Brasil/ Luto e indignación. Brumadinho: un crimen anunciado [Brasil de Fato - Verónica Goyzueta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de febrero 2019

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Brasil

 

Bloqueos de rutas y manifestaciones a la par que homenajes a los muertos y
desaparecidos 

 

Lu Sudré y Larissa Costa, desde Brumadinho, Minas Gerais

Brasil de Fato, edición en español, 1-2-2019

https://www.brasildefato.com.br/

 

Luto e indignación. Los dos sentimientos convivieron, lado a lado, el
séptimo día del rompimiento de la represa de la minera Vale, en Brumadinho
(estado de Minas Gerais). Este jueves, el número de víctimas fatales saltó
de 99 a 110. En Brumadinho, Córrego do Feijão y Parque das Cachoeiras, otras
poblaciones del mismo estado, las familias realizan celebraciones en
homenaje a los muertos y desaparecidos. Movimientos populares, ligados a la
causa de los afectados, hicieron protestas en varios municipios del estado.

 

El Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) se
reunió con la Fiscalía General de la República al comienzo de la tarde y
exigió garantías para que la impunidad verificada en el crimen de la
Samarco, en noviembre de 2015, no se repita en el caso de Brumadinho.
Después de la reunión, la fiscal Raquel Dodge y el magistrado del Supremo
Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli crearon un observatorio para monitorear
grandes tragedias. La Secretaría de Estado de Impacto Social anticipó el
pago del Bolsa Familia a los habitantes de Brumadinho.

 

Equipos del MAB están en Brumadinho, Parque das Cachoeiras, Córrego do
Feijão y Pará de Minas (estado de Minas Gerais), en brigadas de trabajo por
toda la cuenca del rio Paraopebas, para auxiliar a las familias afectadas.

 

Manifestaciones

 

Afectados de la ciudad de Barra Longa (estado de Minas Gerais), distrito
afectado por la rotura de la represa de Fundão, en 2015, cierran una oficina
de la Fundación Renova en la ciudad, en protesta contra el atraso en las
reparaciones. Después de tres años del crimen, los habitantes siguen sin
haber sido reasentados, sin ingresos, y su acceso a la salud ha sido
perjudicado.

 

El Frente Brasil Popular protagonizó dos manifestaciones contra el modelo
predatorio de explotación minera en el estado. Militantes ocuparon la sede
de la Vale en la ciudad Governador Valadares (estado de Minas Gerais),
alegando que el municipio fue afectado por el crimen de las empresas Vale,
BHP Billiton y Samarco en 2015, y hasta hoy los habitantes sufren con las
consecuencias del lodo. Otro grupo, de cerca de 300 personas, bloqueó la vía
de desfogue de la minera Ferrous, en Serra Azul (MG), a cerca de 3 km de
Brumadinho, al inicio de la tarde. Os manifestantes paralizaron los trenes y
camiones de la minera.

 

Según los militantes, la empresa continúa llevando minerales de hierro de la
región, incluso después del rompimiento de la represa Mina do Feijão, que
arrojó 13 millones de metros cúbicos de relaves al río Paraopeba.

 

“Nos falta entender. Porque del otro lado está ahí la noticia de que hay
centenas de trabajadores asesinados por el lodo de la Vale. Al mismo tiempo,
las empresas de minería de Brumadinho continúan trabajando”, afirma
Cristiano Meirelles, de la coordinación estadual del Movimiento de
Trabajadores Rurales Sin Terra (MST). De acuerdo con Meirelles, la minera
intensificó el número de vehículos cargados de minerales de hierro en los
últimos días.

 

Entre la población afectada en Serra Azul, está la Aldeia Pataxó Hã Hã Hãe y
los Campamentos Patria Libre y Zequinha, ambos del MST. Las dos primeras
áreas fueron creadas juntas, en una acción de solidaridad entre los sin
tierra e indígenas, en una jornada de luchas realizada en 2017 que ya
denunciaba a las mineras de la región y la corrupción de la empresa MMX.

