Uruguay/ Conversos. Keynes en versión del gobierno [Samuel Blixen]

Jue Abr 9 11:37:59 UYT 2020

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Correspondencia de Prensa

9 de abril 2020

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Uruguay

Keynes en versión del gobierno

Conversos

Samuel Blixen

Brecha, 9-4-2020

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Cambia, todo cambia: las concepciones del inglés John M Keynes que daban a
la intervención del Estado un papel protagónico en la economía socavaron el
laissez faire, laissez passer de Gournay, Adam Smith y David Ricardo
–caballeros, el mundo anda por sí solo– y sustituyeron el liberalismo
clásico impuesto a las colonias por las cañoneras de los imperios europeos.
A su tiempo, la Escuela de Chicago pulverizó la concepción de política
fiscal keynesiana (particularmente oportuna en la Gran Depresión, tras la
crisis de 1929) sacrificada en el altar mayor del libre mercado; y los
chicago boys se encargaron de imponer el neoliberalismo privatizador a punta
de bayonetas, especialmente en América Latina. Globalizado en corporaciones
sin patria, enmascarado en las sociedades anónimas y oculto en la maraña
financiera mundial, el libre mercado parecía imbatible… hasta que apareció
el coronavirus.

Todo quedó trastocado, incluso las creencias inamovibles e incuestionables
heredadas desde la cuna: el último vástago (político, claro) del sector
neoliberador y privatizador mayoritario del Partido Nacional (PN) se volvió
keynesiano, aunque usted no lo crea. “No somos ortodoxos. Recuerdo, acá, que
la ministra (de Economía) cita a uno de sus autores preferidos, que es
Keynes; a muchos les llama la atención, pero yo lo aprendí a valorar un poco
escuchando a Azucena. El mundo ha demostrado que ser ortodoxos no es buena
cosa. Sin perder los principios y sin perder la libertad como faro
principal, vamos a usar todas las herramientas para prender la llave del
país de vuelta.”

Aunque ciertos conversos (como los judíos en la España de los reyes
católicos) llevan a cuestas el estigma de la duda, la confesión del
presidente, Luis Lacalle, fue saludada fervorosamente: la emergencia del
coronavirus trasciende posturas y preconceptos; su flexibilidad ideológica
se ubicó en el podio junto a la solidaridad como un bien intangible del
gobierno. Qué lejos quedan las críticas al asistencialismo; qué bien que
viene dar un paso atrás cuando el gobierno se apronta a echar mano del
dinero –“todo lo que se necesite, que ahí va a estar”–, según dijo la
ministra, para la cruzada contra el virus.

Una mirada más atenta dibuja ciertas fronteras al inesperado keynesianismo
gubernamental y revela que, como dijo el presidente, aprendió a valorarlo,
pero sólo un poco. La intervención estatal parecía inevitable ante el
desolador panorama que cierra las fronteras y los mercados, barre con los
empleos y multiplica la pobreza y la indigencia. Aunque la ayuda estatal,
vale la pena aclararlo, nunca fue totalmente desechada por los gobiernos
liberales –al menos cuando se producían crisis empresariales,
particularmente, financieras–, en la actual coyuntura el protagonismo
oficial se abre en abanico con un sentido, en principio, igualitario. Se
articula un Fondo Coronavirus, que se propone distribuir gratuitamente
canastas de alimentos, otorgar subsidios a los indigentes y extender
préstamos blandos a los más necesitados. Se echará mano de los dineros de
las empresas estatales y, eventualmente, se acudirá a los préstamos
internacionales. Se impuso, por ley, una curiosa forma de contribución
solidaria, que rebaja de forma provisoria los salarios más abultados del
funcionariado público y las jubilaciones más altas, y se flexibilizaron y
ampliaron los beneficios del seguro de desempleo; también el seguro por
enfermedad, que en el caso del personal de la salud –pero sólo para ellos–
cubre el cien por ciento. Y, finalmente, se redujeron los encajes bancarios
en moneda nacional y unidades indexadas.

Todo eso se hizo o se pretende hacer. Es una manera muy particular de
aplicar a Keynes, porque en realidad el economista inglés proponía, como
expresión fundamental de la intervención del Estado, un aumento del gasto
público por la vía de inversiones estatales en grandes obras para fomentar
el empleo, aunque ello implique –vaya pecado– aumentar el déficit fiscal.

Pero igual de significativa es la lista de lo que no se quiso hacer: no se
suspendió la aplicación de los aumentos para las tarifas públicas; no se
aceptó la propuesta de la central sindical de otorgar una renta mínima
transitoria (16.300 pesos) (1) a unos 200 mil hogares que viven una
situación crítica; no se aceptó la propuesta de extender la “solidaridad
obligatoria” a los salarios más abultados del sector privado; no se aceptó
la propuesta de aumentar los impuestos a la renta y a la riqueza; no se
aceptó la propuesta de eliminar las exenciones impositivas, que, en su
conjunto, trepan a más de 400 millones de dólares anuales. Ni siquiera se
consideró la propuesta lanzada por Gonzalo Ramírez, un columnista del diario
El País, de imponer un empréstito forzoso al capital exportador y
financiero. Proviniendo de El País, la idea aporta una vía de escape: por
más forzoso que sea, el empréstito será devuelto, de modo que la
contribución no sería muy dolorosa.

La reticencia del gobierno a involucrar a la riqueza y al gran capital en la
“solidaridad compulsiva” revela las limitaciones del keynesianismo versión
Lacalle y el sentido de la justicia social que pregona la ministra
Arbeleche. No deja de ser sintomático que dicha reticencia tuvo su
contraparte en la reducción de los encajes bancarios, es decir, la
posibilidad de los bancos de recuperar parte de los depósitos obligatorios
en el Bcu (Banco Central del Uruguay) como garantía. Se ha estimado que la
medida implica una inyección de más de 200 millones de dólares, que
supuestamente los bancos privados destinarán a “estimular el crédito y la
liquidez en el mercado financiero para contribuir a minimizar los impactos
de la crisis sanitaria”. Pero alguien podrá preguntarse: con una reducción
tan drástica de la actividad económica y del consumo en particular, ¿a quién
le prestarán dinero los bancos, a no ser a aquellos que ya tienen dinero? La
medida, que fue “sugerida” por la Asociación de Bancos Privados del Uruguay,
permitió, en momentos de crisis, que las instituciones privadas rescataran
parte del capital bloqueado.

Pero lo más interesante es que la negativa a tocar al gran capital recibió
el explícito apoyo de la dirección del Frente Amplio (FA). La delegación que
se entrevistó con el presidente Lacalle el martes 31 de marzo dejó claro el
apoyo a todas las medidas, reivindicó una especie de “oposición galante”,
llena de buenas maneras, y, explícitamente, en boca del presidente, Javier
Miranda, descartó la idea de aplicar impuestos al gran capital y a la
riqueza. La actuación de Miranda en la entrevista con el gobierno recibió
críticas de otros dirigentes del FA; algunos lo criticaron porque no
coinciden con las buenas maneras y otros, porque no fueron incluidos en la
delegación.

Nota

1) Equivalente a U$S 310. (Redacción Correspondencia de Prensa)

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