México/ Los terremotos de septiembre [Manuel Aguilar Mora]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de setiembre 2017

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México

Los terremotos de septiembre

Manuel Aguilar Mora *

Ciudad de México, 28 de septiembre, 2017

Los terremotos del 7 y el 19 de septiembre, con sus múltiples réplicas que
siguen todavía en estos días, han sacudido a México desde sus profundidades
telúricas hasta sus cimas políticas, marcando un nuevo hito en la turbulenta
historia de estos últimos años de una sociedad abrumada por la violencia, la
corrupción y la decadencia de su régimen económico y gubernamental. Sucede
como si la madre naturaleza, en su dinámica imprevisible para los animales
sociales, contribuyera para advertirle a éstos que el punto cúspide de una
crisis integral se aproxima acelerada e inexorablemente.

 Como se sabe, uno de estos terremotos coincidió, por esos azares
inexplicables, con el aniversario de otro terremoto, el del 19 de septiembre
de 1985, que también sacudió al país desde sus cimientos telúricos y
políticos. Todas las señales indican que de nuevo en esta ocasión estamos
ante hechos que anuncian convergencias de terremotos telúricos con cismas
políticos aún más decisivos. Aunque las víctimas mortales en esta ocasión
han sido menores contándose en centenares en comparación con las miles de
hace 32 años, las devastaciones así como sus consecuencias sociales y
política pueden ser tan grandes o aun mayores que en ese año.

Del simulacro a la devastación

Precisamente el 19 de septiembre, como todos los años desde 1985, a las once
horas se realizó el simulacro para preparar a la población en el caso de un
temblor. Poco más de dos horas después del simulacro dichas medidas debieron
ser puestas en práctica en setenta segundos de tiempo real que duró el
sacudimiento de 7.1 de la escala Richter cuyo epicentro estuvo en el estado
de Morelos a 100 kilómetros al sur de la ciudad de México. Así en el espacio
de dos semanas, dos temblores que afectaron al centro y el sur del país,
cuyas devastadoras consecuencias se calculan en decenas de miles de millones
de pesos, han puesto al país en estado de emergencia y producido una
movilización social sin precedentes. Se calcula que sólo minutos después del
segundo terremoto, más de un millón de personas, abrumadoramente jóvenes,
salieron a las calles de la ciudad de México a ayudar a los damnificados, a
salvar y rescatar vidas apresadas en los escombros, preparar y trasladar
comida, formar cadenas humanas para resguardar inmuebles o llenar trailers
con los víveres, medicinas y ropa acumulados en los centros de acopio y
ayuda en un espacio que abarca prácticamente la mitad de la ciudad de México
afectada: las delegaciones de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero,
Benito Juárez, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, asentadas en
gran parte del territorio de lo que era el antiguo lago de Texcoco.
Movilización que chocó de inmediato con el aparato institucional corrupto y
torpe de las autoridades federales  así como de las provenientes de los
partidos gobernantes principales en la ciudad, el PRD y el PAN e incluso
balconeó al nuevo partido de López Obrador (AMLO) que aspira a gobernar la
enorme metrópoli Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), que encabeza
ya varias delegaciones de la ciudad y cuyos representantes (en especial los
delegados de Xochimilco y de Tláhuac) no se comportaron de modo diferente
que los líderes panistas o perredistas de las demás delegaciones. Por parte
de la población de a pie la suya fue una experiencia sorprendente de
organización espontánea, eficaz y rapidísima. Los comentaristas no han
escatimado adjetivos para definir esta movilización “espontánea” (las
comillas porque hay, como se ha dicho, una memoria histórica que se extiende
hasta 1985) como una formidable experiencia del espíritu de solidaridad,
generosidad y altruismo de los ciudadanos, en especial de los jóvenes.

 En los estados vecinos de Morelos y Puebla, también afectados por el
temblor, cientos de miles hacían lo mismo. Antes, durante el terremoto del
día 7 que afectó ante todo a Chiapas y Oaxaca y en menor medida a la ciudad
de México, se había mostrado la torpeza y lentitud de las autoridades
federales y estatales superadas ante la magnitud de los siniestros por la
movilización ciudadana.

