Argentina/ Los miserables capitalistas [Pablo Anino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de abril 2020

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Argentina



Los miserables



Pablo Anino *

Ideas de Izquierda, 5-4-2020

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Las tendencias recesivas a nivel internacional, previas al desarrollo de la
pandemia, se aceleraron con la cuarentena que afecta a una gran parte del
planeta. Existen muchos pronósticos que ponderan que la caída de la economía
mundial podría ser mayor que durante la Gran Recesión de 2009. No es un dato
menor que se esté discutiendo la posibilidad de una depresión, es decir una
caída de la economía no solo durante el corriente año, sino más extensa, que
incluso puede adquirir una escala similar a la ocurrida en la catastrófica
década de 1930.



La situación en Argentina está sobredeterminada por la crisis mundial en
curso. Pero el paráte internacional impactará con mayor potencia sobre una
economía local que ingresa en su tercer año de recesión, que comenzó en 2018
con la ruptura del crédito internacional y el regreso del FMI, pero que en
una mirada hacia atrás muestra casi una década de estancamiento. Los
analistas del establishment estiman que este año el retroceso económico
previsto antes del coronavirus, evidentemente, ahora será más profundo: por
ejemplo, Orlando Ferreres estima que se puede ubicar entre el 4 % y el 8 %,
dependiendo de cuánto dure la cuarentena. No solo eso. Los desórdenes
económicos preexistentes en términos fiscales, inflacionarios, de deuda, de
empleo, se sostienen o se agravaron con el coronavirus.



Desde el punto de vista macroeconómico existe un beneficio indirecto:
prácticamente se han detenido las importaciones de bienes no esenciales
desde el exterior mientras que las exportaciones agrícolas siguen su curso,
por lo cual existe un excedente de dólares en el comercio exterior. En un
artículo escrito para el portal Cenital, el economista Emmanuel Álvarez Agis
explica que gracias a la recesión preexistente, agravada por el Covid-19,
van a sobrar dólares en la economía. Pero es obvio que los especuladores de
la deuda son un monstruo grande, que pisa fuerte y se come todos los dólares
que encuentran en su camino.



Las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández para atender la
emergencia durante la pandemia, con matices, siguen las “mejores prácticas”
internacionales: salvar al mundo empresario y contener a los segmentos más
vulnerables de la población. Alberto “cuida a todos”, pero más a los
primeros que a los segundos.



Semanas atrás, en una reunión con parlamentarios, frente al reclamo del
diputado del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, de prohibir los
despidos y suspensiones, el presidente Fernández ponderó que con la doble
indemnización vigente alcanzaba para poner límites a la voracidad
empresaria. Finalmente, de contragolpe, tuvo aplicar la prohibición frente a
la prepotencia patronal, como la ejercida por Techint con los despidos de
más de 1.400 trabajadores. La medida llegó tarde, sin carácter retroactivo,
cuando una oleada de despidos y suspensiones había sido ejecutada. Además,
el anuncio fue complementado por el Decreto 332/2020, que establece un
monumental subsidio a las empresas para el pago de salarios. Se estima que
el oficialismo comprometerá unos $ 380.000 millones provenientes,
principalmente, de la Anses para alimentar la ganancia empresaria. Es diez
veces más que los recursos destinados al Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE) para informales y desocupados que se quedaron sin ingresos; y 13 veces
más que los fondos desembolsados para el bono a jubilados y beneficiarios de
la Asignación Universal por Hijo (AUH). El desfinanciamiento de la Anses es
la antesala para que vuelvan a emerger, una vez más, los reclamos por una
reforma previsional y seguir ajustando a jubilados que en su mayoría
perciben menos de la mitad de lo que necesitan para llegar a fin de mes.



Los créditos blandos y subsidiados a Pymes, la principal medida anunciada al
principio de la crisis, guarda las mismas proporciones en relación a lo
destinado a los que menos tienen. Lejos de la imagen romántica que presenta
a las Pymes como un esforzado panadero o kiosquero, la categorización
oficial de Pymes establecida por el Ministerio de Desarrollo Productivo
incluye a empresas que facturan anualmente hasta $ 1.740 millones siendo
industriales o hasta $ 2.147 millones cuando son del rubro comercio. No son
para nada pequeñas. Por el contrario, kiosqueros, panaderos y otras
actividades similares que están siendo carcomidas por la cuarentena tienen
prácticamente vedado el acceso a los créditos anunciados porque no cumplen
con los requisitos o no cuentan con la estructura administrativa necesaria
para entablar la tramitación.