 

Al final de la tarde, en Belo Horizonte, ocurrió el "Acto de Lucha Contra la
Masacre de la Vale en Brumadinho", frente al Memorial de la Vale, con
intervenciones artísticas, velas y carteles en protesta contra la actuación
de la empresa. La manifestación fue convocada por integrantes del MAB y del
Movimiento Por la Soberanía Popular en la Minería (MAM), articulados en el
Frente Brasil Popular del estado de Minas Gerais.

 

Resultados

 

Después de la manifestación de los habitantes, la Compañía Siderúrgica
Nacional (CSN) afirmó que va a desactivar la represa Casa de Pedra, en
Congonhas (estado de Minas Gerais).

 

También este jueves, la Justicia paralizó las actividades de la Minera
Ibirité, en Brumadinho. La decisión atiende una solicitud del Ministerio
Público de Minas Gerais. La represa queda cerca a la de la mina Córrego do
Feijão, que se rompió el pasado día 25.

 

El día de búsquedas termina con 71 cuerpos identificados, 238 personas sin
contacto o desaparecidas, 192 rescatados y 108 desalojados.

 

El gobierno estadual informó, por medio de comunicado, que toda el agua del
rio Paraopeba está contaminada, y se orienta a la población a no mantener
contacto ni ingerir el líquido. La recomendación es mantener una distancia
de 100 metros respecto al lecho.

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Brumadinho: un crimen anunciado 

 

El desastre minero con más víctimas de la historia brasileña pone en
evidencia la posibilidad de nuevas tragedias. 

 

Verónica Goyzueta, desde San Pablo

La Diaria, Fin de Semana, 2-2-2019 

https://findesemana.ladiaria.com.uy/

 

Brasil no termina de llorar ni de contar sus muertos bajo el lodo
contaminado de Brumadinho, la localidad donde la ruptura de la barrera de
una mina sepultó en minutos casas, animales, personas y un escenario verde
de los valles de Minas Gerais. La cantidad de víctimas, desaparecidos,
heridos y desalojados ya dan cuenta de la peor catástrofe de la historia en
cantidad de vidas perdidas, pues conforme pasan los días aumentan las
chances de que los desaparecidos pasen a la lista de fallecidos.

 

La catástrofe de la mina Córrego de Feijão, que queda a 62 kilómetros de la
capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, ocurrió el 25 de enero a la hora
del almuerzo, cuando un dique minero de 86 metros de altura y con una
capacidad de contención de 12 millones de metros cúbicos se rompió,
derramando lodo con residuos de una mina de hierro (restos de minerales y
derivados de amoníaco). Buena parte de los desaparecidos corresponde a
empleados de la minera, que almorzaban en el comedor de la empresa, ubicado
en un área de alto riesgo.

 

En total, hay 100 personas dadas por muertas y cerca de 300 aún
desaparecidas. Además, el desastre, ocurrido sobre un área ganadera, mató a
18.000 vacunos, según el Consejo Regional de Medicina Veterinaria. Varios de
los animales debieron ser sacrificados. Las pérdidas de animales silvestres
y los daños ambientales todavía no han sido calculadas.

 

La ruptura de la presa de Brumadinho es la segunda tragedia de este tipo en
poco más de tres años. La distancia respecto del episodio del dique de
Fundão, en la ciudad de Mariana, que mató a 19 personas en noviembre de
2015, no es cercana sólo en el tiempo sino también en el espacio; la mina
del que es considerado el peor crimen ambiental de la historia brasileña
quedaba a apenas 150 kilómetros de distancia y también pertenecía a la
minera brasileña Vale, una de las mayores del mundo, que tenía sociedad en
ese dique con la empresa Samarco, de la multinacional angloaustraliana BHP
Billiton.

