Venezuela/ La movilización desde abajo ignorada por la mirada hacia arriba [Rafael Uzcátegui]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de abril 2019

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

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Venezuela

 

La movilización desde abajo ignorada por la mirada hacia arriba

 

Aún para quienes somos críticos de la democracia representativa, las
elecciones constituyen un dato de la realidad que no puede ser ignorado por
quienes deseen incidir en ella. Y si esto es importante para cualquier país,
es particularmente válido ahora para Venezuela, que sufre hoy uno de los
conflictos menos comprendidos por la izquierda internacional.

 

Rafael Uzcátegui *

Perdido en Itaca, 28-3-2019 

https://rafaeluzcategui.wordpress.com/

 

La aparición de Hugo Chávez en el escenario público venezolano, en febrero
de 1992, significó el comienzo de un fenómeno político que puso fin a la
alternancia en el poder a partir de 1958, de los dos principales partidos
políticos del momento: el socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el
socialcristiano COPEI. A diferencia de sus vecinos en la región, los
venezolanos disfrutaron no sólo de una relativa estabilidad política sino
también de diferentes momentos de bonanza económica –con inequidades en su
distribución- como secuela de dos situaciones: 1) Los altos precios del
petróleo en el mercado internacional, su principal producto de exportación y
2) El aumento de los ingresos petroleros del Estado venezolano como
consecuencia de diferentes negociaciones con las empresas transnacionales,
cuyo momento cumbre fue la nacionalización de la industria, en 1976, y la
creación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Estas condiciones
materiales posibilitaron que el Estado implementara derechos que en el resto
de América Latina eran menos viables en ese momento: educación gratuita con
un aumento importante de la matrícula, reforma agraria, legalización de la
actividad sindical, creación de una red hospitalaria pública y gratuita en
todo el país, por nombrar algunos. Sin embargo, el proyecto de modernización
conocido como “Pacto de Punto Fijo” (1) mostró su agotamiento para finales
de la década de los 70´s. En 1982 ocurre la primera gran crisis económica en
el país, con la devaluación de la moneda. Siete años después, en 1989, los
hechos del “Caracazo” revelaron a su vez la profundidad de la crisis social,
catalizando la propia implosión de la clase política tradicional.

 

Auge y declive de la hegemonía bolivariana

 

Es en este contexto que emerge la figura de Hugo Chávez y su proyecto
bolivariano. Luego de un intento de golpe de Estado, en 1992, Chávez
transforma su propuesta abstencionista e insurreccional en una electoral,
ganado los comicios presidenciales a finales de 1998, capitalizando
políticamente el extendido sentimiento de cambio presente en la sociedad
venezolana. En 1999, en medio de una popularidad mayoritaria irrefutable, se
aprueba por referendo una nueva Constitución. Resaltamos el dato que
sugieren los votos: salvo en una oportunidad, el referendo para la reforma
de la Constitución de 2007, Hugo Chávez ganó consecutivamente 13 procesos
electorales. Por diferentes causas y reforzado por el uso a su favor de
todos los recursos estatales, el llamado “Zurdo de Sabaneta” contó, hasta el
momento de su muerte, con la legitimidad de la victoria en las urnas. En
contraparte, como demostró el intento de golpe de Estado de abril de 2002,
la oposición no contaba con los votos suficientes, por lo que asumió la
estrategia insurreccional para desplazar a Chávez del poder.

 

En el año 2012, último proceso electoral en Venezuela con la participación
de Hugo Chávez, el bolivarianismo obtuvo el mayor caudal electoral en su
historia como movimiento político: 8.191.132 votos, millón y medio por
encima de la cifra de la oposición, que terminó en 6.591.304 votos. Sin
embargo, al realizar una proyección de las curvas de crecimiento, tanto de
la votación oficialista como la opositora, se podía pronosticar que ambas se
iban a encontrar en lo sucesivo. Es por esta razón que tras el anuncio de la
muerte de Hugo Chávez el gobierno organizó, en pocas semanas, un nuevo
proceso electoral presidencial para intentar capitalizar políticamente la
conmoción por su desaparición. Los resultados fueron diferentes a los
esperados: Nicolás Maduro perdió alrededor de un millón de votos, obteniendo
finalmente 7.575.704 sufragios, siendo su margen de diferencia sobre la
oposición apenas el 1.7% del total de papeletas.

