Ecuador/ "Tratan de callar al personal de la salud pública" [Romano Paganini]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de abril 2020

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Ecuador



“Tratan de callar al personal de la salud pública”



Romano Paganini *

La Línea de Fuego, 9-4-2020

https://lalineadefuego.info/



Hace años que el sistema de salud en Ecuador funciona cerca del colapso.
Peor ahora con la pandemia del Covid-19. Por eso hoy en la mañana salieron
médicas, enfermeros y auxiliares para manifestar su descontento a nivel
nacional. Lo que piden es un mínimo de protección contra el virus y un
máximo de respeto por parte del gobierno y la sociedad civil.



Fue a inicios de marzo de 2019 que el gobierno de Lenín Moreno despidió a
más de 2.500 trabajadores de la salud en todo el país. Casi un tercio afectó
a la provincia de Guayas con su capital Guayaquil. Días después, los
trabajadores viajaron con buses a Quito, se manifestaron frente al palacio
del presidente y fueron reprimidos por los antimotines.



Un año y un par de días después, la fuerza pública está otra vez en la
calle, pero esta vez en Guayaquil. Frente a la pandemia del Covid-19, el
sistema de salud de la ciudad costera colapsó y docenas de personas murieron
en las calles. El Estado militarizó la zona y los barrios y avenidas fueron
fumigados con amonio cuaternario. Detrás de las imágenes aterrorizadoras,
hay un sistema de salud cuyo presupuesto ha sido recortado año tras año.
Solo entre 2017 y 2019, las inversiones en salud pública bajaron a un
tercio. Eso no solamente afectó a los hospitales y subcentros de salud de
Guayaquil, sino a todo el Ecuador.



Por eso, las médicas/os, las enfermeras/os y otros trabajadores de la salud
se han manifestado varias veces, sobre todo en las redes. Y no es desde
ahora. Pero claro: ahora, con el temor de contagiarse con el nuevo
coronavirus, los viejos problemas se potencian. Pidieron que la gente se
quede en casa para que el colapso del sistema de salud sea menos fuerte.
Además, exigieron insumos como mascarillas, gafas o batas. Son elementos
básicos para protegerse de un posible contagio pero que son insuficientes en
varios lugares, aunque el gobierno diga que no. Por eso también el personal
de salud del hospital Teófilo Dávila en Machala, provincia de El Oro,
organizó a mediados de marzo un plantón en la calle exigiendo más seguridad.
Y como si esto fuera poco, el viceministro de salud pública, Ernesto
Carrasco, días después comunicó que el 43.8% de los infectados con Covid-19
eran profesionales de salud, incluyendo personal administrativo. Lo caótico
de la situación actual en el país demuestra el hecho de que su jefe, el
nuevo ministro de salud, Juan Carlos Zevallos, horas después desmintió este
dato. Ya no habló de 1.600 contagiados del personal de salud sino de 417.
Los otros eran “sospechosos”.



Mientras tanto, el Colegio de Médicos del Guayas rechazó las declaraciones
del ministro Zevallos que aseguró que los médicos se contagiaron del virus
no en el trabajo, sino de forma comunitaria y fuera de los hospitales. Las
autoridades, dice el comunicado, está tratando de “deslindar la
responsabilidad del Estado por la negligencia en el abastecimiento de
insumos, medicinas y equipos de bioseguridad para los profesionales de
salud”.



El miedo de denunciar la salud pública



Entonces, los trabajadores de la salud pública no solamente tienen que
lidiar con pocos insumos, largas jornadas y un trabajo complejo -sobre todo
para ls que están en la primera línea- sino también con un aparato
administrativo que no da abasto. Según el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, en 2018 habían 24.751 enfermeras/os en el país, pero actualmente
-así lo comunicó la Federación Ecuatoriana de Enfermeras (FEDE) a la revista
digital ojoaldato.ec– solamente se cuenta con 16.500 enfermeras/os. En otras
palabras: un 30% menos que hace dos años. “La pandemia llegó en un momento
en que los servicios de salud no estaban tan equipados porque nunca se
esperó que iba a expandirse de esta manera”, dice la presidenta de la FEDE,
Patricia Gavilanez. “Es conocido por todos los bajos presupuestos que tiene
Ecuador en la salud”.



