Haití/ En rebelión popular. Radiografía de la crisis [Arnold Antonin]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de diciembre 2019

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Haití

 

Radiografía de la crisis haitiana 

 

Haití vive un estado de rebelión popular, disgregación estatal e
incertidumbre. Todos, hasta el presidente, que resiste como puede en su
cargo, hablan de un «cambio radical», mientras las elites políticas y
económicas siguen desangrando el país. Entre tanto, el desacreditado Jovenel
Moïse se mantiene en el poder con apoyo de Estados Unidos.

 

Arnold Antonin *

Nueva Sociedad, diciembre 2019

https://nuso.org/

 

En 1986, año del derrocamiento de la dictadura de 28 años de los Duvalier,
todos los demócratas creyeron que el país había dado vuelta a la página y se
dirigía hacia un nuevo sistema político y económico, y que el modelo
depredador y la cleptocracia de un régimen de opresión iban a ser al fin
sustituidos por un Estado de derecho y de desarrollo.

 

Una nueva Constitución, aprobada en un referéndum el 29 de marzo de 1987 por
la gran mayoría de la población, cristalizaba estas aspiraciones. En el
preámbulo se instituyeron los principios de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y, además de la democracia representativa, la nueva Carta
apuntaba a la descentralización como uno de los ejes del nuevo sistema
político.

 

No obstante, este mismo año de 1987, las primeras elecciones realmente
libres fueron ahogadas en un baño de sangre atizado por los militares del
antiguo régimen y los halcones del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esas elecciones las habría ganado el fundador de la primera Liga de Defensa
de Derechos Humanos en los últimos años de la dictadura de Jean-Claude
Duvalier, el profesor y abogado Gérard Gourgue, candidato de un bloque que
abarcaba las fuerzas de izquierda y de centroizquierda. 

 

Finalmente, lo que la Guerra Fría impidió que se concretara se logró en 1990
con el triunfo electoral del cura católico Jean-Bertrand Aristide, cuyo
discurso era mucho más radical. El Muro de Berlín había caído un año antes.
La mayoría de la población vio en Aristide, como antes en Gourgue, la
esperanza de un cambio real y la realización de las aspiraciones contenidas
en la Constitución de 1987. Pero no fue el caso. Los militares volvieron a
tomar el poder pocos meses después y en octubre de 1994, al regresar
Aristide desde el exilio en un avión militar norteamericano, quedó en claro
que, más allá de las convulsiones permanentes de la coyuntura política en
Haití, el sistema que habían dejado los Duvalier no cambiaba. Al mismo
tiempo, la situación de miseria del pueblo se mantenía intacta mientras un
pequeño grupo se enriquecía, tanto por medio de negocios privados como en
los puestos políticos (o en ambos sitios a la vez). En paralelo, la
dependencia del país de la ayuda externa se acentuaba día a día.

 

Después del terremoto de enero de 2010 que destruyó gran parte Haití y puso
en evidencia su gran precariedad, se pensó de nuevo que se iba a reconstruir
el país sobre nuevas bases ecológicas, políticas y sociales. Treinta y tres
años después de la caída de la dictadura y de la nueva Constitución de 1987
y diez años después del terremoto, constatamos que solo la libertad de
palabra y la de asociación sobreviven hasta ahora como conquistas. El país
se ha hundido en una crisis multidimensional que no se puede comparar sino
con la que precedió a la ocupación militar estadounidense entre 1915 y 1934,
y quizás con la crisis de 1867-1869 que terminó con el fusilamiento del
presidente Sylvain Salnave. 

 

Los sucesivos gobiernos después de 1986 eliminaron las barreras
arancelarias, lo que contribuyó a destruir la producción local,
particularmente de arroz. El presidente Bill Clinton confesaría que una de
sus principales faltas fue haber favorecido la importación de ese cereal
estadounidense a Haití, la cual, como efecto de la economía de escala y las
subvenciones, destruyó la producción local y aumentó la dependencia
alimentaria. Esta política neoliberal ciega hace que hoy Haití importe
cuatro veces más de lo que exporta, sobre todo de Estados Unidos y de la
República Dominicana, una situación insostenible para cualquier economía
nacional.

 

Según los datos del Banco de la República de Haití (BRH), la tasa de
crecimiento para el ejercicio 2018-2019 será negativa y se situará entre
-0,6% y 0% a causa de la degradación del clima económico y de la
persistencia de los disturbios sociopolíticos. El mismo informe subraya que
no tiene en cuenta los acontecimientos que han golpeado la economía a partir
del mes de septiembre, relacionado con la crisis de las actividades
productivas y la ruptura de los circuitos de comercialización. 

