Estado español/ El preacuerdo PSOE-Podemos. Gobierno de "coalición progresista" [Pastor - Buster - Raventós]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de noviembre 2019

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Estado español

 

Preacuerdo PSOE-UP

 

Lleno de ambigüedades, ausencias y… concreciones peligrosas

 

Jaime Pastor *

Viento Sur, 13-11-2019

https://www.vientosur.info/

 

Ayer martes a mediodía nos llegó la inesperada noticia del preacuerdo entre
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un gobierno de coalición con
vocación de durar toda una legislatura de 4 años. Después de medio año de
frustradas negociaciones y de unas nuevas elecciones en las que tanto el
PSOE como, sobre todo, Unidas Podemos (UP) han conocido una pérdida de votos
y escaños, era lógico que este pacto exprés provocara consiguiente sorpresa
general, sobre todo tras haberse dado el giro a la derecha que el líder del
PSOE había mostrado a lo largo de la campaña.

 

Una lectura del preacuerdo obliga a entenderlo como una mera declaración de
intenciones, llena de generalidades y ambigüedades salvo, casualmente, en
dos cuestiones centrales de la política que debería desarrollar el nuevo
gobierno. Una es la relacionada con Catalunya, en donde el texto sostiene en
su punto 9: “Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España
tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la
normalización de la vida política. Con ese fin, se normalizará el diálogo en
Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de
la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para
asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su
competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles”.

 

Como se puede ver, ese párrafo supone asumir las tesis, no sólo del PSOE
sino también del PP y de un Cs en descomposición, de que la cuestión
catalana es un conflicto entre catalanes y no de una mayoría de catalanes
con el Estado español. Se propone, además, buscar “fórmulas de entendimiento
y encuentro, siempre dentro de la Constitución”, a lo que se suma la
coletilla final de que “garantizaremos la igualdad entre todos los
españoles”, falso argumento para negar la diversidad nacional y cultural
dentro del Estado español. Nada de plurinacionalidad ni de voluntad de
abordar un rechazo a la judicialización del conflicto y a las consecuencias
represivas que ha tenido y sigue teniendo.

 

El otro punto que, dentro de su ambigüedad, queda también explicitado es el
10, en donde, aunque habla de “justicia fiscal” (¿cómo?), asume la
disciplina presupuestaria de la UE con el eufemismo de “equilibrio
presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial
para el sostenimiento de un estado del bienestar sólido y duradero”. En
resumen, se acepta implícitamente las constricciones austeritarias
neoliberales, sin ninguna mención a la derogación del artículo 135 de la
Constitución cuya reforma en septiembre de 2011 constitucionalizó la
obediencia a la deudocracia.

 

Es cierto que en los otros puntos se habla de “combatir la precariedad
laboral” (pero no de la derogación de las dos últimas reformas laborales de
PSOE y PP), del “blindaje de las pensiones”, de “la vivienda como derecho y
no como mera mercancía” (¿cómo?), de la “lucha contra el cambio climático”
(aunque en el punto 1 se habla de “consolidar el crecimiento”), del “derecho
a una muerte digna”, de “España como país de memoria y dignidad”, de
“políticas feministas” o de “apoyo a la España vaciada”… Pero, como se puede
comprobar, sin concreción alguna y con olvidos llamativos, como es la
ausencia de mención alguna a un cambio en la necropolítica migratoria en el
Mediterráneo o al cierre de los CIES o a la derogación de las leyes mordaza
–la vieja y la nueva-, en contraste con los puntos 9 y 10 ya mencionados y
que constituyen el núcleo duro de la política que el PSOE quiere seguir
manteniendo para asegurarse su hegemonía en el posible nuevo gobierno. Algo
que todavía está por ver ya que ha de conseguir los votos necesarios para la
investidura, al menos en una segunda vuelta, por mayoría simple.

