Ecuador/ País de lucha. Un renovado movimiento indígena lidera la revuelta popular [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de octubre 2019

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Ecuador

 

País de lucha

 

El estallido popular desencadenado por las exigencias del Fmi sacude a un
país en transición y pone en jaque al gobierno de Lenín Moreno. Enfrentado
tanto a la actual administración como a la oposición correísta, un renovado
movimiento indígena lidera las protestas con una ambiciosa plataforma de
reivindicaciones.

 

Decio Machado, desde Quito

Brecha, 11-10-2019

https://brecha.com.uy/

 

Ecuador está inmerso en una huelga general. Esta semana fue ocupado por
manifestantes el edificio de la Asamblea Nacional, tras haber sido evacuados
apresuradamente los pocos funcionarios públicos que quedaban dentro: los
legisladores habían sido los primeros en abandonar el barco un día antes. La
consigna de un sector de los movilizados es: “El gobierno de la Asamblea de
los Pueblos en Quito y el Gobierno de Lenín en Guayaquil”. En estos momentos
todo puede pasar. La Defensoría del Pueblo confirmó al menos cinco muertos
en relación con las protestas y la brutal represión policial. Los detenidos
se estiman en unos 800 según cifras oficiales.

 

El detonante

 

El jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto con sectores del sindicalismo
tradicional, a un paro nacional con el objetivo de expresar su discrepancia
respecto a las últimas medidas económicas del gobierno. El anuncio de la
Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas
localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte
presencia indígena con el objetivo de coordinar una gran movilización a
Quito en demanda de la derogación del decreto 883, que incluía el alza de
precios de los combustibles en todo el país.

 

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por
el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (Fmi). Este
organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una
optimización económica del 1,5 por ciento de su Pbi mediante reformas de
carácter tributario, a cambio de otorgarles algo más de 10.000 millones de
dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

 

El problema de desequilibrio económico de Ecuador no es nuevo: ya en 2016
–última fase de la década de mandato de Rafael Correa– existían informes que
recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad
macroeconómica y financiera del país, fruto del desequilibrio entre gastos e
ingresos en esta economía dolarizada desde los inicios del siglo. El
gobierno correísta decidió en aquel momento mantener en reserva dichos
informes y no hacerlos públicos ante la población.

 

Dos opciones tuvo que manejar el gobierno presidido por Lenín Moreno ante
tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el Iva en tres puntos
porcentuales –medida que según los medios de comunicación parecía ser la más
probable y en principio más regresiva– o la que definitivamente fue
aprobada. A priori, la opción tomada por el gobierno ecuatoriano parecía ser
la menos conflictiva.

 

Un modelo de subsidio con escasa eficiencia, que carecía de focalización y
que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de
combustible, a grandes flotas de transporte y a sectores de las elites
económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía
ser el que menos rechazo social podría generar. De esta manera, Moreno
decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de
precios de la gasolina “extra” –la más usada en el país–, pasando el galón
de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera, la gasolina Ecopaís (extra con
etanol) pasó de 1,45 a 2,53 dólares y la súper, de 2,3 a 3,07 dólares.

 

Estados de excepción

 

Por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el
incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la
sociedad, sean propietarios de vehículos o no. Los precios de los productos
básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera
indirecta por este tipo de medidas. Pero el descontento generalizado entre
la sociedad no hizo cambiar la posición de Moreno, quien ha manifestado de
forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos
internacionales es una política necesaria para el mejoramiento de las
finanzas públicas y sobre la que “no hay marcha atrás”.

 

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas
establecidas por el gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando
que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia
fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y
achica al Estado, mientras desemplea a un número cada vez mayor de
funcionarios públicos.

 

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron
movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional
pese a que el gobierno nacional optó por declarar el estado de excepción, en
la búsqueda de suspender o limitar el ejercicio de varios derechos, como la
inviolabilidad de domicilios, la libertad de tránsito, la libertad de
asociación y la de reunión. Con movilizaciones cada vez mayores en todos los
territorios afectados por la convocatoria, la resolución fue unánime: una
gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las
medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua,
páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, la salud, el
transporte y las radios comunitarias.

 

Se llegaron a contabilizar 300 cortes de carreteras simultáneos durante
diferentes momentos del sábado y el domingo pasados. En paralelo, el
gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se
intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la
fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el
diálogo con los manifestantes, intentando establecer propuestas de
compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de
interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de
autoridades locales). Nada sirvió, y la dirigencia nacional de Conaie ha
manifestado públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente
cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado
hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”,
manifestaron de forma homogénea todos sus voceros.

 

El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional y se
llegó a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y
policiales que posteriormente fueron entregadas a cambio de la liberación
extraoficial de civiles detenidos. La Conaie, bajo el principio de
autodeterminación de los territorios indígenas, también declaró su estado de
excepción y prohibió en sus comunidades la entrada de infiltrados y grupos
armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

 

Bajar de la sierra

 

El lunes amaneció más tranquilo, y los voceros del gobierno nacional
salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de
detenidos ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías
se había bajado a 50, el número de movilizaciones en diferentes localidades
del país también había bajado, el paro indígena y las movilizaciones urbanas
en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone
paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula
Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era
radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la
represión de la fuerza pública permitió al movimiento fortalecerse y
coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia
para poder desplazarnos hacia la capital”.

 

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la
capital. La policía nacional y el servicio de inteligencia del Estado
detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de
la Sierra Central hacia Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada: el
ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde
al nombre de Oswaldo Jarrín, amenazó directamente a los movilizados: “Que no
se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”.
Estas declaraciones encendieron aun más los ánimos de los movilizados.