 

Desde 1986 hasta la fecha actual, en Haití ha habido ocho golpes de Estado,
34 cambios de gobierno (por cambio de primer ministro), cinco elecciones
abortadas, tres intervenciones militares extranjeras y cinco misiones de
laOrganización de las Naciones Unidas (ONU) para la estabilidad y la paz.
Respecto al Consejo Electoral Permanente que estipulaba la Constitución de
1987, nunca se logró constituir y hasta ahora todas las elecciones se
realizaron con 19 Consejos Electorales Provisionales. En este contexto, ha
venido bajando la participación electoral. Jovenel Moïse, el actual
presidente, conocido como «rey del plátano», fue elegido con 55,6% de los
votos, pero la participación fue de solo 21%. Pertenece al Partido Haitiano
Tèt Kale (Partido de las Cabezas Calvas) del ex-presidente Michel Martelly
(lo de las cabezas calvas es una suerte de autohomenaje).

 

Los acontecimientos que llevaron a la crisis actual 

 

A principios de junio de 2018, en plena etapa final de la Copa Mundial de
Fútbol, el gobierno trató de aumentar el precio de la gasolina, lo que
suscitó una violenta ola de protestas a escala nacional que duraron tres
días. Las autoridades debieron retroceder, y el entonces primer ministro
Jacques Guy Lafontant renunció como un fusible para distender la situación.
Pero el descontento generalizado acumulado desde hacía muchos años
desencadenó una crisis que dura hasta hoy y mantiene al país a la deriva. 

 

Moïse designó a un nuevo primer ministro, Jean-Henry Céant, notario y
ex-candidato a la Presidencia, quien fue aprobado por el Parlamento el 17 de
septiembre de 2018. Y fue el mismo Moïse quien contribuyó a destituirlo el
21 de marzo de 2019, solo seis meses después, mediante su mayoría en el
Parlamento. Desde entonces, el presidente no ha logrado, en dos ocasiones
sucesivas, que el Parlamento apruebe a dos de sus candidatos a primer
ministro. Ante la ausencia de un gobierno que responda a las normas
constitucionales, Moïse decidió nombrar, de manera inédita, a Jean-Michel
Lapin, uno de los candidatos no ratificados por el Parlamento, como primer
ministro ad interim. En el marco de una disgregación casi total de los
poderes del Estado, incluido el Parlamento, Moïse tampoco logró tampoco que
se aprobara el presupuesto nacional 2019-2020. A menudo la oposición
parlamentaria apeló a formas poco ortodoxas, como romper el mobiliario,
arrancar los micrófonos o cortar la electricidad.

 

Acusado de estar implicado en la dilapidación de los fondos de Petrocaribe,
Moïse vio agravarse su situación tras la difusión de un informe del Tribunal
de Cuentas que lo implica directamente en actos de corrupción. Frente a
esto, Moïse lo descalificó diciendo que es un informe político y propuso que
la Organización de Estados Americanos (OEA) enviara una comisión especial de
expertos que ayudara al Estado haitiano a realizar una auditoría del uso de
esos fondos. 

 

La rebelión popular

 

A raíz del informe del Tribunal de Cuentas, los «Petrochallengers», un
movimiento de jóvenes que organizó el 2 de septiembre de 2018 con gran éxito
la primera marcha multitudinaria contra la malversación de los fondos
multimillonarios de Petrocaribe, se unió a otros grupos de oposición para
exigir la renuncia del presidente.

 

Este fue el comienzo de la última ola de manifestaciones que ha sacudido al
país desde entonces y que persiste hasta la fecha. No han logrado hasta
ahora ni la renuncia del presidente ni alguna salida negociada aceptable, ya
sea para el gobierno o para la oposición. Los «Petrochallengers» y los
autodenominados «Nou Pap Dòmi» (No dormimos) anunciaron un programa de
reivindicaciones con cuatro letras «R»: ruptura, rectificación (fiscal),
reorientación y rigor, en un documento de seis páginas de lineamientos para
organizar el país luego de la renuncia de Moïse. Esta transición debía
romper con la política « antipopular», «antidemocrática» y
«antirrepublicana». La característica de este movimiento es que se trata
sobre todo de jóvenes en un país donde más de la mitad de la población tiene
menos de 20 años. Tienen además un lenguaje muy diferente del acartonado de
los viejos políticos.