 

A la vista de la aritmética parlamentaria resultante de las últimas
elecciones, las miradas se dirigen ahora a Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), la cual ha mostrado en los últimos tiempos una disposición al diálogo
con el PSOE, hasta ahora sin éxito. Sin embargo, ni la continuidad de la
política represiva, ni la previsible convocatoria de nuevas elecciones
catalanas en primavera facilitan mucho margen de maniobra a la dirección de
ERC, en competición abierta con Junts per Catalunya y la CUP, dispuestas a
votar No a la investidura. La reacción de ERC, por tanto, ante este
preacuerdo ha sido la exigencia de “crear una mesa de negociación y diálogo
entre iguales”, de ámbito estatal y en la que pueda hablarse de todo, como
el reconocimiento de que la cuestión catalana es un conflicto político que
debe resolverse políticamente y no judicialmente y, por tanto, que se pueda
debatir sobre el derecho de autodeterminación. Cuestiones todas ellas que,
más allá de las buenas palabras, difícilmente aceptará Pedro Sánchez, aunque
no cabe descartar algunos gestos de distensión en las próximas semanas. Su
baza fundamental será, probablemente, acusarles de lo que significaría votar
junto con Vox, PP y Cs contra la investidura para poder conseguir finalmente
su abstención.

 

En cuanto al PP, que es la otra opción de pacto de investidura por la que
presionan los grandes poderes económicos y el Estado profundo, no puede
sorprender su reacción airada frente a este preacuerdo. En efecto, pese a
las declaraciones de su líder rechazando cualquier posibilidad de pacto,
esperaban la llamada de Sánchez para dejarse querer e imponer sus
condiciones para una posible abstención por sentido de Estado con el fin de
evitar una nueva convocatoria de elecciones. Respecto a Vox, no hace falta
extenderse sobre su reacción llamando a la lucha contra la alianza del PSOE
con el comunismo y el bolivarianismo…

 

Entre las gentes de izquierda, en cambio, es lógico que se esté dando una
sensación de alivio y de realista y modesta esperanza de cambio, más bien de
freno frente a la amenaza que supone el ascenso de Vox y a la hipótesis de
un pacto con el PP. Con todo, seguimos pensando que ni la naturaleza del
PSOE como principal partido del régimen, ni la peor relación de fuerzas con
que se encuentra UP tras los resultados electorales permiten pensar que, en
el caso de que se forme ese gobierno (¿será posible la convivencia de Pablo
Iglesias como vicepresidente con Nadia Calviño, la predilecta de la UE,
también como vicepresidenta?) vayamos a encontrarnos con un giro
significativo en lo que debería ser la respuesta a los dos principales
desafíos del régimen: la resolución democrática del conflicto
catalán-español y la desobediencia a los dictados del neoliberalismo
autoritario.

 

Seguiremos, por tanto, las posibles concreciones de ese preacuerdo que se
vayan dar en las próximas semanas insistiendo por nuestra parte en los
riesgos que corre con su entrada en minoría en el gobierno una UP
subordinada a un hiperliderazgo creciente y con una estructura partidaria
enormemente debilitada para contrarrestar un proceso de transformismo ya
iniciado y que, mucho me temo, pueda llegar a ser difícilmente reversible.

 

En todo caso, recordemos que una cosa es formar gobierno y otra gobernar en
el marco de las correlaciones de fuerzas que se dan en el Congreso y en el
Senado y, sobre todo, de las constricciones sistémicas en que se va a
desarrollar la legislatura. Nuestra tarea debería consistir en no asistir
como espectadores en las próximas semanas y meses y, como ya está ocurriendo
en Catalunya desde el Tsunami Democratic, volver a dar centralidad al
conflicto, a las luchas en las calles y en los centros de trabajo, para
reivindicar un giro a la izquierda y radicalmente democratizador desde la
movilización, la autoorganización y el empoderamiento popular frente a un
régimen en crisis permanente. 

 

* Editor de Viento Sur.  