 

“Es inadmisible que poco tiempo después del accidente de Mariana tengamos
otro en la misma región, en el mismo local, con la misma empresa”, cuestionó
Nilo D’Avila, director de Campañas de Greenpeace en Brasil. En Mariana, por
lo menos 50 millones de metros cúbicos de lodo tóxico fueron vertidos en los
ríos y en la tierra de los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo, que
recorrieron 643 kilómetros hasta el Atlántico.

 

“El tamaño de la tragedia impresiona. A lo largo del arroyo, centenas de
metros en los dos márgenes fueron devastados por el paso del flujo de barro
y desechos”, describe el investigador Jefferson Picanço, que ha viajado a
Brumadinho con un grupo de científicos del Instituto de Geociencias de la
Universidad de Campinas para estudiar las causas y consecuencias de la
catástrofe.

 

“Lamentablemente, todo indica que será el mayor desastre de ruptura de una
presa en número de víctimas del que tenemos noticia. Todos están perplejos y
de luto. No existe un ciudadano en Brumadinho que no haya perdido un
familiar o amigo”, cuenta Picanço, impresionado por el ambiente de guerra
que ha encontrado y el color del agua “rojo sangre”, resultado de la “fuerte
presencia de hematita”.

 

Desafíos de un incrédulo en el cambio climático

 

Las semejanzas del desastre de 2015 y del ocurrido hace una semana pusieron
la atención de la opinión pública brasileña en las fallas en las políticas
ambientales, y ponen en cuestión una de las promesas de campaña del nuevo
presidente, Jair Bolsonaro: reconsiderar los argumentos que proponían leyes
y fiscalizaciones más flexibles para volver menos burocráticos los procesos
de licencias de las empresas. Bolsonaro, conviene recordarlo, no reconoce el
aumento de la deforestación ni las investigaciones científicas sobre el
cambio climático y el calentamiento global.

 

La catástrofe ha ocurrido justo cuando Bolsonaro y su ministro del Medio
Ambiente, Ricardo Salles, cuestionaban las exigencias de la legislación
ambiental vigente como un impedimento a la iniciativa privada y al avance de
sus proyectos. La realidad de esta tragedia los ha puesto contra la pared y
ha generado una presión popular sobre la flexibilización de las normas
ambientales.

 

“Ese tema de licencia ambiental estorba cuando un alcalde, gobernador,
presidente quiere hacer una obra de infraestructura”, había declarado el
presidente en diciembre, al criticar a ambientalistas y al trabajo del
Instituto Brasileño de Medio Ambiente, una reconocida entidad oficial de
preservación que ya cuenta con pocos recursos para fiscalizar delitos
ambientales en el extenso territorio de del país. La reforma ministerial
contra lo que Bolsonaro llamó “industria de la multa” debilitó aun más esa
organización, considerada por él “un freno a la economía”.

 

“La campaña es una cosa. Ahora llegó el momento de gobernar”, alertó
D’Ávila, de Greenpeace, para quien si existiese de hecho una industria de
multa en Brasil, tragedias como las de Mariana y Brumadinho nunca habrían
ocurrido.

 

Después de sobrevolar en helicóptero la gigantesca área de barro y ver con
sus propios ojos una situación a la que no había prestado atención desde los
despachos parlamentarios en los que pasó casi tres décadas, Bolsonaro
prometió ayudar a las víctimas, investigar, exigir el juicio de los
responsables y trabajar para evitar otras tragedias como esa. Su equipo de
gobierno, por su parte, anunció la fiscalización de las 3.386 presas a lo
largo de Brasil, de las cuales por lo menos un tercio han sido clasificadas
como de alto riesgo.

 

“No vamos a esperar otro colapso de barrera para fiscalizar ese sector. Es
una prioridad del gobierno de Bolsonaro garantizar la seguridad de la
población y vamos a realizar todos los esfuerzos para alcanzar esa meta. El
gobierno federal es grande y tiene capacidad para enfrentar el problema”,
aseguró el ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto.

