Chile/ El pulso por el futuro. Cincuenta días en la calle. [Raúl Zibechi - Francisco Claramunt]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

6 de diciembre 2019

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Chile

 

Cincuenta días en la calle

 

El pulso por el futuro

 

La revuelta chilena ha sido atacada por los carabineros y cercada mediática
y políticamente por los partidos políticos. Sin embargo, no pierde su fuerza
y se amplía con la masiva participación de mujeres jóvenes y,
progresivamente, de los pueblos originarios.

 

Raúl Zibechi, desde Santiago

Brecha, 6-12-2019

https://brecha.com.uy/

 

“Volvimos a ser pueblo”: un sencillo cartel pintado sobre papel, colocado
por una comunidad de vecinos sobre la avenida Grecia, es un grito de
protesta contra el neoliberalismo que convirtió a las gentes en apenas
consumidoras. Pero también conforma todo un programa político y una ética de
vida, en apenas cuatro palabras.

 

No muy lejos de allí, la céntrica Plaza de la Dignidad, nombre con el que la
revuelta chilena ha rebautizado a la Plaza Italia, parece zona de guerra.
Los comercios están cerrados en varias cuadras a la redonda, engalanados con
pintadas multicolores que denuncian la represión e incitan a la revuelta
contra las más diversas opresiones. Los y las jóvenes no la quieren
abandonar. Sostienen que el día que la protesta abandone la calle estará
todo perdido. Una lógica implacable, pero difícil de sostener después de 50
días de movilizaciones.

 

La mayoría de las pintadas en muros de los alrededores, y en muros de todo
Chile, cientos de miles, denuncian la violencia de Carabineros. “Nos violan
y nos matan”, “No más abuso”, “Pacos asesinos”, “Paco culiao”, y así
indefinidamente. Sobre una lágrima de sangre que resbala por una pared se
puede leer: “Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara”.

 

Los medios de la derecha destacan que los muros “rayados”, que se pueden ver
hasta en los más remotos rincones de la ciudad, ensucian Santiago. Como
suele suceder, conceden mayor importancia a las pérdidas materiales que a
los ojos de los 230 manifestantes cegados por los balines de los carabineros
y que a las vidas de las casi tres decenas de asesinados por las fuerzas
represivas desde mediados de octubre.

 

Además de los dedicados a Carabineros, abundan también los muros feministas,
donde se ataca frontalmente la violencia machista y el patriarcado. Pintadas
en tonos violetas y lilas que se entremezclan con las jaculatorias contra la
represión. Pero la palma a la creatividad en las protestas se la lleva la
performance “Un violador en tu camino”, creada por Las Tesis, un colectivo
interdisciplinario de mujeres de Valparaíso. Ha sido reproducida millones de
veces en las redes y replicada en casi todas las capitales latinoamericanas
y europeas.

 

Incluso los medios del sistema (desde Radiotelevisión Española y Cnn hasta
el argentino Clarín) debieron dar cuenta de esa intervención callejera, una
denuncia a ritmo de rap que pone en la mira tanto al gobierno como a los
jueces y la policía. El seguimiento masivo que ha despertado muestra tanto
la indignación mundial con la salvaje represión en Chile como la creciente
influencia del feminismo en las protestas, con voces y estilos propios.

 

Las estatuas son un tema aparte. Se dice que son más de treinta las figuras
de militares y conquistadores que fueron grafiteadas, desde Arica, en la
frontera con Perú, hasta el sur mapuche. En la Plaza de la Dignidad, la
figura ecuestre del general Baquedano ha sido pintada y tapada parcialmente.
La historiografía de arriba lo considera un héroe de la guerra del Pacífico
contra Perú y Bolivia, cuando el país vecino perdió su salida al mar.

