Nicaragua/ Informalidad y pobreza bajo el régimen Ortega-Murillo [Oscar-René Vargas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de diciembre 2020

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Nicaragua



Informalidad y pobreza bajo el régimen Ortega-Murillo



Oscar René Vargas

San José, Costa Rica, 28-12-2020



En el 2007, según el “Informe Anual de 2010” del Banco Central de Nicaragua
(BCN) la Población Económicamente Activa (PEA) era de 2.27 millones de
personas, de los cuales sólo 458.9 miles trabajadores estaban afiliados al
INSS; por lo tanto, el 79.8 por ciento estaba en la informalidad.



En diciembre del 2017, de acuerdo al “Anuario de Estadísticas
Macroeconómicas 2019” del BCN la PEA era cercana a los 3.3 millones de
personas, de los cuales sólo 913,797 trabajadores (27.81 por ciento) estaban
afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); por lo
tanto, el 72.19 por ciento de la PEA estaba en la informalidad,
desprotegidos de beneficios y seguridad social, no reciben un salario fijo o
en el desempleo. Es decir, después de 11 años del pacto público-privado
entre Ortega y el gran capital, dos tercios de la PEA permanecía en
condiciones de subempleo o realizando trabajos por los cuales no reciben un
salario mensual.



En diciembre de 2017 había 913,797 afiliados al INSS; en agosto de 2020 los
afiliados descendieron a 693,476, lo que significa una contracción del
-24.12 por ciento en el número de afiliados. Detrás de estas cifras de
desafiliados hay empresas cerradas, familias en penurias y personas que
engrosan las cifras del desempleo, o bien, han caído en la informalidad.



Es decir, entre diciembre 2017 a agosto 2020 se desafiliaron 220,327
personas producto de la profundización de la recesión económica que implicó
el cierre del 54 por ciento de las empresas (según encuesta del Consejo
Superior de la Empresa Privada - COSEP), en todos los sectores económicos,
principalmente en la construcción, comercio, turismo, servicio, etcétera.



La informalidad mueve más de un tercio de la economía. Este incremento como
proporción de la producción total del país. La informalidad da trabajo a más
del 72.19 por ciento de la fuerza laboral en el país. Es decir, 72 de cada
100 personas ocupadas obtuvo su ingreso bajo esta modalidad, la que no
cuentan con ningún tipo de prestación social. El comercio al por menor es
donde se concentra la mayor parte de la economía informal



El problema de la informalidad (trabajo informal) en Nicaragua, es un
lacerante problema socio laboral presente de tiempo atrás, pero acicateado
durante el régimen Ortega-Murillo. Los trabajadores informales sobreviven en
precaria situación. Sin prestaciones de ninguna naturaleza y con
remuneraciones entre el 25 y 50 por ciento inferiores a las pagadas en el
trabajo formal, donde el panorama tampoco es grato, porque los salarios
ofrecidos resultan cada día menores en relación al costo de la canasta
básica.



De acuerdo al Banco Mundial (BM) los nicaragüenses necesitan un ingreso
superior a los US$ 3.20 dólares diarios (equivalente a C$ 112.0 córdobas
diarios) para no ser considerado pobre, lo que implica tener un ingreso de
US$ 96.0 dólares mensual por persona, equivalente, al cambio oficial, a C$
3,072 córdobas mensual por persona (cambio de C$ 35.00 córdobas por dólar).



Tomando en cuenta que el promedio de personas por hogares es de 6 personas,
significa que un hogar para no ser considerado pobre tiene que tener un
ingreso total mensual de US$ 576 dólares mensuales o el equivalente de C$
20,160 córdobas mensuales, mientras el salario promedio nominal del sector
formal fue, en el 2019, de C$10,941.6 córdobas.



El documento de la CEPAL “América Latina ante la crisis del COVID-19.
Vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social 2020”, establece tres
categorías: extrema pobreza, pobreza y estratos bajos no pobres. Señala que
el 77.2 por ciento de la población de Nicaragua, en el 2019, se encontraba
en una situación de muy alta vulnerabilidad.



Es decir, alrededor de 5.2 millones de nicaragüenses se encuentran en
situación de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza, debido a la caída
del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de ingresos bajos
y medios y trabajadores por cuenta propia. Los ingresos de los trabajadores
informales y de la mayoría de los pensionados se han traducido en una
reducción del consumo e insuficiencia alimentaria (hambre).



De acuerdo con un informe publicado por la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el número de personas que viven en
extrema pobreza, es decir, con ingresos inferiores a US$ 1.90 dólares al
día, en los países menos adelantados (PMA), entre ellos Nicaragua, se ha
incrementado en el 2020, lo cual limitaría las posibilidades de lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas
para el 2030.



Según el “Anuario de Estadísticas Macroeconómicas 2019” del (BCN), el
salario promedio nominal nacional del empleo formal alcanzó, en el 2019, la
cifra de C$ 10.941.6 córdobas mensuales y el costo de la canasta básica era
de C$ 13,904.5 córdobas mensuales, lo cual nos indica que el promedio de los
trabajadores formales se encuentra en situación de pobreza al no tener la
capacidad de comprar una canasta básica.