 

Sin embargo, este movimiento inicial de protestas fue sobrepasado por grupos
con más medios y con un lenguaje más radical e incluso violento.

 

El principal y más activo ha sido el Movimiento Democrático y Popular (MPD),
dirigido por el abogado André Michel y por el senador Youry Latortue, los
principales acusadores de Moïse en el caso Petrocaribe. El 7 de febrero de
este año, MPD lanzó un movimiento que bloqueó las actividades a lo largo y
ancho del país, al que llamaron «pays lok» (país bloqueado). Estas protestas
devinieron en una insurrección popular con barricadas, incendios, saqueos y
corte de carreteras nacionales y de las principales arterias de la capital y
de las ciudades de provincia. 

 

Tras diez semanas de bloqueo, la economía nacional comenzaba a
desintegrarse: cierre de hoteles, restaurantes, negocios, fábricas, medios
de transporte, etc, que tuvo como paso siguiente una ola de despidos. Los
hospitales no trabajan y ni siquiera las oficinas públicas funcionan porque
su personal no cobra y tampoco puede llegar al trabajo por las barricadas y
manifestaciones. Las escuelas tampoco han podido abrir más de unos pocos
días, con riesgo para alumnos y padres.

 

… pero Moïse no renuncia

 

La pregunta es: ¿sin un verdadero ejército que lo respalde, cómo se mantiene
el presidente en el poder? ¿Solamente por la represión? En este contexto, ha
habido masacres y operaciones de grupos de bandidos que portan armas de
guerra. Según la Comisión de Desarme del Estado mismo, hay 76 grupos
operando. Estos grupos son armados por parlamentarios, el propio gobierno e
incluso empresarios con fines de intimidación y autodefensa. Pero también a
menudo actúan por cuenta propia en función de sus propios intereses. 

 

Uno de los hechos más graves fue la masacre en La Saline, un barrio popular
cerca del puerto, con 71 muertos, entre ellos mujeres y niños y 400 casas
incendiadas, en la que estarían implicados altos funcionarios del poder.
Pero esta matanza ocurrida en noviembre de 2018 no fue la única.

 

Además, en varias ocasiones, se ha revelado la presencia de extranjeros
armados en las calles durante manifestaciones. El caso más relevante fue
durante la gestión del primer ministro Céant. El domingo 17 de febrero de
2019, la Policía arrestó, casi por casualidad y en pleno corazón de la
capital haitiana, a un grupo de ocho hombres: cinco ex-marines
estadounidenses, dos serbios residentes en Estados Unidos y un haitiano
fuertemente armados y en actitud sospechosa. Estos circulaban en un vehículo
por las cercanías del Banco de la República de Haití. Habiendo entrado por
el aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe con todo el arsenal
que traían, el gobierno nunca aclaró las razones de su arribo al país, más
aún cuando estos, luego de ser interrogados por un tribunal, fueron
liberados y sacados de Haití por la Embajada de Estados Unidos. 

 

Sin embargo, la represión no basta para explicar que Moïse se mantenga en el
poder. La explicación hay que buscarla en las relaciones entre Washington y
Caracas. Luego de unas cuestionadas elecciones presidenciales en las que
Nicolás Maduro fue reelecto en Venezuela, Moïse fue personalmente a
felicitarlo por su victoria. Más tarde, ante la ola creciente de protestas
en su contra en Haití, el 22 de marzo de 2019 Moïse asiste a un breve y
sorpresivo encuentro con Donald Trump en Florida. A su regreso, decide
reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, apoyado por
Estados Unidos y otros países de América Latina y Europa, y rompe con
Maduro, cambiando el voto de Haití en la OEA. Es su última carta de salida.
Hace un acuerdo con Trump, que se vuelve su último apoyo y su salvavidas.

 

Al mismo tiempo, en Haití el «Core Group», formado por diplomáticos de
Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, España y Canadá, pide la
negociación de la oposición con el presidente. Pero las voces que piden la
renuncia de Moïse aumentan. Se les unen grupos del sector empresarial que
habían sido víctimas de los motines del 6 de junio de 2018 y las iglesias.
Piden también la renuncia del presidente y un cambio del sistema corrupto y
de exclusión social que impera en el país desde el asesinato del padre de la
Patria, Jean-Jacques Dessalines, en 1806.

