Colombia/ Una crisis humanitaria: asesinatos de líderes y lideresas sociales [VerdadAbierta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de julio 2018

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Colombia

 

¡Líderes y lideresas sociales, no están solos!

 

VerdadAbierta, 7-7-2018

https://verdadabierta.com/

 

Así transcurrió la velatón en las tres principales capitales de Colombia,
convocada por la ciudadanía para repudiar y exigir que cese la violencia
contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En los 18 días
siguientes a las elecciones presidenciales entre 15 y 22  de ellos fueron
asesinados.

 

https://verdadabierta.com/lideres-y-lideresas-sociales-no-estan-solos/

 

Asesinatos de líderes sociales: una crisis humanitaria

 

VerdadAbierta, 6-7-2018

https://verdadabierta.com/

 

Después las elecciones presidenciales más de una decena de defensores de
derechos humanos han sido asesinados a lo largo y ancho del país.
Organizaciones sociales le presentaron a la Comisión de Esclarecimiento de
la Verdad un informe que arroja nuevas luces sobre este fenómeno, con el
que, de paso, buscan que se concreten medidas de no repetición de esa
violencia.

 

La alegría, la pasión y el optimismo que despertaron los jugadores de la
Selección Colombia de Fútbol tras su participación en el Mundial que se
celebra en Rusia, se han ido transformando en repudio, incertidumbre y
miedo, a raíz de las constantes noticias sobre asesinatos de líderes
sociales en diferentes departamentos que se vienen anunciando en los últimos
días.

 

El buen desempeño de los futbolistas criollos en el certamen orbital se
convirtió en un efecto placebo que alejó a la mayoría de los colombianos de
la cruel realidad que afrontan quienes se dieron a la tarea de defender los
derechos de comunidades y apoyar la implementación del acuerdo de paz al que
llegó el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc.

 

Según la fuente consultada y dependiendo de la metodología que emplee para
definir quién es un líder social o defensor de derechos humanos, en los
últimos 18 días fueron asesinados entre 15 y 22 activistas de esas causas.
Y, lo peor de todo, es que ese nuevo estallido de violencia detonó tras las
pasadas elecciones presidenciales, celebradas el 17 de junio y en las que
resultó ganador el candidato Iván Duque, con el apoyo de amplios sectores de
derecha del país. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las
cifras, coinciden los contextos)

 

Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información del Programa Somos
Defensores, organización no gubernamental que desde 2002 documenta toda
clase de agresiones contra defensores de derechos, llama la atención de que
antes y durante las elecciones legislativas y presidenciales, los asesinatos
de líderes sociales mermaron y entraron en una zona valle, pero que
nuevamente aumentaron drásticamente tras elegirse al próximo mandatario de
los colombianos.

 

“Creo que la situación actual es un coletazo de las elecciones, hay que
dejar de ver las cosas como una mera coincidencia. Nosotros somos muy
conservadores en la forma en que sacamos nuestros informes y documentamos
los casos registrados, pero hay que decir que tenemos una preocupación muy
profunda: hay casos que tienen relación con las elecciones, con la opción
política que tomaron esos líderes; también hay casos que tienen relación con
el acuerdo de paz en los puntos de finalización del conflicto, sustitución
de cultivos ilícitos y acceso a tierras”, señala.

 

Hasta marzo pasado, esa organización había documentado el asesinato de 46
líderes sociales y para principios de junio estaba confirmando 19 más, con
lo que su listado asesinados en 2018 era de 65; sin embargo, tras los hechos
ocurridos luego de las elecciones presidenciales, esa cifra ronda 80
posibles casos de homicidios.

 

Lo anterior representa un dramático aumento, pues en los primeros semestres
de 2016 y 2017, fueron asesinados 35 y 51, respectivamente. Por ello,
Guevara no vacila en señalar que, si se corroboran los liderazgos de los más
de 80 casos que están verificando, ocurridos en los seis primeros meses de
este año, “estamos en una crisis humanitaria: no se puede nombrar de otra
manera”.

 

Y esa cresta de violencia está involucrando a nuevos sectores sociales:
entre ellos están cuatro integrantes de la campaña Colombia Humana, con la
que Gustavo Petro, dirigente de izquierda que perdió en la segunda vuelta
presidencial con Iván Duque, candidato del Centro Democrático, partido que
se ha opuesto fuertemente a la manera cómo se desarrolló el proceso de paz,
han sido asesinados. (Leer más en: Las tareas en construcción de paz que
enfrentará el presidente electo Iván Duque)

 

De acuerdo con los registros del Instituto de Estudios sobre Paz y
Desarrollo (Indepaz), el matiz político que empieza a tomar esa estela de
muerte se materializa en los asesinatos de Evelia Francisca Atencia Pérez
(21 de junio, Maicao, La Guajira); Gabriel Adolfo Correa Chavestán (2 de
julio, Buenos Aires, Cauca); Ana María Cortés Mena (4 de julio, Cáceres,
Antioquia); y Margarita Estupiñán (4 de julio, Tumaco, Nariño).

