Venezuela/ Espadas sobre la cabeza de Maduro [Humberto Márquez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

17 de setiembre 2018

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Venezuela



Planes golpistas de Estados Unidos y militares venezolanos



Espadas sobre la cabeza de Maduro



El espectro de una acción armada para derrocar al presidente Nicolás Maduro
sobrevuela Venezuela, en la forma de una sublevación militar animada por
Washington, de un atentado que siembre el caos, o incluso de un ataque de
fuerzas extranjeras. Un artículo en “The New York Times” reveló reuniones de
militares disidentes venezolanos con diplomáticos de Estados Unidos.



Humberto Márquez, desde Caracas



Brecha, 14-9-2018

https://brecha.com.uy/



Después de que en agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump,
en una de sus declaraciones críticas sobre Caracas, dijese: “Tenemos muchas
opciones para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario”,
militares venezolanos dispuestos a rebelarse contra el presidente Nicolás
Maduro contactaron a responsables de Estados Unidos para solicitar ayuda
concreta para sus propósitos.



Washington aceptó escucharlos, pero con desconfianza, y sus analistas no
percibieron certeza en los planes de los rebeldes, por lo que descartaron
involucrarse o proporcionar ayuda. El alzamiento entonces se frustró, el
gobierno detuvo a uniformados bajo sospecha y así redujo a la mitad la
hipotética fuerza rebelde de unos 300 oficiales.



Esa es la nuez de un extenso relato que publicó The New York Times el pasado
8 de setiembre y que de nuevo atrajo la atención de la prensa del hemisferio
hacia las espadas que penden sobre el presidente Maduro.



El gobierno venezolano tomó la nota del rotativo estadounidense como
evidencia de las acciones de Washington en su contra: “A confesión de
partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente
Nicolás Maduro la acción injerencista, brutal, criminal, de los factores
imperiales en contra de Venezuela! Lo dice el New York Times”, declaró el
ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.



“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a
conspiraciones militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En
los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras
evidencias”, dijo por su parte el canciller Jorge Arreaza.



Reuniones de funcionarios estadounidenses con militares conspiradores
repiten un guion conocido en la historia de América Latina, y en el caso de
Venezuela amplían un panorama de disidencia militar y búsqueda de deponer al
presidente mediante acciones armadas, según ha denunciado el propio
gobierno.



El alto mando militar procura mineralizar el apoyo al gobierno con llamados
y compromisos públicos de lealtad por parte de toda la oficialidad y una
clara política de ascensos y promociones –oficiales activos y retirados
manejan recursos y empresas del Estado– de los más leales. Para la oposición
política los amagos rebeldes detectados por el gobierno y la detención de
oficiales muestran el descontento dentro de las fuerzas armadas.



Golpes frustrados



El pasado marzo fueron detenidos nueve oficiales y se les inició juicio por
los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión.
Estarían comprometidos en un golpista Movimiento de Transición a la Dignidad
del Pueblo, según versiones recogidas por la prensa local y redes sociales.



Hubo escasa información y publicidad sobre las detenciones, a pesar de un
dato relevante: varios de los detenidos comandaban batallones del Ejército
con importante poder de fuego. La sublevación que encabezó en febrero de
1992 el ya fallecido Hugo Chávez (1999-2013) la ejecutaron batallones del
Ejército dirigidos por cinco teniente-coroneles. Comandantes en ese decisivo
nivel de mando de tropas también abortaron el golpe de dos días contra
Chávez en abril de 2002. Los actuales dirigentes venezolanos conocen muy
bien la importancia de desmontar cualquier disidencia en ese nivel
castrense.



Es así como entre los detenidos en marzo figuraron los teniente-coroneles
Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas;
Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con
Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones clave
para el combate en el centro-norte del país.



También en marzo fue detenido y permanece tras las rejas el mayor general
(general de tres estrellas) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de
complotar contra el gobierno. Fue jefe de la policía política (Sebin) con
Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013), y tras su
retiro dirigía una pequeña formación política opositora, llamada Movimiento
Desafío de Todos.



