Colombia/ Amazonia. Las tierras autóctonas saqueadas por el extractivismo [Matthias Motin]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de junio 2019

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Colombia



En la Amazonia colombiana, las tierras autóctonas saqueadas por el
extractivismo



Matthias Motin

Reporterre, 17-6-2019

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Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa



El fracking tiene vía libre, con la extracción de gas contaminante, la
multiplicación de proyectos mineros. En Colombia, el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, impulsado por el gobierno amenaza la cuenca amazónica
y a los pueblos autóctonos que viven en ella.



Putumayo, departamento limítrofe con Ecuador, es el nexo entre los últimos
valles andinos y la selva amazónica colombiana. Las concesiones otorgadas a
las compañías petroleras cubren 70% de los territorios ancestrales de los
pueblos autóctonos. La presencia y la actividad de las compañías petroleras
en los resguardos (reservas indígenas), en general creados sin el
consentimiento de los pueblos originarios, causan daños considerables a los
ecosistemas de los alrededores y a la vida de las comunidades.
Deforestación, contaminación del agua y actividad sísmica: eso es, por
ejemplo, lo que debe soportar la comunidad Siona del resguardo Buenavista,
que se encuentra cerca de la frontera ecuatoriana y que, además, debe
cohabitar en su territorio con los agentes de la petrolera inglesa Amerisur
Resources. Por otra parte, la comunidad está expuesta a la intensificación
de los enfrentamientos entre sectores disidentes de las Farc y entre grupos
narco-paramilitares y el ejército. Es una situación de vulnerabilidad
extrema que se traduce en una pérdida constante del territorio de los Siona
de Buenavista, quienes tienen hoy solamente 4.500 hectáreas reconocidas y
esperan una respuesta del gobierno sobre las 52.029 hectáreas de territorios
ancestrales que reclaman.



Ofensiva del gobierno sobre todos los subsuelos con hidrocarburos



La multinacional británica no solo explora y explota los hidrocarburos del
subsuelo de Buenavista. Es una de las diez compañías más activas en el país
en cantidad de hectáreas exploradas y explotadas y en 2019, ha firmado once
nuevos contratos con la agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), teniendo en
cuenta solamente a Putumayo, multiplicando así por cuatro sus inversiones en
relación a 2018. “Gracias a la firma del acuerdo de paz, podemos ahora
extender nuestras operaciones a zonas a las cuales no podíamos acceder y que
representan, según los estudios más recientes de geología y las previsiones
de nuestros contratos, reservas importantes que pueden ir más allá de los
500 millones de barriles”, analiza el Presidente ejecutivo de Amerisur
Exploración Colombia, Carlos Andrés Martínez Bonilla.



Esos once pozos nuevos que pronto van a ser perforados en Putumayo, forman
parte de los 161 nuevos sitios de perforaciones petroleras en el país de
aquí a 2022, o sea cuatro veces más que las 46 que existen ahora. El sector
minero no se queda atrás, ya que el gobierno prepara, a través del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, reactivar los mercados del oro y del
cobre en Colombia, cuyas reservas son importantes pero poco explotadas. Las
minas que existen son, sobre todo, de carbón y de níquel.



Ambiente y Sociedad, una organización medioambientalista, ha publicado de
manera documentada y puesto en línea un geoportal en el que están
inventariadas más de 2.000 alertas sobre los impactos que ya existen y sobre
las degradaciones potenciales de los grandes proyectos mineros, energéticos
y de carreteras en las áreas prioritarias de conservación de la
biodiversidad. Ese tipo de trabajos tienen una importancia clave pues el
gobierno –al servicio de las multinacionales extrajeras (el porcentaje de la
plusvalía recaudada por el Estado es ridículo: 0,4% para el oro y 3,27% para
las minas de carbón a cielo abierto)- lanza una ofensiva de gran envergadura
sobre todos los territorios colombianos que podrían contener ese tipo de
riquezas. El gobierno no cuenta auto limitarse y todas las técnicas de
extracción podrán ser utilizadas, incluida la técnica de la fracturación
hidráulica, comúnmente llamada fracking.



