Guatemala/ Cerca del golpe. Crisis institucional y luchas populares [Roberto García]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

17 de setiembre 2018

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Guatemala



Crisis institucional



Cerca del golpe



Cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que
investiga la corrupción, persistió en sus acusaciones contra el presidente
Jimmy Morales, éste llenó las calles de militares, anunció la expulsión de
la agencia de la Onu y le cerró las fronteras a su jefe. Morales ya anunció
un posible quiebre institucional al declarar que no respetará una decisión
de la Corte de Constitucionalidad que deje sin efecto su embestida contra el
comisionado.



Roberto García



Brecha, 14-9-2018

https://brecha.com.uy/



Seguramente no resulte sorprendente informar que en algún país
centroamericano hay señales de que podría haber un nuevo golpe de Estado. En
buena medida ello es el resultado de la forma rápida y habitual con la que
se asocia el acontecer político de los países del istmo al vago concepto de
“repúblicas bananeras”. El término, acuñado en 1904 en una novela ambientada
en Honduras, describía a un pequeño país políticamente inestable cuya
economía era dominada por intereses extranjeros. Aunque los historiadores
renegamos de esas simplificaciones, la crisis institucional que atraviesa
Guatemala actualmente habilita interpretaciones de ese tipo.



Los hechos se desencadenaron hace dos semanas, cuando el presidente de
Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un grupo de trabajo
de las Naciones Unidas que investiga la corrupción en el país y que ha
acusado a Morales, entre otros, de cometer ese delito.



Pero las tensiones y disputas tienen, por supuesto, una historia más larga,
y en ese conflicto se enfrentan dos grandes frentes claramente divididos. De
un lado están el presidente junto a sus ministros, la mayoría de los
diputados del Congreso, las cámaras empresariales, los gobernadores
departamentales, varios medios masivos de comunicación, buena parte del
Poder Judicial, el Ejército, la Asociación de Militares en retiro y la
peligrosa Fundación Contra el Terrorismo, una expresión radical del
anticomunismo contrainsurgente centroamericano, que en Guatemala jugó un
papel destacado durante la Guerra Fría. Del otro se encuentra la Cicig
–presidida por Iván Velásquez, un abogado colombiano y duro opositor de
Álvaro Uribe–, el procurador de los Derechos Humanos, la Corte de
Constitucionalidad, numerosos periodistas, activistas de derechos humanos y
defensores del ambiente, el Comité de Desarrollo Campesino y los estudiantes
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.



Abogado no grato



Un año atrás el presidente declaró persona non grata al comisionado de la
Cicig y buscó su expulsión. La Corte de Constitucionalidad, la movilización
popular y la embajada de Estados Unidos detuvieron en esa ocasión tal
medida. Desde entonces se libra una lucha de poderes. El objetivo del
gobierno y de quienes lo sostienen ha sido extremadamente claro: deshacerse
de Iván Velásquez para impedir el avance de sus investigaciones. Esto forma
parte de una estrategia más amplia de recomposición de la impunidad que ha
sido seriamente erosionada por una Cicig que ha obligado a un sector
importante del empresariado a reconocer y pedir disculpas públicas por
financiar ilícitamente a los partidos políticos.



Uno de los partidos que recibieron dinero ilegalmente durante las últimas
elecciones de 2015 fue el Frente de Convergencia Nacional, del actual
presidente, quien como secretario general de ese frente ocultó tal
información a los organismos de contralor correspondientes. Cuando se pidió
una vez más su desafuero, a los efectos de continuar las investigaciones, el
presidente Morales descargó una vez más su furia contra la comisión.