Incluso la emergencia no impidió que el gobierno desembolsara la semana que
terminó U$S 250 millones (en pesos son 16.375 millones) en beneficio de los
acreedores de deuda. Este pago de deuda representa nueve veces más que los
recursos adicionales por $ 1.700 millones anunciados para reforzar el
presupuesto de salud. Hay más pagos de deuda comprometidos para las semanas
próximas. En lo que va del año se destinaron a pagar deuda unos U$S 5.000
millones, recursos que permitirían pagar $ 30 mil como salario de emergencia
durante la cuarentena a los 11 millones de personas que se anotaron para los
insuficientes $ 10 mil que ofrece el gobierno con el IFE. Por el momento,
los especuladores están inmunizados frente al coronavirus. Pero los dólares
del país no son infinitos y el default es un fantasma que da vueltas.



En la repentina revalorización del rol del Estado, los melancólicos del
keynesianismo que vuelve no advierten (o, tal vez sí, pero prefieren no
decirlo) que la monumental intervención estatal en estos términos sigue los
lineamientos que corresponden, supuestamente, en forma exclusiva al más
bello neoliberalismo: beneficiar a los capitalistas. En términos marxistas,
el Estado está exponiendo a cielo abierto su carácter de clase. En verdad,
la “guerra” contra el coronavirus, no es más que la continuación de la
política burguesa por otros medios. No obstante, el gran empresariado
empieza a cascotear la cuarentena establecida por el gobierno y reclama
reactivar la economía.



La vida en cuarentena y el día después



El macrismo dejó una pérdida del poder de compra del salario del 20 % en
cuatro años para el sector registrado privado. En el caso del empleo
público, el retroceso del salario real supera ampliamente el 30 % y otro
tanto ocurre en el sector no registrado. La clase capitalista no solo logró
un salario más bajo en términos de poder de compra de alimentos, vestimenta
y atención de otras necesidades de la vida, sino también un salario más
barato en dólares, algo muy importante para el gran capital que opera en
escala global. El salario bruto (no el de bolsillo, que es menor) medido en
dólares pasó de U$S 1.600 en noviembre de 2015 a U$S 868 en diciembre de
2019, una caída del 45 % lograda gracias a las devaluaciones sucesivas.



Como se sabe, la contraparte de la devaluación salarial es el encarecimiento
de la vida. En enero, el costo de la canasta familiar estimada por ATE Indec
(de consumos mínimos la denomina esa organización) fue de $ 64 mil para un
hogar de cuatro integrantes, ingreso que la mayoría de los trabajadores
registrados no alcanza a cubrir. En febrero, la canasta de pobreza costó $
41 mil. Con los $ 10 mil del Ingreso Familiar de Emergencia que implementó
el gobierno solo alcanza para vivir menos de 8 días considerando la canasta
de pobreza. La inscripción al IFE superó ampliamente los cálculos del
gobierno que estimaba pagar 3,6 millones de beneficios cuando de mínima la
realidad indica que hay 7 millones de trabajadores informales, que viven de
changas o monotributistas.



El deterioro de los ingresos se aceleró con la pandemia; la inflación si
bien se desaceleró de los meses más dramáticos del año pasado, sigue firme y
alimentada por las avivadas de las grandes empresas que burlan los controles
estatales y hacen de la crisis una oportunidad para ganar cada vez más. En
épocas de “big data” no debería ser difícil conocer los estados contables
empresarios, sus estructuras de costos o la situación de sus cuentas
bancarias. En el caso del alcohol se hace evidente, los ingenios azucareros
están beneficiados por un régimen especial para abastecer bioetanol (que se
produce con alcohol) a las refinerías (YPF, Shell, etcétera) que lo mezclan
con naftas: tienen garantizado un precio y un cupo de abastecimiento. Es un
negocio muy rentable y seguro para el cual deben informar a la Secretaría de
Energía sus costos ¿Por qué no se hace pública esa información? El Estado
protege bajo siete llaves el secreto empresarial. Es evidente que
corresponde a la clase trabajadora establecer un control en el ámbito de la
producción, de la distribución y de la comercialización para terminar con
las avivadas empresarias con los precios y el abastecimiento de productos
esenciales como el alcohol.