 

Según datos de ese instituto, entre el 19 de junio y el 4 de julio fueron
asesinados 22 líderes sociales en los departamentos de Norte de Santander,
Caquetá, La Guajira, Chocó, Antioquia, Cauca, Córdoba, Atlántico, Nariño,
Tolima y Putumayo. Una caracterización de sus actividades arroja que algunos
presidían juntas de Acción Comunal, eran sindicalistas, estaban vinculados
al programa de sustitución de cultivos ilícitos o hacían parte de procesos
de reclamación de restitución de tierras despojadas en medio del conflicto
armado.

 

Leonardo González, coordinador de investigaciones de Indepaz, señala que,
enero, con 21 homicidios, era el punto más alto de los 123 casos que han
documentado hasta la fecha, el cual fue superado por los 18 días siguientes
a las elecciones presidenciales: “Hay picos que tienen que ver con lo que
está sucediendo políticamente a nivel nacional como la elección de
Presidente, y picos que tienen que ver con la implementación de los acuerdos
de paz”.

 

Y agrega que los asesinatos ocurren por diferentes motivos: “Hay que ver qué
estaban haciendo los líderes y cuáles eran sus luchas. La gran mayoría, el
83 por ciento, han sido asesinados por temas de defensa de territorios; el
81 por ciento pertenece a organizaciones comunitarias como Juntas de Acción
Comunal y resguardos indígenas. La implementación del acuerdo de paz es una
de las grandes confrontaciones porque hay intereses de personas y
estructuras que no quieren que se den las propuestas”.

 

Lo paradójico de esta situación no es que ocurra en época poselectoral, sino
que aumente a pesar de las constantes denuncias de organizaciones locales e
internacionales. La crisis humanitaria, como la nombran determinados
sectores es de tal magnitud, que Naciones Unidas (ONU) convocó a los
entonces candidatos presidenciales para que firmaran un pacto para
incluyeran en sus planes de gobierno una política pública para garantizar
los derechos humanos. (Leer más en: Los retos de Iván Duque para cumplir con
el Pacto Social por los Derechos Humanos)

 

Sin embargo, entre tanta denuncia, numerosos informes y políticas que se han
desarrollado en el marco de la implementación del Acuerdo Final para ponerle
fin a esa ola de violencia, como la creación del Cuerpo Élite de la Policía
y una unidad especial investigativa de la Fiscalía, sumado a decretos para
que la Defensoría del Pueblo emita directamente alertas tempranas o se cree
un programa de protección de comunidades, el desangre de líderes sociales no
tiene fin.

 

Por medio del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría emitió el pasado 1 de
marzo una alerta temprana en la que documentó 282 asesinatos ocurridos desde
enero de 2016. Sin embargo, al 30 de junio, su consolidado aumentó a 311,
siendo los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y
Chocó los más afectados.

 

Ante esta situación, la ONU emitió ayer un comunicado a través del cual
instó al Estado colombiano “a reforzar las medidas de prevención, protección
e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las
y los colombianos en todos los rincones del país”.

 

Defender la vida

 

Bajo ese título, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Yira
Castro, el Programa Somos Defensores, el Grupo Interdisciplinario de
Derechos Humanos y el Centro Europeo de Derechos Humanos, le entregaron a la
Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) un informe de 101 páginas
sobre patrones de agresión a defensores de derechos humanos. (Leer más en:
Arranca formalmente la Comisión de la Verdad)

 

Entre todos los informes, investigaciones y alertas que hasta el momento se
han presentado sobre la grave situación de líderes sociales, éste destaca
por su planteamiento de hacer distinción entre los asesinatos ocurridos en
el marco del conflicto armado y en lo que denomina como “violencia
sociopolítica”.

 

Esta investigación documentó el contexto sobre la situación de violencia
contra los defensores de derechos entre 2002 y 2015, identificó cinco
patrones de agresión contra estas personas por parte de agentes del Estado y
detalló diez casos de líderes que perdieron la vida en los últimos 13 años
por razones de su lucha social.