 

Del autoritarismo a la dictadura

 

Es en este momento, frente a la posibilidad de convertirse en poco tiempo en
mayoría, que la oposición abandona la estrategia insurreccional para
centrarse en la electoral, legalista e institucional. La ausencia de Hugo
Chávez, pero especialmente la emergencia de la crisis económica debido al
retroceso de los precios internacionales del petróleo y el gas, pasaron
factura en el próximo certamen electoral, diciembre de 2015, cuando se
realizaron los comicios a la Asamblea Nacional. Es aquí que el
bolivarianismo obtiene el peor resultado electoral de su historia: Dos
millones de sufragios por debajo de la votación opositora, que finalmente
recibió 7.726.066 sufragios sobre 5.622.844 de la bolivariana. Al no poder
revertir esta tendencia a corto plazo, y haberse convertido en una minoría
social y electoral respecto a los opositores, Nicolás Maduro y su gobierno
asumen una estrategia insurreccional e ilegal para mantenerse en el poder.
Deciden convertirse en una dictadura del siglo XXI, cuyo antecedente
inmediato en América Latina fue el régimen de Alberto Fujimori en el Perú,
entre los años 1990 y 2000.

 

En un apretado resumen, los principales hitos del tránsito a un gobierno
dictatorial fueron: renovación irregular de jueces de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo (TSJ) de Justicia, con el objetivo de declarar como
“constitucionales” todas las decisiones arbitrarias que vendrían; aprobación
de un marco jurídico para sustituir la Constitución, el Decreto de Estado de
Excepción y Emergencia Económica, en mayo 2016; suspensión indefinida de los
procesos electorales pendientes, en octubre de 2016; anulación de las
competencias de la Asamblea Nacional, en febrero 2017, mediante sentencias
del TSJ; justificación legal del uso del paramilitarismo para enfrentar
protestas mediante la aprobación del llamado “Plan Zamora”, abril 2017 y,
finalmente, la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente,
en mayo de 2017, de manera muy diferente a cómo se había realizado un
proceso similar a comienzos del año 1999.

 

Debemos insistir en el dato electoral para entender los matices de la
situación venezolana. Luego de la suspensión del referendo revocatorio
presidencial, un derecho presente en la Constitución y al cual el propio
Hugo Chávez se sometió en el año 2004; y luego de las elecciones al
Parlamento, en diciembre 2015, el gobierno debía implementar una fórmula
para ganar elecciones a pesar de ser una minoría. Los esfuerzos se debían
basar en dos objetivos: 1) Emitir todos los mensajes posibles que generaran
desconfianza en el electorado en la potencialidad del voto para generar un
cambio político en Venezuela y 2) Mantener la mayor cantidad de votación
oficialista posible, logrando una votación opositora menor pero suficiente
para mostrarla como representativa y legitimadora del propio proceso
electoral.

 

Fue así como el 15 de octubre, 10 meses después de cuando legalmente
debieron realizarse, Nicolás Maduro convoca las elecciones a gobernadores y
alcaldes. Para promover la desconfianza en el voto lo primero que se anunció
fue que los candidatos electos debían juramentarse ante la ilegal e
impopular Asamblea Nacional Constituyente. Se colocaron trabas burocráticas
para la inscripción de candidatos y se redujeron los tiempos para la campaña
electoral. Esto afectó no sólo a los candidatos opositores, sino que la
ilegalización de partidos políticos incluyó a las organizaciones del llamado
“chavismo disidente” que deseaban participar en las elecciones e intentar
capitalizar a su favor el descontento de los chavistas de base con la cúpula
gobernante. 

 

Luego se inhabilitaron tarjetas electorales en 7 estados del país, se
prohibió la sustitución de candidatos renunciantes a pesar de estar
permitido en las normas y no se permitió la presencia de observadores
independientes nacionales e internacionales. Sobre la estrategia de mantener
la mayor cantidad de votos por el oficialismo y disminuir los opositores, a
última hora se eliminaron y reubicaron 274 centros electorales, afectando a
más de 700.000 electores; uso de los recursos públicos para promover
candidaturas oficiales, que incluyó la base de datos por las cuales se
vendían alimentos a precio regulado, conocido como bolsas o cajas CLAP
(Comité Local de Abastecimiento y Producción); amenazas y coerción a
empleados públicos, uso de grupos civiles de motorizados, con símbolos de
las organizaciones paramilitares, para hostigar centros de votación y
atemorizar electores y, finalmente, robos de personas en las inmediaciones
de centros electorales, a pesar de la presencia de los militares del llamado
“Plan República”, donde se suponía que la oposición lograría mayoría. Y
finalmente, la manipulación de actas electorales, como ocurrió en el estado
Bolívar, que restó la victoria del opositor Andrés Velásquez. El repertorio
fue tan amplio como efectivo, y continuó después del día de votación. Juan
Pablo Guanipa fue un opositor que ganó la gobernación en el segundo estado
en importancia del país, Zulia, pero tras negarse a juramentarse ante la
Asamblea Nacional Constituyente el TSJ anuló su victoria y ordenó repetir
las elecciones en esa entidad.

