México/ Tiempos turbulentos [Manuel Aguilar Mora]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Dom Ene 14 17:12:26 UYT 2018


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Correspondencia de Prensa

14 de enero 2018

Boletín Informativo

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redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net

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México

México 2018: Tiempos turbulentos

Manuel Aguilar Mora *

GCM, 4-1-2017

http://gcm-mx.com/opinion/

2017, el penúltimo año del terrible sexenio priista de Enrique Peña Nieto
terminó, en concordancia completa con el carácter funesto que ha determinado
todo su gobierno. Eso fue la aprobación en noviembre y diciembre por los
senadores y diputados de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que, en completa
contradicción con la Constitución vigente, legaliza el despliegue de la
acción represiva del ejército y la marina en todo el territorio nacional.
México, una república en la que formalmente no hay una guerra, ha sido
azotado en 2017 por una oleada de violencia que se equipara con la de la
infortunada Siria, envuelta en una sangrienta guerra, en todos los índices
macabros de muertos, desaparecidos y su cauda de daños colaterales como los
feminicidios, periodistas asesinados, secuestros, violaciones e impunidad
rampante. Los índices terribles han llegado a cifras records: más de 27 mil
muertes dolosas (80 asesinados al día, 2 mil muertes como media mensual),
decenas de miles de desaparecidos (la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas rurales de Ayotzinapa en 2014 todavía no es esclarecida ) y la
decisión de Peña Nieto de darle patente de corso a los militares viene a
ensombrecer aun más este siniestro panorama al convergir con el otro
acontecimiento fundamental que hace del año que se inicia una fecha clave de
la política nacional: las elecciones generales de julio del 2018.

Elecciones “democráticas” en un país militarizado

Durante las últimas semanas de 2017 hubieron numerosas protestas, marchas,
mítines, declaraciones públicas (por ejemplo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos) y todo tipo de actos que se pronunciaron contra la
promulgación de la LSI por parte de las autoridades. La cuestión desbordó
las fronteras nacionales declarándose en contra de la LSI el Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional,
Human Rigths Watch y otras prestigiadas organizaciones, todas ellas
enfatizando las violaciones a los derechos humano que muchos de sus
artículos representan y señalando las consecuencias catastróficas de la
permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Vana
ilusión, la aplanadora oficialista en el Congreso acabó imponiéndose con la
votación de los priistas, de sus aliados (como los verdes) e incluso
legisladores panistas que, a pesar de sus ataques políticos al PRI,
confluyen con éste en temas clave de la agenda conservadora. La consigna de
Peña Nieto a los legisladores de su partido no dejaba dudas: hay que aceptar
y aprobar la iniciativa de ley sobre la seguridad interior para dar gusto a
los militares que son más exigentes y quienes a su vez responden a las
demandas de sus colegas del Pentágono que influyen e intervienen cada vez
más en las decisiones de las Fuerzas Armadas mexicanas.

La interpretación política prácticamente unánime de los observadores
independientes de los medios es que la promulgación de la LSI por parte de
Peña Nieto está orientada a profundizar, con un marco “legal”, la
militarización del país en gran medida debido a la situación que es
previsible se presente ante la muy probable crisis electoral del primer
domingo del próximo julio. Una crisis electoral anunciada ante la evidente
lamentable situación del Instituto Nacional Electoral (INE) controlado sin
tapujos por el partido gobernante de Peña Nieto, el corrupto y
desprestigiadísimo PRI. Tanto nacionales como internacionales, estas
interpretaciones coinciden sin apelación ante el tsunami de hechos que las
sustentan: la controvertida LSI de Peña Nieto, que solamente espera la hoja
de parra de su aprobación casi segura de la Suprema Corte de Justicia, viene
a coronar una situación que se originó hace dos décadas con la salida de los
militares de sus cuarteles para intervenir en actividades policiacas contra
“el crimen organizado” que se convirtió en el gobierno panista de Felipe
Calderón (2006-12) en una feroz embestida represiva contra una oleada de
descontento popular producida por las consecuencias de las fraudulentas
elecciones de 2006.