 

Los patrones que identificaron esas organizaciones sociales a través de la
decena de casos que documentó a profundidad están bajo “un fenómeno más
amplio que el conflicto armado y al que se ha denominado violencia
sociopolítica, ejercida con el objeto de imponer o conservar un determinado
modelo social, político y económico”.

 

Por esa razón, en aras de cumplir su mandato fundacional de establecer las
causas y las maneras como se desarrolló la violencia al rededor del
conflicto armado, para facilitar la reconciliación y propender la no
repetición de ella, el informe busca que la CEV tenga en cuenta la noción de
violencia sociopolítica y no analice todos los homicidios de líderes
sociales bajo el prisma del conflicto armado.

 

“El ejercicio analítico que proponemos a la CEV, teniendo en cuenta la
amplitud de su mandato, consiste en reconocer la diferenciación que existe
entre los hechos de violencia que ocurrieron en el desarrollo de las
hostilidades militares y de las infracciones al DIH que en el marco de este
se cometieron, respecto de aquellos que, si bien ocurrieron en el periodo
conocido como el conflicto, no tienen una relación de causalidad con el
mismo, y por el contrario, hacen parte de un ataque unilateral de agentes
estatales en contra de sectores determinados. Por tal motivo, lo que
proponemos es que además del fenómeno del conflicto se incluya también los
hechos de violencia sociopolítica y se establezcan criterios de
diferenciación, caso a caso, entre estas dos modalidades de violencia”,
plantea el documento.

 

Sebastián Escobar, integrante del Cajar, señala que, si la CEV busca develar
las causas, los móviles, las prácticas y los patrones estructurales de
violencia contra los defensores de derechos humanos, debe diferenciar los
hechos del conflicto armado de los de la violencia sociopolítica; y entender
ambas tipologías mediante una caracterización diferente y diferenciada.

 

“Hemos caracterizado que los hechos documentados se inscriben en el fenómeno
de violencia sociopolítica. A diferencia de los hechos del conflicto armado
que se enmarcan en la confrontación entre dos grupos por dominio territorial
y militar, estamos viendo un ataque unilateral de la Fuerza Pública o de
sectores paramilitares que actuaron de manera coordinada o con tolerancia de
la Fuerza Pública. Creemos que se dieron en un contexto de conflicto armado
que se utilizó como excusa para esconder los verdaderos móviles de los
asesinatos de defensores de derechos humanos”, plantea.

 

Asimismo, el informe define que la responsabilidad por el ejercicio de la
violencia sociopolítica recae principalmente en el Estado, “bien porque la
ejerce de manera directa, o bien porque lo hace a través de organizaciones
paramilitares que actúan con su aquiescencia, connivencia  o tolerancia,
dirigiendo su accionar no solo a los alzados en armas, sino llevándola a
amplias capas de la población civil desarmada, que caen o podrían caer en el
influjo territorial o ideológico de los combatientes”.

 

Y ese planteamiento recae principalmente en las nociones de lucha
antisubversiva y la doctrina del enemigo interno, las cuales extrapolaron la
confrontación armada a supuestos colaboradores y grupos afines a las
guerrillas que no hacían parte de las hostilidades, convirtiendo a los
defensores de derechos humanos en víctimas de estigmatizaciones,
persecuciones y asesinatos selectivos.

 

“Bajo la lógica de la ‘doctrina del enemigo interno’, si ‘la subversión
tiene una parte armada y una parte política, que une a toda la  izquierda y
es apoyada por los distintos organismos que ellos controlan, especialmente
en  áreas de influencia, como lo son las oficinas de los derechos humanos,
las cuales a su vez tienen el respaldo de organizaciones no gubernamentales
internacionales y nacionales’, así, el ‘enemigo interno’ inevitablemente
incluye a las personas defensoras de derechos humanos”, señala la
investigación.

 

Por lo anterior, el informe establece cinco patrones de agresión a
defensores de derechos humanos: “1) la represión por entidades de
inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento,
sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) la criminalización infundada
a través del sistema de justicia criminal; 3) las ejecuciones
extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del
fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) las ejecuciones por grupos
paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas
de seguridad del Estado; y 5) el uso excesivo de la fuerza utilizada contra
defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales,
especialmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD de la Policía
Nacional”.

 

Papel de los últimos gobiernos

 

El informe presentado a la CEV también analiza las agresiones a los
defensores de derechos humanos en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez
(2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018).

