verdad, al director de la Unidad de Búsqueda… en total a 83 funcionarios.
Esperemos que sea antes aunque, la verdad, parece complicado. En todo caso,
en seis meses deberían haber elegido a los jueces; y estos necesitan un
mínimo de tres meses para elaborar los reglamentos y normas de
procedimiento, con lo cual veo muy difícil que antes de nueve meses comience
a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. También hay un plazo de
entre seis meses y un año para la entrada en funcionamiento de la Comisión
de la Verdad. Todo el sistema podría y debería estar funcionando plenamente
como máximo en un año, lo cual permite que se vaya normalizando la situación
política y se vaya avanzando en la implementación.

-El pasado 30 de diciembre fue aprobada la Ley de Amnistía, sin embargo, su
aplicación está siendo cuando menos lenta.

Es una situación increíble porque estamos ante un supuesto de no aplicación
consciente de una ley por parte de los propios jueces. No se recuerda un
proceso de paz en el que haya ocurrido algo similar; que habiendo sido
aprobada una ley por el Congreso y un posterior decreto reglamentario, se
siga sin aplicar. Incluso el 1 de marzo los jueces de ejecución de penas
amenazaron con un paro judicial argumentando que no tienen recursos. En
cualquier Estado que se considere un Estado de derecho sería un desafío, una
irregularidad que debería tener repercusiones institucionales. Los jueces de
la Justicia ordinaria francamente no están a la altura del momento
histórico, no están entendiendo la trascendencia de este momento y están
actuando de forma corporativa. Da la impresión de que se sienten ofendidos
por el mero hecho de que se haya creado una Jurisdicción Especial para la
Paz, cuando en realidad es una oportunidad para el poder judicial. Con un
95% de impunidad, no solo en crímenes relacionados con el conflicto sino en
hechos de delincuencia común, la Jurisdicción Especial para la Paz permitirá
descongestionar los juzgados ordinarios. Se mire por donde se mire, no tiene
ningún sentido lo que está ocurriendo. Pero, de alguna forma, se contaba con
ello. El diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, más que un acierto,
fue una necesidad porque es obvio que hay instituciones que han sido tan
permeadas e imbuidas por el conflicto que les cuesta mucho trabajar por la
reconciliación y la nueva Colombia. No obstante, en las últimas semanas ha
habido un incremento en el número de amnistías. Si bien hasta el 17 de
febrero las amnistías concedidas no llegaban a 20, desde el 1 de marzo se
han otorgado 60 más. Esa progresión se debe a la presión de la comunidad
internacional.

-Otro de los puntos que preocupa es la falta de programas de reincorporación
económica y social de los guerrilleros.

Es sumamente preocupante el retraso imputable a la falta de dirigencia y
gestión por una parte del Gobierno colombiano y, por otra, a una clara
voluntad política de otras instituciones que también tienen que intervenir
en la implementación, que no solo corresponde al Gobierno sino también a la
Fiscalía, al Congreso… Los retrasos habidos hasta el momento son imputables
al Estado colombiano; las FARC están cumpliendo sus responsabilidades
respecto al proceso de dejación de armas. Lo que más me preocupa es que este
incumplimiento, a veces por incapacidad o incompetencia y, otras, de forma
intencionada, pueda provocar desafecciones y disidencias en lo referente a
la reincorporación económica y social. Siendo un punto muy delicado, fue el
que más se vio afectado por el resultado del plebiscito y la posterior
renegociación. En el segundo acuerdo hubo una involución, un recorte
presupuestario en los programas de reincorporación. Uno de los argumentos
absolutamente falseado e inadecuado de los defensores del «no» fue el alto
presupuesto que iban a suponer, cuando todo lo que el Estado va a invertir
en esos programas de reincorporación durante los próximos dos años equivale
al presupuesto de diez días de guerra. Ni uno más. Si esos programas no se
ponen en marcha se puede producir una desafección y desinterés de los
guerrilleros de base y el inicio de un proceso en el que cada quien decida
resolver su situación por su cuenta, lo cual es muy peligroso en un país
donde continúa habiendo violencia e importantes economías ilícitas. Es muy
irresponsable que el Estado no esté resolviendo de forma seria y coherente
lo establecido en el Acuerdo Final respecto a los programas de
reincorporación.

-Teniendo en cuenta los retrasos en la implementación, ¿cómo se presenta el
1 de junio, el día después al «D+180», que establece el fin del desarme?

El problema no es tanto el retraso en cuanto a las incomodidades que está
generando en las Zonas Veredales, sino que envía una pésima señal porque
evidencia un incumplimiento y mala gestión por parte del Gobierno. El
problema es que hay voces vinculadas al «no» que lo que pretenden es una
especie de volatilización de los guerrilleros cuando llegue el «día D+180».
Pero los guerrilleros no van a desaparecer de los territorios, por razones
obvias, aunque algunos así lo quieran. Esa es una visión absolutamente
equivocada que no se corresponde con lo que dicen los acuerdos de La Habana.
Los antiguos guerrilleros deben permanecer en los territorios –de influencia
histórica de la guerrilla– una vez que dejen las armas. Es una necesidad
porque es en los territorios donde se deben poner en marcha los planes de
desarrollo económico y social y los proyectos colectivos diseñados en el
Acuerdo Final. Es un elemento favorable que permanezcan el mayor tiempo
posible en esos lugares de forma cohesionada para evitar la dispersión. Ese
es uno de los debates abiertos ahora.

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