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Gobierno de “coalición progresista” en la crisis del régimen del 78

 

Gustavo Buster/Daniel Raventós *

Sin Permiso, 13-11-2019

http://www.sinpermiso.info/

 

Poco menos de treinta y seis horas después de conocer los resultados de las
elecciones del 10 de noviembre, lo que había sido imposible el 28 de abril
se hizo factible: un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Tras la
firma de un vago documento como primera piedra, queda lo más fácil -ampliar
el apoyo parlamentario a Más País-Más Compromis, regionalistas cántabros y
canarios, BNG y PNV- y lo más difícil: conseguir la abstención al menos de
ERC y Bildu.

 

En este breve espacio de tiempo han quedado descartadas las otras dos
opciones posibles: a) La Gran Coalición PSOE-PP, o una versión menor como la
abstención del PP ante un gobierno en solitario del PSOE de Sánchez; y b) un
gobierno en solitario de Sánchez, apoyado por Unidas Podemos y otras fuerzas
de izquierda y regionalistas que contase con la abstención de los 10
diputados restantes tras el descalabro de Ciudadanos.

 

La primera de ellas era la fórmula preferida por la patronal y los “poderes
fácticos” del régimen del 78, como han defendido con toda claridad. En la
reunión de balance de las elecciones de la ejecutiva del PP, su portavoz
Cayetana Álvarez de Toledo la ha articulado como un frente
constitucionalista que incluyese a Ciudadanos y que mantuviese el cordón
sanitario contra Unidas Podemos y los independentistas catalanes, exigiendo
la ruptura de las alianzas municipales y autonómicas del PSOE con ellos.
Esta fórmula hubiera subordinado al PSOE al veto combinado de PP y
Ciudadanos, situado la oposición y los partidos nacionalistas y autonomistas
extramuros y abierto un proceso de radicalización a derecha e izquierda, de
consecuencias previsibles para la ya erosionada legitimidad del régimen del
78.

 

La segunda suponía volver a la opción defendida por Sánchez tras las
elecciones del 28 de abril, en la segunda oportunidad que pidió al convocar
las nuevas elecciones. No hay que decir que el fracaso de esta estrategia ha
sido clamoroso: el PSOE ha perdido tres escaños y la mayoría absoluta del
Senado y el supuesto bloque parlamentario “progresista” que debía apoyarlo
ha caído de 165 a 158 diputados (y el alternativo de “centro” con Ciudadanos
de 180 a 130).

 

Pero es que, además, el anunciado crecimiento de VOX, que ha obtenido 28
escaños adicionales, sitúan la alternativa de gobierno de la derecha en 152
escaños, de los 150 con los que contaba el 28 de abril, escorándola
sustancialmente hacia la extrema derecha. El hundimiento de Ciudadanos, que
ha motivado la dimisión de su jefe y su vuelta “a la vida privada”, ha
traspasado votos al PP y a VOX, poniendo de manifiesto los vasos
comunicantes de los tres partidos de derechas españoles.

 

En cuanto al bloque independentista catalán, de cuya abstención el PSOE
había abjurado para mostrar su acatamiento a los limites legales impuestos
por la vigente Constitución, ha aumentado en más de 3% (del 39,4% al 42,6%)
y el bloque a favor de la autodeterminación en Cataluña se sitúa en el
57,4%.  A lo que hay que sumar los nuevos escaños obtenidos por Bildu, CUP y
BNG.

 

Todo ello ha pesado, sin duda, en la rápida decisión de Pedro Sánchez en una
encrucijada política que le podía arrebatar lo que le restaba de iniciativa
a manos de los mismos “poderes fácticos” que le expulsaron de la secretaria
general del PSOE en octubre de 2016, cuando se negó a asumir la abstención
que abriría el gobierno a la alternancia bipartidista del PP. Como
probablemente también los gritos de los militantes de su partido,
congregados ante la sede de Ferraz en Madrid la noche de las elecciones:
“Con Casado no, con Iglesias sí”.

