Brasil/ La guerra "antiterrorista" contra los movimientos populares [Eduardo Miranda - Informe]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de noviembre 2018

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Brasil



Tipificación de los movimientos populares como “terroristas”



Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgó
informe preliminar sobre violaciones.



Eduardo Miranda, Río de Janeiro

Brasil de Fato, 13-11-2018

https://www.brasildefato.com.br/

Traducción de Pilar Troya



La criminalización y tipificación de los movimientos populares como
terroristas, los ataques y homicidios de activistas de derechos humanos y el
regreso de Brasil al mapa del hambre son algunos de los principales puntos
del informe preliminar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) presentó este lunes (12), en rueda de prensa en Rio de Janeiro.



El órgano no visitaba Brasil hace 23 años. Esta vez, la delegación recorrió
diversas ciudades de estados brasileños durante una semana para recoger
testimonios y recibir denuncias sobre violación de derechos de minorías,
omisión del Estado en el aspecto económico y violencia de la policía en
relación con la población periférica.



Durante la presentación del documento, la relatora de país para Brasil de la
CIDH, Antonia Urrejola, alertó sobre los riesgos de ampliación de la llamada
Ley Antiterrorismo, en caso de ser aprobada en el Congreso una enmienda
complementaria del senador Magno Malta (Partido de la República).



“La CIDH viene reafirmando a diferentes países de la región que las leyes
antiterroristas no deben ser utilizadas para la criminalización del derecho
a la manifestación y asociación”, resaltó la delegada de la CIDH, que llamó
la atención hacia el aumento del número de asesinatos de defensores y
defensoras de derechos humanos.



La violencia contra asentamientos de trabajadores rurales fue mencionada por
la CIDH durante la rueda de prensa. Es el caso del campamento Quilombo Campo
Grande, en el sur de Minas Gerais, que fue blanco de un mandato judicial con
orden de desalojo de 450 familias que viven en la región hace 20 años y
producen alimentos sin agrotóxicos. La denuncia fue hecha al órgano
internacional por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST).



También por medio de denuncias del MST, la Comisión encontró en Marabá, en
Pará, un asentamiento de trabajadores rurales afectados por la violencia
policial en proceso de desalojo de sus tierras.



“La violencia en el campo afecta campesinos que luchan por el derecho a la
tierra, y las condiciones de trabajo a que muchos de esos trabajadores son
sometidos, a veces extenuantes, son análogas a la esclavitud. También es
preocupante la inseguridad que afecta a muchos debido al uso indiscriminado
de sustancias químicas y otros pesticidas”, afirmó la relatora de país para
Brasil de la CIDH, Antonia Urrejola.



Caso Marielle



Viuda de la concejala Marielle Franco (Partido Socialismo y Libertad),
Mónica Benício recordó que el gobernador electo de Rio de Janeiro, Wilson
Witzel (PSC), estaba presente en un acto de campaña en el que fue destruida
una placa con el nombre de la parlamentaria y dijo que el órgano precisa
estar atento a las acciones antidemocráticas que parten del propio Estado.



La Mesa, que estaba compuesta también por la presidenta de la CIDH,
Margarette May Macaulay, además de otros comisionados del órgano, enfatizó
la necesidad de la presencia del Estado en la resolución de problemas y
violaciones de derechos que afectan mujeres negras, poblaciones periféricas,
pueblos indígenas, quilombolas (*) y la comunidad LGBTQI.



“La Comisión denuncia la situación de la comunidad Guarani-Kaiowá, en Mato
Grosso do Sul, que sobrevive a un ambiente de violencia de milicias armadas,
a Muratu, en Pará, que sufre con el impacto ambiental de la construcción de
la hidroeléctrico de Belo Monte, además de indígenas originarios de
Venezuela que viven en las calles de Roraima”, ejemplificó Antonia Urrejola.



El documento de la CIDH afirma, además, que “las autoridades estatales deben
dar el ejemplo y tienen el deber de promover campañas promocionales para
deconstruir mensajes demagógicos de que los derechos humanos existen para
atender a violadores de derechos humanos o de que esa sea una agenda
ideológica o partidaria”.



La comisionada afirmó que el regreso de la CIDH a Brasil “en un momento
crucial” es parte de una trayectoria que no termina ahora. Según la
comisionada, un cuadro más detallado sobre el país será presentado a lo
largo de los próximos meses a partir de las denuncias, de informes y de la
ayuda del poder institucionalizado, de civiles y de los movimientos
populares.



Desmantelamiento de la EBC



El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza,
comentó las declaraciones del presidente electo, Jair Bolsonaro, de que el
próximo gobierno terminará las actividades de la Empresa Brasil de
Comunicación (EBC), creada en 2007. Según el comisionado, las amenazas de
Bolsonaro constarán en el documento final de la CIDH.



"Uno de los avances importantes que Brasil tuvo en estos últimos diez años
en materia de comunicación, de diversidad y de pluralismo que tanta falta
hacen a los sistemas de comunicación, fue la creación y el desarrollo de una
televisión pública, y no de interés gubernamental. En el pasado reciente,
nosotros y la ONU emitimos un comunicado de advertencia alertando cuando el
actual gobierno hizo algunos cambios y suprimió el Consejo Consultivo de la
EBC", dijo Lanza.



* Asentamientos rurales de población mayoritariamente negra, creados
inicialmente por esclavos fugados.



Acceda aquí al documento preliminar divulgado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/ObservPrelPOR_Brasil.pdf
<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/ObservPrelPOR_Brasil.pdf
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