La desocupación fue 8,9% en el cuarto trimestre de 2019: 1,2 millones de
personas sin ocupación en los aglomerados relevados por Indec. La proyección
a todo el país indicaría que son unos 2 millones los que están sin empleo.
En los partidos del conurbano bonaerense la desocupación ronda el 11 % y en
el Gran Córdoba el 10 %. El efecto tenaza entre ingresos deteriorados y
desempleo en alza dejó el tendal de 35,5 % de personas en situación de
pobreza en el país, dato informado por Indec para el segundo semestre de
2019. En el conurbano bonaerense, en el noroeste, en el noreste, Gran
Mendoza, San Nicolás-Villa Constitución, en Ushuaia-Río Grande, los números
rondaron o superaron generosamente el 40 %. Son datos que grafican la bomba
de tiempo en términos de crisis social es previa a la pandemia. Hoy la
situación se agravó en relación a la segunda mitad del año pasado. En la
década de 1970 la pobreza castigaba a menos del 5 % de la población del
país. En 1960, existían 6,4 camas hospitalarias por cada mil habitantes del
país; en 1970, 5,6 camas; en 2014, el último dato disponible, registra 5
camas. Si la pandemia avanza sobre las geografías empobrecidas, donde prima
el hacinamiento, ninguna medida de emergencia revertirá tantos años de
agravios a las condiciones de vida.



La clase capitalista respondió con su sensibilidad habitual a la cuarentena.
Los despidos en Techint, la principal empresa argentina con espaldas de
sobra para pasar la crisis, fueron la cara más desvergonzada de la política
patronal. También se registraron despidos en Cinemark e incluso en
dependencias estatales, entre muchos otros lugares. Empleados de Garbarino
denuncian que la empresa se niega a pagar salarios. El Observatorio del
Derecho Social de la CTA Autónoma [1] relevó decenas de denuncias y reclamos
de colectivos de trabajadores y trabajadoras que señalan “la falta de
delimitación clara entre las líneas de producción que deben seguir
funcionando y otras que claramente no son esenciales y que incluso podrían
fortalecer la producción de aquellos bienes que son imprescindibles para la
subsistencia del conjunto de la población; otras que no garantizan las
condiciones necesarias de salud y seguridad en el trabajo, así como también
han denunciado la situación de empresas que han recurrido a despidos y
suspensiones colectivas”. Los maltratos patronales atraviesan geografías y
actividades: ingenios azucareros del noroeste (los mismos que especulan con
el alcohol), la actividad vitivinícola de Mendoza, FATE en el Gran Buenos
Aires, y la lista sigue. Las comisiones de seguridad e higiene impulsadas
por trabajadores son esenciales para la batalla cotidiana por defender la
salud de la clase obrera.



La CGT se reunió con Alberto Fernández para conversar sobre las condiciones
de una salida gradual del parate económico. Los talibanes del “quedate en
casa” pueden convertirse rápidamente al dogma de trabajar cueste lo que
cueste, aunque se trate de la propia vida. En la tensión entre cuidar la
salud y poner a funcionar la economía se plantea un falso dilema. Las
preguntas correctas serían qué se produce, para quién, con qué medidas de
seguridad. Los empresarios esas preguntas ya las tienen respondidas hace
rato. Y presionan por volver a la normalidad de la extracción de plusvalía
cotidiana, de realización de ganancias, a reactivar el ciclo de acumulación.
La crisis del coronavirus está exponiendo las premisas de la posibilidad de
otra organización social donde lo primero sea atender las necesidades
sociales: enfermeras, médicas, trabajadores de la alimentación, de
logística, muestran que los resortes esenciales de la organización de la
producción no se mueven sin ellos. Por el contrario, se puede prescindir de
los capitalistas. La ausencia de test masivos con muestras significativas
entre segmentos de la población, a los trabajadores que se mantienen en
actividad o a los de salud, que están en la primera línea de la lucha contra
el coronavirus, al día de hoy impide una planificación científica de la
cuarentena. Una salida de la cuarentena desordenada para hacer control de
daños sobre la economía puede conducir a una irracionalidad desmesurada. Los
trabajadores también tendrán que establecer sus exigencias para el día
después: entre ellas, claro está, la de test masivos.