 A diferencia de 1985, la devastación actual no se concentra principalmente
en la ciudad de México, sino que se ha expandido a una amplia zona del
centro y el sur del país. Ciudades y muchos pueblos de Morelos, Tlaxcala,
Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el sur del estado de México
principalmente han presenciado desastres mayores, como Jojutla, Morelos una
ciudad muy cerca del epicentro del temblor del 19 de septiembre, en donde
más del 60 por ciento de sus 50 mil habitantes están damnificados. Oaxaca y
Morelos dos de los estados más afectados cientos de miles de habitantes
padecen una u otra consecuencia de los sismos, decenas de miles de viviendas
dañadas, cientos de caminos y puentes perjudicados y el 50 por ciento de las
escuelas en malas condiciones, sin contar con los edificios de gobierno,
hospitales e iglesias con serias afectaciones o de plano destruidos. En la
región de la Mixteca que se adentra en los estados de Oaxaca, Puebla y
Guerrero hay pueblos en los que hasta el 90 por ciento de las viviendas se
vinieron abajo: Pilcaya, Ayoxuxuxtla, etc. En Chiapas , otro de los estados
sureños muy dañados, hay más de 55 mil viviendas afectadas, de las cuales
más de 17 mil se han colapsado por completo e igualmente la infraestructura
ha sufrido serios daños: hospitales, escuelas, carreteras, gasolineras,
puentes, tiendas de autoservicio, estaciones de camiones, iglesias,
edificios de gobierno.

A estos pueblos y ciudades arrumbadas en las sierras y valles más lejanos y
marginados la “ayuda” oficial no ha llegado todavía y en algunos ha llegado
sólo para que el presidente y sus cercanos se tomen la foto y hagan las
promesas que no cuestan nada. E incluso han sucedidos casos escandalosos de
autoridades que descaradamente obstaculizan la llegada de la ayuda
independiente de la sociedad civil a los damnificados. El más destacado ha
sido el protagonizado por la esposa del gobernador perredista de Morelos
Graco Ramírez, quien literalmente secuestró y llevó a las bodegas del DIF
(Desarrollo Integral de la Familia) que ella dirige los materiales de acopio
enviados en trailers desde Michoacán para entregarlos directamente a los
damnificados del estado. A pesar de la complicidad del duopolio televisivo
por completo al servicio del poder federal, ha habido órganos de  prensa y
los reportajes de algunos canales televisivos y radiodifusoras no vinculados
a Televisa ni a TV Azteca, que están informando ampliamente de este fenómeno
social que la revista Proceso (24 de septiembre de 2017) ha definido en su
portada con la frase “la sociedad rebasa al gobierno”.

 Es evidente la desproporción que existe entre las tareas de reconstrucción
nacional que enfrenta el país y los instrumentos a disposición de un
gobierno impotente. No es sólo un problema financiero, que por supuesto
también lo es, como se verá. Es un problema de clase, es un problema del
personal humano en concreto que ocupa la dirección de una estructura de
poder que está ligada estrecha y fuertemente al mecanismo de servir a las
necesidades del capitalismo. Para esta estructura de poder la asistencia
social, la salud y educación de la población y la reconstrucción de la
infraestructura, en especial de las regiones marginadas, son tareas
simplemente inconcebibles dentro de sus planes y funcionamiento.

