Colombia/ Sin ánimo de cumplir. La crisis terminal de los acuerdos de paz [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de julio 2019

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Colombia

 

El caso Santrich, el gobierno colombiano y la crisis de los acuerdos de paz

 

Sin ánimo de cumplir

 

Mientras aumentan los asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros,
crece la desconfianza en sectores de las Farc con respecto a la aplicación
de los acuerdos de paz de 2016, de los que varios líderes ya se arrepienten.
La insurgencia colombiana, ahora convertida en partido político, se
encuentra ante una encrucijada de difícil solución.

 

Decio Machado, desde Quito

Brecha, 26-7-2019 

https://brecha.com.uy/

 

Jesús Santrich, nombre real: Seuxis Pausias Hernández Solarte –su padre era
profesor de filosofía y estudioso del mundo griego–, estuvo vinculado desde
temprana edad a la juventud comunista y se destacó en la Universidad del
Atlántico como líder estudiantil y activista político. Pero en 1990, cuando
ejercía como docente en Sucre, tras licenciarse en derecho y ciencias
sociales, su mejor amigo y de quien tomó su alias de guerra fue asesinado
por agentes de seguridad. Inmediatamente después, Santrich emprendería
camino al monte para incorporarse al frente 19 de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc). Casi tres décadas después, y a pesar de
los acuerdos de noviembre de 2016 entre el gobierno y la guerrilla –de los
que él mismo fue uno de los redactores–, Santrich ha vuelto a la
clandestinidad y ha puesto en evidencia la crisis terminal del proceso de
paz colombiano.

 

Ruptura en las Farc 

 

La desaparición de Santrich a comienzos de este mes, cuando se esperaba que
declarara ante la Corte Suprema de Justicia por un pedido de extradición a
Estados Unidos en su contra, se sumó a la de otros ex altos mandos de la
extinta guerrilla devenida en partido político, como Iván Márquez, Hernán
Darío Velásquez (alias el Paisa) y Henry Castellanos (alias Romaña). Este
sector disidente se encuentra en paradero desconocido desde que, en abril de
2018, Santrich, todavía en Bogotá, fuera capturado por primera vez a pedido
de la justicia estadounidense (véase recuadro). El propio Márquez, ex jefe
del equipo negociador de las Farc durante el proceso de paz, publicó el
pasado mes de mayo una carta desde la clandestinidad en la que manifiesta
que fue un “grave error” entregar las armas a un “Estado mafioso”.

 

“Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro
comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que
las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste
realidad es que nos pusieron conejo”, afirma la misiva, haciendo uso de una
expresión colombiana que indica que no se cumplió lo prometido. La carta de
Márquez tuvo una inmediata reacción de Rodrigo Londoño –ex comandante
Timochenko y líder político de las actuales Farc–, quien respondió: “No
podemos darles cabida a las voces anónimas o no, que vaticinan el fin del
proceso de paz, elaborando tesis apocalípticas, sin mostrar una salida
coherente, sin indicarnos un camino cierto a seguir”.

 

Más allá del conflicto entre los ex comandantes, lo cierto es que las
reconvertidas Farc se encuentran en un callejón sin salida: sin condiciones
y con escasa credibilidad y legitimidad política ante la ciudadanía como
para romper los acuerdos de paz, y al mismo tiempo enfrentadas a un gobierno
que carece de la más mínima voluntad para cumplir con sus compromisos.

 

La paz violenta 

 

Lo que ahora es la agrupación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común –la heredera política de lo que fueron las viejas Farc insurgentes–
denunció a mediados de junio que la Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz atraviesa su momento
más crítico desde su constitución. Para los voceros de las Farc “es
propósito del gobierno de Iván Duque desdibujarla completamente hasta
llevarla a los escenarios de la inutilidad”.