Cuando cesen los sesenta días de prohibición de despidos y suspensiones,
puede experimentarse una oleada de trabajadoras y trabajadores expuestos no
solo al coronavirus, sino a la desocupación y quiebras empresarias en una
economía internacional y local cuyo nivel de destrucción no puede conocerse
a ciencia cierta. Siguiendo las experiencias de fábricas ocupadas, como
Zanon o MadyGraf, que en la crisis están dando amplias muestras de
solidaridad, es necesaria una preparación para la ocupación y puesta en
producción de toda empresa que cierre o despida. El geógrafo marxista David
Harvey alerta que el coronavirus puede ser utilizado a escala global para
una reorganización de las cadenas de valor. No puede descartarse que la
clase capitalista mundial encuentre la oportunidad para una reforma laboral
de hecho aprovechando la pandemia. En estas tierras ya se esbozan ideas que
unen la oportunidad de cambiar las condiciones de trabajo con las de
practicar un ajuste fiscal. Daniel Artana, de la ultraliberal Fundación
Fiel, escribió que “sería conveniente coordinar con provincias, y estas con
sus municipios, la posibilidad de reducir los salarios de empleados
estatales que trabajen desde sus domicilios (una suerte de réplica de las
suspensiones acordadas entre empresas y sindicatos en el sector privado)”
[2]. El ataque de Artana al empleo público es un dislate cuando son
trabajadoras y trabajadores de la salud pública la primera línea de la lucha
contra el coronavirus. No obstante, hay dirigentes sindicales rápidos para
los mandados, como los de petroleros, que se preparan para ceder a la baja
de salarios con el pretendido fin de preservar los puestos de trabajo. El
teletrabajo, las nuevas formas laborales más en general, querrán ser
aplicadas para atacar derechos conquistados. La clase trabajadora también
deberá emprender una preparación para estas batallas por defender el
salario, los derechos conquistados, e incluso para impedir el desempleo
masivo impulsando el reparto de horas de trabajo entre ocupados y
desocupados, sin reducción salarial y con un salario que permita cubrir la
canasta familiar.



Otro informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma [3] pone
de relieve un factor muy importante: la clase trabajadora argentina logró
imponer límites al plan de reformas laborales más amplio, el gran proyecto
de la derecha patronal autóctona con Mauricio Macri en el poder. Lo logró a
pesar del retroceso en términos salariales, a pesar de las cúpulas
sindicales burocráticas, a pesar que el peronismo se esforzó por sacar la
protesta de las calles luego de la batalla contra la reforma de la movilidad
jubilatoria macrista de diciembre de 2017, batalla que liquidó gran parte
del capital político que Cambiemos había obtenido en las elecciones de ese
año. Es un activo muy importante para las batallas por venir.



Miserables capitalistas



Los bancos están en el “top ten” de los miserables que la crisis puso a la
vista de todos. Junto al gobierno fueron responsables del maltrato a
jubiladas y jubilados, la población más vulnerable frente al coronavirus que
fue compelida a estar horas en un amontonamiento social imperdonable en
tiempos de pandemia y para cobrar una jubilación que no permite vivir ni
quince días. No solo eso. Muchos bancos privados ni siquiera pagan
jubilaciones porque los adultos mayores son clientes que no les reportan
ganancias significativas.



Los bancos nunca pierden. Desde 2005 a la actualidad siempre reportaron
resultados positivos, tanto en pesos como en dólares. Desde 2016, las
ganancias en dólares se redujeron debido a la devaluación del primer año de
Mauricio Macri. Pero en los dos últimos años de Cambiemos en el poder
gracias a la “bicicleta financiera” y las tasas de interés por las nubes
recompusieron las ganancias en términos de dólares. La recuperación tuvo tal
escala que 2019 fue un año récord en ganancias bancarias al tiempo que se
hundía la economía y se empujaba a la pobreza a una porción importante de la
población. Incluso en diciembre pasado los bancos tuvieron un récord de
ganancias mensuales para ese año. Ganaron el equivalente a más de 1,2
millones de salarios promedio del sector registrado.



Con Alberto Fernández en el poder, en enero -un mes habitualmente malo para
la actividad bancaria- ganaron $ 32 mil millones: es el equivalente a mil
millones de pesos por día; $ 42 millones por hora; $ 700 mil por minuto. En
un minuto los bancos ganaron más que los ingresos anuales de un trabajador
formalizado, que en 2019 fue de $ 600 mil. La mayor parte de las ganancias
la realizan los bancos privados extranjeros, que en 2019 se llevaron el 46 %
del total. Le siguen los bancos privados nacionales con el 42 %. Por su
parte, los bancos públicos representaron el 11 % de las ganancias totales.



Los bancos también participan del negocio de la deuda. Un hecho reciente lo
grafica bien. El ministro de Economía, Martín Guzmán, designó como agentes
colocadores para la reestructuración de la deuda a los estafadores del HSBC
y al Bank of America, que no opera en el país, pero es el segundo banco más
grande de los Estados Unidos. Los bancos en los últimos años se enriquecen
con la “bicicleta financiera”, que ahora anda un poquito más lenta, pero
sigue su curso. Y, algo que es ostensiblemente evidente para todo el mundo,
roban a mano armada con las tasas de interés que cobran por préstamos
personales y el financiamiento con tarjetas de crédito.



