Brasil/ Proselitismo político y religioso. El gobierno Bolsonaro financia "comunidades terapéuticas" que tratan el uso de drogas [Mariama Correia]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de agosto 2020

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Brasil



El gobierno destinó a entidades cristianas 70% de los fondos para
organizaciones que tratan el uso problemático de drogas



Algunas de esas comunidades habían recibido denuncias, y su enfoque es
criticado porque establece la abstinencia como única solución.



Mariama Correia, de Agencia Pública *

La Diaria, 1-8-2020

https://ladiaria.com.uy/



Kleidson Oliveira Bezerra, de 43 años, caminó casi 40 kilómetros hasta que
encontró una carretera. Amanecía cuando huyó de una comunidad terapéutica en
Minas Gerais, luego de que el pastor lo obligó a hacer trabajos de
desmalezamiento pese a que se había herido su mano en un accidente, antes de
su internación. Recién cuando huía se dio cuenta de que estaba a cuatro
horas de Belo Horizonte. Unos días antes, había entrado en la camioneta de
una iglesia –de la que ni siquiera recuerda el nombre–, convencido por los
misioneros que abordaban a las personas sin hogar con promesas de que las
liberarían del uso problemático de drogas.



Durante años, después de esta experiencia traumática, Kleidson rechazó
cualquier oferta de tratamiento, hasta que se encontró con un Centro de
Atención Psicosocial. En estas unidades vinculadas al Sistema Único de Salud
(SUS), los trastornos relacionados con el abuso de alcohol y otras
sustancias psicoactivas se tratan sin hospitalización obligatoria, que sí se
utiliza en las comunidades terapéuticas. “Me trataron por mi nombre, como
persona. Sentí que estaba recuperando mi dignidad”, recuerda.



Kleidson se convirtió en un defensor de los CAP y los derechos de los
usuarios de drogas. Es vicepresidente del Colectivo de Lucha Antimanicomial
Nacional e integra el servicio de abordaje a las personas en situación de
calle y el Consejo de Salud de Sobradinho, en el Distrito Federal. “El
problema con las comunidades terapéuticas en Brasil es que la mayoría están
controladas por grupos religiosos”, dice. “Privan al sujeto de libertad,
explotan el trabajo y aprovechan la vulnerabilidad para adoctrinar,
transformar a la persona en un producto de la iglesia”.



Según una investigación exclusiva de Agencia Pública, en Brasil las
comunidades terapéuticas de orientación cristiana recibieron casi 70% de los
recursos destinados por el Ministerio de Ciudadanía a estas entidades en el
primer año del gobierno de Jair Bolsonaro. De los aproximadamente 29
millones de dólares en transferencias a 487 instituciones contratadas para
ofrecer tratamiento a usuarios de drogas en Brasil, al menos ocho millones
de dólares fueron a comunidades terapéuticas notoriamente evangélicas y ocho
millones y medio a instituciones católicas, concluyó la investigación al
cruzar los datos del mapa general de las comunidades terapéuticas, los del
propio ministerio e información disponible en los sitios web y los canales
oficiales de las entidades.



Más de 60% de las comunidades terapéuticas contratadas por el Ministerio de
Ciudadanía en 2019 tienen vínculos directos con grupos religiosos cristianos
o están presididos por sacerdotes –curas, misioneros, pastores, entre
otros–. En la mayoría de estas entidades, prácticas como leer la Biblia y
participar en cultos, misas y oraciones forman parte del tratamiento que se
ofrece a los usuarios de drogas.



Los mayores contratos también son acordados con comunidades terapéuticas
cristianas. Encabeza la lista el Grupo de Asistencia a la Dependencia
Química Nueva Aurora, que recibió unos 311.000 dólares. La institución
pertenece a la católica Fazenda Esperança, que cuenta con más de 100
unidades en Brasil y otros centros en el extranjero. En total, las unidades
pertenecientes a Fazenda Esperança totalizaron más de 800.000 dólares en
contratos con el Ministerio de Ciudadanía el año pasado. El segundo mayor
volumen de recursos, unos 250.000 dólares, fue a la Escuela de Capacitación
Misionera, perteneciente al Grupo Evangélico Desafío Joven. El año pasado,
el Ministerio de Ciudadanía pagó unos 2,3 millones de dólares a unidades de
Desafío Joven, una organización no gubernamental fundada por pastores de la
Asamblea de Dios en Estados Unidos

.