En Arica, los manifestantes destruyeron una escultura en piedra de Cristóbal
Colón, que llevaba más de un siglo en el lugar. En La Serena, rodó la
estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre y en su lugar los
vecinos colocaron la escultura de una mujer diaguita. En Temuco removieron
el busto de Pedro de Valdivia y su cabeza fue colgada en la mano del
guerrero mapuche Caupolicán.

 

Pedro de Valdivia está en la mira de los manifestantes. El militar, que
acompañó a Francisco Pizarro en la guerra de conquista y exterminio en Perú,
fundó, con el mismo método, algunas de las principales ciudades de Chile,
desde Santiago y La Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de las
figuras más odiadas por la población. Su estatua estuvo a punto de ser
derribada en la céntrica Plaza de Armas.

 

Pero el hecho más simbólico sucedió en Concepción, 500 quilómetros al sur de
Santiago. Cientos de jóvenes se concentraron en la Plaza de la
Independencia, donde derribaron su estatua el mismo día, 14 de noviembre,
que se conmemoraba el primer aniversario del homicidio de Camilo
Catrillanca, comunero mapuche muerto a manos de Carabineros. El crimen
suscitó una amplia reacción popular en 30 ciudades del país. En algunos
barrios de Santiago hubo cortes de calles y caceroleos durante más de 15
días. Un año después, la mapuche es la bandera más ondeada en las protestas
chilenas.

 

Trawün mapuche en Santiago 

 

El último sábado de noviembre, la Coordinación de Naciones Originarias,
nacida durante el estallido, convocó a un trawün (encuentro, en mapudungun),
en el centro ceremonial de Lo Prado, en la periferia de la ciudad. Acudieron
mapuches de diversos barrios de Santiago (Puente Alto, Ñuñoa, Pintana, entre
otros), donde ya han realizado varios trawün locales. El encuentro se inicia
con una ceremonia dirigida por tres longkos (autoridades comunitarias),
seguida con cánticos y rezos de unas sesenta personas bajo un sol vertical.
Luego de que la Pachamama les concediera permiso, se iniciaron las
discusiones en dos grupos para abordar cómo deben posicionarse en los
debates sobre una reforma de la Constitución.

 

Las mujeres, engalanadas con trajes tradicionales, participaron tanto o más
que los varones, ataviados con vinchas azules. Rápidamente se constataron
dos posiciones. Una proponía participar en las elecciones para la Convención
Constituyente a celebrarse en abril (véase recuadro). Como los partidos que
firmaron el pacto denegaron la posibilidad de que los pueblos originarios
tengan un distrito electoral especial, el debate se trasladó para discutir
los caminos a seguir. Esta posición ha venido creciendo desde el estallido,
aunque nació hace casi dos décadas, y recibe el nombre de
“plurinacionalidad”. Ya que los mapuches no quieren ser elegidos en los
partidos existentes, algunos participantes (varias de ellas mujeres)
propusieron la formación de un partido electoral mapuche. Esta corriente de
pensamiento tiene mayor arraigo en las ciudades, particularmente en
Santiago, donde viven cientos de miles de mapuches. Su núcleo está en las y
los universitarios que emigraron del sur y hoy están establecidos en la
ciudad. Emite un discurso coherente y potente, y argumenta que hay poco
tiempo para tomar este camino, ya que la convocatoria para elegir
constituyentes se concreta en abril.

 

La otra corriente defiende la autodeterminación y la autonomía, posiciones
tradicionales de las comunidades mapuches del sur, las más afectadas por la
represión del Estado chileno, por la militarización de sus territorios y por
el despojo a manos de las empresas forestales. Esas son también las
comunidades que encabezan la recuperación de tierras y las que mantienen
viva la llama de la nación y la identidad tradicional mapuche. Durante el
trawün, una mujer de mediana edad recordaba que “ya tenemos nuestro propio
gobierno y nuestro parlamento, no necesitamos de los políticos”. Y un joven
vehemente se preguntaba: “¿Realmente queremos tener un escaño dentro de la
política winka [blanca]?”.