En la Amazonia colombiana, “sabemos, por ahora, que existen dos sitios, en
los departamentos de Caquetá y de Vichada, en los que la técnica del
fracking sería utilizada. Eso nos preocupa sobremanera ya que el empleo de
esta técnica es una amenaza de contaminación mayor aún de los ríos y de las
aguas subterráneas, mayor que la que provoca la extracción clásica, y podría
llegar a provocar catástrofes medioambientales importantes, dada la
actividad sísmica que caracteriza al territorio colombiano”, según lo
explica Julio César Jamioy, presidente de la Organización de los Pueblos
Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC). Pese a las alertas lanzadas por
las organizaciones ambientalistas y a las interrogantes de la comunidad
científica, la técnica del fracking  transita las vías de la legalización en
Colombia. El texto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, adoptado por el
Congreso en la noche del 2 al 3 de mayo último, por 58 votos contra cuatro
(o sea una participación de 62 diputado/as de los 350 que conforman el
Congreso), prevé el lanzamiento de pilotos para “profundizar las fases de
exploración de reservas de gas y de petróleo bruto no convencionales, con la
realización de estudios de seguridad para garantizar una utilización
responsable de la técnica del fracking”, se puede leer en el sitio de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos.



El fracking puede destruir, de manera irreversible, amplias zonas de la
Amazonia



En ese sitio, ya se puede constatar que 18 yacimientos no convencionales
están en fase de exploración en Colombia, las concesiones han sido
atribuidas a los gigantes de la rama: la compañía estadounidense Exxon
Mobil, la anglo holandesa Shell, la canadiense Sintana Energy Inc o la firma
nacional colombiana Eco Petrol. Siete grandes bloques de yacimientos no
convencionales ha sido localizados en el país, principalmente en el Norte,
siguiendo el río Magdalena (departamento de Boyacá, sobre todo), lo que
convierte a Colombia en el tercer país sudamericano con mayor potencial de
yacimientos no convencionales, detrás de Argentina y Brasil. “Los primeros
sitios de exploración y de explotación por fracking establecerían una
jurisprudencia que permitiría contaminar y destruir de manera irreversible
amplias zonas de la Amazonia colombiana. Por eso, queremos que esto se sepa
en el mundo entero, desde la minga (1) de resistencia de Putumayo, mostrando
la contradicción total que existe entre la campaña de comunicación contra la
deforestación llevada a cabo por el gobierno y las motivaciones de su Plan
Nacional de Desarrollo, abiertamente ecocida”, dijo Julio César Jamioy a
Reporterre el 9 de mayo, inmediatamente después de la anulación del diálogo
que tendría que haber tenido lugar en Condagua ese día, entre los 14 pueblos
autóctonos del Putumayo, reunidos en minga durante los 50 días previos, y el
gobierno.



La minga reunió a voluntarios de esos 14 pueblos en asamblea permanente
durante los meses de marzo, abril y mayo, primero en el pueblo de
Villagarzón, luego en el norte de la capital departamental, Mocoa, en el
resguardo Condagua, dando lugar a acciones de bloqueo de rutas destinados a
mostrar los problemas propios de los pueblos autóctonos. Estos piden la
aplicación de los varios acuerdos firmados entre la Organización Zonal
Indígena del Putumayo (OZIP), el gobierno actual y las administraciones
anteriores, los que incluyen:



-El reconocimiento de la extensión de los resguardos y cabildos que nunca
fueron legalizados por el Estado, en parte ocupados por las compañías
petroleras y las actividades mineras ilegales. La minga exige que se cree
una Agencia nacional de tierras en el Putumayo, como las que existen en cada
departamento, y que la opinión de los pobladores autóctonos sea tomada en
cuenta en las políticas de gestión del territorio y de conservación de la
biodiversidad en la Amazonia.