Los fondos del Estado brasileño financiaron incluso a entidades que fueron
acusadas de imponer tareas como castigo a los internos que se negaran a
participar de las ceremonias religiosas. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos había hecho un llamamiento a no financiarlas.



El dinero público también ha financiado comunidades terapéuticas denunciadas
por violaciones de los derechos humanos, incluida la falta de respeto por la
libertad religiosa. Es el caso del Centro de Recuperación de Alcohol y
Drogas Desafío Joven Maanaim, de la organización evangélica Desafío Joven,
que recibió 194.000 dólares del Ministerio de Ciudadanía para financiar 75
cupos de tratamiento gratuitos en tres unidades.



Los internos de ese centro dijeron que fueron castigados con tareas, como
lavar los platos, cuando se negaron a participar en las ceremonias
religiosas. También hay informes de falta de psicólogos o psiquiatras y de
fobia a las personas LGTB. Las quejas se encuentran en un informe de
inspección del Ministerio Público Federal con el Mecanismo Nacional para
Prevenir y Combatir la Tortura y el Consejo Federal de Psicología publicado
en 2018.



Con el cambio de gestión en el Ministerio Público Federal, el año pasado,
los grupos de trabajo que tenían a cargo la inspección de las comunidades
terapéuticas se disolvieron, pero el informe sobre violaciones tuvo
repercusiones internacionales. “La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos instruyó al Estado brasileño a no financiar las entidades
denunciadas. Los contratos muestran que el gobierno federal no conoce las
comunidades terapéuticas en Brasil, porque no hay inspección”, dice Lúcio
Costa, experto del Mecanismo Nacional para la Prevención y el Combate de la
Tortura.



El informe también menciona a la Asociación de Beneficencia Cueva de Adulam,
en el Distrito Federal, que recibió 164.000 dólares (844.000 reales) del
Ministerio de Ciudadanía. El documento del Ministerio Público Federal dice
que no hubo “atención personalizada” en la comunidad terapéutica, es decir,
una atención que considerara las particularidades de cada interno. Creada
por el pastor Lúcio Mendonça, la institución evangélica destaca en su sitio
web el “acompañamiento técnico y profesional coordinado por teólogos y
pastores” como parte del tratamiento. En internet, circulan informes de que
esta misma comunidad terapéutica está rechazando a las personas que no
presentan un test de covid-19.



“Exigen un examen caro”, se queja el vicepresidente del colectivo nacional
contra el asilo, Kleidson Oliveira. Muestra un video, recibido en Whatsapp,
en el que una persona mayor denuncia que rechazaron su admisión por no tener
el test, pese a no tener síntomas. El requisito de examen no es parte del
folleto que guía el funcionamiento de las comunidades terapéuticas durante
la pandemia.



Hasta la publicación de este reportaje, Cueva de Adulam y Joven Maanaim no
enviaron ninguna respuesta a las consultas planteadas, y el Ministerio de
Ciudadanía no respondió acerca de la financiación de las comunidades
terapéuticas denunciadas por violaciones de derechos humanos.



Las comunidades terapéuticas ganan fuerza en el gobierno de Bolsonaro



Las comunidades terapéuticas son centrales en la política nacional
antidrogas del gobierno de Bolsonaro, que apunta a la abstinencia como la
única solución viable. Según el propio Ministerio de Ciudadanía, el número
de plazas financiadas por el gobierno federal en estas entidades aumentó de
2.900 en 2018 a aproximadamente 11.000 en 2019.



Se preveía que el número llegara a 20.000 este año, lo que representaría
unos 58 millones de dólares en contratos. Es casi el doble de los 29,25
millones contratados el año pasado, aunque el monto anunciado inicialmente,
de 29,875 millones, no se ha alcanzado debido a cancelaciones y rescisiones
de contratos, según informó el Ministerio de Ciudadanía, que no detalló los
acuerdos alcanzados ni la razón de las cancelaciones. La cantidad prevista
para 2020 también excede el presupuesto anual de los Centros de Atención
Psicosocial –30,705 millones de dólares–, que trabajan con la perspectiva de
reducción de daños (una estrategia centrada en disminuir los riesgos para la
salud del usuario, que no apunta a la abstinencia) y con equipos
multidisciplinarios conformados por psicólogos y médicos.



