Cuba/ La criminalización de la política opositora [Samuel Farber]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de diciembre 2020

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Cuba



La criminalización de la política opositora



Samuel Farber *

La Joven Cuba, 28-12-2020

https://jovencuba.com/



Hay estados anti-democráticos que no solo reprimen la oposición política,
sino que también la criminalizan, una manera muy efectiva de evitar la
divulgación y discusión de las ideas políticas que divergen de la ideología
en el poder.  Ese fue el caso en la Unión Soviética y sigue siendo el caso
de los regímenes que adoptaron las estructuras principales del modelo
soviético, tales como China, Vietnam y nuestra propia Cuba.



Es así como, bajo la dirección del gobierno cubano, los integrantes del
Movimiento San Isidro (MSI) fueron detenidos por la policía bajo cargos
criminales –supuestamente por haber violado «el protocolo de salud de los
viajeros internacionales», adoptado por el gobierno para combatir la
pandemia del COVID-19–. En realidad fueron detenidos por razones políticas,
por protestar en grupo y públicamente contra la represión del gobierno hacía
uno de sus integrantes. Este es un típico ejemplo de la manera en que el
gobierno cubano se enfrenta a la crítica: reemplazando el lenguaje político
con el administrativo policíaco.



Cuba viene de una larga tradición latinoamericana que concede un trato
especial a la conducta política y evita reducirla a la delincuencia o
criminalidad común. Es por eso que esta tradición respalda el derecho al
asilo político, así como la diferenciación en el trato de los presos
políticos y los comunes.



La dictadura batistiana, por ejemplo, respetó el asilo político al que
recurrieron cientos de cubanos opuestos a la dictadura para salvar su vida
en las embajadas de países latinoamericanos. Por supuesto, hubo violaciones
a ese derecho, como lo fue el caso excepcional del asalto policíaco a la
Embajada de Haití, el 29 de octubre de 1956, donde fueron asesinados todos
los opositores que se habían asilado. Ahí murió también a manos de uno de
los asilados que tenía en su posesión un arma de fuego, el Jefe de la
Policía Nacional a la cabeza de ese ataque, Rafael Salas Cañizares, uno de
los esbirros más notorios de la dictadura batistiana.



En el caso de América Latina, la excepción más notable a la regla de
conceder asilo fue la de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder de
la APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), quien para protegerse
del gobierno peruano bajo la dictadura de Manuel Odría, se asiló en la
Embajada de Colombia a principios de 1949. Haya de la Torre permaneció en
esa embajada durante 5 años hasta que por fin obtuvo el salvoconducto para
salir del país hacia México, aunque solo después de que la Corte
Internacional de Justicia rechazó la demanda de Odría para que Colombia le
entregara al líder opositor peruano.



El gobierno revolucionario cubano abandonó la tradición de conceder el asilo
político cuando adoptó el modelo soviético a principios de los sesenta. Un
ejemplo claro de ese viraje fue lo sucedido en la Embajada del Perú en La
Habana, en abril de 1980, cuando bajo las órdenes de Fidel, las fuerzas del
Estado impidieron en las afueras de la embajada, la entrada de los cubanos
que querían asilarse. En un inicio solo pudieron hacerlo los que entraron
por la fuerza en un encuentro armado que causó varias muertes.
Eventualmente, el gobierno retiró la vigilancia de la embajada. Fue entonces
que cerca de diez mil cubanos entraron en la sede diplomática demandando
asilo para poder salir de la Isla, lo que hicieron a través del puerto de
Mariel, entre abril y junio de 1980.



Además de reconocer el derecho al asilo político, la tradición
latinoamericana distingue entre los presos políticos y los comunes. Esta
distinción ha sido reconocida también en otras partes del mundo. Por
ejemplo, la Rusia zarista periódicamente concedía un cierto grado de
autonomía a los presos y exilados políticos. Fue así como, durante su
condena de exilio en Siberia de 1897 a 1900, Lenin pudo estudiar y escribir
entre sus varias obras, «El Desarrollo del Capitalismo en Rusia». También se
le permitió asesorar a los campesinos del área en cuestiones legales y
preparar documentos pertinentes a sus casos.



