Colombia/ No hay una sino varias guerras locales, todas creciendo [La Silla Vacía]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Lun Ago 24 10:53:23 UYT 2020


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Correspondencia de Prensa

24 de agosto 2020

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Colombia



No hay una sino varias guerras locales, todas creciendo



Además de los fallecidos por covid, este mes de agosto ha sido de luto en el
país por una serie de masacres que han estremecido y golpeado -como casi
siempre pasa- sobre todo a la Colombia rural, profunda y vulnerable.



La Silla Vacía, 24-8-2020

https://lasillavacia.com/



Han sido asesinados cinco niños en un barrio de desplazados y reinsertados
en Cali, el pasado 11 de agosto; ocho muchachos en Samaniego, Nariño, cinco
días después; cinco personas en Arauca y seis en El Tambo, Cauca, este
viernes por la tarde; seis más el sábado en Tumaco. Y ayer domingo por la
noche la Gobernación de Antioquia reportó la muerte de otros tres jóvenes
más en Venecia.



Ese horror lo indica y los números lo confirman: la violencia está creciendo
y en los territorios eso se siente y se traduce en más muertos,
confinamientos por miedo y no sólo por la pandemia, asesinatos de líderes
sociales, emboscadas, hostigamientos.



Hicimos un barrido en cinco de las regiones que cubrimos: Antioquia, Caribe,
Pacífico, Santanderes y el Sur, para entender qué está pasando con este
rebrote y la conclusión es que luego del desarme de las Farc, que entre
otras ayudaba a regular el negocio de la coca, se ha generado una dinámica
distinta en el narcotráfico y una descomposición que ha hecho proliferar
distintas bandas por región.



Estos grupos, entre los que se encuentran las disidencias farianas (que en
algunas zonas actúan coordinadas y en otras se enfrentan), luchan contra
otros con presencia más estable como el llamado Clan del Golfo y, en algunos
lugares, con guerrillas como el ELN y el EPL, esta última en el Catatumbo;
por el control territorial y de las rentas ilegales, pero también a veces
por la legitimidad y la influencia frente a la población civil.



En resumen: en Colombia no hay una, sino varias guerras locales, con actores
y lógicas que no son exactamente iguales, pero con algo en común: en todas
partes están arreciando.



Eso, mientras el Gobierno, según los expertos y sus propios anuncios, le
apuesta a una estrategia más militar que estructural, pese a que en el papel
promete otra cosa.



El aumento



Según reveló la ONU el pasado 17 de agosto, en 2020, con todo y cuarentena,
en Colombia se han registrado 33 masacres, sin contar las de la última
semana. Un número que casi iguala a las de todo 2019, cuando hubo 36, la
cifra más alta desde 2014, según la misma organización.



De acuerdo a cifras de la Fundación Ideas para la Paz, estos dos años de
Gobierno de Iván Duque la violencia ha aumentado respecto a los dos últimos
años del Gobierno de Juan Manuel Santos.



La mayoría de las zonas en conflicto son estratégicas en el negocio de las
drogas ilícitas porque son centros de producción, transformación y
distribución de cocaína. En otras regiones se mueven economías ilegales como
la minería y el contrabando que sirve para financiar ilegales, y otras son
zonas de difícil acceso que les permiten a los grupos esconderse más fácil
de la Fuerza Pública y de otros grupos armados.



Esto refleja que la lógica del conflicto ha cambiado, que no es homogéneo y
que la solución es más difícil, debe ser adaptada a cada contexto y a largo
plazo.



A juicio de cuatro expertos en conflicto consultados, la estrategia del
Gobierno para combatir a los ilegales no ha sido eficaz.



En palabras del investigador de la fundación Conflict Responses, Kyle
Johnson, “el mando local hace que sus guerras sean locales y sean más
difíciles de parar”.