De acuerdo a la métrica sobre la pobreza del Banco Mundial, actualmente en
el país más del 50 por ciento de los trabajadores formales y cerca del 80
por ciento de los que laboran en el sector informal están por debajo de la
línea de pobreza. Es decir, trabajar no es suficiente para garantizar que
una familia pueda adquirir los bienes básicos, incluso comer. Son
trabajadores que se encuentran en situación de pobreza laboral.



El 77.2 por ciento de la población nicaragüense padece de pobreza
multidimensional; es decir, que tiene carencia monetaria, limitado acceso a
la educación, bajo nivel educativo de los adultos, viven en viviendas
inadecuadas, habitan en hacinamiento, no cuentan con los servicios básicos y
se encuentran en el desempleo o en la informalidad.



Es decir, los niños y adolescentes viviendo en condiciones tienen menos
posibilidades de tener acceso a una educación y llegar a tener una formación
laboral calificada. Por lo tanto, las posibilidades de salir de la pobreza
son muy bajas, afectando un retardo en talla/crecimiento en los escolares.



La pobreza y la extrema pobreza priva a miles de niños y adolescentes de
alcanzar, tanto a nivel físico como de desarrollo intelectual, con las
consecuencias que ello acarrea para la vida adulta. Durante el régimen
Ortega-Murillo se incrementó la brecha entre ricos y pobres.



La política laboral del régimen Ortega-Murillo es responsable del descenso
salarial y aumento de la precariedad. Dentro de la población, hay un grupo
de personas que tiene la menor probabilidad de salir de la pobreza. Ya que
los sectores que viven en pobreza, extrema pobreza e ingresos bajos,
presentan un déficit en la ingesta de proteínas similar al consumo de
calorías o energético. Esto es lo que se denomina “pobreza crónica”.



Un análisis del balance alimentario de la población vulnerable, medido en
términos del consumo aparente y su aporte proteico-calórico, indica que no
se cubren las recomendaciones proteicas mínimas y en los últimos años se ha
deteriorado la situación calórica, por la desigualdad económica para
adquirir los alimentos.



En el 2018, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) resaltó que los países centroamericanos donde hay
inseguridad alimentaria aguda por factores económicos y climáticos con mayor
prevalencia de personas que sufren hambre fueron Guatemala (15.2 por ciento)
y Nicaragua (17.0 por ciento).



Entre el 2018 y 2020, hemos visto, por desgracia, un aumento en las cifras
del hambre, subalimentación, malnutrición y desnutrición moderada y severa.
Millones de personas no pueden pagar una dieta saludable, no porque no haya
comida, sino por la desigualdad económica. Miles de familias pasan
dificultades para comprar comida y medicinas, mientras sus medios de vida se
destruyen y el desempleo o la informalidad afecta a 5.2 millones de
personas, una combinación fatal.



Según el “Plan Nacional de Desarrollo Humano” el país enfrentaba, en el
2009, un déficit habitacional de 956,981 viviendas, cada año este déficit
aumenta en 20,000 viviendas por la conformación de nuevas familias y la
caducidad de las viviendas existentes. Desde el 2007 al 2009, el gobierno
logró construir 6,608 viviendas, a las que hay sumar 4,800 casas construidas
por el sector privado, para un total de 11,408 viviendas y ese ha sido el
promedio de construcción hasta el 2017. En el 2020, el déficit habitacional
supera el millón de viviendas. La existencia de viviendas inadecuadas y
hogares que viven en hacinamiento son dos indicadores más de la pobreza
multidimensional.



Dado el retraso en el desarrollo del país y los índices de vulnerabilidad
Naciones Unidas en su “Informe de seguimiento en el mundo” señala que, de
seguir las tendencias actuales, Nicaragua logrará la universalización
efectiva de la educación primaria hasta el año 2035, en el de nivel de
secundaria en el año 2060 y en la educación media superior hasta el año
2100.



Al final del 2020 no hay un incremento importante del comercio exterior,
tampoco una disminución en el rezago de la brecha tecnológica, ni un aumento
de la productividad; por lo tanto, cerramos el año con un incremento de la
desigualdad, la insuficiencia alimentaria, prevalencia de personas que
sufren hambre, la pobreza, la extrema pobreza, estratos bajos no pobres sin
ingresos e incremento de la población informal e inactiva a la fuerza de
trabajo.



Al finalizar el 2020, el régimen Ortega-Murillo acelera su ritmo represivo
contra la oposición a un nivel sin precedente desde la dictadura de los
Somoza, reparte licencias a empresas mineras para explotar recursos en
tierras públicas, repite su falsa declaración sobre el “golpe de estado” a
la rebelión pacífica de los ciudadanos autoconvocados en abril 2018 y
amenaza con la intención de impedir que la oposición presente candidatos a
las elecciones de noviembre de 2021. A nivel internacional, para muchos
sectores progresistas le cuesta creerlo, pero Daniel Ortega adoptó como guía
al dictador Anastasio Somoza García.

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