El gobierno bolchevique continuó parcialmente esa tradición desde el triunfo
de la Revolución de Octubre de 1917, durante la Guerra Civil de 1918 a 1920
y poco tiempo después, permitiéndole a los presos políticos que habían sido
deportados a los campos de trabajo de las islas Solvetsky –anteriores al
Gulag– entre otros, a conducir actividades políticas. Asimismo, reconoció el
derecho de los presos políticos de izquierda –anarquistas, mencheviques y
socialistas revolucionarios de izquierda– a no tener que trabajar, a
organizarse y a elegir a sus representantes para negociar con los
administradores de esos campos la solución a sus quejas y condiciones de
vida.



La dictadura batistiana también reconoció la distinción entre presos
políticos y comunes. Es bien sabido que en muchas ocasiones violó los
derechos tradicionales de dichos presos, como en el caso de Fidel Castro y
los Moncadistas presos de 1953 a 1955, en el llamado Presidio Modelo de la
otrora Isla de Pinos. Pero en general se les respetó su condición de presos
políticos con el derecho de vestirse de civiles, rehusar el trabajo forzado
y reunirse dentro de la cárcel para organizar clases y otras actividades
políticas, estudiadas en detalle por el historiador cubano Mario Mencía.



Esta tradición acabó cuando Fidel Castro, haciendo a un lado su propia
historia, decidió no reconocer ni siquiera la categoría de preso político,
mucho menos cualquier derecho tradicional que estos reclamaran por su
condición política, como vestir ropa de civil y rehusar el trabajo forzado.
Muchos de los presos políticos posteriores a 1959 resistieron ser tratados
como presos comunes, lo que dio lugar al fenómeno de los «plantados». Estos
también se opusieron a los planes de «rehabilitación», promulgados en 1964
por el gobierno con la intención de presionarlos a renunciar a sus ideas
políticas a cambio de mejorar sus condiciones en la cárcel y acortar sus
condenas.



Los «plantados» protestaron contra esos planes y contra sus condiciones
carcelarias con huelgas de hambre y vestidos solamente con su ropa interior
para evitar los uniformes de los presos comunes. Estas protestas fueron
reprimidas, frecuentemente de manera brutal por los guardias carcelarios. En
una de esas huelgas de hambre murió, en 1972, Pedro Luis Boitel, un antiguo
líder estudiantil universitario y antibatistiano opuesto al comunismo.



El trasfondo ideológico de esas prácticas del gobierno cubano es que sólo
existe un único pensamiento político legítimo. Cualquier oposición a este
automáticamente implica el poner en peligro y traicionar a la Revolución y
se convierte en un crimen común en el momento en que alguien actúa, aunque
sea pacíficamente, para persuadir a otros cubanos de ideas diferentes u
opuestas a las oficiales. La presunción de que hay un solo pensamiento
político legítimo penetró desde muy temprano, todos los aspectos del
discurso oficial con respecto a la naturaleza y destino de la sociedad
cubana.



Por ejemplo, la lucha armada que tuvo lugar en la Sierra del Escambray en
los años sesentas fue bautizada por el gobierno como una «lucha contra
bandidos». La realidad es, sin embargo, que esta no fue una lucha contra
bandidos, sino contra aquellos a quienes el gobierno pudiera haber
calificado como contrarrevolucionarios, un término que asume la existencia
de una política contrarrevolucionaria en lugar de reducir y falsificar la
realidad con un término de índole criminal.



Lo curioso del caso es que, en realidad, el gobierno cubano nunca sostuvo
seriamente que la del Escambray haya sido simplemente una lucha contra
cuatreros, asaltantes y ladrones para quienes el término «bandidos» hubiera
sido apropiado. Es irónico que la CIA, que invirtió tantos recursos en
asistir y proveer ayuda material a esos grupos armados, no los vio como
delincuentes comunes sino precisamente como contrarrevolucionarios. Es claro
que el régimen conscientemente usó el término «bandidos» para desprestigiar
y situar más allá de la política a los rebeldes del Escambray, y para
legitimar cualquier tratamiento que les impusiera a ellos y a sus
partidarios, como fue el traslado forzado en los años setentas, de miles de
campesinos que vivían en la zona del Escambray a cientos de kilómetros al
oeste después de que las hostilidades habían cesado.