 

Asambleas, barrios y clases 

 

El colectivo Caracol, que trabaja en educación popular en los espacios y
territorios de las periferias, sostiene en sus análisis semanales que el
“acuerdo de paz” firmado a las tres de la madrugada del 24 de noviembre por
todo el arco político –menos el Partido Comunista– le otorgó “una sobrevida”
al gobierno de Piñera (colectivo Caracol, 25-XI-19).

 

El propio nombre del pacto delata a sus inspiradores. Si se trata de paz,
dice Caracol, es porque hubo una guerra, que es lo que viene diciendo Piñera
desde el primer día del estallido. La convocatoria a una convención
constituyente acordada en contra de una asamblea constituyente como la que
defienden los movimientos impone varios filtros.

 

“Esta Convención no estará compuesta por ciudadanos ni representantes de los
movimientos sociales y populares, sino por quienes designen los partidos
políticos existentes”, estima Caracol. Agravio al que deben sumarse los dos
tercios requeridos para que se apruebe cualquier propuesta, lo que supone un
veto mayor para las propuestas de la calle. “Han demostrado que los cabildos
abiertos que se han desarrollado por todo Chile no les interesan, porque no
les interesa la deliberación popular”, sigue el colectivo Caracol.

 

Daniel Fauré, fundador de la organización, analizó en diálogo con Brecha que
la decisión del gobierno de convocar a una constituyente se tomó cuando
contempló la confluencia entre la protesta callejera y el paro nacional, la
unidad de acción entre trabajadores sindicalizados, pobladores y jóvenes
rebeldes. “Es el boicot a las asambleas territoriales, cabildos abiertos y
trawün”, señaló.

 

Llegados a este punto, debemos recordar que la dictadura de 17 años de
Augusto Pinochet se abocó a una profunda reconstrucción urbana con fines
políticos. Cuando Salvador Allende llegó al gobierno, en noviembre de 1970,
casi la mitad de la ciudad de Santiago estaba conformada por “campamentos”,
espacios tomados y autoconstruidos por los sectores populares, que de ese
modo se configuraron como sujeto político, bajo el nombre de “pobladores”, y
fueron centrales en el proceso de cambios cegado por la dictadura.

 

En la actualidad, y según un mapeo de Caracol, existen en Santiago unas 110
asambleas territoriales, organizadas en dos grandes coordinaciones: la
Asamblea de Asambleas Populares y Autoconvocadas, en la zona periférica, y
la Coordinadora Metropolitana de Asambleas Territoriales, en la zona
central. Estas asambleas contrastan, y a veces compiten, con las más
institucionalizadas juntas de vecinos. Aunque hubo un trabajo territorial
previo importante, la mayoría de estas organizaciones se formó durante el
estallido. Realizan actividades culturales recreativas, organizan debates
entre vecinos, ollas comunes, asisten a los heridos y detenidos en las
marchas y promueven caceroleos contra la represión. Muchos de sus
integrantes participan en las infaltables barricadas nocturnas.

 

Pero al igual que en los tiempos del dictador, tampoco el Chile
pospinochetista puede aceptar el activismo de los pobladores. Su clase
dominante chilena no puede concebir que los “rotos” salgan de sus barrios,
que hablen y ocupen espacios. Un relato de Caracol sobre un enfrentamiento
ocurrido a fines de noviembre, cuando un grupo de pobladores fue a
manifestarse a un shopping del sector más exclusivo de Santiago, lo dice
todo: “Bastó que un grupo de personas de la clase popular se aparecieran en
el patio de su templo del consumo en La Dehesa para que la clase alta
saltara despavorida llamándolos a ‘volver a sus poblaciones de mierda, rotos
conchadesumadre’” (colectivo Caracol, 25-XI-19).