-La aplicación de la Convención 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que hace obligatoria la consulta previa de lo/as habitantes
antes de iniciar todo proyecto de extracción, así como el respeto de la
Amazonia cono sujeto de derecho especial desde abril de 2018.



-El respeto de los Derechos Humanos de los pueblos autóctonos, cuyos
dirigentes y representantes políticos son amenazados permanentemente,
agredidos o asesinado en cuanto adoptan una posición de defensa de sus
territorios y de sus derechos.



Todos esos acuerdos, a pesar de su valor jurídico y constitucional que
garantizaría las necesidades y los derechos esenciales de las poblaciones
amerindias, carecen flagrantemente de voluntad política por parte del
gobierno para ser puestos en práctica. “Ya en 2008 y en 2012, nos reunimos
con el gobierno para que los acuerdos fueran aplicados, y nunca pasó nada.
Este año, se repite el mismo esquema: el gobierno posterga constantemente
los diálogos a los cuales se había comprometido con el objetivo de debilitar
la minga y envía a las fuerzas del orden para reprimirnos y sacarnos de la
carretera, como lo pudiste ver esta mañana”, explica Nixon López Hernández,
coordinador de la comisión Territorio, medio ambiente y producción en la
OZIP. Seis mingueros acababan de resultar heridos por la intervención del
ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) durante el bloqueo de la carretera
que va de Mocoa a Pitalito. “A pesar de los heridos, y pese a los asesinatos
y las amenazas de muerte que siguen pesando sobre los dirigentes autóctonos,
el gobierno cierra los ojos y continúa con su Plan Nacional de Desarrollo
sin tener en cuenta nuestra opinión y sin considerar nuestras realidades y
nuestro modo de vida, que es muy diferente del suyo. La visión que tiene de
nuestros territorios y de la Amazonia es la de un pozo con recursos que hay
que explotar, lo más rápido posible y por todos los medios posibles”, agrega
Nixon López.



Cauca: la importante movilización contra el Plan Nacional de Desarrollo



Durante los meses de marzo y abril de este año, los pueblos autóctonos del
Putumayo no se movilizaron solos contra la política de Iván Duque: en el
vecino Cauca, más de 20.000 personas bloquearon la carretera Panamericana
durante 27 días y lograron que el presidente viniera, así como algunas
concesiones presupuestarias, muy por debajo, es cierto, de lo exigido por el
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La movilización social se
extendió a nivel nacional y varias categorías sociales –poblaciones
autóctonas, afro descendientes, agricultores, profesores, estudiantes…- se
sumaron al bloqueo nacional del jueves 25 de abril, que reunió a miles de
manifestantes opuestos al Plan Nacional de Desarrollo en varias grandes
ciudades del país. Del 28 de abril al 2 de mayo, un colectivo de más de
3.000 líderes sociales venidos de diferentes lugares del país, constituyeron
el Refugio Humanitario por la Paz, instalado en la Plaza de toros de Bogotá,
para reclamar medidas de seguridad por parte del gobierno ante los
asesinatos y las amenazas de muerte de los que son víctimas. El colectivo
organizó un recorrido de las embajadas francesa, española y alemana, así
como la de la Unión Europea, para sensibilizar a la comunidad internacional
sobre las violaciones de los Derechos Humanos perpetradas en Colombia contra
los líderes sociales y para transmitir el mensaje de las diferentes mingas.
Lamentablemente, esos movimientos de protesta pacífica no han logrado que el
gobierno dé marcha atrás sobre el PND, programa que anuncia otros cuatro
años difíciles.



Nota



1) Minga, término de origen quechua que hace referencia a todo tipo de
trabajo colectivo llevado a cabo por las poblaciones autóctonas para servir
o proteger el interés general.

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