Estado español/Catalunya/ La República Catalana como autodefensa ]Marti Causa]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de octubre 2017

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Estado español/Catalunya

La República Catalana como autodefensa

Marti Caussa *

Viento Sur, 23-10-2017

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El gobierno del PP ha enviado al Senado la propuesta de aplicar el artículo
155 contra Catalunya y es casi seguro que será aprobado el próximo viernes.
Esta medida supone la suspensión de la autonomía catalana y la violación de
las reglas del Estado de derecho que sus impulsores dicen defender: para
abreviar me remito a la argumentación que han hecho Jaime Pastor, Josep M
Antentas y Ferran Requejo.

La dureza de la medida se explica porque el Estado es consciente que en
Catalunya existen dos poderes en pugna y está decidido a aplastar al de la
Generalitat. Este doble poder se escenificará en las próximas sesiones del
Senado español y el Parlament de Catalunya. Y en las próximas semanas o
meses uno de ellos se impondrá y el otro será eliminado en el territorio de
Catalunya. Si el resultado dependiera principalmente de la fuerza coercitiva
de cada poder, el resultado estaría cantado; pero no es así: el resultado va
a depender, fundamentalmente, del apoyo ciudadano activo que consiga cada
uno de ellos, no sólo en Catalunya y, con mayor razón, no sólo en España.

Si el Govern y el Parlament quieren tener opciones de vencer deben aglutinar
a una gran mayoría de la ciudadanía catalana, conseguir la solidaridad, al
menos contra la represión, de sectores significativos de los pueblos de
España y de la opinión pública europea. La discusión importante es el cómo.

Las dos grandes alternativas siguen siendo las que analicé en un artículo
anterior: retirar o activar la suspendida declaración de independencia del
pasado 10 de octubre. Pero ahora estas dos grandes opciones se han precisado
un poco más: convocatoria de elecciones autonómicas antes que el Senado
apruebe el 155 o proclamación de la República catalana.

Es verdad que Ada Colau y la dirección de los comunes siguen defendiendo la
alternativa de ni DUI ni 155 y que los presidentes dialoguen. Pero cada vez
se hace más evidente para más gente que Rajoy no quiere dialogar sobre nada
que no sea la rendición y creo que esto está debilitando a esta posición.

La defensa de convocar elecciones catalanas antes de que se reúna el Senado
se argumenta desde dos puntos de vista. El primero es el de los que repiten
la petición que hacía Rajoy antes de activar el 155; un buen exponente puede
ser este editorial de La Vanguardia: “Hay que poner por delante de todo la
estabilidad y el progreso económico, el bienestar y la tranquilidad de la
gente. Todo un tiempo histórico está en peligro. President, posi les
urnes!”. Las urnas autonómicas, por supuesto, y olvídese del derecho a
decidir y de la independencia: ríndase. El otro punto de vista defiende las
elecciones para evitar la aplicación del 155 y convertirlas en un plebiscito
soberanista más contundente que el 27-S de 2015. Pero a estas alturas y con
estas intenciones explícitas es difícil imaginar que el Estado no
invalidaría candidaturas y personas. Y en el mejor de los casos, si se
propone un nuevo 27-S habría que explicar qué habría que hacer a
continuación: ¿hacer más procés?, ¿volver a exigir un referéndum pactado y
que lo vuelvan a negar?, ¿convocar un nuevo un nuevo 1-O y que lo vuelvan a
prohibir? Sobre todo hay que preguntarse, ¿cual sería el precio que se
pagaría de inmediato si Puigdemont convocara elecciones? En este punto no
hay duda, el precio de unas elecciones sería la desmoralización de la mayor
parte de los participantes en la construcción del mayor movimiento de masas
que ha conocido Europa, desde sus inicios el 11-S de 2012, hasta el
referéndum del 1-O y la huelga general del 3-O. Y esta gente es la base del
poder del Govern y la Generalitat; sin su actividad y entusiasmo se acabaría
el doble poder, ganaría Rajoy y su proyecto de recentralización, autoritario
y versión degenerada del régimen del 78.

La otra gran alternativa es proclamar la República Catalana antes de que el
Senado apruebe el 155: esta es la opción que defienden movimientos como la
ANC, Omnium y los CDRs (algunos ya transformados en Comités de Defensa de la
República). Pero dentro de este bloque hay precisiones y debates
interesantes, en particular los que se refieren al proceso constituyente
popular previsto en las leyes de desconexión. Creo que es muy compartida la
opinión de que este proceso debe empezar inmediatamente, aunque el Govern no
lo ha aclarado todavía. Pero la mayoría de discusiones se refieren a cómo
concretarlo en la nueva situación.