Este reforzamiento del poderío de los militares en la vida política nacional
que representa la LSI, cuyo texto base enviado al Congreso por Peña salió
precisamente de las oficinas de la Secretaria de la Defensa Nacional, ha
sido percibido así en México en forma casi unánime, por supuesto si
exceptuamos a las opiniones oficialistas. Por ejemplo esta es la conclusión
que se saca en el documentado reportaje “La Ley de Seguridad Interior: el
ejército avasalla” en la revista Proceso, (17.12.2017) una de las
publicaciones independientes más leídas del país. Y en el extranjero también
ha habido esa percepción como se constata en reportajes excelentes en
diversos órganos, como por ejemplo el de Eliana Gilet “La hora verde. México
refuerza el poder militar sobre las instituciones civiles”, publicado en el
uruguayo Brecha (29.12.2017) y reproducido en la red por el Boletín
Informativo:Correspondencia de Prensa.

Como puede aquilatarse, este coctel explosivo de unas “elecciones
democráticas” realizadas mientras se profundiza el proceso de la
militarización, ahora “legalizada”, del país es de pronósticos reservados.

Tres bloques burgueses

Existe así una situación paradójica en la cual se mezcla de manera
contradictoria la muy burguesa democracia mexicana (y no sin adjetivos, como
quieren Enrique Krauze y sus amigos) con sus constantes jornadas electorales
y cuyo pilar es indudablemente el INE, la institución matriz de corrupción y
fraude asentada en una bolsa de miles de millones de pesos de donde se
nutren abundantemente todos los partidos “registrados” con la realidad
política de un país en donde el “partido” de los militares ha acumulado y
conquistado espacios en donde disponen de gran influencia y poderío. Esta
situación constituye un verdadero oximoron político: una democracia burguesa
militarizada o una militarización “democrática”. En este escenario van a
actuar los principales protagonistas de las elecciones del julio que son los
tres bloques electorales burgueses ya constituidos y en plena campaña
electoral desde diciembre. Los mismos están encabezados por los candidatos
de los tres principales partidos burgueses: el PRI con José Antonio Meade,
el PAN con Ricardo Anaya y Morena con Andrés Manuel López Obrador.

El bloque del partido que detenta el poder presidencial adoptó el
personalísimo título de “Meade Ciudadano por México” y lo integran el propio
PRI y sus aliados el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Verde. Peña Nieto y
su asesor político principal, el secretario de Relaciones Exteriores Luis
Videgaray, decidieron enfrentar el enorme reto que tienen ante el gigantesco
desprestigio del PRI que en las encuestas aparece como seguro perdedor,
escogiendo como su sucesor a un personaje que formalmente no es priista sino
perteneciente a una familia de larga estirpe panista. Meade es un tecnócrata
puro salido de los cubículos de las instituciones financieras: su padre fue
el primer presidente del IPAB (Instituto de Protección del Ahorro Bancario)
el engendro en que acabó en los años noventa la operación multimillonaria
del rescate bancario con motivo de la grave crisis financiera de 1994. El
joven Meade, empezó su carrera de tecnócrata contratado por su padre para
fungir como secretario del mencionado IPAB y desde entonces se fue
encumbrando como un servicial funcionario de los gobiernos tanto panistas
como priistas. Con Peña fue miembro de su gabinete y titular de tres
secretarias de estado: Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Hacienda y
Crédito Público. La operación de la forja de la candidatura de Meade es el
reconocimiento patente que hacen los propios priistas que ya son
impresentables y también es un claro guiño a los sectores panistas de lo que
se ha venido en llamar el PRIAN. Como es fácil de imaginar cuenta con el
apoyo decidido de los integrantes del Consejo Económico Empresarial,
organismo cúpula de los capitalistas más importantes de México.