 

Si es cierto que la revuelta de octubre de 2019 cierra el ciclo iniciado el
11 de setiembre de 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, también debe ser
cierto que se abre un nuevo ciclo, del que aún no sabemos sus
características principales. Por lo que se puede ver en las calles de
Santiago, este ciclo tendrá dos protagonistas centrales: el Estado policial
–brazo armado de las clases dominantes– y los sectores populares, afincados
en sus poblaciones y en el Wall Mapu o territorio mapuche. El pulso entre
ambos configurará el futuro de Chile.

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El pacto de los partidos por una nueva Constitución

 

Atado y bien atado

 

Francisco Claramunt

Brecha, 6-12-2019

 

“Es hora de reencontrarnos”, proclamó exultante en la sede del Congreso el
senador Felipe Harboe, cuando en la madrugada del 15 de noviembre los
representantes de los principales partidos políticos pusieron por fin su
firma al Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Harboe, ex
subsecretario del Interior durante los gobiernos de Michelle Bachelet y
Ricardo Lagos, agradeció “a todos quienes contribuyeron para llegar a este
acuerdo”: léase, a los partidos de la derecha en el gobierno, a los de la ex
Concertación, a algunos sectores del Frente Amplio, a los principales medios
de comunicación de Chile y a las cámaras empresariales, como la
Confederación de la Producción y del Comercio, cuyos voceros se apresuraron
al día siguiente a celebrar “la buena política” de la que hicieron gala los
firmantes del pacto y a llamar al retorno de la “paz social” (Emol,
15-XI-19).

 

El acuerdo establece, en primer lugar, un plebiscito en abril del próximo
año. Los chilenos deberán responder entonces si quieren o no una nueva
Constitución, y, en caso de que así sea, qué tipo de órgano debería
redactarla. Las opciones para esto último serán dos: una “convención mixta
constitucional”, compuesta en un 50 por ciento por ciudadanos electos ad hoc
y en un 50 por ciento por parlamentarios, o una “convención constitucional”
en la que todos los miembros serían electos específicamente para ese rol.

 

Sea cual sea la opción que gane, los constituyentes serán elegidos “con el
mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados”. Además, la
Convención Constituyente deberá aprobar las normas con un cuórum de dos
tercios de sus miembros en ejercicio. Funcionará por nueve meses, con
posibilidad de una prórroga de otros tres meses. Luego, lo que haya aprobado
se someterá a un referéndum ratificatorio y, finalmente, deberá contar con
el visto bueno del Congreso.

 

A pesar de la algarabía que mostraron los mercados al día siguiente de
anunciado el acuerdo, siempre hay algún detallista que queda disconforme.
“Al verdadero protagonista, que es la gente, nadie le ha preguntado nada”,
ha dicho a la prensa el secretario general del Partido Comunista, Guillermo
Teillier. Ni su partido ni el Progresista, ni varios de los que integran el
Frente Amplio, respaldan lo acordado en el Congreso el 15 de noviembre.

Tampoco lo hace la llamada Unidad Social –integrada por más de un centenar
de organizaciones sociales y en gran medida protagonista de las
movilizaciones que tienen lugar desde el 18 de octubre–, que considera que
el acuerdo “se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos
sociales” y “a medida de los partidos políticos”. Entre los integrantes de
la Unidad Social están la Central Única de Trabajadores, las principales
federaciones estudiantiles de Chile, la Coordinadora Feminista 8M, la
Coordinadora No+Afp, así como organizaciones de los pueblos originales,
medioambientales y de pobladores.

Los movimientos rechazan el cuórum elevado “que perpetúa el veto de las
minorías”, el mínimo de 18 años de edad para participar del proceso
constituyente, la falta de mecanismos de participación plurinacional y de
paridad de género, y consideran que los mecanismos de representación y
elección establecidos por el pacto son “funcionales a los partidos
responsables de la actual crisis política y social”. En su lugar, han
llamado a continuar con asambleas populares, cabildos y trawün a lo largo
del país como parte de un proceso que desemboque en una asamblea nacional
constituyente “convocada y electa por el pueblo, sin intervención del
Congreso ni del ejecutivo de turno”.

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