Puesta en escena



Fue el pasado viernes 31 de agosto que el presidente Morales anunció por
televisión que había notificado al secretario general de la Onu que no
renovaría el mandato de la Cicig en Guatemala. Sus argumentos no
sorprendieron: acusó a la comisión de practicar una “persecución penal
selectiva” con un “sesgo ideológico evidente” que la llevó a sembrar el
“terror judicial en Guatemala”. De hecho, sostuvo que dicha “justicia
selectiva” fue empleada para “intimidar y aterrorizar a la ciudadanía”. Lo
que sí sorprendió fue la cuidada puesta en escena de la alocución: para su
breve y por momentos mal leído discurso, el otrora actor de televisión
decidió acompañarse de 60 militares y policías, además de autoridades de su
gobierno. Y paralelamente, mientras el anuncio era trasmitido, tropas del
Ejército guatemalteco, helicópteros y jeeps rodearon la sede de la Cicig y
tomaron las calles. La detención de Velásquez parecía inminente, ya que su
nombre, el del procurador de Derechos Humanos, y los de varios periodistas y
profesores universitarios circularon profusamente como algunos de los
instigadores del supuesto proceso de desestabilización nacional que
denunciaba el gobierno. En respuesta al escenario que se instaló en las
calles, comenzó a circular en las redes sociales una foto fechada en 1982,
de cuando el general –y más tarde genocida– Efraín Ríos Montt se hizo con el
poder en el país.



Los hechos no terminaron en eso: pocos días más tarde, aprovechando un viaje
de trabajo ya planificado del jefe de la Cicig a Estados Unidos, el
presidente Morales cursó una orden a los puestos fronterizos para impedir el
regreso del colombiano a Guatemala.



Con el apoyo de Washington



La historia de la región obliga a considerar el siempre activo y protagónico
papel de Estados Unidos en Guatemala. Aquel país es uno de los garantes y
promotores financieros de la labor de la Cicig, y en febrero de este año el
embajador estadounidense se fotografió con Velásquez posando junto a un
cartel de apoyo a la comisión. El espaldarazo era necesario y llegaba en un
momento crucial: cuando Morales viajaba a Estados Unidos para reunirse con
su homólogo, Donald Trump. La agenda del encuentro fue secreta, aunque sí
trascendió el agradecimiento del mandatario estadounidense por el traslado a
Jerusalén de la embajada de Guatemala en Israel.



La reacción del secretario de Estado, Mike Pompeo, ante la decisión de
Morales de poner fin al trabajo de la comisión de la Onu en Guatemala
indicaría que en ese encuentro el mandatario guatemalteco habría obtenido
luz verde de la Casa Blanca para quitarse de encima al jefe de la Cicig.
Pompeo coincidió con la interpretación de Morales al expresar que es
necesario respetar la soberanía guatemalteca y bregar de ahora en adelante
por una Cicig “reformada”.



Morales agradeció públicamente las manifestaciones de Pompeo, pero aún está
pendiente de la resolución de un fallo de la Corte de Constitucionalidad
sobre un recurso de amparo que busca dejar sin efecto la decisión de impedir
el retorno de Velásquez al país. Y he aquí el riesgo de un inminente quiebre
institucional, pues Morales ha adelantado que no respetará pronunciamientos
de la Corte que él considere “ilegales”.



Creciente hostilidad



En Guatemala se vive un polarizado y creciente clima de hostilidad hacia el
mandatario y sus funcionarios. Las movilizaciones se suceden y las
expresiones de rechazo día a día se generalizan, trascendiendo ampliamente a
la capital del país. Sostenidos cortes de rutas y movilizaciones de miles de
personas, en su mayoría indígenas, confluyen en torno a dos objetivos: la
renuncia del presidente y su gabinete; y evitar que se trabe la labor de la
Cicig. En el horizonte de las reivindicaciones también aparece –aunque en un
mediano plazo– la necesidad de un conjunto de reformas profundas en el
sistema de partidos y una nueva Constitución en la que se vean expresados y
garantizados los derechos de las grandes mayorías.



En el contexto de las movilizaciones que nutren desde hace tiempo las
expresiones populares a favor de estos cambios políticos, merece destacarse
la “recuperación”, el año pasado, por los jóvenes universitarios, de la
Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, tras un largo período de cooptación estatal. Desde setiembre del
año pasado la secretaria general de esa asociación es la estudiante Lenina
García, la primera mujer en ocupar el cargo, un hecho particularmente
relevante en una sociedad que presenta números alarmantes de violencia de
género. Días atrás, una multitudinaria asamblea estudiantil presidida por
García exigió que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San
Carlos de Guatemala declarase no gratos al presidente y al vicepresidente de
la república, Jafeth Cabrera Franco –este último ex rector de dicha casa de
estudios superiores–. El martes pasado, pese a un amenazante despliegue
militar, la universidad respaldó esa exigencia estudiantil.

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