El PAN, con su ex presidente y ahora candidato Ricardo Anaya ha logrado
constituir una coalición con el PRD y con el Movimiento Ciudadano con el
nombre de “Por México al Frente”. El éxito que significa para el PAN lograr
atraer al PRD a una coalición encabezada por su líder significa un
importante logro. El PAN adquiere una imagen centrista que disfraza su
tradicional postura de la derecha clásica, mientras que el PRD culmina su
deriva hacia la derecha que el progresismo de origen nacionalista
(neocardenista), lombardista y de diversos grupos de directa procedencia
estalinista y hasta algunos personajes provenientes del trotskismo, han
venido recorriendo abiertamente desde, por lo menos, el año 2000. La
coalición tiene sus fricciones y hereda, por supuesto, los fardos de sus
componentes, sus vínculos con la corrupción, los personajes desprestigiados
que ya comenzaron a aparecer como en Guerrero en donde el PRD ha tenido el
cinismo de ofrecerle una candidatura a diputado a Ángel Aguirre Rivero,
quien debió renunciar como gobernador del estado con motivo de la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La voraz ambición de Anaya
y su capacidad contorsionista lo hacen un candidato competitivo. Esta
coalición tiene la potencialidad de proporcionar el factor de cambio que
pueden necesitar los sectores burgueses dominantes que se vean obligados a
optar por una alternativa más creíble que la representada por Meade con el
desgastadísimo PRI.

El tercer bloque es el de López Obrador (AMLO) compuesto por su partido el
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y
el Partido Encuentro Social (PES) cuya denominación es “Juntos Haremos
Historia”.

Es éste el bloque político cuyo protagonismo será clave en las jornadas de
este año.

Las antinomias de AMLO

AMLO será en 2018 por tercera ocasión candidato presidencial. Como en 2006 y
en 2012, de nuevo es el candidato que encabeza todas las encuestas como el
preferido por parte de amplias capas populares. Tanto en la primera como en
su segunda participación como candidato presidencial del PRD fue el hombre a
vencer por parte de los dos partidos más directamente representantes de los
grandes sectores capitalistas el PRI y el PAN. En ambas ocasiones perdió, en
especial en 2006, por escasísimos márgenes de votación. La sombra del fraude
se elevó sobre las dos victorias, la panista en 2006 y la priista 2012.

A partir de su ruptura con el PRD y ahora postulado por el novísimo Morena
el partido hecho a su imagen y semejanza fundado en 2013, su objetivo
fundamental es el de presentarse ante los grupos poseedores dominantes como
una alternativa creíble y necesaria ante la evidente decadencia priista. Sus
credenciales al respecto son intachables. Tanto en 2006 como en 2012, el
enorme caudal de apoyo electoral que recibió con sus posturas críticas a la
política dominante no se reflejó, ni de lejos, en movilizaciones y en la
organización de una verdadera oposición radical: “no se rompió un solo
vidrio” se jactó él. Desde el 2000, electo como jefe de gobierno del
Distrito Federal, surgió como un personaje de gran influencia política y
definió su oposición como estrictamente electoral. Desde entonces no ha
dañado ni impedido la puesta en práctica de la aplanadora neoliberal.
Repetimos, limitándose a los tiempos electorales, AMLO promovió tímidamente
la organización de movilizaciones contra las leyes privatizadoras de los
recursos energéticos, no apoyó efectivamente la lucha de los maestros contra
la reforma educativa. Su rompimiento con el PRD se hizo de manera respetuosa
sin que mediara una fuerte crítica ya que había sido en 2012 su candidato
presidencial y a pesar de que inmediatamente después la cúpula perredista se
desbordó con todas sus fuerzas hacia el apoyo del Pacto por México propuesto
por Peña Nieto en el inicio de su gobierno. Con motivo de la LSI fue
conspicua la ausencia de sus críticas incisivas a las Fuerzas Armadas. Como
sucede con sus denuncias a la corrupción, éstas se refieren ante todo a los
políticos pero en sus discursos la crítica a la fuente fundamental de
corrupción que son las grandes corporaciones capitalistas (como Odebrecht
que salpicó la campaña de Peña Nieto en 2012) sólo aparece de pasada y sin
énfasis.