 

Una vez firmado el documento con Unidas Podemos, las tres derechas han
cerrado filas, a pesar de insistir en que todavía se estaba a tiempo de una
Gran Coalición. Pero el objetivo era ya simplemente aumentar el desgaste por
la derecha del PSOE y poner de manifiesto su dependencia de la abstención de
ERC y Bildu.  Los intentos de tantear a Ciudadanos en paralelo han sido
cortados en seco por Arrimadas, que ha hecho de la defensa de la alternativa
de derechas la plataforma de su sustitución continuista de Rivera
(consciente de los problemas económicos que amenazan la existencia del
partido).  Y Casado ha reiterado que en la Gran Coalición que defiende, el
“constitucionalismo” lo aportaría el PP, no el PSOE de Sánchez…

 

La creciente polarización política no es, por lo tanto, una mera sustitución
del bipartidismo dinástico por un “bloquismo” hegemonizado por el PP y el
PSOE, sino la consecuencia de la crisis del bipartidismo y la erosión del
consenso constitucional del régimen del 78, sin que haya una alternativa al
mismo.

 

¿Estabilidad? Cada nuevo proceso electoral desde 2015 ha puesto de
manifiesto las crecientes dificultades, que reflejan la crisis estructural
del régimen del 78 que hemos analizado tantas veces en Sin Permiso. El
bloqueo electoral, con la crisis del bipartidismo, el reforzamiento de una
situación completamente diferente al resto del reino en la Comunidad
Autónoma Vasca (ni un acta parlamentaria para PP, Ciudadanos o Vox), Navarra
y Cataluña (con la novedad de la irrupción de la CUP por primera vez en unas
elecciones españolas, y un porcentaje de votos al PP, Ciudadanos y VOX muy
minoritario, con 6 diputados en total de 48), y el peso determinante de
fuerzas autonomistas en un número creciente de Comunidades, son el reflejo
de la crisis profunda del estado de las autonomías, uno de los elementos
constitutivos esenciales del régimen del 78. Pero también de la crisis de un
estado que niega la existencia de la pluralidad nacional, y los mecanismos
para articularla funcionalmente, para afirmar una sola soberanía que, a
pesar de pretenderse fruto de un pacto “constitucionalista”, ha reforzado
paulatinamente su carácter nacionalista y conservador heredado del
franquismo, del que hoy se beneficia tan claramente VOX, pero también el PP
y sectores de Ciudadanos.

 

El cordón sanitario establecido contra el conjunto del independentismo, que
VOX quisiera ampliar hasta el PNV y los partidos regionalistas -a excepción
de Unión del Pueblo Navarro, remedo de la red clientelar del viejo carlismo
franquista-, se ha reclamado también para Unidas Podemos por parte de las
organizaciones empresariales. Ese veto a su participación en un gobierno de
coalición con el PSOE de Sánchez, reiterado por las organizaciones
patronales hasta después de la misma firma del acuerdo,  lo es al aumento
del salario mínimo interprofesional, a una reforma fiscal progresista que
redujera el déficit social con la media de la zona euro, a un programa
redistributivo de reconstrucción del estado del bienestar tras los estragos
de las políticas neoliberales y del rescate bancario de la Gran Recesión, a
las puertas de su segunda fase.

 

¿Estabilidad? En el caso de la agenda social se trata de mantener los
privilegios de las clases dominantes, su parasitismo clientelar del
presupuesto del estado frente a las reivindicaciones más elementales y las
movilizaciones de las clases populares que no han recuperado sus niveles de
vida y que ahora ven como empeoran de nuevo. Es decir, estabilidad se
refiere aquí también a la capacidad de represión, a una distopía
reaccionaria cuya mejor expresión es VOX cuando se enfrenta localmente a los
conatos de organización sindical de los trabajadores inmigrantes de los que
depende la exportación agrícola al mercado europeo. Si hay una confluencia
de la cuestión nacional y de la cuestión social evidente y reaccionaria es
la de VOX. Su rápido crecimiento electoral es una expresión tóxica de la
gravedad de la crisis del régimen del 78.