El pasado 20 de mayo se efectuaron elecciones presidenciales para el sexenio
2019-2025, adelantadas con respecto a la tradición de que se efectuasen en
diciembre. Fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición,
cuyo registro oficial ha sido cancelado. Hubo una abstención récord, de más
del 50 por ciento, en los comicios presidenciales. Alrededor de esa fecha, y
con la expectativa del rechazo implícito en la elevada abstención,
conversaciones de pasillo en algunas formaciones políticas sostuvieron que
se produciría un alzamiento militar, el cual nunca sucedió. Sin embargo, la
oportunidad calza con las fechas señaladas en el artículo de The New York
Times que da cuenta de tres rondas de reuniones o entrevistas de algún jefe
militar o sus representantes con diplomáticos estadounidenses en Europa, en
los meses finales de 2017 y primeros de 2018.



La agencia de información financiera Bloomberg produjo una nota con base en
informantes bajo condición de anonimato según la cual en mayo fueron
“detenidos secretamente” varias decenas de oficiales acusados de preparar un
golpe ese mes.



El reporte del Times neoyorquino también se basa en un general que habló con
la condición de mantenerse en el anonimato. Formaría parte del círculo de
poder cívico-militar en Caracas y, por añadidura, se encuentra en la lista
de unos 70 funcionarios y empresarios venezolanos que han sido sancionados
por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



Atentado con dron



El 4 de agosto, frente a una parada militar en el centro de Caracas
presidida por Maduro, estalló un artefacto identificado como uno de los dos
drones con explosivos lanzados desde las cercanías por algunos civiles,
ejecutores materiales de un complot criminal, según investigaciones del
gobierno y de la Fiscalía General. Dos parlamentarios opositores fueron
implicados: el joven diputado Juan Requesens, quien según sus familiares y
copartidarios habría sido detenido y luego torturado, y Julio Borges, ex
presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano que el gobierno
no reconoce), autoexiliado en Bogotá. Ambos pertenecen al partido centrista
Primero Justicia.



En cuestión de horas Maduro acusó al entonces presidente colombiano Juan
Manuel Santos de facilitar la organización del crimen, y a exiliados
venezolanos cobijados por Washington y Bogotá de aportar finanzas y
materiales para el atentado, que dejó a varios cadetes heridos y mostró en
unos segundos de televisión una estampida de guardias nacionales y civiles
huyendo ante la explosión del dron en el aire.



Inmediatamente no se responsabilizó a militares como organizadores o
cómplices del atentado, pero en los días siguientes se detuvo a los
generales de la Guardia Nacional (fuerza militar con funciones de policía)
Alejandro Pérez Gámez, jefe de los servicios de mantenimiento del orden
interno, y Héctor Hernández, jefe del comando antidrogas, así como al
coronel Pedro Zambrano, este último por segunda vez este año. Todos fueron
pasados a tribunales militares sin que se conozcan detalles sobre los cargos
en su contra.



Descontento y lealtad



En las fuerzas armadas “se expresa el mismo descontento que hay en las
familias venezolanas”, ha sostenido el mayor general retirado Clíver Alcalá,
cercano compañero de Chávez, apartado del poder bajo la administración de
Maduro. “La institución está tan deteriorada que no tiene capacidad
operativa para emprender ninguna misión. Hay casi 2 mil generales, más
generales que coroneles. La pirámide está invertida. Y todo el mundo
desconfía de todo el mundo”, según Alcalá.



El descontento militar por los bajos sueldos o la mengua de sus funciones y
privilegios fue alimento para sublevaciones a lo largo del siglo XX
latinoamericano. En Venezuela, que vive la mayor hiperinflación conocida en
el hemisferio, se produce desde el pasado 20 de agosto un sacudón económico
con resultados todavía muy inciertos: devaluación de 96 por ciento de la
moneda, fuertes alzas de precios, escasez de productos y servicios
esenciales, más impuestos, multiplicación por 35 del salario mínimo y
aplanamiento salarial: se acorta la diferencia entre lo que ganará un
maestro de escuela y un rector universitario, el director de un hospital y
un enfermero, un teniente y un general…



El general en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza de los
militares que dirigen las principales empresas del Estado, ha requerido de
todos sus subordinados lealtad y confianza en el nuevo programa económico de
Maduro. Ya hace meses, los miles de oficiales firmaron un compromiso público
reiterando su lealtad al presidente y comandante en jefe de las fuerzas
armadas. La lealtad es una consigna que se repite en todas las actividades
castrenses y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.



