Colombia/ Sistemáticamente. Cientos de líderes sociales asesinados [Camilo Rengifo Marín]

Mie Abr 10 00:18:46 UYT 2019

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Correspondencia de Prensa

10 de abril 2019

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Colombia

Cientos de líderes sociales sistemáticamente asesinados 

Camilo Rengifo Marín *

Nodal, 9-4-2019

https://www.nodal.am/

Casi cinco centenares de líderes sociales, a lo largo y ancho de Colombia,
han sido asesinados en los últimos tres años, pero miles más que luchan por
la autonomía de sus territorios y los derechos de campesinos e indígenas,
siguen en peligro ante la desidia o desinterés del gobierno del
ultraconservador Iván Duque. ¿Cambiará algo ahora que la Fiscalía reconoció
sistematicidad de estos crímenes?

En una carta del fiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez, a la
fiscal de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), Fatou Bensouda, el
polémico funcionario asegura que las investigaciones por los asesinatos de
265 líderes sociales sí avanzan, y se han identificado los autores
materiales de 151 asesinatos. ¿Y los autores intelectuales?

La Defensoría del Pueblo, por su parte, afirma que son 498 asesinatos de
líderes sociales entre enero de 2016 y el 27 de marzo último. Los líderes
caen por sostener su lucha y detrás de cada asesinato está involucrada una
organización criminal, pero el gobierno no ha avanzado (¿lo ha queirdo?) en
marcar a los autores intelectuales.

Casi en cualquier punto del mapa de Colombia han ocurrido atroces episodios
de violencia en los que perdió la vida un líder social. En Santa Marta
silenciaron a una víctima de desplazamiento que recién había recuperado sus
tierras. En Cauca debilitaron la lucha contra los sembrados de coca. En el
Valle sacaron del camino a un defensor que hacía los esfuerzos
anticorrupción, y en el Catatumbo callaron a un líder político, señala la
revista Semana en su informe “Líderes sociales, ¿quién podrá defenderlos?”

Mientras, desde el 28 de marzo decenas de colombianos que residen en Europa
marchan a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya para exigir que
se investiguen las ejecuciones extrajudiciales (llamadas también falsos
positivos) y el asesinato de líderes sociales en Colombia, y manifestar su
preocupación por que el asesinato de líderes sociales quede en impunidad, al
considerar que “las investigaciones no avanzan”.

Entre las organizaciones que participan de la marcha están Colombia Humana
(Londres), el colectivo Asdrúbal Jiménez (Ají), Marcha Patriótica, Congreso
de los Pueblos y el Grupo Europa de familiares de detenidos y desaparecidos
en Colombia.

Antonio Ramírez, miembro de Colombia Humana y uno de los organizadores de la
caravana, aseguró que “las investigaciones no avanzan y, hasta hace muy
poco, en parte gracias a la presión internacional que se hizo, el fiscal (o
el gobierno en cabeza del fiscal), aceptó que hay una sistematicidad. Pero,
hay una responsabilidad por parte del Estado en lo que tiene que ver con la
omisión y, en muchos casos también, quizá, con acción de agentes estatales
que, al parecer, estarían involucrados en los asesinatos de líderes
sociales”.

En su carta, el fiscal Martínez, admitió que entre el 1 de enero de 2016 y
el 27 de marzo de 2019 han sido asesinados 265 defensores de derechos
humanos (según el registro de la Oficina del Alto Comisionado de la
ONU–OACNUDH–). y, se ha identificado a los autores de 151 casos (57 % de las
cifras parciales que maneja la Fiscalía), de los cuales, en 29 ya hay
sentencias condenatorias, 53 están en juicio, en 35 se han imputado cargos,
en 31 hay órdenes de captura y otros tres precluyeron por la muerte de los
sindicados.

Añadió que también se está investigado a los autores intelectuales de los
asesinatos de los líderes sociales y explicó que en el “21,85 % de los casos
en avance de esclarecimiento se ha podido establecer la autoría intelectual
de los graves crímenes”..