 

Los resultados favorables provocaron que el gobierno adelantara 7 meses las
elecciones presidenciales para aprovechar la desconfianza promovida en la
posibilidad de un cambio por la vía electoral. Entre las irregularidades
presentes en el proceso del 20 de mayo de 2018 se encontraban los obstáculos
para el ejercicio del derecho a la libre asociación política, dejando fuera
de la contienda a los principales partidos políticos opositores, Primero
Justicia y Voluntad Popular, así como a la tarjeta de la Mesa de la Unidad
Democrática y la posibilidad de participación a las organizaciones del
llamado “chavismo disidente”, como Marea Socialista. Por otro lado se
decidió una fecha sobrevenida de la elección para favorecer al aparato
oficial, recortando drásticamente lapsos para la presentación de
candidaturas, organización del registro electoral y la realización de propia
campaña electoral. Las elecciones ocurrieron en un contexto informativo de
hegemonía comunicacional estatal, con amplio ventajismo para la opción
oficial y donde los plazos y posibilidades de difundir su mensaje limitaban
el conocimiento de propuestas alternativas en el territorio nacional.
Siguiendo el modelo nicaragüense el gobierno estimuló una oposición a su
medida. Finalmente participó como contendor por la oposición un antiguo
militante del chavismo, Henry Falcón. Finalmente 9.387.449 fueron los
votantes escrutados en los comicios de mayo 2018, 46.07% de la población
electoral, que habrían elegido a Nicolás Maduro con 6.248.864 votos sobre
los 1.927.958 sufragios recibidos por Falcón. La abstención fue la más alta
registrada en Venezuela en votaciones para presidente, desde 1958.

 

Víctor Álvarez, miembro del Centro Internacional Miranda, un think thank que
durante muchos años apoyó el proyecto de Hugo Chávez, aseguró el pasado 25
de febrero de 2019: “El chavismo, de ser el 60% en la correlación de
fuerzas, ha quedado reducido a no más de 25%”. Por otro lado, lo que
constituye un dilema para los genuinos críticos de la democracia
representativa, dentro de Venezuela el principal promotor de la abstención
en procesos electorales es la dictadura de Nicolás Maduro.

 

La hegemonía de la mirada vertical

 

Resulta curioso que dentro de la izquierda internacional, incluso en los
sectores más autonomistas y libertarios, se haga tanto énfasis al hablar
sobre Venezuela en la disputa cupular y se ignore tanto la amplia y
extendida movilización desde abajo para sacar a Nicolás Maduro del poder,
como el sufrimiento del propio pueblo venezolano.

 

En el año 2014, entre los meses de febrero a junio, se realizó un ciclo de
protestas que tuvo como características la descentralización, la diversidad
estratégica y la petición de renuncia de Nicolás Maduro como eje principal
de articulación. La respuesta estatal a las manifestaciones fueron 43
personas asesinadas, 878 lesionadas y más de 3306 detenciones. El 12 de
febrero, luego de la realización de manifestaciones simultáneas en
diferentes ciudades del país, con la participación aproximada de 800.000
personas, y el asesinato de las 3 primeras personas por agentes estatales,
una rueda de prensa de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) llamó a los manifestantes a desmovilizarse, “un luto de 3 días sin
protestas”. 

 

Las manifestaciones no sólo continuaron, sino que se incrementaron,
desobedeciendo la línea partidista oficial. Y aunque apenas el 7% del total
fue de carácter confrontativo y violento, fueron las imágenes privilegiadas
tanto en los noticieros como en el discurso oficial. Luego, en el año 2017,
las declaraciones de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz –en ese cargo desde
el año 2007- sobre la “ruptura del hilo constitucional” generó un nuevo
ciclo de protestas que duraron 4 meses, con movilizaciones en todo el país,
y que generaron un saldo represivo, según el informe del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de la ONU, de 124 personas asesinadas en el contexto de
protestas, 5.051 personas detenidas y 609 manifestantes procesados por la
justicia militar. 