 

Conflictos de intereses

 

El tiempo dirá si la del gobierno no es una reacción de momento y su
retórica, circunstancial. La administración que acaba de asumir en enero
tiene vínculos con políticos representantes de mineras, que impidieron en el
Congreso la aprobación de normas de mayor control sobre las barreras de
deshechos tóxicos. Uno de ellos es el ex diputado federal Leonardo Quintão,
que ahora integra el equipo de Bolsonaro como uno de sus asesores en el
tema.

 

Esas relaciones quiebran otra promesa de campaña de Bolsonaro, que prometió
no doblarse a influencias políticas y gobernar bajo criterios técnicos, lo
que es previsiblemente imposible en la estructura brasileña, movida
subterráneamente por lobbies empresariales, sin una reforma política que ni
se asoma en sus prioridades de gestión.

 

“Debido a los riesgos claramente demostrados por el colapso de la presa de
Mariana, las autoridades deberían haber hecho más para prevenir que
accidentes similares ocurran. La ruptura del dique de Brumadinho sirve como
una trágica advertencia de la fragilidad de las reglas y de los mecanismos
de monitoreo”, analiza Marcos Orellana, director de la división ambiental de
la ONG internacional Human Rights Watch.

 

La Agencia Nacional de Aguas (ANA), por ejemplo, informó el año pasado que
no todas las presas estaban inscritas oficialmente y que sólo 3% de las
registradas habían sido fiscalizadas en 2017. Según un informe difundido por
el diario O Estado de São Paulo, la ANA detectó en los últimos tres años
unas 54 presas con problemas de infraestructura, más de la mitad de las que
fiscalizó. “El hecho de que Brumadinho no estaba en la lista levanta serias
dudas sobre cómo Brasil monitorea la seguridad de sus diques”, dice
Orellana.

 

Una de las dificultades de la ANA es que cuenta con pocos empleados para
fiscalizar a un país gigante, con 3.386 presas de diferentes tipos, no sólo
de minas, sino de energía, de consumo hídrico y de navegación, todas bajo la
responsabilidad de esa entidad. En 2018 el gobierno brasileño creó una
Agencia Nacional de Minería con la finalidad de cuidar esas barreras, pero
la organización, expuesta por esta tragedia ya acumula, en ese corto tiempo,
denuncias de corrupción.

 

Para Orellana, la prevención contra futuros desastres en Brasil debe pasar
por monitorear y garantizar efectivamente el respeto a los patrones
reguladores y ambientales, tanto por parte de los agentes públicos como de
los privados. “Brasil tampoco debería reducir los niveles actuales de
protección ambiental y debería adoptar medidas sólidas para la protección de
los derechos humanos”, advierte Orellana, citando los principios sobre
derechos humanos y medio ambiente emitidos por Naciones Unidas.

 

Para cumplir con sus nuevas promesas, el gobierno tendrá que crear una
estructura hoy inexistente. La ANA, que actualmente realiza los controles,
tiene sólo 35 fiscales capacitados en todo el país para trabajar en las 790
barreras de desechos minerales parecidas a las del Córrego do Feijão. El
desastre ha expuesto también que el gobierno trabaja con los informes y
auditorías contratados por las propias mineras, lo que ya configura un
conflicto de intereses en las licencias ambientales.

 

“No sirve de nada enfocarse en nuevas leyes si las instituciones, sistemas y
mecanismos de control de actividades de riesgo no se perfeccionan. Brasil
necesita una verdadera revolución regulatoria en el tema del medioambiente,
lo que significa inversión masiva en la estructuración de los órganos de
control, en la capacitación de empleados, a corto y mediano plazo, y en
remodelar las instituciones a largo plazo”, afirma Rómulo Sampaio, profesor
de Derecho Ambiental de la Fundación Getulio Vargas.

 

“A los sistemas de monitoreo, seguimiento, al análisis del desempeño y a las
evaluaciones periódicas de seguridad deben incorporarse instrumentos
reguladores creativos, como auditorías periódicas hechas por terceros,
sistemas informatizados y uniformizados de autodeclaración de riesgos e
incentivos económicos y mecanismos de mercado para fomentar nuevas
tecnologías en seguridad de barreras. Todo eso sin abandonar el clásico
sistema de control y sanción estatal por no cumplir las reglas de
prevención”, aconseja Sampaio sobre lo que podría ser una salida posible en
la fiscalización estatal de un país tan grande.

