Argentina/ ¿A dónde va la economía argentina después del año de la peste? [Pablo Anino]

Dom Dic 27 15:55:52 UYT 2020

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Correspondencia de Prensa

27 de diciembre 2020

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Argentina

¿A dónde va la economía argentina después del año de la peste?

Pablo Anino *

Ideas de Izquierda, 27-12-2020

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Cuando el 31 de diciembre den las doce de la noche habrá concluido uno de
los peores años en términos económicos y sociales. En el momento que se
conozcan las cifras oficiales de 2020, probablemente el retroceso anual del
Producto Interno Bruto (PIB) se ubique entre el 10 % y el 12 % en relación
al año previo. No sólo eso. Desde el regreso del FMI a la Argentina, la
economía acumula tres años de recesión (2018-2020): si se compara el tercer
trimestre del corriente año con el mismo período de 2017, el nivel del
producto exhibe un retroceso del 15 %.

Aparentemente, más bajo no se podría caer. Por lo cual, la mayoría de los
pronósticos indican una recuperación hacia adelante. El último Relevamiento
de Expectativas de Mercado (REM), que efectúa el Banco Central entre
consultoras mainstream preferidas por el establishment económico, señala que
el crecimiento esperado para el año próximo es de 4,8 %. Algo más optimista
se mostró el ministro de Economía, Martín Guzmán, que en el Presupuesto 2021
proyectó un crecimiento de 5,5 %. Bajo estos parámetros, el rebote del año
entrante será de una proporción de alrededor de la mitad en comparación con
el hundimiento en el hondo bajo fondo del año de la peste.

Pero quedarse con estos datos podría implicar pecar de optimismo. La
economía argentina opera condicionada por un panorama internacional nada
alentador, enredada en sus propias contradicciones estructurales y con los
límites estrechos que establece el comando del FMI. No solo eso. Hacia el
año próximo quedan varios imponderables que podrían afectar de forma
negativa la recuperación. Por un lado, por el momento no se conoce a ciencia
cierta la posibilidad de que la aplicación de una vacuna para el Covid-19
pueda permitir una reapertura plena de la economía (por ejemplo, en el
turismo). Por el otro lado, existe una carrera de tiempo para que la
aplicación de la vacuna evite un rebrote pandémico, una nueva oleada de
contagios que haga retroceder varios casilleros la recuperación esperada.

La austeridad en el gasto público durante la crisis pandémica expone que las
decisiones de política económica operaron bajo las restricciones impuestas
por la herencia del megaendeudamiento macrista con los acreedores privados,
con los lobos de Wall Street y con el FMI. En el primer año de Alberto
Fernández los pagos de deuda pública se ubicaron generosamente por encima de
los U$S 5 mil millones: esta suma convertida a pesos supera lo que se
destinó al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La codicia y la
especulación, el criterio de la ganancia, imperaron por encima de las
necesidades sociales.

Argentina es uno de los países que menos gasto público realizó durante la
emergencia por el Covid 19. Este dato surge, no de la comparación con las
potencias económicas, sino con países vecinos de la región de América
Latina. Ante un escenario donde podría volver al primer plano la atención de
la emergencia sanitaria, el Gobierno se encontrará condicionado para
destinar recursos. El ajuste del gasto de casi 10 % en términos reales del
Presupuesto 2021, que prepara las condiciones para un acuerdo con el FMI,
implicó la eliminación del IFE y un recorte en los recursos para la salud
también del orden del 10 %, entre otros tijeretazos. Es decir, el
oficialismo actúa como si la magia hiciera desaparecer el Covid 19 del
horizonte por el mero cambio del año calendario.

Desigualdad en la recuperación

Los pronósticos de recuperación están fundamentados en que la fuerte caída
de la economía en 2020 puede revertirse conforme se va estableciendo una
nueva normalidad con menores restricciones a la movilidad. Pero para tener
una dimensión precisa de qué tipo de recuperación se vislumbra es importante
considerar la proporción del derrumbe sufrido. En octubre, aun cuando muchas
ramas económicas fueron acotando la caída a medida que se relajó la
cuarentena, la mayoría se encontraba en niveles de producción menores que en
el mismo mes de 2019. Excepto la intermediación financiera, que exhibe un
crecimiento interanual de 9,42 % y muestra una importante resiliencia, una
capacidad enorme de adaptación para convertir toda adversidad en una
oportunidad de negocios (especulativos), el resto de las actividades se
ubicaba por debajo de los niveles de producción de 2019. En el extremo,
entre los rubros que más cayeron, se encuentra hoteles y restaurantes con
una retracción del 54,54 %.