La vitrina de la ciudad de México

En la ciudad de México, aunque también de forma tardía, los gobiernos
federal y local intervinieron con más contundencia para controlar la
situación, encontrándose también con más resistencia de parte de la marea
humana que justamente reclamaba, ante el ninguneo de las fuerzas oficiales
represivas, su prioridad por haber llegado primero a las tareas de ayuda y
acopio. El ejército, la Marina y la policía federal fueron los cuerpos
designados por el poder para intervenir en el siniestro y su actuación
conflictiva realizada en el escenario de una ciudad ocupada por miles de
periodistas nacionales y extranjeros, se hizo más notoria. Mucha experiencia
también los cuerpos represivos han aprendido de las lecciones de 1985, pero
aún así fue difícil que no enseñaran el cobre. Una ciudad que es la vitrina
principal del sistema imperante y en la cual la concentración de la
población, de los servicios de todo tipo y de la masa crítica son los
mayores del país, es donde se desarrolla con más claridad la contradicción
entre la necesidad de canalizar de manera efectiva los recursos del Estado y
la estructura de un gobierno fundamental y esencialmente autoritario y
represivo que es incapaz de asumir la tarea de satisfacer las necesidades de
una población afectada por las terribles circunstancias producidas por los
terremotos.

De nuevo se pueden citar muchos casos de esta contradicción que se convirtió
en auténtico choque en varias ocasiones, por ejemplo cuando el secretario d
Gobernación Osorio Chong se apersomó en el edificio colapsado de una fábrica
de costureras de la colonia Obrera y fue abucheado por la multitud y debió
retirarse rápidamente. El otro ejemplo sobresaliente del caótico
comportamiento del contubernio de las autoridades más altas con Televisa fue
el escandaloso caso de una niña “Frida Sofía” supuestamente atrapada  en las
ruinas del colegio Enrique Rébsamen en el sur de la ciudad. La televisora
sobredimensionó la tragedia durante dos días y las autoridades de la
Secretaria de Marina debieron reconocer que esa niña nunca existió. Las
repercusiones del desprestigio y frivolidad de la conducta de las
autoridades y los medios como Televisa fueron enormes y se hicieron patentes
incluso al nivel internacional. La combinación entre el despertar ciudadano
masivo que representa esta movilización popular y la vocación y estructura
antidemocráticas y represivas del Estado mexicano es potencialmente
explosiva, y ya se pueden apreciar signos muy evidentes de tal situación.

El cisma político que viene

También en septiembre, días antes de los temblores, el Instituto Nacional
Electoral (INE) declaró el inicio formal de los procedimientos de las
numerosas campañas electorales de 2018, muy principalmente de la campaña por
la presidencia de la República. Por su parte, el sexenio del gobierno de
Peña Nieto entró en su año final con un informe anual propagandizado con
millones de spots en publicaciones, medios radiofónicos, televisivos y
cinematográficos en una orgía de miles de millones de pesos de promoción de
la imagen presidencial como literalmente jamás se había presenciado, los
cuales se añaden a los 34 mil millones ya gastados en publicidad  en sus
primeros cuatro años de gobierno. Como si la publicidad de éste estuviera en
una relación inversamente proporcional a su popularidad y aprobación
ciudadanas.

Y para que la decadente democracia (burguesa) mexicana no se quedará atrás
en proporcionar escándalos políticos patéticos también se anunció finalmente
durante este mes la formación de un Frente Ciudadano con los dos partidos de
oposición sistémica tradicionales, el PAN de la derecha y el PRD de la
“izquierda”  (insisto, sistémica), a los que se une el pequeño Movimiento
Ciudadano (MC). Una coalición de dimensiones oportunistas colosales basada
en fundamentos por completo electoreros que aspira a lograr en 2018 una
votación que supere el tercio de la votación total que le ha correspondido
al PRI en las últimas elecciones presidenciales y que pueda desbancar del
primer lugar que le dan la mayoría de las encuestas al partido de AMLO. Se
preparaban los partidos burgueses para su contienda clave de las elecciones
presidenciales de 2018 con la perspectiva de que un PRI debilitado y
desprestigiado como nunca antes las pierda. Y entonces vinieron los otros
temblores.