 

Según Sampaio Brasil tiene una excelente legislación ambiental, pero no la
está implementando. En el caso de Mariana, por ejemplo, la Fiscalía
recomendó acciones criminales por homicidio, lo que va más allá de la ley
ambiental, pero tres años después, nadie fue preso.

 

Indicios de un crimen

 

Según informes de Vale, que es la principal minera de Brasil y una de las
mayores del mundo, la presa de la mina Córrego de Feijão había sido
considerada segura por dos inspecciones recientes. En conferencias de prensa
para explicar el desastre, el presidente de Vale, Fabio Schvartsman, informó
que el dique había sido certificado en setiembre por la empresa alemana TÜV
SÜD, sin que se encontrasen problemas.

 

Los ingenieros de TÜV SÜD, sin embargo, fueron apresados esta semana en San
Pablo, por un período de 30 días, bajo sospecha de homicidio calificado,
crimen ambiental y falsedad ideológica. La acción de las fiscalías de Minas
Gerais y San Pablo investiga la participación de los ingenieros civiles
Makoto Namba y André Jum Yassuda en la firma de auditorías que ahora son
consideradas sospechosas. “Se trata de una investigación compleja de
delitos, algunos perpetrados en la clandestinidad”, escribe la jueza Perla
Saliba Brito en uno de los pedidos de prisión.

 

Después de que la Fiscalía mandó a congelar 11.800 millones en sus cuentas y
detuvo a los ingenieros de la consultora alemana que auditó favorablemente
el dique, los ejecutivos de Vale se comprometieron a eliminar diez diques
similares a los de Brumadinho y Mariana, como una señal no sólo hacia la
opinión pública de Brasil sino principalmente a los inversores
internacionales, que reaccionaron negativamente con acciones judiciales
contra la minera.

 

Evidencia creciente

 

Con la catástrofe ahora han salido a la luz documentos y declaraciones que,
si se confirman, serán las pruebas de un gigantesco crimen minero, violento
en el número de víctimas y en daños ambientales.

 

La prensa brasileña ha difundido el acta de una reunión del Consejo de
Política Ambiental de Minas Gerais, el 11 de diciembre, que aprobó, por
nueve votos contra uno, la ampliación de la capacidad productiva de la Mina
de Jangada y de la mina Córrego do Feijão, estructuras vecinas en el área
ahora colapsada, que aumentaría la producción de los actuales 10,6 millones
de toneladas anuales a 17 millones de toneladas al año. El riesgo de un
colapso llegó a ser citado en la reunión, pero el trámite fue agilizado por
cambios en las normas que redujeron las exigencias.

 

“No puedo dormir”, reveló al portal UOL la ambientalista Maria Teresa
Corujo, la única que votó contra la decisión. “No fue presentado un balance
hídrico completo de cuáles serían los impactos reales en las aguas del local
y alrededores”, declaró la ambientalista.

 

Ahora, ambientalistas vienen apuntando otros problemas, como la falta del
detalle en el mapa de impactos del nuevo proyecto, como en la cuenca
hidrográfica del río Paraopeba, ahora afectado por el desastre.

 

Ex empleados y personas que trabajaron en la mina también denunciaron que
los problemas eran conocidos. En entrevista con Agência Estado, varios
trabajadores cuestionaron (algunos bajo anonimato) que una estructura
construida en la década del 70 del siglo XX, con menos tecnología y
seguridad, no podría ser confiable.

 

“Tenía miedo todos los días”, contó el asistente administrativo Silas
Fialho, de 34 años, que renunció al trabajo en 2016 y perdió a un primo en
la tragedia. “Muchos sabían del riesgo. Salí a tiempo para seguir vivo”.

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