AMLO como tribuno se atreve a enfocar problemas espinosos. En esto se
adelanta a los otros candidatos. Por ejemplo en el caso de la guerra contra
el narcotráfico, una cuestión candente, ha hecho declaraciones muy
polémicas. Como ésta: “De ganar la presidencia en la mitad de mi gobierno
acabaré la guerra contra el narco” o esta otra: “estoy dispuesto a amnistiar
a narcos encarcelados”. Ciertamente el tema es de una importancia colosal
teniendo en cuenta el poderío que han adquirido las bandas de
narcotraficantes, muchas de ellas filtradas ya directamente en los partidos
y en los tres niveles de gobierno. Pero aquí el problema es la falta de
claridad o de plano la total ausencia de ideas y estrategias a seguir de
modo concreto para lograr esos resultados. El fracaso de la guerra contra el
narcotráfico es reconocido por el propio gobierno de Washington, en especial
por los especialistas del Pentágono. Igualmente se reconoce que ha sido
México el país que ha pagado más caro los costos de esta guerra. Pero AMLO,
a pesar del mérito de aceptar entrarle al tema que los otros eluden y
reconocer que la estrategia panista y priista ha fracasado, él también
adolece de una estrategia concreta para erradicar esta terrible fuente de
corrupción y violencia: no dice nada de la legalización o no de las drogas,
se refiere al éxito durante su gobierno en la ciudad de México pero es obvio
que el problema a nivel nacional es mucho mayor que al nivel local. No basta
con decir que con el crecimiento económico, con la generación de empleos y
con políticas de desarrollo social se superará la plaga del narcotráfico. Se
necesita aterrizar en las cuestiones concretas vinculadas a políticas que
ataquen a poderosos grupos que lucran con capitales gigantescos y se
incrustan en los círculos financieros en el lavado de su dinero. Se necesita
una política radical que vaya a la fuente primordial de la llaga abierta de
la descomposición social: la experiencia misma en el seno de la sociedad
violenta, deshumanizada y mercantilizada del capitalismo.

Las elecciones del año pasado en el estado de México, el más populoso del
país, fueron una prueba muy importante que no augura nada positivo para la
estrategia de AMLO de hacer depender toda su política de una victoria en las
urnas que lo lleve a ocupar la silla presidencial. En dichas elecciones
mexiquenses el PRI, a pesar de que perdió más de un millón de votos en
comparación con las elecciones estatales anteriores, se alzó con la victoria
de su candidato a gobernador. AMLO y Morena protestaron y denunciaron un
fraude pero se abstuvieron de iniciar la movilización de una verdadera
campaña masiva contra él. Y el argumento fue el mismo “en julio de 2018 será
diferente”.

Pero las acciones políticas dicen otra cosa que los discursos incendiarios
que AMLO pronuncia en los mítines de sus constantes recorridos (lleva casi
veinte años haciéndolos) que hace por todo el país. En la presentación del
gabinete presidencial que propondrá en caso de su victoria, AMLO ha incluido
a prominentes políticos que son antiguos miembros del PRI y se ha rodeado
con asesores igualmente prominentes que fueron también colaboradores de los
gobiernos tanto del PRI como del PAN. Y ya en el colmo del electoralismo más
crudo al final del año AMLO sorprendió e irritó a muchos de sus propios
partidarios y potenciales votantes con el pacto de alianza electoral que
realizó con el PES, un partido caracterizado por sus posiciones de extrema
derecha cuya cúpula no esconde sus posiciones religiosas evangélicas
reaccionarias. Pero según AMLO, contradiciéndose con declaraciones suyas
anteriores, no “hay diferencias importantes entre el PES y Morena”