“Los recursos públicos está centralizados en las comunidades terapéuticas,
cuando lo ideal es el tratamiento intersectorial, en libertad y en el
territorio de residencia del paciente”, dice Luciano Costa, del Mecanismo
Nacional de Prevención y Lucha contra la Tortura. “Existe un movimiento para
reforzar las comunidades terapéuticas, incluida la reciente regulación de la
recepción de adolescentes en estos hogares, por parte del Consejo Nacional
de Políticas de Drogas”, reafirma Marisa Helena Alves, del Consejo Federal
de Psicología y coordinadora de la Comisión Intersectorial de Salud Mental.



Hasta ahora, sin embargo, las contrataciones de 2020 no se han realizado.
Debido a la pandemia, el llamado emitido en diciembre se prorrogó en junio.
Sin embargo, el Ministerio de Ciudadanía enumera 113 instituciones
registradas en 2019, lo que sería, según informan personas vinculadas con el
sector, un primer paso para ganar el contrato.



Esta lista anterior mantiene el padrón de contratación de entidades
religiosas. Con la información disponible mediante los canales oficiales de
estas instituciones, Agencia Pública averiguó que casi 60% de esas entidades
están vinculadas a iglesias u organizaciones cristianas. Al menos 40% de las
entidades son declaradas evangélicas, tienen relaciones directas con
iglesias o con otras organizaciones evangélicas o son administradas por
pastores. Los católicos son casi 20%.



Proselitismo político y religioso



Además de aumentar las transferencias del Presupuesto Ejecutivo, el año
pasado, la Secretaría Nacional de Atención y Prevención de Drogas,
administrada por el doctor Quirino Cordeiro y vinculada al Ministerio de
Ciudadanía, de Onyx Lorenzoni, preparó un folleto para dirigir a las
comunidades terapéuticas las enmiendas parlamentarias al Presupuesto
Nacional. Es una forma de aumentar las transferencias federales a las
entidades.

Hasta ahora, sin embargo, las contrataciones de 2020 no se han realizado.
Debido a la pandemia, el llamado emitido en diciembre se extendió en junio.
Sin embargo, el Ministerio de Ciudadanía enumera 113 instituciones que
fueron registradas en 2019, lo que sería, según personas vinculadas al
sector, un primer paso para ganar el contrato.



Los congresistas aprobaron casi 20 millones de dólares (102 millones de
reales) en enmiendas presupuestales dirigidas a las comunidades terapéuticas
en 2019, según un relevamiento realizado por el Consejo Nacional de Derechos
Humanos. “Los parlamentarios siempre han asignado fondos a las comunidades
terapéuticas de sus nichos electorales. Con esta norma, el gobierno federal
institucionalizó esta financiación. No tiene precedentes”, observa Leonardo
Pinho, vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos y de la Asociación
Brasileña de Salud Mental.



Las mayores enmiendas fueron propuestas por integrantes de frentes
religiosos en el Congreso, como católicos y evangélicos. Algunos
parlamentarios de estas bancadas también forman parte del frente en defensa
de las comunidades terapéuticas, y otros hacen negocios con ellas.



Más de 70% de las enmiendas, unos 14 millones de dólares, fueron aprobadas
por el relator general del Presupuesto Federal, el diputado Domingos Neto
(del Partido de la Social Democracia), que es miembro de las bancadas
evangélica y católica y del Frente Parlamentario en Defensa de las
Comunidades Terapéuticas.



El segundo mayor valor, 485.000 dólares, fue determinado por el diputado
federal Eros Biondini (Partido Republicano del Orden Social), coordinador
del Frente Parlamentario en Defensa de las Comunidades Terapéuticas.
Cantante católico, Biondini es el fundador de Misión Mundo Nuevo, una
organización religiosa que promueve eventos y “mantiene un local para la
detección y derivación de los usuarios de drogas a las comunidades
terapéuticas, y para el apoyo y la orientación de las familias”, como se
describe en el sitio web del senador.



Biondini es signatario de los frentes católico y evangélico en el Congreso.
El católico está presidido por el diputado federal Givaldo Carimbão (del
partido Avante). El hermano de Carimbão, Gileno Sá Gouveia, estuvo al frente
de la Asociación de Bienvenida a los Dependientes Químicos Divino Padre
Eterno, en Feira Grande, en Alagoas, hasta su muerte en 2016. El año pasado,
la entidad fue contratada por el Ministerio de Ciudadanía por unos 54.000
dólares por 20 plazas de tratamiento.