 

Más allá de las reivindicaciones sociales inmediatas frente a los estragos
de la gestión neoliberal de la Gran Recesión y su próxima segunda fase, y
más allá de las implicaciones antidemocráticas de la respuesta
“constitucionalista” a la reivindicación popular del derecho de
autodeterminación en Cataluña, los llamamientos a la estabilidad pretenden
seguir difiriendo las soluciones políticas a la crisis estructural del
régimen del 78. Ganar tiempo para las clases dominantes, a pesar de que cada
vez les cuesta más seguir gobernando como antes y cada vez sus soluciones
son más provisionales y se agotan más rápidamente.

 

En este contexto, las próximas semanas pondrán sobre la mesa este debate
estratégico, aunque sea de forma deformada, entorno a la abstención de ERC y
Bildu y la composición y programa del propio gobierno PSOE- UP.  El fracaso
de la estrategia electoral de Sánchez le ha obligado a un giro táctico a la
izquierda, pero convierte al nuevo gobierno en el escenario de todas las
tensiones descritas. Conviene por ello recordar los limites implícitos en su
gestación y que se puede esperar de él, de entrada. Porque tal vez el
fracaso de la estrategia electoral de Sánchez cara al 10 de noviembre no
haya sido tal por lo que se refiere a la naturaleza del nuevo gobierno de
coalición que presidirá.

 

El punto de arranque de este análisis puede ser la “Propuesta abierta para
un programa común progresista” del PSOE del pasado 3 de septiembre. Si se
compara con el documento de coalición firmado el día 12 de noviembre -que no
es un programa de gobierno, sino unos elementos de acuerdo para llegar a
él-, más que ambigüedades lo que se repiten son los mismos silencios sobre
la contra-reforma laboral de 2012, la Ley mordaza, la ausencia de la
regulación de alquileres (una tradicional reivindicación del municipalismo
de izquierdas) mientras que en los puntos 9 y 10 se especifica claramente la
finalidad del “diálogo en Cataluña” no como un problema político, sino de
orden público y “convivencia” en el marco constitucional y se subordina la
reforma fiscal que “nos acerque a Europa” a los “acuerdos de responsabilidad
fiscal”, que son la expresión del consenso neoliberal de Bruselas que
representará en el nuevo gobierno Nadia Calviño. Si en septiembre a Pablo
Iglesias le “sonó bien la música”, ahora ha aceptado la melodía como suya y
la disciplina del socio mayoritario, dada la inexistencia de vetos, ante las
objeciones de algún sector de la dirección de Unidas Podemos, como Alberto
Garzón.

 

¿Será el gobierno de coalición PSOE-UP no solo un dique de contención frente
a la alternativa de derechas de la oposición, sino también un terreno de
disputa, como pretendía la estrategia eurocomunista que ha parecido orientar
a Pablo Iglesias en estas tres convocatorias electorales? Más allá de las
opciones coyunturales tácticas, la autolimitación de Unidas Podemos a
ministerios sociales y la reafirmación de la lealtad como socio minoritario
en la dirección política del gobierno plantea cuestiones de fondo, es decir,
de voluntad política, sobre como intentará conjugar Unidas Podemos su papel
de “partido de gobierno” y de “partido de lucha”.

 

Es pronto, por supuesto, para ninguna conclusión. Pero la prudencia exige
aprender de los errores pasados, uno de los cuales es la renuncia a una
estrategia republicana que aúne decididamente la llamada cuestión social con
la democrático nacional y que mediante la experiencia colectiva vaya
conformando una alternativa a la crisis irreversible del régimen del 78, del
que el nuevo gobierno será una consecuencia y, en el mejor de los casos, un
terreno más favorable de disputa para los movimientos sociales, pero también
de una mayor polarización antagónica. 

 

* Editores de Sin Permiso.

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