¿Cómo compaginar ese actuar político con muchas declaraciones que lo
contradicen por completo? Por ejemplo el 31 de diciembre en su gira por
Yucatán AMLO declaró: “La alternativa de partidos no es la solución. Está un
partido en el gobierno, entra otro, pero sigue el mismo régimen de
corrupción, de injusticias, de privilegios. Por eso hablamos de un cambio
verdadero de régimen, ya la alternancia no sirve, hace falta que cambie el
régimen político”. Sí, así es, pero como se puede preparar ese “cambio de
régimen político” sin las movilizaciones de las masas y dependiendo del todo
de una votación que se hará bajo las condiciones de un aparato electoral, el
INE, que el propio AMLO reconoce como promotor de fraudes y de falsificación
de resultados enteramente bajo el control de Peña Nieto y el PRI. Con AMLO
se trata en realidad de la postura característica del caudillaje político
tradicional que tiene profundas raíces en el país. La cuestión se reduce
pues a plantear si dicha postura podrá prosperar en el México del siglo XXI
de la misma forma en que funcionó en el siglo XIX e incluso en buena parte
del XX.

Por supuesto, AMLO es el blanco de los ataques más desaforados de las
cúpulas priistas y panistas, aunque el panista Anaya ha matizado
recientemente declarando que está de acuerdo en el diagnóstico de AMLO
aunque discrepa de sus propuestas. En 2006 y en menor medida en 2012 la
campaña mediática contra AMLO presentándolo como “un enemigo de México”,
como “otro Chávez” tuvo en verdadero impacto en grupos amplios de la
población. Actualmente ya no será tan efectiva. El hartazgo popular con la
dominación priista y panista le dan a AMLO enormes caudales de apoyo e
incluso en sectores burgueses medios y hasta ciertos personajes de los
círculos más altos reconocen la posibilidad de su triunfo el 1° de julio
próximo.

Los independientes y los márgenes

La novedad de las elecciones de julio de 2018 será la existencia de
candidatos independientes sin partido. Se han inscrito una docena de
precandidatos presidenciales independientes pero las condiciones para que
aparezcan en las boletas el 1° de julio son draconianas. Se les exige más de
800 mil firmas distribuidas en 17 estados, una operación que hasta el
momento sólo están en posibilidad de conseguir dos de las precandidaturas
inscritas. Ellas son la de Jaime Rodríguez Calderón, llamado El Bronco,
gobernador con licencia de Nuevo León, sede del poderoso grupo financiero de
Monterrey y la de Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe
Calderón. Para diciembre estos dos precandidatos eran quienes más habían
avanzado en la recolección de firmas: Rodríguez había superado la barrera de
los más de 800 mil y Zavala se acercaba con la mitad de las firmas exigidas.


También como aspirante a candidata independiente se inscribió María de Jesús
Patricio, más conocida como Marichuy. Fue elegida por el Congreso Nacional
Indígena con el apoyo del EZLN, como su vocera y candidata presidencial en
2018. Se trata de una candidatura testimonial que tiene el mérito de
expresar la voz política de los sectores más explotados y marginados de
México que siguen siendo los indígenas. Es la única expresión independiente
con una relativa audiencia de masas que se oirá en esta orgía de demagogia
que serán las campañas electorales por completo monopolizadas por
alternativas burguesas, ante la ausencia de organizaciones políticas de
masas, sindicales o de otro tipo que expresen políticamente los intereses de
los trabajadores. La población indígena representa poco más del 10 por
ciento de la población y con el surgimiento y permanencia del EZLN y el
Consejo Nacional Indígena ha logrado conquistar un espacio político
independiente. El reto que tienen sus apoyos es muy grande. Para empezar
está la difícil tarea de conseguir las firmas para que Marichuy aparezca en
las boletas, lo cual todavía podría lograrse ampliando su audiencia
retomando y dándole voz a las demandas e intereses de numerosos sectores en
los grandes centros urbanos que simpatizan y se solidarizan con la lucha
indígena.