***



Las guerras locales



Sur de Córdoba y Antioquia: coca, minería y un sancocho de disidencias y
narcos



Una de las zonas que está en conflicto desde la salida de las Farc es el Sur
de Córdoba, en el Caribe colombiano, que está conformada por los municipios
de Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré y Valencia.
Allí, desde finales de 2017, se desató una guerra entre el Clan del Golfo o
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas contra una de sus estructuras
conocida como bloque Virgilio Peralta, Caparrapos o Caparros, por el negocio
de la droga y el territorio.



También hay presencia de disidencias del antiguo Frente 18 de las Farc que
migraron de Antioquia, quienes se aliaron con los Caparros en el municipio
de Puerto Libertador en esa guerra con la que buscan derrotar al Clan del
Golfo.



“Allí había un pacto dinámico de no agresión entre las AGC y el frente 58 de
las Farc, y eso había generado una especie de gobernabilidad armada que se
rompe cuando se van las Farc y los Caparros se separan de las AGC”, nos dijo
el investigador y miembro de la red de expertos de La Silla Llena, Luis
Fernando Trejos.



Este territorio es apetecido por los grupos ilegales porque es el único
departamento del Caribe por el que pasa toda la cadena del narcotráfico:
siembra de la hoja de coca (especialmente en el nudo del paramillo), centros
de procesamiento de la droga y exportación por sus costas.



Ese conflicto también está afectando hoy al bajo Cauca Antioqueño, a los
municipios de Tarazá, Cáceres, El bagre, Caucasia, Nechí y Zaragoza. Allí
hay una disputa casada entre el Clan y los Caparros, como se dijo arriba,
que está ocasionando desplazamientos de líderes sociales “casi día de por
medio”, según nos dijo un funcionario de la Alcaldía de Tarazá, que nos
pidió no citarlo por seguridad, y el temor de la población a los grupos que
extorsionan, amenazan y asesinan.



Pero no solo es por la coca, allí, según el funcionario, hay intereses en la
minería de oro ilegal y el interés por el territorio. Al tener el control de
la población pueden tener un dominio total de los negocios ilícitos e
incluso de otros más pequeños como la extorsión.



Las cifras hablan de la crudeza del conflicto en esta región: ciento
cincuenta personas, entre ellas 11 líderes sociales, han sido asesinadas en
los 11 municipios del Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba en lo que va
corrido del año hasta el mes pasado.



Este mismo conflicto está llegando a Ituango. A raíz de esa disputa, 12
excombatientes que vivían en el Espacio Territorial del municipio han sido
asesinados, y otros tantos han sido amenazados por lo que tuvieron que salir
desplazados del lugar hacia Mutatá, como contamos en esta historia.



Como respuesta, en esta zona del Bajo Cauca están las operaciones militares
Aquiles y Agamenón, que es contra el Clan del Golfo y que ha dado duros
golpes a cabecillas importantes del grupo, generando que se fragmente y que
Otoniel, su cabeza, esté más débil.



Catatumbo: coca, contrabando, extorsiones y dos viejas guerrillas



En esta subregión de Norte de Santander, conformada por 11 municipios, el
vacío de poder de las Farc lo disputan los otros dos grupos armados ilegales
que tienen control territorial: el ELN y el EPL.



Ese control es importante porque en el último año esa zona se convirtió en
la principal productora de coca del país con 41.144 hectáreas y también
representa valiosas rutas de narcotráfico y contrabando hacia Venezuela,
además de las usuales extorsiones a la industria petrolera, comerciantes y
palmicultores.



La disputa entre esas dos guerrillas generó una ola de violencia muy fuerte
en esa región, y si bien ha disminuido, aún no ha cesado y se está
transformando.



La ventaja militar del ELN frente al EPL ha tenido tres efectos. Por un
lado, hizo que el ELN se fortaleciera y copara los territorios más
estratégicos de la región así como mayor número de espacios de las antiguas
Farc.



Por otro, generó un repliegue del EPL que resultó concentrándose en dos de
los municipios más pequeños (Sardinata y Playa de Belén), así como
desplazándose a las ciudades de Ocaña y Cúcuta, huyendo de las
confrontaciones con el ELN.



