Uruguay/ A ciegas. El día después de los presos liberados [Daiana García]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de marzo 2019

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Uruguay 

 

El egreso penitenciario 

 

El día después

 

Cada año, más de la mitad de las personas que estaban presas salen en
libertad. Son casi 6.400 egresos anuales, pero el Estado desconoce si los
liberados tienen familia, casa y trabajo, problemas de salud o de consumo,
cuál es su nivel educativo. En un país con altísimas tasas de reincidencia,
conocer a la población que egresa y tener políticas adecuadas resulta una
cuestión de seguridad pública, dicen los entrevistados. Si bien la Dirección
Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) comenzó a implementar un paquete de
políticas que, a juicio de autoridades y especialistas, parecen
prometedoras, aún se encuentran lejos de abarcar a todos.

 

Daiana García

Brecha, 15-3-2019

https://brecha.com.uy/

 

“¡Dale, negro, apurate que te vas, vení a juntar las cosas!”, le gritó un
compañero desde dentro del módulo. Ese día volvía de trabajar en el Polo
Industrial de la Unidad número 4 (ex Comcar) y fue así, por otro preso, que
se enteró de que los 16 meses de encierro llegaban a su fin. “Pensé que era
joda. Cuando entendí que era cierto, el corazón me explotaba”, cuentaAdrián,
que salió en libertad en setiembre de 2018.

 

Desde que escuchó ese grito desde atrás del alambrado hasta que el personal
vino a avisarle y se lo llevó para empezar los trámites, pasaron unos
cuarenta minutos. Recuerda que sólo se llevó la muda de ropa que solía usar
en las visitas, cartas de la novia y algunos certificados de exámenes que
había rendido dentro de la cárcel. Lo demás quedó todo: es una costumbre, un
código, dejar las cosas a los compañeros que seguirán adentro y la tendrán
peor.

 

También recuerda que le dio para avisar a la familia y que antes de salir a
la calle –unas tres horas después de que el primer funcionario le diera la
noticia– pasó por un montón de oficinas: “Me sacaron fotos, y en todas me
preguntaban lo mismo: los nombres de mis padres, mi cédula y el delito por
el que estaba ahí. En ningún momento me preguntaron si tenía a dónde ir”.
Ese día salían otros tres compañeros, que estaban “locos de contentos”, más
que eufóricos por la salida, y al cruzarse con un par de funcionarios les
gritaron: “¡Nos vamos, nos liberaron!”. La alegría se chocó de frente con la
respuesta de uno de los trabajadores: “Dale, nos vemos el lunes”. A Adrián,
el cinismo le llenó el pecho de bronca. Luego se enteraría por sus
compañeros que estos saludos son comunes, porque gran parte de los que salen
vuelven a reincidir a los pocos días de estar en libertad.

 

Cuando cruzó el portón del Comcar, eran más de las nueve de la noche y todo
su capital era un boleto de Cutcsa que le habían dado antes de liberarlo. Su
destino era la casa materna, en Gruta de Lourdes. Desde Santiago Vázquez,
donde se ubica la cárcel, hay que tomar al menos dos ómnibus de línea y,
como no tenía tarjeta Stm, el boleto le permitía sólo un viaje. Caminó hasta
la ruta y tomó un ómnibus a Paso Molino para al menos arrimarse. El resto
fue patear hasta llegar, unos seis quilómetros. Lo esperaban su madre y
algunos de sus hermanos más chicos. Adrián aclara que, si bien se trata de
una familia de bajos recursos, siempre supo que al salir tendría un sillón
donde dormir y un plato de comida. Por poco que parezca, son muchas las
personas que salen liberadas sin tener siquiera la certeza de un techo.

 

Relatos como el suyo no son la excepción, casi todos se enteran poco tiempo
antes y salen con lo puesto, a veces sin tener a dónde ir, algunos luego de
muchos años de encierro. Salen a patear a la ruta, manguear para un boleto o
caminar hasta que den las piernas. Salen desorientados, como un cachorro
perdido, a veces sin saber siquiera para qué lado queda el Centro.

 

A Leonardo, que salió en febrero, le fueron a avisar de mañana, y todavía
estaba durmiendo. Saltó de la cama y agarró lo que pudo. Estuvo siete veces
preso y calcula que en total suma unos diecisiete años; todas las veces,
cuenta, se enteró de que se iba en el momento.