Varios de los grupos pertenecientes a la izquierda socialista y
revolucionaria han adoptado como postura ante las elecciones de julio dar su
apoyo a Marichuy. A diferencia de otras jornadas electorales, en esta
ocasión no estará presente ninguna alternativa independiente que represente
una candidatura abierta y declaradamente socialista. No obstante ello las
condiciones para el reagrupamiento de sectores socialistas serán más
propicias en las situaciones favorables que se presentarán en los próximos
meses. De hecho ese fue el objetivo de varias reuniones del Foro Socialista
surgido a fines de 2016.

Los trabajadores, las masas de proletarios explotados y oprimidos de
millones de mexicanos siguen siendo un conglomerado social sin voz ni
personalidad propias, sin consciencia de clase. Esta ausencia ha sido una de
las peculiaridades del desarrollo del movimiento de los trabajadores desde
la Revolución mexicana de hace más de cien años. También aquí las
condiciones para la superación de este rezago histórico las está abonando el
gran descontento producido por el deterioro constante del bienestar social y
que se profundiza en todo el país. Ese el campo de cultivo en donde crecen y
florecen amplias demostraciones de protestas e incluso rebeliones. Motivos
no faltan. Así como 2017 comenzó con amplias protestas contra ungasolinazo,
el presente inicio de año ya es saludado con protestas contra varios atracos
a la economía popular: un nuevo gasolinazo, un tortillazo (alza del precio
de las tortillas) y una devaluación del peso (se ha llegado al tipo de
cambio de 20 pesos por dólar) que encarece bruscamente la vida, en especial
en los estados fronterizos del norte.

La profunda incertidumbre

El oxímoron político que se está desarrollando ha surgido para mantener la
estabilidad del régimen pero no garantiza resultados seguros. Pero esa
contradicción es la razón misma de su existencia. La raíz profunda de esta
situación paradójica es la debilidad de las tradiciones
democrático-burguesas en el país consecuencia directa de la larga dictadura
del régimen de partido único de facto que fue el imperio del PRI y sus
antecesores en el siglo pasado. La burguesía, sus grupos dominantes, son el
producto de esa larga dictadura de facto. Los ensayos de “transición
democrática” para crear un sistema parlamentario que en el 2000 se
intentaron como la solución a la decadencia priista no carecieron de
recursos de todo tipo proporcionados por políticos, periodistas, ideólogos,
etc. que tuvieron a su disposición toda clase de medios de comunicación para
hacer llegar su mensaje. Incluso fueron aconsejados y apoyados por la Casa
Blanca en esa época ocupada por Clinton. Pero el primer gobierno panista, el
de Fox, convirtió en una caricatura la tan cacareada “transición
democrática” y el siguiente gobierno panista de Calderón preparó la
restauración priista que representa Peña Nieto.

Así en 2018 los diversos escenarios que anuncia la ruda competencia
electoral de los tres bloques burgueses podría conducir a un desbordamiento
e incluso el estallido del ya muy debilitado y desprestigiado INE. Si los
dinosaurios priistas intentaran mantener entronizado mediante una reelección
fraudulenta a su partido, el peligro de tal desbordamiento y estallido es
muy posible. También sería arriesgado el recurso de último momento, como ya
sucedió en 2006, de resucitar al PRIAN para apoyar al candidato mejor
colocado, situación que se puede dar si en el proceso electoral quedan como
los dos punteros Anaya y AMLO. Finalmente la posibilidad de que los grupos
dominantes acepten la creíble victoria de AMLO conseguida con una aplastante
votación tendría consecuencias alarmantes para los sectores más ultras de la
oligarquía. Como se aprecia el país se adentra en una coyuntura en la cual
reina una gran incertidumbre. La situación explica también la militarización
como resultado natural del fracaso de la “transición democrática” que ha
quedado hecha añicos.