Esto último, a su vez, estaría impactando en la creciente violencia en esas
ciudades. Justamente la Defensoría del Pueblo de Ocaña emitió una alerta
temprana hace 15 días en la que plantea que una de las hipótesis de riesgo
en Ocaña es que la confrontación entre el ELN y el EPL se traslade a esa
ciudad.



El fortalecimiento del ELN también ha repercutido en que esté buscando
apoderarse de las rentas ilegales en Puerto Santander, un municipio
fronterizo muy cerca al Catatumbo y a Cúcuta, en el que el contrabando es la
principal actividad y es controlado por Los Rastrojos. De ahí que en lo que
va del año se haya desatado una guerra entre ambos grupos.



En medio de eso, las disidencias de las Farc también están fortaleciéndose
en la región. Desde la desmovilización de esa guerrilla hasta finales del
año pasado, aparecieron más de cuatro grupos de disidentes del frente 33,
que fue el que se reincorporó en la zona, y ahora están bajo el mando de
Gentil Duarte.



La estrategia militar en la zona fue llevar a finales de 2018 a la Fuerza de
Despliegue Rápido No 3, que es un refuerzo de 5 mil hombres del ejército más
especializados en combate y estrategia. Según dos fuentes del Ministerio
Público, ha ayudado a contener las acciones de los grupos, sin solucionarlo
de fondo.



“Sobre todo en las zonas nuevas a las que ha llegado el ELN, el hecho de que
la Fudra esté acá, no les permite entrar de forma tan agresiva a atropellar
a la gente, les toca cuidarse más”, nos dijo una de esas fuentes.



El presidente Duque también lanzó su estrategia Catatumbo Sostenible en la
que ha presentado algunos avances: 154 mil millones invertidos en
mejoramiento de vías terciarias, 17 proyectos de electrificación rural
aprobados, asignación de 12 mil millones para hospitales, 20 acueductos y
alcantarillados entregados y 6 proyectos productivos aprobados en la Agencia
de Desarrollo Rural. A futuro: la implementación de los Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial, actualizar el catastro multipropósito y obras por
impuestos.



El Pacífico: coca, lucha por el control territorial y disidencias
enfrentadas



Por el lado del Pacífico, que compone cuatro departamentos, hay decenas de
peleas locales por el control del territorio y del negocio del narcotráfico,
sobre todo en Cauca y Nariño que concentran el 35 por ciento de la coca del
país.



La que más se ha recrudecido desde la salida de las Farc es la pelea entre
el Clan del Golfo y el ELN en el Chocó que mantiene a poblaciones como la de
Bojayá confinadas y en medio de las balas.



La importancia de la zona es por las rentas de la minería ilegal y las rutas
para transportar droga. Una de ellas es la del Cañón de Garrapatas que
arranca por El Dovio, en Valle, y pasa por el Chocó hasta llegar al Océano
Pacífico. Allí está el frente Ché Guevara que, junto con el Cacique Calarcá,
hace parte del Frente de Guerra Occidental del ELN.



Más al sur, en Tumaco, Nariño (el segundo municipio con más coca del país)
sigue la disputa entre las disidencias de las Farc del Frente Oliver
Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico y los contadores, que eran
enemigos y ahora son aliados en la lucha contra el Frente 30 y el Alfonso
Cano que llegaron con la intención de apoderarse de la región, como contamos
aquí.



Más arriba en la cordillera occidental de Nariño en los municipios de Leiva,
Cumbitara, Policarpa y El Rosario hay una disputa entre el Clan del Golfo o
AGC contra la disidencia Franco Benavides, que está aliada con las
disidencias de Cauca. Nariño es importante por la cantidad de coca sembrada
(36,964 hectáreas) y porque su territorio tiene salida hacia el Pacífico.



En el sur del Cauca, en la zona de Argelia y el Tambo, que concentran el 54
por ciento de la coca del departamento (9,453 hectáreas), hay una disputa
del ELN contra la disidencia de las Farc Carlos Patiño, que está coordinada
con las otras disidencias que están más al norte del departamento, la Jaime
Martínez y la Dagoberto Ramos.