 

Esta última vez no le dieron ni para el boleto: quienes estaban a cargo de
la tarea ese día no estaban, la oficina no abría, no le explicaron muy bien.
Salió, cruzó al almacén y pidió para hacer una llamada. Se comunicó con un
amigo que lo pasaría a buscar unas cinco horas más tarde. Tampoco tenía
otros planes; Leonardo podía esperar o, en todo caso, arrancar a caminar.
Tuvo suerte: en menos de una hora una funcionaria entró al almacén, le
preguntó si precisaba para el boleto y le dio 100 pesos, que le salvaron la
espera. Junto con él salieron otros dos liberados; a uno lo esperaba la
familia del otro lado del portón; el otro no tenía quién lo esperara o a
quién llamar.

 

A ciegas 

 

Según la oficina del Comisionado Parlamentario, en 2016 recuperaron la
libertad 6.344 personas, en 2017 fueron 6.377 y durante el primer semestre
de 2018 (momento hasta el que se cuenta con información procesada) salieron
3.197. Sin embargo, muy poco se conoce de ellas. No se sabe cuántas tenían
una casa al salir, pero sí que muchas no recibían visitas, algo que puede
deberse a la falta de lazos familiares, que se traduce, en definitiva, en el
hecho de no tener a dónde ir cuando se cruza la reja.

 

Tampoco se sabe si les esperan oportunidades laborales afuera o si
adquirieron un oficio. No se conoce cuántos de los liberados se han formado
y en qué, así como tampoco si tienen problemas de consumo. Muchos habrán
reincidido o estarán viviendo en la calle, pero tampoco se tiene claro
cuántos, aunque el último estudio del Mides, realizado en 2016, ya señalaba
que más del 47 por ciento de las personas que están en situación de calle
habían estado privadas de libertad. Y estos números han ido aumentando,
estiman los especialistas.

 

Para la investigadora Fiorella Ciapessoni, la privación de libertad es la
puerta principal de la situación de calle: “A medida que la prisionalización
aumenta, también crecen los egresos y la gente que no tiene a dónde ir a
vivir”. Una de las principales consecuencias de la cárcel es la pérdida de
redes, y, además de escasas, las soluciones a las que pueden acceder no son
estables. La investigadora, que se dedicó especialmente al vínculo entre el
sistema penitenciario y la situación de calle, relata que el primer contacto
con la calle tiende a aparecer en los primeros dos meses después de la
salida, y en un número no menor de casos estas personas vuelven a reincidir,
por lo que se habla de una “puerta giratoria” entre la calle y la cárcel.

 

Como si le vendaran los ojos, a la política pública le es muy difícil
trabajar sin diagnósticos, y, con la escasa información y procesamiento de
datos de las casi 6.400 personas que salen liberadas anualmente, el diseño
de un instrumento eficaz para trabajar el egreso parece aún muy lejano.
Alberto Gadea, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr),
reconoce las carencias de información que tiene el sistema y destacó que la
generación de datos es una de las principales necesidades. Para eso, en 2018
se empezaron a implementar dos software que permiten unificar las
evaluaciones de las personas que ingresan al sistema penitenciario, así como
sistematizar una gran cantidad de información de su pasaje por él: centros
en los que la persona estuvo, traslados, nivel educativo, capacitación
laboral. A juicio de Gadea, la implementación de estas herramientas
redundará en un mejor conocimiento de la población penitenciaria y de los
egresos, pero hoy “sabemos muy poco”.

 

La punta del iceberg

 

Para Ciapessoni, las carencias en el encare del tema generan, por un lado,
un problema de salud pública, debido a que los liberados representan
aproximadamente la mitad de la población en situación de calle, y, por otro,
de seguridad pública, ya que no se logra evitar la reincidencia en el
delito. Si bien los números varían según el año, se estima que más del 60
por ciento de las personas privadas de libertad son reincidentes, es decir,
hay un número no menor de casos en los que la política de rehabilitación
tras las rejas así como el trabajo en el egreso no lograron su objetivo.