La dimensión internacional

México se encuentra en el centro de un espacio geopolítico en el cual se
cruzan tendencias muy disímbolas y cada vez más conflictivas y
determinantes. En primer lugar es el país fronterizo sureño directo de la
potencia hegemónica del planeta. Los más de tres mil kilómetros que lo unen
a EUA son la marca geopolítica central que ha determinado en gran parte su
historia. La llegada de Donald Trump a Washington, quien en su campaña
electoral declaró que México era uno de “los enemigos de EUA”, ha tenido
importantes consecuencias. Peña y el grupo gobernante fueron de sorpresa en
sorpresa ante las erráticas e imprevisibles declaraciones y acciones del
energúmeno de la Casa Blanca. Sus reacciones fueron irrisorias y mostraron
que tanto servilismo hacia los amos imperialistas les habían desprovisto por
completo de la mínima capacidad para enfrentar el reto que Trump representa.
La decisión de Trump de acabar la construcción de un muro, iniciado por los
presidentes anteriores, en toda la frontera para contener el flujo
migratorio, fue el asunto más obviamente publicitado. Pero no era lo más
importante. Por supuesto tendrá, ya está teniendo, muchas consecuencias pero
para el gobierno mexicano y para la población en general más importantes que
la construcción del muro fronterizo fueron las decisiones de Trump con
respecto al Tratado de Libre Comercio (TLCAN) de los tres países de América
del norte y la cuestión de los inmigrantes.

Los más de veinte años que lleva el TLCAN han estrechado, de hecho
prácticamente soldado, a las dos economías. Las rondas de discusión
interminables realizadas han mostrado que Trump ha debido entender que
simplemente vociferar sobre un tema no equivale a solucionarlo. Para la
economía de México es fundamental su relación con EUA, pero este país
tampoco puede cortar tajante y unilateralmente sus vínculos con la economía
mexicana. El impacto ha sido tan fuerte que los capitalistas y el gobierno
mexicanos se han percatado de la necesidad de buscar soluciones que superen
la dependencia exacerbada de la economía con EUA.

Uno de los efectos más importantes de estas rondas de negociación es la
presión de los sindicatos estadounidenses que obligaron a los funcionarios
de su gobierno a poner sobre la mesa de discusión la necesidad de subir los
salarios de los trabajadores mexicanos para colmar la enorme brecha que
actualmente existe entre los niveles salariales de los dos países (tres si
incluimos a Canadá). Obviamente el gobierno mexicano pondrá todos los
obstáculos necesarios para evitar que estas exigencias se realicen pero son
señales muy evidentes de que el TLCAN está forjando una percepción entre las
clases trabajadoras de los tres países de la identidad de sus intereses. 

La debilidad del gobierno mexicano ante Trump se puso de manifiesto con
motivo de las reuniones internacionales en las que Luis Videgaray, el
personaje más influyente del gobierno de Peña, impuso un retroceso completo
a la diplomacia mexicana operando como cómplice descarado de la política de
Washington contra el gobierno de Venezuela y absteniéndose en la votación de
la ONU en relación a la decisión de Trump de trasladar a la embajada de EUA
a Jerusalem para convertirla en la capital de Israel.

Por el sur, México es vecino directo de una de las regiones más conflictivas
del planeta, el llamado “triángulo de la violencia” integrado por Guatemala,
El Salvador y Honduras. La frontera sur ha sido en las dos últimas décadas
la puerta para las decenas de miles de inmigrantes de Centro y Suramérica,
del Caribe e incluso de África que atraviesan con grandes penalidades todo
México para llegar a la frontera norte en busca de los dólares que no
consiguen en sus países. El mal trato a los inmigrantes indocumentados por
parte de las autoridades mexicanas ha sido proverbial y objeto de críticas y
censuras nacional e internacionalmente. Han sido víctimas de asesinatos,
incluso masacres de grupos, violaciones, secuestros y toda clase de
vejaciones tanto por parte de los aparatos represivos oficiales como de las
bandas de delincuentes que abusan de su situación vulnerable.