Los terremotos telúricos ya han sido factores fundamentales de cambios
políticos. Así lo hicieron en 1985 con los planes políticos de los partidos
del establishment burgués gobernante. Las consecuencias del terremoto de ese
año maduraron durante cierto tiempo que llegó sin tardanza: en 1987 se dio
la primera ruptura importante del PRI en décadas con el surgimiento de la
Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo que unida
con otros partidos y corrientes, incluida la proveniente del antiguo partido
comunista y otros grupos “revolucionarios” y reformistas de todo tipo,
participó en las elecciones presidenciales de 1988, propinándole al PRI una
importante derrota política (y muy probablemente electoral que se escamoteó
con un fraude del sistema de conteo). De esta experiencia surgió el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y el inicio de su trayectoria de
integración al sistema imperante como su flanco “izquierdo” en una senda que
fue atravesando por varias estaciones: en 1997 la victoria de las elecciones
de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, después la victoria en
varias estados y un protagonismo cada vez mayor con su bancada de diputados
hasta llegar a la culminación de un giro completo a la derecha en 2017
primero con su alianza con el PRI de Peña Nieto en el Pacto por México y
ahora con su alianza con el PAN, el tradicional partido conservador, en el
Frente Ciudadano antes mencionado. Todo un ciclo ha terminado y estamos
entrando en los umbrales de uno nuevo de la política nacional abierto
también de nuevo con movimientos telúricos.

No es posible creer que del vientre caduco de un régimen de partido único de
facto que fue el bonapartismo mexicano durante más de seis décadas haya
podido surgir una verdadera democracia (ni siquiera burguesa). La transición
“democrática” del 2000 no significó el surgimiento de un sistema realmente
democrático, transparente y con raíces populares profundas, más bien fue la
continuación de las mismas prácticas, ahora efectuadas por un PAN cínico y
tan corrupto como el PRI como fueron los gobiernos de Fox y Calderón. La
cúpula gobernante simplemente amplió algo su espacio a los capitalistas
provenientes de los sectores conservadores que habían estado marginados del
poder. Pero cuando volvió el PRI, el gobierno de Peña Nieto agotó sus
posibilidades, sólo puede ganar con fraudes gigantescos y con la complicidad
de los demás partidos “opositores” (en especial el PAN y el PRD) como se
demostró con motivo del Pacto por México.

Después de 1985 el país presenciaba la puesta en práctica de la estrategia
neoliberal que llevó a la creación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México y lo que siguió fue la
reacción campesina contra este hecho que fue la insurrección del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Han sido 32 años los que pasaron
de un 19 de septiembre de 1985 al actual, tres décadas que han transformado
drásticamente al país. Hoy el TLCAN también está siendo puesto en duda pero
no por fuerzas populares, sino por el mismísimo inquilino de la Casa Blanca.

Los actuales terremotos no van a tardar años en impactar al mundo de la
casta política dominante y al de la lucha política en general. Los dos
sexenios panistas y ante todo el actual sexenio priista agonizante de Peña
Nieto con su corrupción gigantesca, con la violencia desatada, con el
estancamiento económico, con su servilismo ante Washington tiene nombres
propios: Ayotzinapa, el gasolinazo, las “reformas estructurales”, los
cientos de desaparecidos tanto por la violencia criminal de los carteles
como la del Estado, los fraudes electorales y la impunidad proverbial. Un
sentimiento muy extendido de hartazgo con el régimen político, sus partidos,
sus personeros es notorio cuando en cualquier manifestación no tarda en
surgir el grito de “¡Fuera Peña!”. Es en este suelo fertilizado por
desastres colosales que la madre naturaleza está impulsando a cientos de
miles, de millones de mexicanos y mexicanas a pensar más políticamente. Y en
la coyuntura tradicional sexenal de las elecciones presidenciales del año
próximo, las señales indican que este pensamiento será mucho más crítico que
nunca.