 

En conversación con Brecha, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario,
explicó que “no hay un sistema de rehabilitación, hay piezas sueltas” que no
logran conformar una política penitenciaria, sino más bien “una suma de
decisiones y resultados. No se puede decir que haya una política en el
sentido estricto, que parta de una planificación”. El comisionado lo ilustra
como un puzle que no termina de encastrarse y cuyas piezas son la salud, la
cultura, la vivienda, la educación y el tratamiento de las adicciones.

 

Si bien reconoce avances, para Petit hay dos problemas: por un lado, el alto
número de personas privadas de libertad (mientras que en el mundo hay una
persona presa cada tres o cuatro con medidas no privativas, en Uruguay por
cada privado de libertad hay menos de uno con penas alternativas) y, por
otro lado, la falta de una política integral que junte esas piezas e
involucre a los distintos actores que tienen parte en el asunto.

 

Para Petit, la política de egreso empieza desde el primer día en la cárcel,
porque la entiende como un espacio de rehabilitación y no de castigo. Si se
“hicieran los deberes bien”, eso redundaría en el momento del egreso, porque
es “cuando se pone a prueba lo que pasó adentro”. En cambio, entiende Petit,
hay una gran desconexión de la política penitenciaria con las políticas
sociales. Primero mientras la persona está presa, “porque tenés una
asistente social para 3 mil personas”, y después con el resto de los
organismos, como las intendencias y los ministerios, y es necesario que el
Inr no sea el único que se encargue del tema.

 

En la misma línea, Gadea reconoce que el egreso penitenciario “quizás
debería ser una política de Estado”, para la que todos estén destinando
recursos y haciendo su parte. Diego Grau, integrante de la Subdirección
Nacional Técnica del Inr, plantea que cuando una persona mayor de 18 años
llega al sistema penitenciario, “ya hay otras instituciones que fallaron”, y
luego de la cárcel también deberían intervenir los ministerios de Vivienda,
Salud, Educación y Desarrollo Social.

 

En el egreso, dice Petit, es cuando “converge todo: si la persona pudo
completar sus estudios, aprender un oficio, si atendieron su salud, si se
trató su consumo de drogas, si conformó vínculos y si sale con alternativas
laborales y de vivienda”. Y agrega: “En los lugares en los que hay trabajo
en el egreso tenés tasas de reincidencia nórdicas, de menos del 20 por
ciento. Si bajamos ese porcentaje, el resultado son miles y miles de delitos
menos”.

 

Tanto Ciapessoni como Petit reconocen que el trabajo de la Dinali y del Inr
es prometedor y positivo para el sistema, pero consideran que las
posibilidades de generar un cambio real siguen siendo acotadas.

 

Peor es nada 

 

La Dinali es el organismo que se encarga de trabajar sobre los egresos
penitenciarios y que, según la definición que da en su web, tiene como
objetivo “reinsertar” en la sociedad a los adultos que egresan del sistema
penitenciario. Se trata de una reconversión del viejo Patronato del
Liberado, que viene ensayando diversas medidas en torno al egreso, a cargo
de su director, Jaime Saavedra. Sin embargo, aún su alcance sigue siendo
testimonial.

 

Además de la Posada de Camino (véase recuadro “El achique”), la mayor
novedad es el trabajo del programa de preegreso, que pretende abordar la
problemática antes de que la persona sea liberada. Según la referente del
programa, Laura Cotelo, comenzaron en mayo del año pasado y hoy ya están
trabajando en todas las cárceles metropolitanas. El criterio establecido
consiste en trabajar con aquellas personas que están a seis meses o menos de
salir en libertad, en tres etapas diferentes. En la primera se identifica a
estas personas, se les brinda folletería e información. Ya en una segunda
etapa se realizan entrevistas individuales para conocer si la persona ha
accedido a una capacitación laboral y cuál es su situación personal y
familiar, con el objetivo de determinar el panorama de salida. La tercera
etapa ocurre en libertad, para acompañar el proceso de reinserción social
positiva. Es en ese momento que se deriva a la posada los casos más críticos
con relación al acceso a la vivienda. Para Cotelo, una de las principales
ventajas de este trabajo es que se llega con la información a la mayoría de
los usuarios, y que esta es “real” y no genera falsas expectativas. Antes,
cuenta la referente, las personas ni siquiera sabían que existía un lugar
como la Dinali.