Sobran los motivos para establecer una banca íntegramente pública que sea
gestionada por sus propios trabajadores y que expropie sin indemnización a
los bancos privados que todos los días expropian a las mayorías. Además, es
la única forma de proteger el ahorro nacional, particularmente del pequeño
ahorrista, que en cada crisis es el que paga el pato de la boda, ya sea con
“corralito” o con confiscaciones, como la que les practicó Carlos Menem con
el Plan Bonex. Al mismo tiempo, una banca pública permitiría verdaderamente
canalizar recursos para préstamos para la vivienda popular y para el pequeño
comerciante quebrado por la crisis.



En el prontuario de los bancos se destaca su rol como organizadores de la
fuga de capitales. En la era Macri se fugaron del país unos U$S 81 mil
millones. Una porción importante de la deuda tomada por el macrismo (y que
carga sobre el hombro de la clase trabajadora) financió esa fuga. Otros U$S
102 mil millones se fueron en la “década ganada”, en este caso gran parte
financiados con superávit comercial. Este vaciamiento del país es organizado
por los bancos. Herve Falciani es un exempleado del HSBC que develó años
atrás que ese banco facilitó la evasión de impuestos y la fuga de capitales
de empresas y de las personas más ricas de todo el mundo. Entre ellos, más
de cuatro mil argentinos. Hernán Arbizu, otro exempleado, pero en este caso
de las operaciones argentinas de J.P. Morgan, también dio a conocer la
existencia de una banca paralela, en las sombras, para que la elite
argentina saque sus dólares al exterior. Coto, Techint, Clarín, Macri,
Cristóbal López y centenas de otros nombres de los dueños del país figuran
en los Panama Papers y los Paradise Papers. Entre esos empresarios más ricos
del país, que con su fuga a paraísos fiscales ubican a la Argentina entre
los países que más evaden impuestos en el mundo se pueden obtener recursos
para atender la emergencia. Un impuesto mínimo de 3 % a los 15 mil
contribuyentes más ricos, a aquellos con un patrimonio superior a los mil
millones de pesos, permitiría un salario de cuarentena de $ 30 mil durante
abril y mayo a los 7 millones de trabajadores informales, monotributistas y
todos los que se quedaron sin ingreso por no poder salir de sus casas.



La deuda entró en cuarentena. A pesar que formalmente sigue la negociación
para su reestructuración, los grandes fondos especulativos (Black Rock,
Templeton, Fidelity) que tienen gran parte de la deuda argentina habrían
anticipado su rechazo a la propuesta de Guzmán. El mencionado Artana, un
analista del establishment económico, concluye que “parece mejor convocar a
los acreedores para que apoyen una postergación de los pagos de intereses y
capital en la deuda en moneda extranjera por 12 o 18 meses, ofreciendo a
cambio pagar una fracción de los intereses devengados en ese período y
acumulando el resto”. La crisis mundial tiene como telón de fondo una
potencial crisis de deuda de las denominadas economías emergentes (países
dependientes con rasgos semicoloniales, en términos marxistas) y de las
grandes corporaciones empresarias de varias potencias imperialistas. Toda la
deuda mundial podría entrar en situación de reestructuración, lo cual,
eventualmente, ofrecería al gobierno de Alberto Fernández tiempo para tomar
aire, un bien escaso en épocas de encierro. Todos los actores se preparan
para sacar tajada en esa situación, el FMI está abriendo su billetera para
ofrecer dólares frescos, en mucha menor escala que el préstamo más grande de
la historia otorgado al macrismo, pero una tentación para el albertismo en
tiempos de vacas flacas. Se trata de un presente griego, que condicionará
los estrechos márgenes de acción de un país sometido a los centros
financieros internacionales. Más que nunca, está planteado para la clase
trabajadora luchar por un desconocimiento soberano de la deuda. Y la defensa
de un planteo orientado a una reorganización de la sociedad sobre nuevas
bases, una planificación racional y democrática de la producción, para
sacarse de encima el chaleco de fuerzas del capitalismo.



* Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente
en la UBA (Universidad de Buenos Aires). Milita en el Partido de los
Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de
radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.



Notas



[1] El trabajo en el marco de la emergencia sanitaria - Propuestas urgentes
para la cuarentena. Disponible en http://www.obderechosocial.org.ar/ .

[2] La pandemia y el default. Indicadores de Coyuntura N.º 618, Fundación
Fiel, abril de 2020.

[3] Ataques y resistencias: el mercado de trabajo y las relaciones laborales
durante el gobierno de Cambiemos – Informe anual 2019. Disponible en
http://www.obderechosocial.org.ar/. <http://www.obderechosocial.org.ar/>

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