México/ Las desapariciones y la militarización bajo juicio internacional [Paulina Villegas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de mayo 2018

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México



Las desapariciones y la militarización bajo juicio internacional



Paulina Villegas, desde Ciudad de México



The New York Times, edición en español, 30-4-2018



https://www.nytimes.com/es/



Una fría noche de diciembre de 2009, tres integrantes de una familia fueron
secuestrados en el estado de Chihuahua por un grupo de hombres armados que
vestían uniforme militar; nunca se les volvió a ver.



Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica,
está examinando por primera vez las desapariciones de los tres civiles:
Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene
Alvarado Reyes.



Su historia es parte de un caso que la corte —un órgano judicial
independiente con autoridad legal en México— escuchó durante dos días y que
concluyó el 27 de abril. Involucra acusaciones de violaciones a los derechos
humanos por parte de los militares mexicanos durante operaciones oficiales
que comenzaron hace más de una década para combatir el narcotráfico y el
crimen organizado.



El caso trae a la luz el impacto a gran escala que la militarización de la
seguridad pública ha tenido en grandes regiones del país desde que las
tropas fueron movilizadas por primera vez para realizar operativos
antinarcóticos en 2006.



“Mi familia es solo un caso de desaparecidos. Pienso que somos la voz de
todos los mexicanos que han pasado por la misma situación, pero que muchos
por miedo no denuncian”, dijo en una entrevista Mitzi Alvarado, hija de
Nitza. “En este sentido, la verdad y la justicia para nosotros significa
justicia y verdad para todos los desaparecidos de México”.



Mientras los familiares esperan el fallo, el país enfrenta uno de los
periodos más mortíferos en la historia reciente y un Ejército con mayor
poder es responsable de combatirlo. Cifras oficiales muestran que el año
pasado la tasa de homicidios fue la más alta registrada hasta la fecha, la
cual supera el derramamiento de sangre experimentado durante el punto
crítico de la guerra contra las drogas, en 2011.



En diciembre, cuando México aprobó la Ley de Seguridad Interior, a través de
la cual se legitima el papel de los militares en la lucha contra el narco,
creó indignación en las Naciones Unidas, así como entre grupos de derechos
humanos locales e internacionales. Los opositores advirtieron que la medida
conduciría a abusos, dejaría de manera indefinida a los soldados en las
calles y militarizaría las actividades policiales en el futuro cercano.



Las fuerzas armadas rechazaron hacer declaraciones; sin embargo, el
secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha defendido
públicamente a los militares al afirmar que es la única institución que
efectivamente se enfrenta al crimen organizado. A medida que la violencia
vinculada con el narcotráfico se ha disparado en los últimos años,
Cienfuegos ha solicitado al gobierno federal en repetidas ocasiones un marco
legal que proteja a su personal, alegando que hoy es más necesario que
nunca.



“Hoy los delitos son de otro nivel e importancia, involucran a muchas
personas, a veces hasta familias, y nosotros estamos sin un marco legal”,
sostuvo Cienfuegos en un evento público en marzo. “Así, nos impiden ayudar”.



Otras personas que apoyan esta ley, incluidos el presidente Enrique Peña
Nieto y funcionarios del gobierno federal, han argumentado que la
legislación regularía las operaciones militares y ofrecería certeza legal
tanto a las fuerzas armadas como a la población al dejar en claro las
tareas, límites y obligaciones de los soldados. Este marco legal, afirman,
ha estado ausente desde hace un largo tiempo.



De acuerdo con las estimaciones del gobierno, 32.000 personas han
desaparecido en México desde 2006, ausencias que han dejado una herida
indeleble en familias de todo el país. Miembros de las fuerzas de seguridad
son sospechosos por algunas de esas desapariciones, aunque muchas otras
supuestamente son obra de los cárteles del narcotráfico.



El fracaso de México para investigar estos casos ha dejado a personas como
las que integran la familia Alvarado buscando respuestas de manera
desesperada, pero sin ningún lugar al cual puedan acudir.



El fallo de la corte en el caso de los Alvarado, que se espera para los
próximos meses, podría influir en otro caso analizado por la Suprema Corte
de Justicia de México: la controversia constitucional planteada sobre una
ley que, según señalan sus críticos, refuerza el papel de los militares en
el cumplimiento de trabajos que corresponden a la policía en las calles.



Durante los dos gobiernos anteriores en México, el papel del Ejército ha
aumentado para incluir operaciones contra los cárteles, así como para
realizar labores policiacas. Al mismo tiempo, han surgido denuncias formales
presentadas por civiles ante varias agencias gubernamentales por acusaciones
de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.