 

La magnitud de la indignación de las multitudes fue tan amplia, que el
propio gobierno contabilizó que en esos 4 meses habrían ocurrido 9.436
protestas en todo el país, para un promedio de 78 manifestaciones cada día.
Luego de la experiencia del 2014, los políticos participaron en las
movilizaciones, especialmente los primeros días y particularmente los
diputados opositores más jóvenes, en un liderazgo que no era unidireccional,
sino compartido, pues los manifestantes exigían un ritmo constante de
presencia en la calle. En esta oportunidad las demandas fueron 4: respeto a
la independencia de poderes, apertura del canal humanitario, liberación de
los presos políticos y anuncio de un cronograma electoral. La estrategia era
provocar una transición pacífica por colapso, dividiendo la coalición
dominante, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Los manifestantes generaron sus
propios mecanismos de autoconvocatoria, autoregulación en la protesta y
autoprotección, como lo demostró la expansión de los llamados “cascos
verdes”, un grupo de socorristas voluntarios que nació y se expandió en las
propias manifestaciones. Las manifestaciones fueron tan intensas que para
apaciguarlas el bolivarianismo sacrificó el último símbolo que quedaba del
legado de los días de Hugo Chávez: La Constitución de 1999, imponiendo una
Asamblea Nacional Constituyente que, formalmente, tiene como objetivo
principal la redacción de una nueva carta magna. Aquella gesta ciudadana no
sólo fue ignorada por la mayoría de la izquierda internacional, sino
criminalizada al amplificar las acusaciones contra ella difundidas por el
gobierno venezolano.

 

Antes de avanzar a los hechos más recientes nos gustaría citar algunas
estadísticas que reflejan la profundidad de la crisis venezolana, que según
las estimaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU,
ha ocasionado que 3 millones de personas hayan literalmente huido del país,
en un corto plazo, generando la peor crisis migratoria de la historia
reciente en América Latina. Como se privilegió la importación, en tiempos de
altos recursos, desde el año 2014 la producción local de alimentos, que ya
era insuficiente, disminuyó en 60%, mientras que sus volúmenes de
importación han bajado en 70% entre los años 2014 y 2016. Un estudio de
Caritas en sus comunidades beneficiarias determinó que el 64% de los
venezolanos habría perdido 11 kg de peso entre los años 2016 y 2017,
mientras el 63% redujo la cantidad de comidas al día. En el año 2016 las
muertes maternas, un indicador internacional sobre la situación de pobreza
en un país, había aumentado 66%, Por otra parte, los gremios han denunciado
que la escasez de medicamentos se calculaba, para diciembre de 2018, en 85%,
mientras el 79% de los hospitales no reciben agua de manera regular y el 53%
de los quirófanos de los hospitales públicos están cerrados. Es tanta la
desconfianza en el sistema público de salud que ellos mismos han
administrado que los altos jerarcas del régimen, incluyendo el propio Hugo
Chávez en su momento, atienden su situación de salud y la de sus familiares
en hospitales de otros países. Según las tres principales universidades del
país, el 48% de los hogares venezolanos tendrían sus necesidades básicas
insatisfechas. Todos los indicadores económicos están transitando de la
catástrofe al horror, siendo la inflación esperada para este 2019 mayor de
10.000.000 % y el salario mínimo, para el 30 de enero, equivalente a 5,45
dólares al mes.

 

Luego de la muerte de Hugo Chávez han surgido diferentes grupos que,
calificados como chavismo “crítico”, “disidente” u “originario” han venido
denunciando al gobierno de Nicolás Maduro como “traidor al legado de
Chávez”. Sobre este grupo ha recaído una represión feroz. Un informe de la
ONG Provea contabiliza en 46 los casos de chavistas disidentes que han
sufrido cárcel, despido y amenazas a su integridad física. El caso más
conocido es el de Miguel Rodríguez Torres, ex director de la policía
política SEBIN y ex Ministro de Interior y Justicia en 2014, que fue
encarcelado en marzo de 2018 por sus críticas al gobierno. El más reciente
es el asesinato de Alí Domínguez, el pasado 28 de febrero, quien venía
denunciando la corrupción, el acoso a los periodistas y las violaciones de
derechos humanos del gobierno.