 

Desde la salida de Juan Manuel Santos del Palacio de Nariño, las reuniones
de dicha comisión se han distanciado en el tiempo y carecen de puntos
relevantes en su orden del día, pese a la presencia en su condición de
“notables” de ex presidentes como el uruguayo José Mujica y el español
Felipe González. Los voceros de las Farc califican hoy al organismo como
“una instancia de mero trámite formal y sin posibilidad alguna de contribuir
al mejoramiento de las condiciones de la implementación” de los acuerdos de
paz firmados tras seis años de negociación y medio siglo de confrontación
armada en el país.

 

Lo cierto es que el gobierno de Iván Duque lidera en la actualidad el más
grande movimiento de opinión y acción en contra de esos acuerdos, impulsados
por su antecesor. Por un lado, el presidente deslegitima las funciones de la
Justicia Especial de Paz (Jep) –un organismo creado en marzo de 2017 y cuyo
objetivo principal era traer verdad, reparación, perdón y garantías de no
repetición–, mientras, por otro, desfinancia su implementación. Todo ello en
un contexto político en el que se han incrementado los asesinatos a líderes
comunitarios y guerrilleros desmovilizados, y ha aumentado también el número
de desplazamientos forzados en territorio colombiano, según el último
informe anual de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.

 

Entidades como la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia
y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
junto con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Alianza de
Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la
Democracia en Colombia, manifestaron en abril de este año en un comunicado
conjunto: “Existe una profunda preocupación por el desfinanciamiento y la
falta de respeto gubernamental a los mecanismos del Sistema de Justicia
Transicional. A la Jep, cuya ley estatutaria fue objetada por el presidente
Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28 por ciento
menor del previsto para su funcionamiento. La Jep es el instrumento que
garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación. Tendría que ser intocable”. En paralelo, el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz colombiano cifra en 727 a los líderes
sociales asesinados en Colombia tras la firma de los acuerdos de paz, y en
140 a los ex guerrilleros masacrados. 

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La desaparición de Santrich

 

El congresista fugitivo

 

En abril del año pasado, Santrich fue acusado por la justicia de Estados
Unidos de participar, con los acuerdos de La Habana ya en vigor, de una
reunión con miembros del cártel de Sinaloa en la que se habría negociado el
envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según lo señalado por un
presunto infiltrado de la Dea. En los acuerdos de paz se establece que todo
aquel que tras su firma reincida en algún delito será juzgado por la
justicia ordinaria y perderá los beneficios de la Jep, por lo que puede ser
extraditado. Sin embargo, la Jep estableció el 19 de mayo que no había
pruebas definitorias que determinaran en qué momento se dieron los hechos de
los que se acusa al ex comandante fariano, lo que significó la puesta en
libertad de Santrich, detenido durante más de un año. Pese a ello,
inmediatamente después la fiscalía indicó tener nuevas pruebas determinantes
en su contra, y se lo recapturó apenas cruzaba la puerta de la cárcel La
Picota camino de su libertad.

 

Una semana después, la Corte Suprema de Justicia, institución que pasó a
investigar este proceso, volvió a ordenar su libertad, al considerar que el
ex guerrillero gozaba de fuero por su condición de congresista –había
asumido su escaño tres semanas antes– y que tan sólo podía ser investigado y
juzgado por ella. Sin embargo, la Corte dejó abierto un proceso formal en su
contra por la “posible comisión de delitos” de narcotráfico. Poco después,
Santrich desaparecería y no se presentaría a la cita que el 9 de julio tenía
ante dicha institución para dar su declaración.

 

Los opositores a los acuerdos de paz no tardaron en reaccionar. La Cámara de
Representantes dio inicio, el 16 de julio, al proceso de declaratoria de la
figura de “silla vacía” contra la banca que ostentaba Santrich. Lo anterior
implicaría que el hoy partido Farc podría perder uno de los diez escaños que
le fueron otorgados mediante los acuerdos de paz de 2016, pues según el
Ministerio Público “en ningún caso podrán ser reemplazados en la Cámara
quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia,
promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de
narcotráfico”.

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