Colombia/ El diseño de un cerco institucional a la movilización social pospandemia [Daniel Libreros Caicedo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de agosto 2020

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Colombia



El diseño de un cerco institucional a la movilización social pospandemia



Daniel Libreros Caicedo “

Cali, 12-8-2020



El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada
por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes.
Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto,
de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el
Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a
nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de
contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de casos
activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. (1) Estas cifras colocan a
Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno
puesto en contagios y en el doceavo en fallecidos en todo el mundo. El
colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de
los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.



En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas
aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad
desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica
Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay
pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser
remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. (2) Situación similar se
vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con
altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes
(caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan
excluidas de las coberturas sanitaria. (3) Otro foco importante del contagio
son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por
dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.



“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros



Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro
inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a
gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia,
y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan
al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. (4) La política
monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la
inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de
interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir
títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones
de cobertura cambiaria en moneda extranjera. Descartaron la utilización de
las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara
recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la
distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un
monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI
(Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito
contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales
en períodos recesivos.



El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la
tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”,
demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una
ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros.
Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones
fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una
parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los
bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus
operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta
imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento
alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se
encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo
como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera
Directa) causada por el bloqueo económico internacional.



Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y
abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de
una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que
costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio
oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de
las “bondades del mercado”.



Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la
presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el
confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan
desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los
elementos de bioseguridad (4) ni los testes que detectan los contagios
continúan siendo insuficientes.



Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento
Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de
este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para
completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de
que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que
llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad
laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente
apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como
soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13
principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales
“pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%...” (5)



Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que
también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la
justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el
“estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con
fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por
horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de
activos estatales.



La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población
aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que
requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales
llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos
programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.



Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales



Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el
militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas
Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una
política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el
enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y
desplazamientos masivos de poblaciones.



El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido
varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil
inerme (6). Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en
este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y
sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las
FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido
asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el
actual gobierno 572. (7) El control político en territorios rurales en los
que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta
escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron
fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el
paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos
con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como
narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la
captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados
con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de
cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. (8)



El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en
otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del
Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas
territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer
orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo
paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias
estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes
sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número
considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del
“enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas
prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia
política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este
dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de
permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las
respuestas que vienen discutiendo colectivamente.



La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones
sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los
determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la
época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión
aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la
biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del
alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La
cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa
Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción
política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia
en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista
protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del
2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice
ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu (9);
mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero
de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de
la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con
el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. (10)



Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de
los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la
decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores.
Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC
reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de
planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente,
intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más
las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria
histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para
develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada
continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido
de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de
alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido
acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan
la opinión de los victimarios.



La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”



En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a
un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván
Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la
defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó
sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda
ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el
2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió
investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente
pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la
detención domiciliaria.



Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha
estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con
el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en
los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de
justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a
Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en
donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de
gobernador de Antioquia. (11) Santiago Uribe, hermano del ex presidente se
encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de
origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar
este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales,
proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso
a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en
la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.



La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la
opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados.
Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin
embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita
modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de
los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de
Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo
único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza
por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos
políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios
empresariales, acompañaron esta propuesta.



Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición
liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno
de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el
diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición
de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el
compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno
compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un
sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren
la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños.
Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos
que es una propuesta a la europea y no a la americana…” (12) Los estallidos
sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las
preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El
desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil
que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento
populista…”. (13)



El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las
futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se
elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace
algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas
que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción
política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión
pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de
la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las
elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el
funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno
de sus voceros. (14)



La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió
electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio,
el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie.
Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un
contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un
gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste.
Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la
obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .



La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo
de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien
a nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las
pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de
twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero
que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo.
Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. (15)



Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo
que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post
pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que
cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con
una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.




Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer
la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites
de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por
intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis
capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de
la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo
electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y
con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las
fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status
quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.



* Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante
del Movimiento Ecosocialista.



Notas



1) “Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista
Semana,  6  de  Agosto,  en
https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-ago
sto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493

2) Declaraciones  de  Carolina  Corcho,  Vicepresidenta  de  la Federación
Médica  de  Colombia  “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más
UCI’, “El  Tiempo”,23  de  Julio   del  2020, en
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-
en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100

3) Los  obispos  católicos de  la  Amazonía la  pandemia  enviaron  un
mensaje  de  alerta desde  cuando aparecieron  los  primeros  brotes  de  la
pandemia  haciendo  alusión a un  posible  etnocidio, “  si “los números de
contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio
indígena causado por la pandemia..”,  declararon,  llamado,  al  mismo
tiempo, al  gobierno  a replantear el sistema sanitario de estos territorios
de la periferia colombiana”.  “Si  siguen  los  contagios  llegaríamos  a
un  etnocidio” El Espectador, 2  de  Mayo, en:
https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos
-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/  Debe
tenerse  en  cuenta  que  una  situación  similar se  presenta  en
Iquitos-Perú  y  en Manaos-Brasil,  poblaciones  fronterizas.

4) Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19)
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-ameri
ca-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid

5) En  los inicios  de Julio  la Contraloría General de la Nación  realizó
una  encuesta sobre  la  situación de este personal  en  todo el  país
durante  la  pandemia, Los  resultados  fueron  elocuentes “ El 45 por
ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que
trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..)  Un dato alarmante de
la encuesta es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han
tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de
bioseguridad. “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal
médico”, “El Tiempo”, 4 de julio  del  2020, en
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-
precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272

6) Roberto  Sánchez  Torres  y  Sergio  Chaparro, “La COVID-19 disparará la
pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” ,  Mayo 11 del
2020,  en
https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/,
Insistiendo  en  el  dato  de  la  pobreza  extrema agregan, “Eso ultimo
quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso
tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos..”.

7) Es  el  caso  de  los  bombardeos   indiscriminados    realizados  por
el  ejército  en  el  Caquetá    en  agosto  del  año  pasado  que  costaron
la  muerte  de  18  niños.  “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en
Caquetá ascendería a 18, según testigos”,
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-
tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/39776
43.aspx

8) “Indepaz”, informe de agosto  5  del  2020,  en
http://www.indepaz.org.co/category/informes/

9) En  el  90%  de  los  casos no existe decisión  judicial  en  “Cuáles
son  los  Patrones-Asesinatos  de  líderes  sociales  en  el  post-acuerdo “
elaborado por “Somos  Defensores, CINEP,  Universidad  Nacional  de
Colombia,  “Comisión  Colombiana  de  Juristas”  y  el  portal  “Verdad
Abierta”, Octubre  del 2018,  en
https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones
.pdf

10) La  disculpa de  la  Cancillería  colombiana  en  este  asunto  raya  en
el  cinismo ,  ““Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad
actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a  propósito  de
las  discusiones en  Naciones  Unidas  en las  que  el  binomio
Netanyahu/Trump ha  quedado  aislado . “El  silencio  de  Colombia ante  la
anexión  ilegal  israelí de  territorios  palestinos”,  en
https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-i
legal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396 .

11) Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL

12) Hasta  el  propio  Salvatore  Mancuso en  declaraciones hechas desde
las  cárceles de Estados  Unidos  cuando  reconoció  su  responsabilidad  en
esta  masacre perpetrada  por  200 paramilitares  asociados con militares de
la IV Brigada  aceptó, igualmente ,  la  responsabilidad  política  de
Uribe  Vélez en la misma.

13) Es  posible  una  coalición de  centro izquierda para  las
presidenciales  del  2022”,  El  Espectador, 4 de Julio  del  2020, en
https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-l
a-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/

14) Entrevista en multimedia en la revista Semana en
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-
hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104

15) El propio Juan Manuel Santos ha  declarado en  varias  oportunidades que
“las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y
comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…”.

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