La comisión de estudio del Parlament aprobó en julio de 2016 que el proceso
constituyente tendría tres fases y que todas ellas deberían incorporar la
perspectiva de género: 1) un proceso participativo previo con un Foro Social
Constituyente, formado por representantes de la sociedad civil organizada y
de los partidos políticos, que debería formular un conjunto de preguntas
sobre contenidos concretos de la nueva constitución; estas preguntas
deberían ser resueltas a través de un proceso de participación ciudadana
cuyo resultado sería un mandato vinculante para los integrantes de la
Asamblea Constituyente; 2) una Asamblea Constituyente soberana, amparada por
las leyes de desconexión, y encargada de redactar la constitución; 3) un
referéndum constitucional para aprobar o rechazar la constitución.

En mi opinión el Parlament debería abrir inmediatamente este proceso y
dotarlo del mayor protagonismo popular posible, con el objetivo de ligar la
República Catalana a un contenido de democracia radical que ilusione a todos
los partidarios de la democracia y del derecho a decidir, tanto si son
favorables a la independencia, como si no los son pero la ven como la forma
práctica de evitar la perdida del autogobierno, combatir la represión,
regenerar la democracia y echar abajo el régimen del 78. Es decir, un
proceso constituyente verdaderamente popular y transversal es una cuestión
fundamental para que la República pueda aparecer como un instrumento de
autodefensa ciudadana frente a los ataques del Estado. A mi entender esto
tiene algunas exigencias en la primera fase:

- El Foro Social Constituyente debe ser suficientemente numeroso y
transversal para ser representativo del país. En particular debe dar
protagonismo a los CDR, tal como ya reclaman algunos; y, si fuera posible en
la difícil coyuntura que se avecina, incorporar a personas de la sociedad
civil elegidas por sorteo.

- La participación ciudadana debería estructurarse en espacios de debate
territoriales que resultaran cercanos a la población: por ejemplo los 121
que proponía la plataforma Reinicia. Naturalmente estos espacios deberían
reunir tanto a las personas que desean la independencia como a las que no:
las que desean la independencia y punto, las que la ven como un paso para
poder plantear la federación o la confederación en condiciones de igualdad,
y las que no la desean pero la ven como una protección contra la ofensiva
reaccionaria del PP. En estos espacios de debate deberían expresarse las
demandas de la ciudadanía, tanto en el terreno político, como el social y
cultural.

- Tal como prometió el Parlament, las conclusiones de esta participación
ciudadana deben ser vinculantes para los integrantes de la Asamblea
Constituyente.

Se puede objetar que será difícil organizar este Foro y los espacios de
debate territoriales bajo la presión del artículo 155. Pero en realidad no
lo será ni más ni menos que defender al President, al Govern, al Parlament,
a TV3 y los medios públicos, a los Mossos o a nuestro modelo de escuela
catalana. Con la diferencia que cuando defendamos lo que ya existía será
para negarle al Estado la potestad de cambiarlo, a pesar de las críticas que
tengamos a sus carencias y errores. Defendiendo el Foro Social o los
espacios debate, estaríamos defendiendo nuestro derecho a decidir, el
proyecto de República Catalana surgido de nuestra voluntad democrática. Y
esto puede ser un añadido de motivación y entusiasmo, tanto en Catalunya,
como en España y Europa.

Esta semana y la siguiente serán decisivas sobre todo por el éxito de
nuestra defensa de Puigdemont, el Govern y el Parlament frente a las
pretensiones del artículo 155. Debemos defenderlos como lo hicimos el 1-O y
el 3-O, con movilizaciones masiva y pacíficas y con otra Huelga General si
es necesario. Pero, precisamente porque habrá resistencia masiva, la prueba
de fuerzas no se resolverá en unos días, sino que, probablemente, se
prolongará semanas y, quizá, meses. A lo largo de estos días y semanas de
resistencia masiva creo que se irá haciendo más evidente la regresión
democrática que representa la vía tomada por el PP y aprobada por C’s y el
PSOE, no solo en Catalunya, sino en España y Europa. El profesor Gabriel
Jaraba lo explica así: “[La crisis catalana] es un experimento de alcance
europeo cuya dimensión estratégica parece pasar desapercibida. Es, para
decirlo ásperamente, un test de resistencia de materiales. Y está dirigido
no solamente a los catalanes sino a los españoles y a los europeos en
general. El test consiste en experimentar hasta qué punto la ciudadanía en
general y las instituciones internacionales están dispuestas a tolerar y
soportar una democracia autoritaria y en qué grado; no sólo en España sino
en todos los países de la UE”.

Para resistir esta ofensiva del PP y de las derechas europeas es necesaria
la movilización popular en todos los ámbitos afectados y la tarea más
inmediata es luchar contra la escalada represiva que significa la aplicación
del 155 en Catalunya. Para ello es imprescindible la solidaridad de los
pueblos del Estado español y de Europa.

En esta perspectiva la proclamación de la República Catalana puede ser un
instrumento de autodefensa popular, un símbolo de la revolución democrática
y un estímulo de nuevas luchas por la democracia y los derechos sociales en
Catalunya, España y Europa.

* Marti Caussa, forma parte del Consejo Asesor de Viento Sur.

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