Otro componente en este juego de poder son los mecanismos de control
derivados de una zonificación en regiones militares, acompañada de una
integración de esfuerzos en una sola fuerza armada con cinco componentes:
Ejército, Marina, Aviación, Guardia Nacional y Milicia, esta última
integrada principalmente por personas de más de 40 años. Detractores del
gobierno sostienen que en todo el cuerpo castrense actúan agentes de
inteligencia cubanos que trabajan para información y asesoría del “alto
mando político-militar de la revolución”, una instancia a veces referida por
el presidente Maduro.



Una radio, por favor



El New York Times refirió que los militares rebeldes no solicitaron armas o
combatientes a Washington, sino “equipos de radio encriptados, pues
necesitaban comunicarse de manera segura”. La negativa estadounidense
desmoronó el complot, según el rotativo. El dato ilustra el grado de control
y el riesgo de delaciones ante una eventual acción subversiva, pero es
desestimado por expertos como Rocío San Miguel, presidenta de la crítica
organización no gubernamental Control Ciudadano, para quien “creer que un
golpe de Estado en Venezuela depende de la entrega de radios cifradas por
parte de Estados Unidos es un chiste, por decir lo menos”.



El “detalle” nutrió también la posición editorial de The New York Times tras
la amplia difusión de su informe acerca de las reuniones golpistas: Estados
Unidos “no debería estar en el negocio del golpe”, escribió el rotativo: “Es
un alivio saber que la administración de Trump decidió no ayudar a los
líderes rebeldes en Venezuela (…) pero es preocupante pensar que el
presidente Trump y sus asesores hicieron el llamado correcto por la razón
equivocada: falta de confianza en los conspiradores para tener éxito en una
operación arriesgada, en lugar de una preocupación de principios sobre la
intervención”.

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Sube el tono



Diosdado Cabello, capitán retirado, considerado por medios de prensa como
“número 2” en la estructura de poder en Venezuela y referente del “ala
militar del chavismo”, fue repentinamente esta semana blanco de ataques por
parte de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la Onu. Haley acusó a
Cabello de “ladrón” y “narcotraficante”, y afirmó que “Cabello estuvo
involucrado directamente en el tráfico de drogas, con envíos de
estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa.
Utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar
sus drogas y eliminar la competencia”.



El senador republicano Marco Rubio, considerado un influyente consejero de
Trump en asuntos de Cuba y Venezuela, ha pedido acciones armadas para
derrocar a Maduro, y ha replanteado la posibilidad de una intervención
estadounidense. Ya en febrero afirmaba que “el mundo apoyará a los militares
de Venezuela si deciden restaurar la democracia”; en julio expuso que
“siempre he apostado a una salida pacífica y no militar para Venezuela, pero
las circunstancias han cambiado. Les dije a mis colegas que Trump no avisará
si decide actuar contra Nicolás Maduro”, y más recientemente aseveró que “el
régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la seguridad de la
región e incluso de Estados Unidos”. La “amenaza a la seguridad
estadounidense” ha sido una especie de mantra para justificar intervenciones
en contra de gobiernos caídos en desgracia a ojos de Washington.



Durante décadas, la posibilidad de un conflicto armado entre Colombia y
Venezuela fue una hipótesis de estudio en academias militares de ambos
países. Por ello destaca que esta semana Iván Duque, el nuevo presidente
colombiano, acérrimo crítico de Maduro y quien en noviembre recibirá la
visita de Trump, dijese que aunque Venezuela es “una dictadura deleznable”,
en su criterio “Estados Unidos es el primero en entender que una
intervención militar de carácter unilateral no es el camino” para encarar el
tema venezolano.



Entretanto, el buque-hospital Comfort, de la Armada estadounidense, con un
personal de salud de hasta mil efectivos, navega rumbo a las costas
colombianas para, según se informó oficialmente, auxiliar en la atención a
los migrantes venezolanos en Colombia…

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