Según un estudio publicado por la Comisión Colombiana de Juristas, la
Universidad Nacional y varias organizaciones sociales a inicios de 2019,
muestra que, en la mayoría de los casos de defensores asesinados, éstos eran
líderes de juntas de acción comunal (61), seguidos por líderes
cívico-comunales (52), líderes indígenas (31), líderes campesinos (28),
líderes afro (24), líderes de movimientos políticos (18), activistas de
víctimas (12), líderes sindicales (9), activistas ambientales (7),
reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos humanos (5),
miembros de la comunidad LGBT (4) y líderes juveniles (3).

Sistematicidad, un hecho probado

Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional,
la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y varias organizaciones sociales
ilustra cómo el asesinato de líderes sociales en Colombia es el resultado de
“una violencia metódica y no aleatoria”, desde la firma del Acuerdo de Paz
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos van en
aumento. Esa tendencia, que se ha hecho evidente por las denuncias de
múltiples organizaciones de derechos humanos y de entidades como la
Defensoría del Pueblo. El estudio, titulado “¿Cuáles son los patrones?
Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo”, no se limitó a dar una
cifra consolidada de homicidios, sino a analizar los casos para “evidenciar
elementos en común, condiciones compartidas que definen posibles patrones
identificables en los crímenes, así como la correlación entre los crímenes
con otras variables”.

Su intención fue explicar que ha habido una sistematicidad en los ataques
contra los líderes sociales. Mientras era ministro de Defensa de Juan Manuel
Santos, Luis Carlos Villegas lanzó la infortunada explicación de que, en su
“inmensa mayoría”, estas muertes eran “fruto de un tema de linderos, de un
tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas”, Camilo Bonilla, coordinador
del Área de Investigación de la CCJ, afirmó que sí hay sistematicidad: así
lo deja en claro la coincidencia que encontraron en los múltiples patrones
que fueron analizados.

El análisis se centró en identificar los patrones en cinco escenarios: la
naturaleza del fenómeno, el tipo de víctimas, el tipo de victimarios, el
modus operandi en los distintos casos y la espacialidad de los crímenes. Y,
en efecto, fueron múltiples las coincidencias encontradas en los 343 casos
que fueron analizados y que ocurrieron entre el 1° de enero de 2016 y el 31
de julio de 2018, el período comprendido por la investigación.

Son varios los datos que proporciona el estudio. Sobre quiénes cometen los
crímenes, señala que en 118 casos no se ha identificado a los autores, 44
fueron cometidos por paramilitares, 35 por grupos armados sin identificar,
19 por disidencias de las Farc, 15 por un civil que ha sido capturado, pero
no se ha identificado si pertenece a alguna organización, 11 por el
Ejército, 8 por el Eln, 4 por seguridad privada, 3 por la Policía Nacional y
2 por el Epl.

Además, muestra que la mayoría de los casos analizados eran líderes de
juntas de acción comunal (61), seguidos por líderes cívico-comunales (52),
líderes indígenas (31), líderes campesinos (28), líderes afro (24), líderes
de movimientos políticos (18), activistas de víctimas (12), líderes
sindicales (9), activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6),
abogados defensores de derechos humanos (5), miembros de la comunidad LGBT
(4) y líderes juveniles (3).

Los líderes sociales, víctimas de ataques, son caracterizados como personas
que “llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito
local que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos
económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la
sociedad como inscritos en la legalidad”. El informe agrega que un factor de
riesgo es si el trabajo del líder es local o regional, pues cuando su
visibilidad es nacional tiene mayor protección.

El informe señala, igualmente, que la violencia contra los líderes sociales
no es un fenómeno accidental ni fortuito, sino que su naturaleza es
“repetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera
reiterada, metódica y no aleatoria”. E insiste en que “son selectivos y no
indiscriminados”, pues, antes del atentado, se identifica a la víctima a la
que se dirige el ataque.