 

El programa, que aún no cumplió un año, no cuenta con números exactos de la
gente que logró alcanzar, pero la evaluación cualitativa de los jerarcas es
positiva, por lo que se pretende que sea replicado en las cárceles del
Interior. Saavedra explica que el acercamiento es voluntario, porque no se
puede obligar a las personas a pasar por los programas; sin embargo, están
esperanzados en los resultados de adhesión que se puedan lograr. De todas
maneras, reconoce que, con 6.400 personas saliendo anualmente, la demanda
los supera ampliamente, por lo que están trabajando en medidas alternativas
a la posada, como la posibilidad de generar una cooperativa de ayuda mutua y
algún tipo de sistema de alquileres que contemplen las particularidades de
esta población.

 

Algo similar sucede con lo laboral, ya que están trabajando en la
construcción de un polo industrial para generar capacitación y empleo, a lo
que se le suman convenios firmados con Inefop y un sistema de pasantías en
organismos públicos. El director considera que se está lejos de satisfacer
el universo de demandas, pero recuerda que muchos aspectos son competencia
del Poder Ejecutivo. Saavedra está convencido de que, respecto a la
situación penitenciaria y al abordaje de la salida, hay debates que aún la
sociedad se debe: “Todos somos hijos de las oportunidades, y la seguridad
siempre afecta a los más pobres, que son los que están presos. Las cárceles
no están llenas de gurises de Pocitos, Malvín y Carrasco, y además son los
barrios pobres los que más sufren los delitos”.En ese sentido, explica que
la Dinali intenta “atender modestamente los factores asociados a la
reinserción, pero las personas que salen en libertad tienen muchas
necesidades similares al resto” de quienes pertenecen a los sectores más
vulnerables. En definitiva, entiende que “tenemos que resolver los enormes
problemas de desigualdad, que son los que explican el fenómeno delictivo”.

 

En primer lugar, quienes llegan al sistema penitenciario son
mayoritariamente personas de nivel socioeconómico bajo. Y luego, como el
sistema judicial tiene una alta tendencia a determinar la privación de
libertad antes que una medida alternativa, hay una gran cantidad de presos,
lo que aumenta el costo económico para sostener las cárceles y redunda en
que existan pésimas condiciones de reclusión; en definitiva, en enormes
dificultades para cumplir con el paradigma de reinserción y rehabilitación.

 

Se trata de un círculo: cuantos más presos hay, también hay más liberados
que terminan en la calle, que reinciden y que vuelven a la cárcel. Como
concluye el comisionado: “A veces nos preguntamos por qué alguien delinque,
pero hay muchas situaciones en las que deberíamos preguntarnos: ¿cómo es que
no delinquen?”. 

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La posada para los liberados

 

El achique

 

Queda claro que uno de los principales problemas de los liberados es el
habitacional si se tiene en cuenta que los ex presos son casi la mitad de
las personas que están en situación de calle. Y en mayo de 2018 la Dinali
inauguró la Posada de Camino para que las personas que están en “mayor
situación de emergencia” puedan tener una solución habitacional transitoria
mientras se estabilizan, explicó Saavedra.

 

Se trata de un espacio mixto, aunque con una presencia mayoritariamente
masculina (como lo es el sistema penitenciario), con 66 plazas disponibles.
Hoy hay 55 ocupadas, 51 por varones y cuatro por mujeres. Jhon Manzzi,
director de la posada, explicó en conversación con Brecha que, si bien hay
técnicos acompañando el proceso individual y grupal de quienes habitan allí,
la propuesta intenta ser fundamentalmente autogestiva: “Ellos se encargan de
limpiar, cocinar, comprar los insumos, planificar las actividades y todo lo
demás”. Los viernes se reúnen en asamblea para organizar la semana y
repartir las tareas, o discutir por ejemplo cómo trabajar con el barrio.
Hace unas semanas se formó una comisión que será la encargada de planificar
algunas acciones como arreglar la plaza o colaborar en pintar la escuela.

 

La idea es que las personas estén no más de 90 días, y el máximo son 120,
aunque se han hecho excepciones. Durante el tiempo de permanencia en la
posada, las personas reciben capacitaciones y hay nivelación escolar con una
maestra que va tres veces por semana. Según explicaron a Brecha Manzzi y
Cotelo, las decisiones se toman en conjunto y la circulación diurna es
absolutamente libre; la única contrapartida que se les pide es el cuidado
del espacio y una convivencia adecuada que incluya el respeto de los otros,
de los técnicos y del barrio.