El síntoma indudable de esta situación de hartazgo de la conciencia nacional
con respecto al sistema político vigente surgió en forma evidente en estos
mismos días. La pregunta no se hizo esperar ¿dónde están los partidos? Hasta
los órganos de prensa más conservadores como El Universal la hacían en sus
páginas editoriales y constataban su ausencia en las labores multitudinarias
de los rescates y la movilización reconstructora. Y surgió intempestivamente
de la turbulencia y la agitación en las redes sociales la otra pregunta que
millones se hacían incluso antes de los sismos: ¿cómo es posible que en un
país con tantas necesidades exista un sistema de partidos con una abundancia
casi obscena de recursos que ni siquiera los tienen los países más ricos? Y
de forma natural un millón y medio de firmas en menos de dos días tomaron
por asalto las redes sociales con una plataforma de movilización social
Change.org, exigiendo a la casta política mexicana renunciar a sus sueldazos
y ricas prerrogativas presupuestarias y destinarlos a la reconstrucción y el
auxilio a los damnificados. La presión social fue formidable e imposible de
eludir y los líderes partidarios no tardaron en reaccionar para no ser aún
balconeados como insensibles ante la tragedia nacional.

Y entonces vino el show de la retórica partidista. AMLO fue el primero que
pujó con el 20 por ciento de las prerrogativas de Morena para los
damnificados. Después el presidente del PRI subió la puja al 25 por ciento
de los recursos anuales del partido en la campaña del año entrante. Tres
días después  del terremoto del 19 los tres dirigentes del Frente Ciudadano
(el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano) plantearon la eliminación al
ciento por ciento de todos los recursos de todas las fuerzas políticas. “Que
los partidos sean sostenidos por sus miembros y simpatizantes”, declararon.
Lorenzo Córdova, el presidente del INE, después de rechazar primeramente la
propuesta como “jurídicamente improcedente”, reconsideró que sí existen los
mecanismos jurídicos viables para que los partidos puedan destinar los
recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados de los
sismos. En resumen la movilización masiva puso frente al paredón de la
crítica implacable a todo ese aparato multimillonario que ha erigido el
poder de la burguesía para proteger y preservar sus privilegios políticos.
Una “democracia cada vez más cara y al mismo tiempo cada vez menos
representativa de las necesidades y demandas de la gente. Eso es lo que
significaa el INE, la matriz corrupta que nutre a todos los partidos
“registrados” y que hoy se encuentran en su peor momento, situación que
anuncia un cambio político de dimensiones históricas.

Un cambio que entre otras cuestiones tendrá que abordar la de las nuevas
formas del mantenimiento de los partidos, pues es evidente que las
formulaciones al bote pronto de los actuales dirigentes de los partidos
“registrados” no están fundadas en reflexiones democráticas profundas sino
que responden al oportunismo del momento y vienen como anillo al dedo a los
sectores burgueses, los cuales son los que tienen los recursos abundantes
para hacer los “donativos” a los partidos. Ciertamente entregar al capital
formalmente el quehacer político del país no es la alternativa adecuada a la
corrupción estatal que representa el INE. Será necesario realizar la
educación requerida para que una concientización popular se involucre en la
política y permite el surgimiento de poderes populares, proletarios.

La reconstrucción como negocio

México es un país en completa crisis que debe ser reconstruido. El debate
sobre la estrategia de la política para levantar la sociedad y la economía
nacionales será más que nunca el tema determinante de la acción política del
próximo futuro. El año de 2018 será un año clave: las discusiones, las
propuestas girarán en torno a la reconstrucción de México: física, política,
moralmente. Una reconstrucción integral que ponga un punto final a la
tendencia actual de profunda descomposición social. En el escenario oficial
del INE, de los partidos burgueses dominantes y de la estructura del poder
capitalista no están las fuerzas, ni las ideas capaces de emprender esas
tareas. El Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN) tiene 6 mil
millones de pesos, a los que se añadirían 3 mil millones más en 2018. En
cambio sólo las prerrogativas de los partidos para el 2018 suman 6 mil 788
millones de pesos. Las diferentes agencias especializadas en calcular los
daños de siniestros como los terremotos consideran que los costos de los
producidos por los terremotos de septiembre están entre 4 mil y 8 mil
millones de dólares o sea el costo de la reconstrucción de los daños
provocados por los terremotos es más de diez veces mayor en promedio al
monto destinado al FONDEN.