 

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos
contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva
también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos
barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con
actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña
de desprestigio y racismo posicionada por influencers conservadores en las
redes sociales. Con los accesos de entrada a las ciudades altamente
custodiados por las fuerzas de orden público –militares y cuerpos de elite
de la policía nacional– los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más
manifestantes detenidos, más violencia en medio de los poco creíbles
llamados al diálogo e incluso alguna que otra tanqueta policial fue
incendiada durante las reyertas.

 

Distintos puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en
focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El
presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres
veces aplazada, y los periodistas destinados a cubrirla fueron desalojados
por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

 

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se
combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que
aprovecharon la protesta para sus fines delictivos. De igual manera,
militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron
en las movilizaciones y protagonizaron asaltos de edificios públicos –como
la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado–, que fueron
censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales. En otras
provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la
Gobernación o el Consejo de la Judicatura. Las movilizaciones fueron
permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas
con fuerte ascendencia indígena.

 

A las 21 horas del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional.
El presidente Lenín Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y
su ministra de Defensa a la izquierda, junto con los jefes de los diferentes
cuerpos militares atrás, manifestaba –con cierto nerviosismo– que el pueblo
ecuatoriano asistía a un intento de golpe de Estado vinculado a un complot
internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de
desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano e insistió en que las
medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y
la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para
desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden
democrático”.

 

Para sorpresa de los ecuatorianos, la cadena nacional se emitió desde la
ciudad de Guayaquil, lo que implica que el gobierno abandonó el Palacio de
Carondelet en la capital quiteña. La estrategia política y comunicacional
del gobierno de Moreno, que tiene una credibilidad inferior al 16 por
ciento, no pudo ser más desacertada. Rodeado de militares, el presidente de
la república realizó un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas en
las que reiteró que bajo ningún concepto se revisará el decreto 883.

 

Con la situación al límite, los movilizados se dispusieron a pasar la noche
en Quito en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos
universitarios y locales de organizaciones sociales. Sectores sociales
ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron alimentos y mantas a
los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atendían a los
heridos y el periodismo alternativo trataba de hacer coberturas coherentes
sobre el qué y el porqué de lo que demandaban los movilizados. Manifestantes
indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya
consigna era “ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida
capitalización política correísta de las movilizaciones. A partir de
entonces, las marchas pasaron a ser resguardadas por unas improvisadas pero
eficientes guardias indígenas. Los infiltrados, ya fuesen miembros de la
policía secreta o agentes del correísmo, pasaron a ser expulsados
violentamente de las movilizaciones por los propios manifestantes. Las
acciones vandálicas disminuyeron radicalmente.

 

Un país en transición

 

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia. En este
período se han desarrollado 11 contiendas electorales, se han aprobado tres
constituciones –1978, 1998 y 2008– y se ha vivido una década de
desestabilización política que comenzó con la caída de Abdalá Bucaram y que
perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del
Palacio de Carondelet.

 

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó con la
decepción notable de la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizó
aún más a Ecuador, tras implementar el predominio del Poder Ejecutivo sobre
los demás poderes del Estado. La última fase de deterioro económico del país
comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del
petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. El
presupuesto general del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a
37.600 millones en 2016, y el endeudamiento público –interno y externo– pasó
de 2,8 por ciento del Pbi en 2012 al 8,1 por ciento en 2016 y 9 por ciento
en 2017.

 

La Conaie fue el motor de la resistencia rural comunitaria durante toda la
década correísta. El propio Correa los llegó a definir como el principal
enemigo de la llamada revolución ciudadana, término propagandístico con el
que autodefinió su período de gestión. Pese a ese rol y a haber
protagonizado episodios heroicos como el alzamiento de agosto de 2015
–fuertemente reprimido por el gobierno correista–, la Conaie no levantaba
cabeza en su crisis interna, iniciada hace una década y media atrás durante
el corto período de gestión presidencial del coronel Lucio Gutiérrez, cuando
decidió apoyar al gobierno y ocupar carteras ministeriales, abandonando sus
principios fundacionales.

 

Sin embargo, hoy Ecuador vive un momento de renovación política enmarcado en
un mapa de transiciones. Con el inicio de las actuales jornadas de lucha,
nuevos dirigentes sustituyeron a líderes históricos del movimiento indígena
que se encontraban políticamente agotados. Estos últimos días se vio a una
Conaie renovada en los diferentes territorios en los que tiene implantación:
provincias de la Sierra Central y territorio amazónico. Una Conaie combativa
y con fuerte capacidad de movilización popular.

 

El mismo gobierno de Moreno, inicialmente presentado como la continuidad del
correísmo, se ha autodefinido como un gobierno de transición, transitando
hacia posiciones neoliberales y entreguistas respecto al Fmi. Incluso en el
seno del gobierno de Moreno se puede visualizar una transición con la
conformación de nuevas figuras políticas que renovarán en breve la caduca
derecha ecuatoriana. Personajes como el vicepresidente de la república, Otto
Sonnenholzner, el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, o el
ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, son parte de esa
regeneración en el frente conservador en detrimento de los liderazgos más
clásicos.

 

Pero ahora, y a partir del jueves 3 de octubre, todo puede pasar. El
gobierno sigue desesperadamente buscando canales de diálogo con el
movimiento indígena, Lenín Moreno vuelve a Quito tras las fuertes críticas
recibidas por todos lados tras refugiarse en Guayaquil, y en las calles más
de 20 mil indígenas acompañados del tejido social solidario quiteño tienen
tomado el centro de la capital.



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