 

La encrucijada de 2019

 

El 21 de enero de 2019 alrededor de 30 funcionarios de la Guardia Nacional
Bolivariana desconocieron en redes sociales la autoridad de Nicolás Maduro,
lo que originó una cadena de protestas en los barrios del oeste de Caracas y
de otras ciudades. Durante una semana los sectores populares del país
encabezaron un ciclo de protestas que fue respondido duramente por el
gobierno, debido a su alto costo simbólico. En una semana fueron asesinadas
43 personas, 35 de ellas en el contexto de protestas y 8 restantes
identificadas y asesinadas después de haber participado en ellas. De las 35
una cifra de 25 había participado en un cierre de calle y 10 en un saqueo o
intento de saqueo, dos de los mecanismos privilegiados de protesta en los
sectores populares del país.

 

El actual conflicto venezolano ha dejado de ser 1) De clases, dado la
incorporación de los sectores populares a las demandas de cambio,
visiblemente desde el 2017 y claramente en este 2019 y 2) Ideológico,
cambiando la antigua polarización chavismo versus antichavismo por una
nueva, democracia contra dictadura, como lo refleja la incorporación de los
chavistas disidentes a los esfuerzos y movilizaciones por el tránsito a la
democracia.

 

Las razones profundas del conflicto, la pobreza atroz de la población y la
falta de democracia, son obviadas por quienes intentan simplificarlo a una
supuesta confrontación entre el gobierno de Estados Unidos, encabezado por
Donald Trump, y Nicolás Maduro. Esta visión colonialista ignora el papel de
los gobiernos latinoamericanos, la mayoría agrupados en el llamado “Grupo de
Lima”, que han tenido que asumir iniciativas cuando sus territorios fueron
desbordados por la migración venezolana y, en menor medida, México y
Uruguay. Otro contrapeso internacional es la Unión Europea, donde casi todos
sus países miembros han desconocido el segundo período presidencial de
Nicolás Maduro, por ser consecuencia de un fraude electoral, y han promovido
un mecanismo llamado “Grupo de Contacto” para presionar por una salida
negociada, que pase por la realización de elecciones.

 

No obstante, detengámonos en el papel de Estados Unidos en la situación
venezolana.

 

Aquí debo recomendar el mejor análisis que he leído sobre Venezuela, una
entrevista al periodista francés radicado en Quito, Marc Saint Upéry (ver:
https://correspondenciadeprensa.com/2019/03/13/venezuela-analisis-el-apoyo-a
-maduro-es-claramente-muy-minoritario-marc-saint-upery-entrevistal
<https://correspondenciadeprensa.com/2019/03/13/venezuela-analisis-el-apoyo-
a-maduro-es-claramente-muy-minoritario-marc-saint-upery-entrevistal>  y
http://alencontre.org/laune/venezuela-la-gauche-et-les-faux-semblants-de-la-
crise-venezuelienne.html#more-56435)
<http://alencontre.org/laune/venezuela-la-gauche-et-les-faux-semblants-de-la
-crise-venezuelienne.html#more-56435>  quien divide en dos las opiniones de
izquierda internacional sobre el tema:

 

“Un delirio total sobre la intervención imperialista (…) que demuestra hasta
qué punto hoy el antiimperialismo latinoamericano, y no solo
latinoamericano, es una ideología zombi y un vector de colosal ignorancia,
paradójicamente, sobre el mismo imperio y los mecanismos de su
funcionamiento real” y, por otro lado, “Una ignorancia teórica y empírica
abismal sobre la naturaleza y la evolución del régimen chavista-madurista,
acompañada por una falta total de imaginación moral y empatía humana por la
suerte del pueblo venezolano real y no fantaseado”.

 

Sobre la ascendencia de Washington sobre Venezuela, responde: “Hubo una
especie de bluf cruzado, de apuesta un poco teatral y arriesgada, entre
Voluntad Popular –el partido político de Juan Guidó- y los «neocons»
estadounidenses, cada uno tratando de instrumentalizar al otro al servicio
de sus propios objetivos inmediatos, con la intermediación compleja de
varios actores que hacen de «policías malos» (Almagro, el Grupo de Lima) o
«policías buenos» (Uruguay, la Unión Europea).