 Ayer Peña Nieto convocó en Los Pinos a una reunión para tratar la cuestión
de la reconstrucción del país que es el tema que sobredetermina en estos
momentos la agenda de las discusiones y los planes de las fuerzas sociales,
culturales y políticas. ¿Quiénes fueron sus invitados? Carlos Slim, Emilio
Azcarraga (Televisa), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Juan Pablo
Castañón (presidente del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que
agrupa a todas las organizaciones patronales del país) entre otros o sea la
cúpula de la oligarquía dominante del dinero, quienes estuvieron acompañados
por sus servidores y cómplices políticos los gobernadores priistas y
perredistas del Estado de México, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla,
Morelos y Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la ciudad de México.
Necesariamente el plan propuesto del poder político a los auténticos amos de
México incluye los proyectos y las ofertas de obras, servicios,
construcciones de toda índole en donde invertir sus capitales con buenos
márgenes de ganancia. En suma la reconstrucción del país como negocio. En
esos planes no habrá nada sobre la reforma fiscal tan urgentemente necesaria
para un país de las dimensiones de México convertido en un auténtico paraíso
para el gran capital, del no pago de una deuda externa que se lleva una
parte sustancial del presupuesto nacional que creció exponencialmente en el
actual gobierno de Peña, de la disminución del gasto en armamentos y en
infraestructura militar, de la suspensión del proyecto faraónico y
destructor del medio ambiente del aeropuerto de Texcoco, de un plan de
choque de obras públicas contra el desempleo que implique la reconstrucción
y reparación de hospitales, carreteras y puentes, escuelas, edificios
públicos, iglesias y en general la infraestructura tan dañada del país. En
cambio sin duda si fueron enterados de las propuestas presupuestales para
2018 que implican el castigo a los programas prioritarios dirigidos a la
población más pobre del país: Seguro Popular, abasto social de leche
Liconsa, Prospera, programas de becas y de educación indígena, entre otros.

Después de 1985, en la ciudad de México, el escenario principal del temblor,
ya se vio que las buenas intenciones no bastaron para impedir y revertir la
tendencia de la concentración macrocefálica que hace de la ciudad de México
y el espació conurbano del Estado de México adjunto un asentamiento que está
próximo a llegar a los 30 millones de habitantes, la cuarta parte de la
población nacional. Esta tendencia enfermiza de concentración de servicios
de todo tipo en la macro metrópoli también se ha demostrado ser una de las
causas más importantes de las terribles consecuencias del terremoto: los
miles de edificios dañados o destruidos irreparablemente. La proverbial
voracidad del capital inmobiliario fue nutrida por los gobiernos perredistas
(y en algunas delegaciones con la complicidad de los panistas, como en la
Benito Juárez) con sus políticas displicentes y corruptas que permitieron la
construcción sin reglamentos rigurosos, sin atención a la calidad de
materiales de miles de mal construidas viviendas y edificios de todo tipo.
¿Serán estas constructoras las encargadas de la reconstrucción del país?
¿Las que construyen los pasos express que se desploman en socavones? ¿Las
constructoras mexicanas, españolas y canadienses de la Línea 12 del metro de
la ciudad de México cuyas deficiencias de construcción han obligado varias
veces a suspender su servicio en grande tramos? Basta citar estos casos para
apreciar el desafío a venir.

Hacia un Consejo de Reconstrucción Nacional

Los sismos han hecho que la brecha que separa al gobierno de la sociedad
civil, de los estudiantes, de las mujeres que luchan contra el feminicidio y
de los trabajadores abrumados por los salarios de hambre y el desempleo se
ensanche más que nunca. En tales condiciones participar en las instituciones
caducas y de hecho moribundas de una democracia (burguesa) decadente y con
un deriva cada vez mas autoritaria es actuar a contrapelo de las masas que
buscan una alternativa afuera y contra el actual régimen político, que
supere el comportamiento de sus partidos, sus dirigentes, su ideología, en
suma a su política de corrupción, represión, cinismo y desvergüenza. Toca a
las fuerzas nuevas movilizadas durante esta crisis de los terremotos, toca
al movimiento por los damnificados, toca a los sectores de trabajadores cada
vez más explotados y oprimidos y toca a una juventud cada vez más
comprometida sacar con todas sus fuerzas el impulso y la imaginación
requeridas para forjar el frente revolucionario que marque el paso de la
verdadera reconstrucción del país: democrática, igualitaria, independiente,
feminista, internacionalista, en suma socialista.