La enfermera Natalia Guevara (1) se acuerda de la gripe H1N1 en el año 2010
cuando tampoco había suficientes insumos. Ella trabaja en el Hospital Carlos
Andrade Marín (HCAM) en el Centro de Quito, uno de los 16 hospitales de
Ecuador que recibe pacientes con el Covid-19. “Claro que tenemos miedo de
contagiarnos”, dice la madre de tres hijos, que actualmente cumple turnos de
24 horas. “Si a mí me pasa algo tal vez me sustituirán con otra enfermera,
pero ¿quién me va a sustituir como madre?  “El temor a contagiarse con el
Covid-19 y que puede tener consecuencias graves, llevó a varias enfermeras a
nivel país -incluso con nombramiento- a renunciar a sus trabajos.



Por eso también a Natalia Guevara le molesta cuando su jefa -como ha pasado
en estos días- le cuestiona a la hora de ponerse su bata. “Si nosotros nos
colocamos la bata es porque hay un paciente sospechoso”.  La razón, por la
presión por parte de la jefa, se encuentra también en otros hospitales:
escasez de trajes de protección y de las mascarillas N95 que, según personal
de salud son las que mejor protegen de un posible contagio. “Por el momento
nos dan solo cuatro mascarillas quirúrgicas por turno y siempre tenemos que
justificar cada insumo que usamos, aunque son básicos”, denuncia Natalia
Guevara.



Originalmente la enfermera del HCAM iba a exponer los problemas del trabajo
junto con sus compañeras/os. Quería poner la cara y hablar en nombre de todo
el personal de salud pública, pero cuando llegó la hora, al resto le agarró
el miedo: es otro tema latente dentro del sistema de salud. La cultura del
silencio se evidenció también durante y después del Paro Nacional del año
pasado, donde especialmente los médicos, por miedo de perder sus trabajos,
preferían no hablar. “Tratan de callar al personal de la salud pública”,
dice Natalia Guevara. “Quieren que todo aparezca bien y que no exista
ninguna falencia, cosa que no es verdad”.



Intentamos conocer la opinión de la dirección del HCAM frente a estos
reproches. Pero hasta el cierre de la redacción no hemos recibido respuesta.
Lo que si sucedió es que el HCAM pidió ayuda al municipio de Quito. El cual
respondió con una donación de 600 trajes de protección y 250 mascarillas
N95, repartido entre cuatro hospitales de la ciudad.



No hay garantía para personal de salud



En estas semanas que se festeja al personal de salud en todo el mundo, pese
a que luchan con problemas similares como en Ecuador, también las
médicas,/os enfermeras/os, auxiliares, laboratoristas, imagenólogas/os,
paramédicas/os y personal de limpieza del país sienten el viento a favor.
Impulsadas por los recortes masivos del año pasado, varios médicos, a través
de Twitter y Facebook, denunciaron las condiciones de trabajo, la falta de
insumos y la comunicación inapropiada de parte del gobierno. Inclusive
varios médicos fueron amenazados por las autoridades de perder sus títulos
si no quitaban las denuncias por los problemas en torno al Covid-19 en sus
redes digitales. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ya
exigió el 20 de marzo de que toda información relacionado con el Covid-19 se
difunde exclusivamente sobre los canales del Estado, “por la veracidad que
demanda la ciudadanía en general”. Y si alguien difunde una “opinión falsa a
través de redes sociales u otros medios de comunicación, sera remitida a la
Fiscalía”.



“Es que el gobierno no quiere que la ciudadanía se entere de lo que está
pasando en los hospitales puertas adentro”, destaca David González,
presidente de la Red Unión de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador (RUNEEE).
“En un país democrático debe privar la libertad de expresión. Y si uno
reclama algo, es porque las cosas realmente están mal”.