 

Tanto la supuesta «amenaza de intervención militar» estadounidense como la
«presidencia» de Guaidó son ficciones productivas que desbloquearon una
situación totalmente bloqueada por el poder, pero pueden entrar en un
espiral destructiva en función de la extrema volatilidad del escenario”.
Según su criterio, que comparto, la sintonía entre la fracción
“neoconservadora”, encabezada por John Bolton, y los “halcones más
especializados en política hemisférica”, como Elliot Abrams o Marco Rubio,
no cuentan con el consenso del Congreso de Estados Unidos que valore a
Venezuela como una amenaza a su seguridad, ni de la opinión pública de los
ciudadanos de ese país ni tampoco del apoyo del Pentágono o del aparato de
seguridad. ¿Es posible oponerse, siquiera, a la sugerencia de intervención
militar estadounidense y a la vez denunciar el modelo opresor que significa
Nicolás Maduro y su gobierno? Claro que sí, y es lo que muchos venezolanos
estamos haciendo en este momento.

 

El eclipse del progresismo latinoamericano y la ausencia de crítica al
chavismo por parte de la izquierda internacional regaló, en bandeja de
plata, las demandas democratizadoras del pueblo venezolano a los sectores
más conservadores. Si a esto le sumamos el profundo desprestigio que el
bolivarianismo ha endosado a cualquier proyecto alternativo al capitalismo
dentro de Venezuela, es comprensible que para cualquier joven no mayor de 25
años, protagonistas de las protestas dentro del país, la izquierda no sólo
haya dejado de ser un referente, sino que es la principal ideología a
combatir. En esto coincido con Marc Saint Upery cuando afirma que “aunque
nos duela, hay que mirar la realidad en frente: hoy en Venezuela, el
«socialismo», la «revolución», el «antiimperialismo», son palabras obscenas
y probablemente lo seguirán siendo por lo menos durante los próximos 25 o 30
años”.

 

Salir de Maduro como requisito para cualquier posibilidad

 

Con todo y lo anterior, hay mucho espacio para la esperanza. El
bolivarianismo no fue una ruptura sino una continuidad de las principales
matrices políticas, económicas y socioculturales venezolanas, por lo que
cualquier escenario posterior dará la oportunidad de superar sus aspectos
más negativos, como el caudillismo y la dependencia del extractivismo. Por
otro lado, a pesar de la actual popularidad de Juan Guaidó –quien ha
convocado jornadas nacionales de protesta en todo el país, incluyendo
pueblos y zonas rurales-, la crisis de representatividad política se
mantiene, como reflejan los estudios de opinión que lo ubican como el único
político en el país con mayor tasa de aprobación que de rechazo. Siendo así,
hay condiciones objetivas para promover otras formas de acción política,
menos dependientes de las etiquetas y más a sus resultados, que para
nosotros deberían ser la re-creación y fortalecimiento de un tejido
asociativo y cooperativo a nivel de base.

 

La salida de Nicolás Maduro y su gobierno del poder, y el regreso a las
formalidades democráticas, permitirán condiciones para la actuación de
movimientos sociales autónomos e independientes, ahora negado de plano por
las condiciones políticas, económicas y culturales impuestas por la
dictadura. No sólo es improbable, sino que es desmovilizador promover una
hipotética propuesta de “salida por la izquierda”, como hace buena parte del
trotskismo local e internacional, o un maximalismo sin ningún tipo de
incidencia ni capacidad para promoverlo, “Ni Maduro Ni Guaidó”, como repiten
algunos anarquistas. Por ahora, todos los esfuerzos deben ser para salir de
la dictadura y generar un escenario sociopolítico diferente, donde podamos
de nuevo aspirar a generar una propuesta, pero especialmente una práctica,
alternativa, social y libertaria para el país. 

 

* Periodista y sociólogo. Coordinador General de Provea (Programa Venezolano
de Educación Acción en Derechos Humanos) desde 2015. Es miembro de la
Internacional de Resistentes a la Guerra  y la Red Antimilitarista de
América Latina y el Caribe (RAMALC).

 

Nota

 

1) El “Pacto de Punto Fijo”, fue un acuerdo entre los dos principales
partidos venezolanos (Acción Democrática y Copei) para turnarse en el poder
luego del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, en marzo de 1958.
(Redacción Correspondencia de Prensa). 

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