El escenario para las campañas electorales de 2018 cambia sustancialmente
ante las dimensiones de estos hechos. La campaña presidencial será la de la
continuación del poder corrupto, represivo y vendepatria de los partidos
“registrados” : en breve el ciclo sexenal tradicional para que todo vuelva a
ser lo mismo, al mantenimiento del sistema capitalista.  A ese poder
corrupto, la fuerza masiva popular que anuncian las movilizaciones
producidas estos días debe oponerle el poder renovador, insurgente,
libertario, democrático e independiente que emprenda la estrategia de la
reconstrucción del nuevo México dentro de pautas necesariamente
anticapitalistas, socialistas. Los acontecimientos presentes anuncian un
cambio del quehacer político que incide por supuesto en los objetivos
electorales. Será muy difícil, una empresa contra la corriente masiva cada
vez más poderosa, convencer a la población de que el cambio puede venir con
un voto arrojado a las urnas un día y después retirarse a sus casas a
esperar lo que venga. La participación en elecciones controladas por el INE
no tiene ninguna perspectiva de éxito para la causa de la emancipación
popular. En 2018 hay que enfrentar al poder de la burguesía y su gobierno
con el poder libertario e independiente de la auto-organización, de la
independencia proletaria y de las perspectivas internacionalistas. La fuerza
electoral del Consejo Nacional Indígena apoyada por el EZLN que se concentra
en la candidata mujer indígena Marichuy Petricio no puede eludir esta
situación. Es de esperarse que sabrá adaptarse a las nuevas condiciones que
señalan a las fuerzas revolucionarias sus tareas de creación de un nuevo
poder independiente alternativo al de la burguesía. El tiempo corre
aceleradamente y las definiciones no pueden tardar más.

La estrategia de las fuerzas y grupos democráticos y socialistas debe ser la
de agruparse en un frente de acción que potencie su capacidad crítica en
foros y proyectos conjuntos incluidos los organizativos. Sus dimensiones
reducidas están compensadas con sus actividades independientes y sin mancha
de corrupción y violencia y tienen el enorme potencial que representa su
reivindicación de un verdadero programa de ruptura, revolucionario,
feminista, medioambientalista  e internacionalista que puede comenzar a
materializarse con la convocatoria de un CONSEJO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
que agrupe a todas las fuerzas, corrientes, sindicatos, organizaciones que
se mantienen independientes y con la vocación firme de forjar la
transformación radical de México, su transformación socialista, única
alternativa que permitirá que nuestro pueblo trabajador y todos los sectores
explotados y oprimidos del país dejen de precipitarse sin remedio por el
abismo de violencia, corrupción, miseria y devastación al que el régimen
capitalista vigente nos está arrojando.

Mientras tanto el 26 de septiembre los padres de familia de los 43
estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, acompañados por los
estudiantes de la misma y por miles de ciudadanos capitalinos realizaron la
marcha que desde hace tres años realizan todos los días 26 del mes en la
ciudad de México y en otras ciudades para denunciar que desde la
desaparición de los 43 el gobierno de Peña Nieto se mantiene en su impugnada
versión de la “verdad histórica”, sin ofrecer al país toda la verdad de lo
ocurrido. Los padres se identificaron con las víctimas de los terremotos en
todo el país y convocaron a todos los habitantes de México a no bajar la
guardia y seguir sin tregua en la lucha por justicia y dignidad.

* Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS):

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