A medida que se instaló cierta estabilidad (precaria, a decir verdad) en la
cotización del dólar, se conocieron algunas visiones de optimismo
empresarial que pronostican un crecimiento por encima del promedio de 5,5 %
esperado por el oficialismo para el año próximo. Es el caso de la Cámara de
la Construcción. El reelecto presidente de esa Cámara, Iván Szczech, en el
momento de su reasunción, señaló que “confiamos en que será un año de
recuperación de la actividad”. El empresario Hugo Dragonetti, vinculado a la
obra pública, en el programa Brotes Verdes, que conduce Alejandro Bercovich
en C5N, pronosticó un crecimiento a tasas chinas. Pero la realidad es que,
después de tres años de derrumbe, el sector busca emerger de las catacumbas:
en octubre todavía se encontraba en un nivel del 13,30 % debajo del mismo
mes de 2019.

Gran parte de la esperanza del empresariado de la construcción está cifrada
en el gasto en obra pública que prevé el Presupuesto 2021: se duplicará en
relación al vigente en 2019. El Gobierno apuesta con todo a la construcción
en el año electoral porque consume relativamente pocos dólares de
importaciones, en tanto la mayor parte de los insumos se producen en la
industria local. Además, la construcción cae más que la economía en las
recesiones y se recupera más fuerte en la reactivación. Pero los números que
resaltan en un contexto de hundimiento generalizado, que precedía a la
pandemia, quedan opacados cuando se los ubica en una perspectiva más amplia.
Un informe del Instituto de Pensamiento y Política Públicas que, entre
otros, integra el director del Banco Nación, Claudio Lozano, afirma que en
el Presupuesto 2021 la recuperación de la inversión pública permitirá
alcanzar el 2,2 % del PIB, no obstante estará todavía por debajo de 2015
cuando fue de 2,7 % del PBI, pero con un producto mucho mayor que el
esperado en 2021.

Parte del establishment económico prevé (desea) un salto en la cotización
del dólar para el año próximo. Ese posible salto en la cotización de la
divisa estadounidense es lo que estaría impulsando la compra de bienes
durables como automotores, electrodomésticos y la construcción durante los
últimos meses. Es que, según los analistas, sectores de la clase media que
no tienen alternativas de consumo y ahorro perciben que los bienes de esos
sectores están “baratos” en dólares. Claro que para la gran mayoría de la
población son inaccesibles hasta en un mundo de realismo mágico. La
industria automotriz justamente es otro de los sectores que anticipa un
crecimiento notorio: un 70 % para alcanzar una producción de 440 mil
unidades en 2021. Incluso algunas terminales multinacionales anunciaron
inversiones que suman unos U$S 3.000 millones. En este sector también
sobresale el contraste cuando la comparación se realiza con lo ocurrido, no
en el año de la peste, sino en la última década. En 2011, la producción
alcanzó las 828 mil unidades, casi el doble que lo que se elaborará el año
próximo. No solo eso. La producción automotriz en 2021 se ubicará por debajo
de la cantidad producida en el austero 2018.