Brasil tiene incluso un frente parlamentario que defiende a las comunidades
terapéuticas, es decir, un grupo de legisladores de diversos partidos que se
unen en defensa de estas entidades. Algunos de esos parlamentarios
pertenecen también a bancadas religiosas.



Desde la bancada católica, el diputado federal Eduardo da Fonte (Partido
Progresistas) asignó el tercer mayor monto a las comunidades terapéuticas en
enmiendas el año pasado: 388.000 dólares. El pernambucano es partidario del
pastor Cleiton Collins, diputado en el parlamento de Pernambuco y
propietario de las comunidades terapéuticas Saravida junto con su esposa, la
concejal Michele Collins, del mismo partido.



En mayo del año pasado, Cleiton Collins acompañó al entonces ministro de
Ciudadanía Osmar Terra en el lanzamiento de un programa para ofrecer cupos
de formación que contemplaban a pasantes de comunidades terapéuticas.
También el año pasado, tres unidades de Saravida ingresaron al registro de
las comunidades terapéuticas del gobierno federal, lo que sería un primer
paso para que la organización cierre los contratos con el gobierno.



En la batalla por los fondos, la pareja Collins defiende la inserción de las
comunidades terapéuticas en el Sistema Único de Salud en Pernambuco, como
publicó el medio digital Marco Zero Conteúdo, y que estas entidades reciban
a personas en situación de calle. A esto ya fueron autorizadas durante la
pandemia por una ordenanza del gobierno. “Los grupos religiosos que
controlan las comunidades terapéuticas están avanzando en la política
nacional de la población en situación de calle como una nueva fuente de
recursos públicos”, concluye Leonardo Pinho.



La lista de políticos dueños de comunidades terapéuticas tiene también otros
nombres ilustres, como el del ex senador Magno Malta, del Partido Liberal,
el diputado federal Marco Feliciano, de Republicanos, y el diputado federal
Pastor Sargento Isidório, de Avante. Isidório, quien se dice “ex gay”, es
dueño de la Fundación Doctor Jesús, donde amenazaba a los internos con un
garrote. También es candidato a la alcaldía de Salvador, Bahía.

Los tratamientos combinan espiritualidad y laborterapia



Según las estimaciones, Brasil tiene aproximadamente 2.000 comunidades
terapéuticas en funcionamiento. Muchas trabajan en el sector informal, lejos
de las inspecciones.



La convergencia con grupos religiosos ha existido desde la creación de las
comunidades terapéuticas, que surgen de hermandades anónimas (como
Alcohólicos Anónimos) e iglesias. En Brasil, “82% de las entidades están
vinculadas a iglesias y organizaciones religiosas, en particular las de
origen cristiano”, según el perfil de las comunidades terapéuticas elaborado
por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas
en portugués) en 2018. El cultivo de la espiritualidad y la laborterapia
–tratamiento a través del trabajo– son comunes a más de 90% de las
entidades.



“Incluso las instituciones no religiosas hacen una hibridación de métodos
espirituales y técnicos”, observa la coordinadora de investigación del IPEA,
Maria Paula Gomes. Para ella, la agenda religiosa es peligrosa porque hace
de la entidad “una empresa moral, que obstruye una discusión sobre la
política de drogas”.



El fortalecimiento de las comunidades terapéuticas vinculadas con grupos
cristianos conservadores continúa, según Gomes, a partir de que estos grupos
emergieron en la política brasileña. Ella recuerda que la primera
oportunidad de financiamiento para las comunidades terapéuticas con el
gobierno federal se generó en 2010, mediante el programa “Crack, é posible
vencer”. Y agrega que desde entonces, la concesión de préstamos sólo ha
crecido, dejando de lado otros abordajes.



“Ningún método es efectivo por sí solo, y lo que se ha defendido es un
método terapéutico único con métodos complementarios”, dice Maria Paula.
“Uno de los mayores problemas con la política actual de drogas es el enfoque
en la abstinencia. Y que a menudo, en las comunidades terapéuticas, el éxito
del tratamiento se mide por la conversión espiritual del individuo. Además,
sin el tratamiento adecuado, las personas no están preparadas para enfrentar
la realidad fuera de la institución y, por lo tanto, muchos regresan al
abuso de drogas después de abandonar los hogares de recuperación”.



* Este artículo fue publicado originalmente por Agencia Pública, y contó con
la colaboración de Raphaela Ribeiro.

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