Para el control de este flujo de humanidad sufriente los cuerpos represivos
se han coordinado internacionalmente, actuando como organizador principal el
Pentágono. La estrategia continental del Pentágono a través de su Comando
Sur coloca al ejército mexicano en esta región junto con los ejércitos de
los tres países centroamericanos dentro de una “estrategia de seguridad” de
toda la región como se atestigua en el Plan Puebla-Panamá y integrado por
delegaciones de carácter económico pero también militar de todos los países
centroamericanos, de Colombia y los estados del sureste mexicano.

Las condiciones sociales tan precarias de gran parte de las poblaciones de
estos países son especialmente lamentables en el mencionado “triángulo de la
violencia”. Honduras es el país en donde las luchas políticas se han
exacerbado en los últimos tiempos. A fines del año 2017 estos conflictos
llegaron al borde de una guerra civil, con motivo del fraude cometido en las
elecciones presidenciales de mediados de año por el gobierno de Juan Orlando
Hernández, el característico presidente bananero al servicio de los
intereses imperialistas, que se reeligió violando descaradamente la
Constitución vigente. Ya anteriormente otro golpe de estado “blando” había
derrocado al presidente Manuel Zelaya en 2009 con el aval del Departamento
de Estado. Ahora se repitió el escenario en el que la embajada de EUA en
Tegucigalpa validó la reelección de Hernández como el verdadero poder
vigente que reina en el país sureño.

Como se aprecia, los factores muy parecidos a los presentes en México
también se encuentran en otros países, expresándose de acuerdo a sus
circunstancias específicas. Este es el escenario geopolítico en que los
acontecimientos de 2018 se insertan desde hoy, un escenario de situaciones
imprevisibles, llenas de peligrosos riesgos pero también de oportunidades
grandiosas.

A cincuenta años de 1968

En 2018 se celebrará el cincuenta aniversario del movimiento
estudiantil-popular de 1968 que marcó a ese año como un hito en el último
tercio del siglo XX. No sólo en México se presenció esa manifestación de
rebeldía de la juventud. En muchos otros países de Europa, América y Asia se
dieron movimientos parecidos, pero sólo aquí el movimiento fue aplastado por
una masacre como la de la noche de Tlatelolco. Fue un movimiento que sucedió
cuando el imperio del PRI encabezado por uno de los personajes más
siniestros de la historia mexicana, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, se
encontraba en su cúspide. La audacia y el coraje de esos jóvenes iniciaron
un cambio fundamental en el país que a pesar de la mortífera cortina de
metralla del 2 de octubre y los enormes obstáculos que enfrentó no pudo ser
revertido. El anhelo de democracia que expresaron con sus movilizaciones y
la denuncia radical a la dictadura priista no pudieron ser socavados y
aunque demasiado lentamente acabaron por abrir canales de expresión
democrática y territorios de libertad que cambiaron al país en los años
ochenta y noventa. De hecho la “transición democrática” concebida por la
cúspide del poder en el año 2000 no se explica sin las luchas y
movilizaciones que detonaron a partir de 1968.

Pero la tarea sigue incompleta. Aunque expresados de modo diferente pues no
en balde ha transcurrido medio siglo, los desafíos que enfrentamos hoy
siguen siendo los mismos. La real y verdadera democratización de México. Y
hoy cuando mucho es lo que se ha aprendido desde ese año histórico, el
impulso para lograr ese objetivo es ya evidente que corresponderá no a los
sectores poseedores y gobernantes actuales sino a los sectores populares.
Una democracia forjada por quienes no tienen vínculos con los que medran y
mantienen posiciones de poder basado en la explotación y en la subordinación
a los intereses oligárquicos e imperialistas.

Entramos a otro capítulo de la historia de México. El de la lucha que
garantizará el triunfo de ese profundo anhelo libertario. El cual se logrará
con la organización independiente, democrática y revolucionaria que convoque
y oriente las luchas de los trabajadores y sus aliados los oprimidos hacia
la transformación del país en una república popular e igualitaria fundada en
principios anticapitalistas e internacionalistas, en suma socialistas.

* Historiador y profesor de la Universidad Autónoma de México (UACM),
militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS).

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