De conjunto, la industria manufacturera terminará el año de la peste con una
caída que podría rozar el 10 %. Sectores que elaboran productos esenciales,
como alimentos y bebidas, sostuvieron sus niveles de producción durante la
pandemia. Otros cuya demanda se incrementó con el Covid-19, como sustancias
y productos químicos (donde está incluida la industria farmacéutica), la
aumentaron. Pero la mayoría de la industria manufacturera experimentó un
derrumbe en el acumulado del año hasta octubre: productos textiles (-22,3
%); prendas de vestir, cuero y calzado (-37,0 %); madera, papel, edición e
impresión (-3,1 %); refinación de petróleo (-13,5 %); productos de caucho y
plástico (-10,5 %); productos minerales no metálicos (-19,7 %); industrias
metálicas básicas (-27,9 %); productos de metal (-24,1 %); maquinaria y
equipo (-1,6 %); otros equipos, aparatos e instrumentos (-29,2 %); otro
equipo de transporte (-40,8 %); muebles, colchones y otras industrias (-9,4
%). Hacia el año próximo, algunas de estas ramas industriales podrían ser
impulsadas por la demanda de insumos de la construcción y de las
automotrices. Pero las ligadas al consumo de los hogares, como es el caso de
los textiles, encontrarán un límite estrecho en salarios que difícilmente
recuperen poder de compra.

Desde el establishment económico se señala que Alberto Fernández no tiene un
plan económico. Incluso fue el presidente quien declaró en una entrevista
con el diario Financial Times que él no cree en los planes. Aun así, donde
la política económica se muestra más activa es en delinear un esquema
económico con fuertes rasgos extractivistas de materias primas para la
exportación. Desde que asumió Fernández hubo dos provincias donde la
movilización le dijo no a la megaminería: Mendoza y Chubut. Pero existe un
plan más general a nivel nacional. El ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas, lanzó meses atrás la Mesa del Plan Estratégico para el
Desarrollo Minero Argentino para los próximos treinta años. En el
maravilloso mundo del fracking de Vaca Muerta, otro enclave extractivista,
el Gobierno busca un relanzamiento de la producción con el programa Plan Gas
4, que comprende el pago de un precio subsidiado a las empresas como
Tecpetrol de Techint, YPF, la yanqui Chevron, la francesa Total y otras que
operan en la cuenca neuquina.

El Gobierno también busca avanzar con el agronegocio. No solo con la soja,
donde hace décadas Monsanto y otras multinacionales fijan el modelo de
negocios que envenena con el glifosato. Este año aprobó, a favor de
Bioceres, el trigo transgénico con resistencia a la sequía y el glufosinato
de amonio. En Bioceres los principales accionistas son Hugo Sigman y
Grobocopatel. También impulsó las granjas de cerdos para la venta a China.
Además, en el medio de la emergencia sanitaria, el Congreso votó una nueva
Ley de Economía del Conocimiento: establece rebajas de impuestos, entre
otros beneficios, a las empresas de biotecnología ligadas al agronegocio.
Una de las principales lobistas para que salga esa normativa fue la Cámara
Argentina de Biotecnología (CAB), donde pisa fuerte, nuevamente, el amigo de
Alberto Fernández, el mencionado Hugo Sigman. Recientemente, a través del
Decreto 1034/2020 que reglamenta esa ley, se estableció una baja de
retenciones hasta el 0 % para las exportaciones de servicios basados en el
conocimiento: software, biotecnología, productos audiovisuales.

De este modo, el oficialismo alimenta la esperanza de obtener dólares en el
comercio exterior mediante la expansión del agronegocio, la megaminería y el
fracking. Extractivismo nacional y popular ¿Quiere los dólares para el
desarrollo económico? Si tomáramos por cierta esta noción, el camino
extractivista, tal como muestra la experiencia histórica es un mal atajo
para lograrlo; con él solo se benefician las grandes firmas multinacionales
y sus socios locales mientras las poblaciones pagan los costos de este
dumping ambiental que caracteriza al orden imperialista actual. Pero el
objetivo parece más prosaico: la idea central del Gobierno es juntar dólares
para pagar la deuda. Es que hacia 2025 el país tendrá que enfrentar
vencimientos muy importantes con los lobos de Wall Street, pero también con
el FMI si se concreta el acuerdo de facilidades extendidas que se está
negociando. Es decir, hay un hilo que une extractivismo con la dependencia
financiera: se necesita destruir el ambiente para pagar la deuda.