Este conflicto comenzó a mediados del año pasado, luego de varios meses de
calma con la salida de las Farc, como contamos en esta historia. Este lugar
es clave porque, además de los cultivos, está la ruta de salida de drogas
por el cañón del río San Juan de Micay que arranca en Argelia, pasa por
López de Micay y termina en Timbiquí en el Océano Pacífico.



En este conflicto el ELN ha perdido fuerza y la disidencia está tomando
control de la población. Han aparecido hombres armados a plena luz del día
en el casco urbano, según ha denunciado su alcalde, Jhonatan Patiño, y
organizaciones de campesinos.



Entre enero y junio de este año Medicina Legal ha registrado 52 homicidios
entre Argelia y El Tambo, la mayoría, al parecer relacionadas con este
conflicto.



A eso se suma la llegada a Patía de la disidencia la Segunda Marquetalia del
exjefe guerrillero Iván Márquez, que abandonó su curul en el Congreso para
rearmarse, que se enfrenta con la misma disidencia Carlos Patiño. Esto se da
luego de intentos fallidos de Márquez de establecer una alianza.



El Sur: la retaguardia



Por último está el sur del país. En Meta y Caquetá está la disidencia de
Gentil Duarte, que nunca se desmovilizó, pero también está Iván Márquez con
la Segunda Marquetalia. Esta zona, a diferencia de las otras, no es
estratégica por sus cultivos ni minería, pero sí por su ubicación. Eso lo
sabe bien un combatiente veterano como Márquez.



Al ser tan alejada y montañosa es fácil para los grupos esconderse allí y
crear, como lo fue con las Farc, un sitio para resguardarse. El Gobernador
del Meta, Juan Guillermo Zuluaga,  ha denunciado enfrentamientos entre los
dos grupos, sin embargo, según dos fuentes en terreno, un alcalde y un líder
social, eso no está confirmado.



Si bien aún no ha habido una guerra frontal, según las fuentes consultadas,
hay tensión en toda la zona por la presencia de las disidencias que se
pueden enfrentar en cualquier momento.



Incluso, la presencia de los dos grupos de disidentes ya estaría en
Algeciras, en Huila, en donde en lo que va del año, han sido asesinadas 21
personas entre líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal,
excombatientes de la guerrilla y familiares de ellos. Hasta el momento, más
de cien personas han sido desplazadas, según la personería.



Aunque en ese municipio también hay presencia de un tercer grupo armado que
no ha sido identificado. Huila es importante, porque también sirve de
retaguardia y hace parte del corredor de movilidad para conectar Caquetá con
Cauca y Tolima.



El cambio en esta lógica del conflicto tiene que ver también con que sin las
Farc, que eran el gran regulador del negocio de la coca, los grupos se han
asociado con distintas mafias mexicanas, como contamos aquí, y por eso sus
disputas se reacomodan con el único interés de proteger sus intereses. 



La estrategia del Gobierno que no da resultados permanentes



Según dice en el Plan de Desarrollo de Iván Duque, justamente porque las
Farc salieron del territorio y hay una nueva dinámica con presencia de otros
grupos ilegales que se financian del narcotráfico y la minería ilegal, la
estrategia de seguridad debía ser diferente: el aparato militar acompañado
de una intervención integral del Estado en las zonas más complejas del país
con más justicia e inversión social, que aún no llega.



Por eso lanzó su estrategia Zonas Estratégicas de Intervención Integral o
zonas futuro que son Pacífico Nariñense, Bajo Cauca Antioqueño y Sur de
Córdoba, Catatumbo,  Arauca y Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales
aledaños.



Algunas de las estrategias regionales que se han lanzado para contrarrestar
a estos grupos consisten unir a distintas fuerzas armadas como la área,
fluvial y terrestre en las Fuerzas de Tarea Conjunta Aquiles en Bajo Cauca
antioqueño y Sur de Córdoba, Titán en Chocó, Hércules en el pacífico de
Nariño, Vulcano en Catatumbo, Omega en el Meta, Putumayo y Guaviare, Quirón
en Arauca.