El enfermero que trabaja en un hospital público en Quito atiende pacientes
en terapia intensiva y tiene contacto directo con personas con el Covid-19.
Sus pómulos terminan lastimados por la presión de su mascarilla que debe
colocársela durante casi toda la jornada. “Los únicos que sabemos lo que
está pasando actualmente en los hospitales somos las personas que están
día-día palpando la situación”.



Anteayer González lanzó un audio por WhatsApp, pidiendo que se escuchara su
mensaje hasta en el último rincón del país. “Queremos invitar a los
asambleístas a que vengan a hacer guardia de 12 o 24 horas y que vean cómo
las mascarillas marcan nuestra cara y nos dejan cicatrices”. González está
indignado por la decisión de la Asamblea Nacional de la semana pasada en la
cual fue rechazada una resolución que buscaba garantizar más estabilidad
laboral al personal de salud.



A pesar de que el gobierno decidió contratar 120 profesionales de salud para
Guayaquil y 700 médicos, enfermeros y auxiliares más para todo el país, el
presidente de la RUNEEE está escéptico y pregunta: “¿Qué estabilidad y
garantía les damos? ¿Contratos por tres meses, que vengan, que se contagien
y que también contagien a sus familias?”. Y en alusión a recortes de los
años pasados como la finalización de los convenios con cientos de médicos
cubanos, González insiste: “¿Cuánto personal hemos despedido el año
pasado?”.



“¿Dónde están las autoridades del Estado?”



La misma preocupación tiene el personal de salud en otros países. Claro, los
pitos, cacerolas, gritos y aplausos que sonaron hoy en la mañana y que
volverán a sonar hoy en la noche son un bálsamo para las almas de los
trabajadores de salud. Pero ellos quieren un reconocimiento más allá de las
declaraciones de los Héroes en blanco. “Queremos un trato con respeto y que
se revisen tanto nuestros sueldos como nuestras condiciones de trabajo”,
dice David González. “Un futbolista y un político no es más importante que
un médico o una enfermera”. González destaca que los sueldos en el área de
salud están congelados hace diez años a pesar de la carga laboral. Antes una
enfermera atendía siete a diez pacientes, “hoy son entre quince y veinte”.
Por eso González no cree que se logrará abarcar la pandemia actual con la
cantidad de personal que está trabajando actualmente. “Eso no debería pasar
en pleno siglo XXI”.



Natalia Guevara, la enfermera del HCAM, comparte esta mirada. Ella está
indignada de que no exista más apoyo por parte de los 137 asambleístas. A
fines de marzo votaron en contra de donar el 25% de sus salarios para
comprar suministros médicos; decidieron que sea solo un 15% para ese mes.
Mientras tanto, el asambleísta para la provincia Pichincha, Pabel Muñoz,
presentó este martes el “Proyecto de Ley Orgánica para enfrentar la crisis
humanitaria causada por el Covid 19” ante el presidente de la Asamblea
Nacional, exigiendo una “inmediata atención” por la emergencia, ya que el
gobierno desde fines de enero “cuando se presentó la primera sospecha de
Covid-19 en el país (…) no ha sido capaz de remitir ningún proyecto de ley
aun cuando en esta ocasión si cabe una discusión legislativa urgente”.



Lo que pasará con los salarios de los asambleístas en abril y mayo queda por
debatir. Ayer la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
exhortó a que donen tres meses de sus salarios. “Eso estamos exigiendo
porque estamos viviendo en un momento muy crítico”, dijo su presidente Jaime
Vargas. Para la enfermera Natalia Guevara es un indicio de que lo único que
les interesa a los políticos es llenarse los bolsillos. “Poco y nada les
importa la emergencia sanitaria”, dice ella, “mientras nosotros estamos
arriesgando nuestras vidas y las de nuestras familias”. Y, como miles de
ciudadanos de Ecuador, se hace la misma pregunta: “¿Dónde están las
autoridades del Estado?”



* Colaboraron Mayra Caiza, Vicky Novillo Rameix y Alejandro Ramirez
Anderson.



Nota



1) Nombre cambiado por cuestiones de seguridad.

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