Como causa de esta conclusión el estudio señala que 106 líderes sociales
(casi la mitad de las víctimas entre 2016 y 2018) fueron asesinados en sus
viviendas y otros 100 también sufrieron atentados en sus casas, lo que
demostraría que hay “actividades de planeación y seguimiento a la víctima
por parte de una estructura criminal con dominio territorial”. Otro elemento
que probaría esta hipótesis es que la mayoría de los ataques son cometidos
por sicarios.

El estudio también muestra que las autoridades llevan su parte: “En
ocasiones los crímenes son antecedidos o seguidos de señalamientos,
discursos estigmatizantes o de negación ya sea del fenómeno, de la
existencia de los victimarios o de la condición de defensor de derechos
humanos de la víctima. Estos discursos son elaborados por parte de
autoridades locales, regionales y nacionales”.

Fabio López, docente del EPRI dijo a El Espectador que los asesinatos
también son el resultado de la ineficiencia del Estado para llegar a las
zonas que fueron dejadas por los exguerrilleros de las Farc, un fenómeno
que, según él, también sucedió cuando se desmovilizaron grupos paramilitares
entre 2003 y 2007.

“El Estado tiende a negar su propia participación. Hay un negacionismo no
solo frente al fenómeno de la muerte de los líderes sociales, sino también
frente a la participación de actores institucionales en estos asesinatos.
Además, es un Estado que no controla su territorio, con instituciones muy
ineficientes y sin un norte para la integración socioterritorial”, afirmó
López.

Resistencia indígena 

Con su paro activo, los indígenas han puesto al descubierto desde hace casi
un mes el fracaso del estado de derecho, y entraron en rebelión en el
suroeste del país poniendo en el tapete las décadas de olvido y de
incumplimiento a decenas de pactos y acuerdos firmados, y siempre
traicionados. Y siguen luchando en defensa de sus territorios ante la
sistemática invisibilización por parte del poder fáctico, del cual la
distorsión de los hechos por parte de los medios masivos de comunicación es
parte crucial.

Campeisnos e indígenas controlan los caminos, las veredas, las trochas,
basados en otra cosmovisión, y con sus luchas de estos días han trazado una
nueva situación geopolítica en sus territorios, en los que combinan sus
memorias y luchan por un futuro en el que la naturaleza, su cultura y la
defensa de la vida no estén separadas, y puedan superar cinco siglos de
violencia, muerte y la tragedia.

La capacidad de resistencia de los 100 pueblos indígenas, no cabe en la
lógica del poder hegemónico, aun cuando sean constitucionalmente reconocidos
en un país que se dice diverso, multicultural y de pluralismo jurídico. Lo
que proponen lejos está de las implicaciones militares que esgrime el
gobierno, que infiltra sus procesos organizativos, provoca, sobrevuela sus
territorios con aviones de guerra (desde bases propias y estadounidenses),
aumenta la represión y amenaza con judicializar a sus líderes.

Mientras los ojos del país se enfocan inevitablemente en 400 líderes
asesinados en los últimos tres años, también debe mirar prioritariamente a
los miles que debe proteger. De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional de
Protección, 4.487 líderes sociales y defensores de derechos humanos cuentan
con un esquema que contempla celulares, chalecos blindados, hombres de
protección, vehículos blindados y convencionales, dice Semana. De poco ha
servido todo esto, hasta ahora

Para las organizaciones sociales es urgente que el Estado, al cual le ha
costado mucho admitir la sistematicidad de estos crímenes, elabore una
política pública de protección de líderes, pero que se construya con la
participación de las comunidades para que sea realmente útil. Pero Iván
Duque sigue mirando hacia otro lado: cree que amenazando una confrontación
con Venezuela, los colombianos van a olvidar esta guerra de aniquilamiento
sistemático. 

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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