 

Saavedra destacó que, si bien la herramienta es aún muy joven para poder
sacar conclusiones, están sorprendidos porque la buena convivencia y la baja
reincidencia vienen superando sus expectativas, y agregó que “es una
herramienta única en Latinoamérica, vienen en procesión a verla”. 

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El cupo laboral que no se cumple

 

Hecha la ley

 

La ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, de setiembre
de 2005, estableció que al menos el 5 por ciento de los peones de todas las
obras y servicios públicos licitados con el Estado debían ser ex privados de
libertad. La norma rara vez se aplicó porque las empresas, haciendo una
pirueta formal, prescindieron de esa categoría laboral. Según explica el
último informe anual del Comisionado Parlamentario (2017), las empresas
suelen presentarse en la Dinali para solicitar un “certificado negativo”,
donde expresan que no van a usar la categoría laboral prevista en la ley, y,
aunque debería controlarse si realmente no hay trabajadores con esa función,
hoy no hay ninguna estructura dedicada a eso.

 

Para evitar que las empresas eludieran la norma, se amplió la obligación a
las “tareas de peones, medio oficial, oficial o similares” en la rendición
de cuentas de 2016. También con esta norma las empresas deben solicitar a la
Dinali una “constancia negativa” en el caso de que no vayan a cubrir cargos
de ese nivel o una “constancia positiva” cuando se efectivice la
contratación de liberados. Según el informe, al día de hoy esta ley no es
cumplida por buena parte de las empresas que licitan con el Estado, ya que
no prevé un régimen sancionatorio ni existe un adecuado control de su
cumplimiento.

 

En conversación con Brecha, Saavedra prefirió no depositar la
responsabilidad en la falta de voluntad empresarial y planteó que la
categoría de peón está cada vez más en desuso, mientras que la de medio
oficial u oficial es muy difícil que la puedan cubrir las personas
inscriptas en la bolsa de trabajo de la Dinali, aunque estén capacitadas.

 

Además, señaló que otra variable es la magnitud de las obras: “Para que haya
un cupo (para un liberado), tiene que haber al menos 20 puestos, y muchas de
las adjudicatarias tercerizan varios de su servicios”. En todo caso, la
clave es revisar y ajustar la normativa a la realidad y al desarrollo de la
industria, dijo el jerarca, para que exista un número mínimo de personas
contratadas y no sólo un porcentaje del total.

 

La escasa utilidad de la normativa en la inserción laboral de los liberados
la reflejan los números: en 2017 se expidieron 120 constancias, 117 de ellas
negativas y tres positivas, mientras que en 2018 se expidieron 73
constancias, 67 negativas y seis positivas, según informó la Dinali a
Brecha.

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La DINALI replica la experiencia del Polo Industrial

 

En espejo

 

Uno de los proyectos más importantes para este año, según explicó a Brecha
Saavedra, implica replicar la experiencia del Polo Industrial del ex Comcar,
(1) del que estuvo a cargo hasta asumir en la Dinali. La propiedad –de 2.213
metros cuadrados, que pertenecía al Ministerio del Interior y estaba en
desuso– fue refaccionada por presos y liberados, y ya tiene algunas áreas en
funcionamiento. Este segundo polo, que aún no tiene nombre, trabaja bajo el
paradigma de la integración y la convivencia, dijo Saavedra, y comenzará su
segunda etapa de obras el próximo lunes. El espacio está dividido por áreas.
En la sección empresarial ya están instaladas dos empresas, una del rubro
metalúrgico y otra del gastronómico, y también está en funcionamiento el
área de capacitación, en la que se brindan distintos cursos a través de un
convenio con Inefop. Mientras tanto, la segunda etapa de las obras se
enfocará en la construcción de un espacio de trabajo colaborativo y un área
cultural, que incluirá una radio comunitaria y una sala de cine y teatro. 

 

Nota 

 

1) A través del Polo Industrial, los presos desarrollan tareas dentro y
fuera de la cárcel para empresas e instituciones públicas y para el propio
Inr.

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