 

La oposición, frente a la crítica que le hacen tanto el gobierno como la
comunidad internacional por estar dividida y carecer de un programa, decide
unificar sus esfuerzos. Un grupo denominado La Passerelle (el puente) logra
realizar el 8 y 9 de noviembre una reunión donde participaron la Alternativa
Consensual por la Refundación de Haití, el MPD, la oposición llamada
«institucional», constituida por un grupo de parlamentarios, el grupo Mache
Kontre (Hacia el Encuentro), que nuclea a los partidos socialdemócratas,
Fanmi Lavalas (Familia La Avalancha) del ex-presidente Jean-Bertrand
Aristide, el Foro Patriótico de Papaya y el Bloque Democrático por la
Recuperación Nacional. Cada uno de estos bloques está compuesto por varias
organizaciones. Estos firmaron, el 10 de noviembre pasado y contra la
opinión de Fanmi Lavalas, un documento titulado «Entendimiento Político
Nacional». 

 

En este documento, los firmantes deciden adoptar una fórmula común para la
transición post-Moïse, así como un plan de transición: en el momento de la
renuncia del presidente, si es que llega, el presidente provisional será,
como lo estipula la Constitución de 1987, un juez miembro de la Corte de
Casación. Y al momento de escribir este artículo, aún discuten una propuesta
de programa que prevé siete objetivos para la transición de tres años y un
organigrama con los objetivos de la transición: terminar con la
inestabilidad política, reactivar la economía, restablecer la seguridad,
concretar y llevar adelante los procesos de Petrocaribe y por otros crímenes
económicos y un segundo proceso contra los responsables de la matanza de La
Saline, Carrefour-Feuilles y otros, organizar una Conferencia Nacional para
sentar las bases de las reformas económicas, políticas, sociales y
culturales necesarias y negociar con la comunidad internacional para poner
fin a la tutela extranjera.

 

El presidente también lucha por el cambio de sistema

 

Mientras tanto, Moïse se defiende diciendo que lo quieren sacar del poder
porque fue precisamente él quien se dio cuenta de estos hechos de corrupción
sistémica y trató de revertirlos combatiendo a los «oligarcas» corruptos,
casualmente hasta ese momento sus aliados. Su caballo de batalla se vuelve
el «cambio del sistema» y los ataques a uno de esos tres grupos privados,
Sogener, que le vende energía eléctrica al Estado haitiano. De esta manera,
Moïse quiere atribuirse, en esta fase en la que ya tiene casi todo perdido,
esta lucha para así quitarles un argumento a los que piden «cambio del
sistema corrupto» que utilizan sus opositores. Es así como todo este año
Haití se ha visto sacudido por protestas, muchas veces muy violentas, que
según la ONU han dejado al menos 42 muertos y 89 heridos desde mediados de
septiembre.

 

Es evidente que Moïse no cumple con ninguno de los requisitos de un
presidente en funciones y que él y su grupo no dirigen nada, a punto tal que
el mandatario ni siquiera puede desplazarse libremente dentro del territorio
nacional. Sin embargo, se aferra al poder y no acepta renunciar como le pide
la inmensa mayoría de la población. En este contexto, Trump envió a Haití el
20 de noviembre de 2019 a Kelly Craft, su amiga personal y representante
estadounidense en la ONU y en el Consejo de Seguridad. Esta se reunió con
Moïse y con representantes de la sociedad civil y de los movimientos de
oposición y pidió un diálogo entre estos sectores para formar un gobierno de
consenso, al tiempo que señaló que Moïse debe terminar su mandato.

 

Mientras tanto, el 16 de octubre, la Misión de las Naciones Unidas para la
Justicia en Haití (MINUJUSTH), ha sido reemplazada por el Buró Integrado de
las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Sectores de la oposición temen una
nueva misión militar de la ONU y rechazaron la posición del Consejo de
Seguridad que pide también la formación de un nuevo gobierno sin la renuncia
de Moïse.

 

En medio de todo este conflicto, no se realizaron las elecciones
parlamentarias que debían renovar en octubre la Cámara de Diputados y dos
terceras partes del Senado. De esta manera, a partir del 7 de febrero ya no
habrá Parlamento en Haití. Muchos piensan que a eso apunta precisamente el
presidente para así gobernar por decreto y preparar las elecciones
legislativas de manera de asegurar la victoria de una alianza con el
ex-presidente Martelly y el hijo de Jean-Claude Duvalier, Nicolas Duvalier,
que podría ser un futuro candidato a la presidencia. 

 

* Es un economista y cineasta haitiano, profesor de la Universidad del
Estado de Haití. Es fundador y director del Centro Petión-Bolívar de Haití.

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