 

En el primer periodo, reseñando cifras de Somos Defensores, se encuentran
1.064 ataques contra defensores de derechos humanos, siendo 164 asesinatos.
Ese gobierno se caracterizó por la fuerte estigmatización a los defensores
de derechos humanos por parte del propio presidente Uribe, quien desconoció
la existencia del conflicto armado y emprendió una lucha frontal contra la
denominada amenaza terrorista por medio de su política de Seguridad
Democrática.

 

Como ejemplo de lo anterior, el informe cita los señalamientos que sufrió la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó por parte del entonces mandatario
en 2005: “En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero
algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente
señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de
querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización
terrorista”. (Leer más en: Solicitan reparación colectiva para Comunidad de
Paz de San José de Apartadó)

 

De ese modo, el informe explica que oficiales y fuerzas de seguridad del
Estado, escudados tras el principio del “enemigo interno”, estigmatizaron a
las personas defensoras de derechos humanos como patrocinadoras de la
guerrilla, lo cual se traducía como “terroristas”.

 

Y dicha estigmatización fue complementada con políticas que facilitaban o
causaban su represión violenta: “Ejemplos claros son el escándalo de la
agencia de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que
reportaba directamente al presidente Uribe, ilegalmente vigilaba a
defensores de derechos humanos de manera sistemática y pasaba listas a
grupos paramilitares de personas consideradas ‘objetivos militares’ por sus
supuestos vínculos con la guerrilla. En muchos casos, esta vigilancia ilegal
fue el preámbulo de amenazas violentas y hasta asesinatos de aquellos
defensores de derechos humanos afectados”.

 

El cambio de gobierno, con la posesión de Juan Manuel Santos el 7 de agosto
de 2010, le dio un vuelco a la situación de predecesor, pues reconoció la
existencia del conflicto armado y entabló un proceso de paz con la guerrilla
de las Farc que derivó en su dejación de armas y la implementación del
Acuerdo Final para concretar una paz estable y duradera, cuyo centro deben
ser las víctimas del conflicto armado y la justicia social.

 

Es así como el informe destaca que, en contraste al gobierno de su
predecesor, “la administración de Santos no parece estigmatizar abiertamente
a las personas defensoras de derechos humanos como patrocinadores de la
guerrilla o terroristas. Este gobierno ha entablado el diálogo, por ejemplo,
al reabrir la Mesa Nacional de Garantías en octubre del 2014, la cual ha
permitido un intercambio institucionalizado de ideas entre las plataformas
de defensa de derechos humanos y otros liderazgos sociales sobre los
derechos humanos”.

 

Sin embargo, ese cambio de tono y de políticas no se tradujeron en
beneficios para las comunidades y en garantías para los defensores de
derechos humanos, pues la violencia en su contra se disparó de manera
alarmante. Durante el gobierno Uribe, según los registros de Somos
Defensores, fueron asesinados 164 defensores de derechos humanos, mientras
que entre 2011 y 2016, ocurrieron 394 homicidios. El aumento de esa
violencia está relacionado con los avances que tuvieron los diálogos de paz
en La Habana y con la paulatina implementación del Acuerdo Final.

 

Además, el informe destaca que “una forma de represión contra personas
defensoras de derechos humanos que aumentó bajo el gobierno del presidente
Santos fue el uso excesivo de la violencia contra protestas sociales,
especialmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD); el cual con
frecuencia se dirige contra personas defensoras de derechos humanos que
participan o encabezan protestas sociales”.

 

Ese es el panorama que el documento entregado a la CEV describe de los
últimos gobiernos. Y en esta época, en la que se está realizando el proceso
de empalme con el equipo del presidente electo, Iván Duque, el panorama se
está oscureciendo mucho más, tal como indica Escobar del Cajar: “Nos parece
bastante preocupante. Hay una coyuntura de lecciones e incremento de
agresiones, principalmente de homicidio de personas que participaron en la
campaña de Gustavo Petro. Nos genera preocupación lo que puede haber
significado en términos discursivos y simbólicos la victoria del uribismo,
que es un sector que está en contra del proceso de paz, con un discurso que
invita a hacer los trizas el Acuerdo Final y que de alguna manera genera un
entorno que favorece las agresiones contra defensores de derechos humanos”.

 

Por esa razón, destaca la posibilidad de que la CEV estudie este informe,
para que tenga en cuenta sus planteamientos cuando emita recomendaciones en
materia de garantías de no repetición de la violencia. “Consideramos que la
continuidad de este fenómeno contra los defensores de derechos humanos tiene
que ver con que no se han realizado transformaciones en prácticas o
doctrinas que permitan enfrentar los patrones que identificamos”, concluye
Escobar.

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