No obstante, tanto en la megaminería como en la extracción de hidrocarburos
en Vaca Muerta, los expertos que tiene una visión alejada del lobby
empresario señalan que las expectativas de conseguir dólares a través de más
producción y exportación son exageradas en el corto y mediano plazo. En el
agronegocio es donde las expectativas de aumento de la producción y las
exportaciones aparecen más certeras. Aun así, luego de dos campañas en
niveles históricamente altos, esa no es la perspectiva para 2021, en tanto
se espera un retroceso moderado de la producción agraria a causa de la
sequía. Los altos precios internacionales, fundamentalmente de la soja,
permitirían compensar la caída de la cosecha para garantizar un volumen de
ingreso de dólares similar a 2020. De todos modos, con el poder económico
del oligopolio agroexportador (Cofco, Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD) que
domina el comercio exterior de granos y de los grandes terratenientes, se
sabe que buenas expectativas de negocios no son equivalentes a buenas
noticias para el Gobierno: ellos son los dueños de los dólares y los
especialistas en presiones devaluatorias mediante el arma extorsiva de la
retención de ventas.

El régimen de la deuda eterna

Al momento de hacer el balance del año, el Gobierno destaca, como ocurre en
spots publicitarios que circulan en los medios de comunicación, que en el
contexto de la adversidad pandémica logró la reestructuración de la deuda
con acreedores privados, concluida los primeros días de agosto por Martín
Guzmán con los lobos de Wall Street. Desde la primera propuesta de abril
hasta la última de agosto, el oficialismo cedió más de U$S 17 mil millones a
los especuladores. Este “logro” fue celebrado en las dos orillas de la
grieta. Fue saludado por el exministro, Luis “Toto” Caputo, el “Messi” de
las finanzas; por el extitular del Banco Central, Guido Sandleris; por el
exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Los exfuncionarios no fueron los
únicos. Hubo otros notables cambiemitas que acompañaron en la “patriada” al
Gobierno, como Horacio Rodríguez Larreta. En el mismo sentido celebraron las
cámaras empresariales.

No era para menos. Guzmán convalidó, sin investigar ni una coma, el fraude
que hizo el macrismo al pueblo trabajador con el megaendeudamiento: bono a
cien años emitido por Caputo en beneficio de fondos de inversión que él
había fundado o de los que había sido empleado, bonos delivery a pedido de
Wall Street y toda la fiesta financiera del “mejor equipo de los últimos
cincuenta años”. Esa deuda odiosa, igual que la del FMI, financió una
espeluznante fuga de capitales, que alcanzó los U$S 86 mil millones durante
el macrismo. A pesar de despejar los pagos de deuda de los próximos años,
Guzmán consolidó la dependencia del país con los centros financieros
imperialistas con una hipoteca que pesará sobre las presentes y futuras
generaciones: la Oficina de Presupuesto del Congreso estima en unos U$S 146
mil millones los pagos de capital e intereses hasta 2041.

Los más fuertes empiezan en 2025.

Ese “logro” duró un suspiro. Inmediatamente después se desató una corrida
cambiaria. El oficialismo impidió que la especulación con el dólar se
desarrolle con más potencia gracias a la alquimia financiera de Guzmán que,
en un ataque de ortodoxia, implementó una serie de concesiones al capital
financiero: relajamiento de los controles en las cotizaciones paralelas del
dólar; nuevas emisiones de deuda nominada en billete verde para dar salida a
fondos especulativos como Pimco y Templeton, que tenían colocaciones en
pesos; liquidación del patrimonio de la Anses y otros organismos públicos en
beneficio de la dolarización de los fondos de inversión. Además, rebajó
retenciones momentáneamente al agronegocio y definitivamente a la minería
para intentar que ingresen dólares del comercio exterior, lo cual sucedió a
cuentagotas. El dólar transita una paz precaria. Pero los bonos argentinos
cotizan a valores de default: las alquimias financieras de Guzmán dejaron
expuesto un costo implícito del financiamiento del Estado que ronda el 16 %
en un mundo con tasas de interés cercanas a 0 %.