No obstante, a medida que se acumulan las acusaciones por crímenes graves
contra soldados y policías, los militares permanecen prácticamente
intocables, protegidos por gobiernos dispuestos a mantener el Estado de
derecho mediante la única fuerza que parece capaz de enfrentarse a los
grupos del narcotráfico.



Los tres miembros de la familia Alvarado fueron secuestrados de Ejido Benito
Juárez, un pequeño pueblo del estado de Chihuahua. En ese momento, la guerra
contra las drogas tenía en jaque al norte del estado. Chihuahua ahora tiene
una de las cifras más altas de personas desaparecidas en México (más de dos
mil casos abiertos desde 2007).



En los ocho años que lleva la investigación, las autoridades mexicanas no
han llevado ante la justicia a ninguna persona en conexión con el caso
Alvarado ni han ofrecido ninguna información sobre dónde podrían estar.



Durante la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27
de abril, miembros de la familia Alvarado testificaron que por lo menos tres
investigadores de distintas agencias gubernamentales les han dicho que sus
familiares habían sido retenidos para ser interrogados en cuarteles
militares cercanos después de que soldados allanaran Ejido Benito Juárez en
busca de sospechosos. Un investigador incluso aseguró a los familiares que,
para el día siguiente, los retenidos probablemente serían liberados.



Al sentir que las puertas de la justicia eran cerradas abruptamente por las
autoridades mexicanas, la familia recurrió a los tribunales internacionales,
donde están siendo representados por el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres, una organización mexicana que provee asistencia legal.



En la audiencia de dos días en San José de Costa Rica, los fiscales
mexicanos que testificaron ante la corte argumentaron que enfrentaban un
“caso muy complejo” que probablemente involucró a “varios actores”. El
seguimiento de varias líneas de investigación continúa, afirmaron.



Aunque los fiscales aseguran que ellos habían investigado el papel de los
militares, dijeron que no encontraron suficiente evidencia para confirmar su
responsabilidad. En vez de eso señalaron que es común que los criminales
usen vestimenta similar a los uniformes militares para engañar a las
autoridades, e indicaron que los Alvarado tal vez fueron blanco de cárteles.



La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, uno de los dos brazos
legales que, junto con la corte, vigila los derechos humanos en el
continente como parte de la Organización de Estados Americanos, solicitó a
las autoridades mexicanas en 2010 encontrar a los Alvarado y emitir medidas
cautelares para el resto de los familiares. Seis años después, la comisión
concluyó que los militares eran responsables de las desapariciones basándose
en la evidencia, que incluye declaraciones de testigos y reportes de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de otros expertos que
analizaron el contexto de la violencia en el área.



En su reporte, la comisión hace referencia a un contexto de caos durante las
operaciones militares de la época en la que los Alvarado desaparecieron. Las
personas sacadas a la fuerza de sus hogares y llevadas a cuarteles militares
para interrogatorios ilegales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Chihuahua, dice el reporte, había reunido cientos de acusaciones de
tortura, cateos ilegales, tratos crueles y humillantes, amenazas,
intimidación y desapariciones forzadas.



Si el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue el mismo
curso, podría presionar a México a investigar en profundidad el papel de las
fuerzas armadas y a procesar a miembros del Ejército, pagar la reparación
del daño a la familia, emitir una disculpa pública o asumir medidas más
extremas para asegurarse de que dichas desapariciones no ocurran de nuevo.



Mitzi Alvarado y su gemela, Nitza, tenían solo 14 años cuando se llevaron a
su madre. Durante los últimos ocho años, ellas y su hermana menor, Daisy, se
han mudado de una ciudad a otra. Vivieron con algunos familiares y después
con otros debido al temor de que los agentes que creen que se llevaron a su
madre fueran tras ellas para secuestrarlas.



Para agravar aún más su ansiedad, poco después de las desapariciones otro
familiar recibió llamadas telefónicas para advertir a la familia entera que
abandonaran el estado de Chihuahua dentro de veinticuatro horas o serían
asesinados. Al final, la mayoría abandonó el estado.



Las tres hermanas estudian ahora en la Universidad Comunitaria de El Paso,
en Texas, donde viven después de que les concedieran asilo político. Otros
ocho miembros de la familia todavía esperan las resolución sobre sus
solicitudes de asilo político en Estados Unidos.



“El Estado mexicano nos dejó huérfanas y es muy injusto, no se vale”, dijo
Mitzi llorando.

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