Si bien, todas estas fuerzas tienen resultados producto de sus operaciones
como incautaciones, capturas, destrucción de maquinaria, no han logrado
acabar con los grupos, ni la violencia, como le dijo a La Silla el
funcionario de Tarazá en el Bajo Cauca Antioqueño que conoce del conflicto.
“Pese a que sí hay resultados de sus operaciones, eso no se refleja en que
los grupos se debiliten o desaparezcan”, aseguró a La Silla.



Esto pasa porque la estrategia militar sin presencia del Estado no es
suficiente como lo reconoce el general del Ejército, Marco Mayorga, que está
a cargo de Cauca, Nariño y parte de Valle.



“La solución no son los soldados en el territorio, la solución es integral,
que comprometa a los diferentes sectores de la región para eliminar el
narcotráfico que es la causa de la violencia. Donde hay coca hay muertos,
sangre y dolor. Nosotros ponemos el componente militar en el terreno para
tratar de estabilizar las regiones, para tratar de que los grupos armados
ilegales no hagan ese tipo de intervenciones sangrientas”, dijo.



Esa intervención integral pasa por la inversión social “y por la
estabilización económica de las regiones”, dijo el militar.



También pasa por ejecutar grandes reformas, como lo explica el analista
Camilo González Posso de Indepaz.



“La respuesta sería y se ha dicho, es implementar el Acuerdo de Paz, tener
una visión de desarrollo regional macro, no de proyecticos, sino programas
grandes de reconversión, con recursos. No se trata solo de la estrategia
militar, lograr inclusión y tener una alianza con las poblaciones y no ir en
contra de ellas”, le dijo a La Silla.



El problema con eso es que son estrategias a largo plazo cuya ejecución es
más lenta y requiere de voluntad política.



Otra línea que el Gobierno ha seguido, según lo dijo el Ministro de Defensa
la semana pasada en Samaniego, es que el mayor causante de la violencia es
el narcotráfico y que por lo tanto hay que combatirlo con todas las
herramientas, incluyendo el glifosato -que está frenado porque la Anla no
puede hacer audiencias informativas virtuales, que se requieren para la
licencia ambiental-, para tomar el control de una zona y luego sí llegar con
la inversión social requerida.



Ese, dicen algunos sectores críticos al Gobierno es otro error.



“En unas zonas el narcotráfico es el problema más importante, pero no el
único factor. De hecho, para grupos armados como ELN, disidencias y clan del
golfo, la pelea es por el control del territorio y todo lo que eso encierra.
Control sobre poblaciones, imposición de reglas, "impuestos" como le llaman
ellos - extorsiones para la gente- a todo lo que puedan cobrarle e incluso
acceso al poder político local por la vía de la intimidación”, le dijo a La
Silla Pedro Arenas de la Corporación Viso Mutop, una organización que hace
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Además, poner el centro de la lucha en las drogas prioriza mecanismos como
la erradicación y aspersión que van en contravía de lo que las comunidades
quieren, genera desconfianza con la Fuerza Pública y facilita que los
ilegales se mantengan en el territorio e incluso ganen legitimidad ante la
gente. Se venden como sus aliados y protectores.



“En seguridad no se puede seguir viendo a los campesinos, indígenas y afros
como enemigos”, agrega Arenas.



Tener el foco en el narcotráfico también tiene como efecto que el Gobierno
descuide otras economías ilegales que son rentables para los ilegales como
la deforestación para la ganadería que está disparada en la Amazonía, agrega
Posso.



Para el Ministerio de Defensa el incremento de las cifras de masacres -según
la ONU llevamos 33 en este año- y de violencia se debe a las acciones de la
Fuerza Pública contra las organizaciones criminales las lleva a “perder el
control que tienen sobre zonas e integrantes [y] genera estas disputas”. 



Así las cosas y como lo ha demostrado el ministro de Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, su enfoque seguirá siendo su lucha frontal contra el narcotráfico,
y alcanzar su meta de erradicación de 130 mil hectáreas este año, para luego
llegar con la inversión.



Mientras tanto, las violencias en las regiones están creciendo.

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