En estos días, el equipo económico encara una negociación con el FMI para
intentar cerrar un acuerdo de facilidades extendidas durante los primeros
meses de 2021. Este tipo de acuerdo permitiría postergar el grueso de los
pagos hacia 2025, pero es el más eficaz que tiene el FMI en su menú para
“rescates” que ayudan a hundir a las economías. Es el tipo de acuerdo que
empujo a Grecia a una recesión infinita. Comprende condicionalidades
estructurales (reforma previsional, laboral y tributaria) y mayor rigor en
términos de ajuste del gasto público. Entre 1956 y 2006, el país suscribió
veintiún acuerdos de condicionalidad fuerte con el FMI. Solo dos fueron
préstamos de facilidades extendidas, los dos durante los gobiernos
menemistas: uno que firmó Domingo Cavallo en 1992 y otro de 1998 que firmó
Roque Fernández, un Chicago Boy, es decir una figura de la ultraortodoxia
neoliberal. Fantasmas del pasado que regresan.

El Gobierno buscará en el Congreso que el acuerdo con el FMI sea avalado por
todo el régimen político capitalista. Seguramente, tampoco exista grieta al
momento de votar entregar la conducción económica del país al Fondo por la
próxima década. Desde 2025 habría que pagar unos U$S 50 mil millones (un
promedio de unos U$S 10 mil millones anuales) al organismo dominado por los
Estados Unidos. La cuenta cargará sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Gestión de la miseria

Hacia adelante cualquier recuperación de la economía se va a encontrar
limitada por la situación internacional que atraviesa sus propias
tribulaciones, entre un crecimiento anémico que precede al Covid-19, un
derrumbe durante 2020 y una bola de nieve de deudas que se agravó con los
recursos destinados a la emergencia sanitaria y cuyo estallido es una
amenaza que nubla el horizonte.

La necesidad de generar las condiciones para los futuros pagos al FMI y a
los acreedores privados estrecha los recursos para la contención social en
el Presupuesto 2021. Como se mencionó, se elimina el IFE, pero también habrá
menos recursos para la Tarjeta Alimentar. En el caso de los jubilados, al
ahorro de unos $ 100 mil millones producidos en el corriente año con los
“aumentos” por decreto, el oficialismo busca adicionar un ahorro el año
próximo. Es que con salarios corriendo detrás de la inflación sin poder
alcanzarla nunca, la nueva fórmula de actualización jubilatoria no solo
consolidará el ajuste sobre los haberes de los adultos mayores, que suma una
pérdida de 20 % desde la gestión de Cambiemos hasta la actualidad, sino que
podría profundizarla el año entrante. Los salarios de la administración
pública nacional acumulan un retroceso del 38,1 % entre noviembre de 2015 y
el mismo mes del corriente año, según estimó la Junta Interna de ATE INDEC.
Hacia el año que viene el panorama para el salario estatal no es mejor. De
conjunto, la propia política presupuestaria de Gobierno establece límites
estrechos a la recuperación económica.

Los últimos registros del Índice de salarios del INDEC exhiben una caída del
20 % en el poder de compra del sector privado registrado entre diciembre de
2015 y septiembre de 2020. Este último mes el poder de compra era 3,1 %
inferior que en el mismo mes de 2019. En todo el sector público (más amplio
que la administración pública nacional antes mencionada) la caída es de 25,6
% para el período que va de diciembre de 2015 a septiembre de 2020 y de 6,9
% cuando se observa el último mes en relación a septiembre de 2019. En el
sector informal no hay registros oficiales para comparar con 2015, pero en
septiembre de 2020 en relación a octubre de 2016 se observa una baja de 22
%; en la comparación puntual de septiembre la caída interanual es moderada,
pero profunda en el promedio anual: - 7,7 %. Hacia 2021 está por verse en
qué medida la inflación sigue erosionando el poder de compra de la clase
trabajadora, ocupada, desocupada y jubilada. En la guerra entre salarios y
precios se juega parte importante de la relación entre las clases
fundamentales de la sociedad, entre la clase obrera y los capitalistas. En
tal sentido, toma plena relevancia la lucha de los aceiteros que pasaron la
navidad de paro contra el poder de los pulpos agroexportadores.

Existe una perspectiva cierta de ajuste tarifario, que en principio estaba
establecido para marzo. En el oficialismo se debaten entre un ajuste gradual
o uno más fuerte que haga recordar a lo “mejor” del macrismo. También se
habla de una segmentación “científica” de los usuarios para diferenciar
capacidades distintas de absorber los aumentos. Incluso existe una presión
dentro del Frente de Todos por patear todos los ajustes importantes hasta
después de las elecciones, lo que puede servir al oficialismo en el corto
plazo, pero preanuncia una situación más explosiva en lo fiscal con
potencial impacto en el dólar y también en la inflación. El ministro Guzmán,
que pone la cara ante el FMI, sabe que subir las tarifas implica bajar los
subsidios, que es lo que piden desde Washington. Un salto tarifario echaría
leña al fuego a una inflación que se aceleró desde agosto hasta alcanzar
niveles superiores al 3 % los últimos meses. El Relevamiento de Expectativas
del Mercado del Banco Central (como se mencionó, se realiza entre voceros el
establishment económico) anticipa una inflación del 50 % para 2021 y un
salto en el tipo de cambio. Ese relevamiento no solo contiene un pronóstico,
sino también una amenaza sobre lo que quieren hacer los dueños del país con
los precios el año próximo: seguir sacando ventaja a los salarios.

Existe una contradicción fundamental en la tensión no resuelta entre el
precio del dólar y la inflación, que se retroalimentan mutuamente. Mucho más
en una situación donde el Banco Central cuenta con escasas reservas. A pesar
de que mejoraron muy módicamente en las últimas semanas, las reservas del
Central siguen débiles, de modo que establecen un techo muy bajo para
cualquier recuperación. El crecimiento, por la estructura atrasada de la
economía, requiere divisas para importar bienes intermedios que consume la
industria y no se producen localmente. Cualquier mínimo repunte estresará
las reservas. Esta situación preanuncia, más temprano que tarde, la vuelta
de los fantasmas devaluatorios que deambularon hasta ayer nomás.

La CEPAL hace algunos años dice que América Latina enfrenta el peligro de
una nueva “década pérdida” en comparación con lo ocurrido en los años 1980
cuando las economías quedaron sometidas al estrangulamiento de la deuda
externa. No es exagerado decir que esa definición ya se hizo realidad en la
economía argentina, que enfrenta un estancamiento que alternó bajas y alzas
desde 2012. Desde 2018 no para de retroceder. En 2020 directamente
experimentó una caída libre. Hay un dato más alarmante: el PIB per cápita
(la producción de riqueza por habitante) actual es menor que en 2007. Si los
pronósticos de crecimiento que hizo Martín Guzmán en el Presupuesto 2021
(5,5 % en 2021; 4,5 % en 2022; 3,5 % en 2023) se cumplen, en el año 2023 el
país tendrá el mismo nivel económico que en 2012. Un detalle: se trata del
más optimista de los escenarios para los próximos años. Otro detalle: los
pronósticos oficiales son tenaces al momento de fallar. Es evidente la
decadencia infinita a la que somete la clase capitalista que comanda el país
a la mayoría del pueblo trabajador.

Es la decadencia que quedó graficada en el informe que presentó el
Observatorio de la Deuda Social de la UCA: durante el cierre del tercer
trimestre del año (julio-septiembre), el 44,2 % de las personas (unos 20
millones de habitantes) se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Y
el 10,1 % de la población se encontraba por debajo de la línea de
indigencia. Más grave aún: el 64,1 % de los niños, niñas y adolescentes
habitaban en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. En la
presentación de ese informe, el director del Observatorio, Agustín Salvia,
explicó que no es que el “Covid produjo un quiebre en un devenir progresivo
de la sociedad”. Por el contrario, señaló que la pobreza crece desde 2013.
En simultáneo que se expandió la pobreza, la ONG Oxfam estimó que, en
Argentina, la fortuna de los milmillonarios aumentó desde U$S 8.800 millones
hasta U$S 11.200 millones durante la pandemia. No es casual que nuestro país
sea uno de los tres de América Latina donde más creció la desigualdad
durante la pandemia. Aunque más agudo en estas pampas, no es un fenómeno
ajeno a otras latitudes. El año de la peste mostró, cuando más se necesitaba
que la prioridad sea atender las necesidades sociales, que hay una peste
peor: es el propio sistema capitalista, que exhibió su naturaleza como
nunca.

* Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en
la UBA (Universidad de Buenos Aires, es militante del Partido de los
Trabajadores Socialistas (PTS).

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