La situación contemporánea



El gobierno cubano continúa criminalizando las actividades políticas de los
críticos del régimen y con mayor frecuencia lo justifica legalmente
aduciendo que estas actividades son financiadas y organizadas por el
imperialismo norteamericano. Así, la Ley 88 de 1999, justificadamente
llamada «Ley Mordaza» por muchos, establece en el capítulo 11 la privación
de libertad por un término de 3 a 8 años y/o una multa de mil a tres mil
cuotas para aquellos que participen en la distribución de recursos
financieros o de otra índole, procedentes del gobierno de Estados Unidos.



En varios casos, esta acusación ha sido bien fundada con respecto a la
procedencia de los recursos involucrados. Aún así, es necesario, por lo
menos desde el punto de vista socialista y democrático, establecer el tipo
de actividades políticas que han sido financiadas u organizadas con esos
fondos. Por lo general, las actividades oposicionistas adjudicadas por los
tribunales cubanos en años recientes han sido pacíficas y han consistido en
la distribución de materiales impresos o de otra índole no violenta. Como
tales serían consideradas completamente legales en cualquier país
latinoamericano, salvo en aquellos gobernados por sistemas antidemocráticos.
No son comunicaciones incitando a la violencia o tráfico de armas, son
exhortaciones e ideas eminentemente políticas, dirigidas a un público del
que buscan apoyo.



A la luz del carácter pacífico de estas actividades, es sumamente injusto,
así como antidemocrático, que el sistema judicial cubano castigue a aquellos
que han acudido a fuentes como el gobierno de los Estados Unidos para
obtener los recursos necesarios para conducir este tipo de actividades
políticas. Dicho gobierno es clara y contundentemente condenable por su
motivación hostil a la auto-determinación de la nación cubana. Pero los
disidentes y opositores que reciben esos fondos están siendo condenados en
Cuba por llevar a cabo actos políticos que serían legales en cualquier país
democrático.



La recepción del apoyo material del gobierno norteamericano en
circunstancias donde los ciudadanos cubanos no tienen derecho a expresarse
en público independientemente del gobierno, es una cuestión política que
debe discutirse como tal y no castigarse a través del sistema penal. Después
de todo, el gobierno cubano a través de su monopolio de medios de
comunicación, puede decir todo lo que quiera contra los ataques a la
soberanía del país, denunciando la intromisión de Washington en los asuntos
internos de Cuba. Pero al mismo tiempo, como parte de ese monopolio, no
permite que el pueblo cubano escuche y sea testigo de la defensa de los
acusados contra las imputaciones en su contra, tanto en este como en todos
los casos políticos.



Es una vieja práctica que Fidel instituyó en los tiempos tempranos de la
Revolución cubana cuando impidió que el pueblo escuchara la defensa del
Presidente Manuel Urrutia contra las graves acusaciones que el máximo líder
revolucionario presentó contra él en julio de 1959.



Pero para la izquierda cubana independiente, lo más importante más allá de
la defensa de los derechos políticos democráticos para todos, es que los
cubanos tengan acceso a aquellos que critican al régimen cubano desde un
punto de vista socialista, democrático y antiimperialista. Este es un punto
de vista que, en primer lugar, se opone a la injerencia norteamericana en
los asuntos internos de Cuba basada en el derecho de autodeterminación
nacional.



Contra lo que arguyen muchos integrantes de la oposición de derecha, la
defensa de la autodeterminación de la nación cubana no supone de manera
alguna la aprobación o apoyo al gobierno cubano, sino que propala la
consigna de mantener el destino de Cuba en manos de los cubanos sin permitir
que otros países, mucho menos potencias imperiales, controlen a Cuba como lo
hicieron en la época pre-revolucionaria.



Cuando en el año 1935 la opinión democrática internacional, sobre todo los
afro-descendientes y la izquierda, apoyaron sin reserva alguna la
resistencia de Etiopía contra la invasión de la Italia fascista, ciertamente
no fue porque querían defender o disculpar al régimen monárquico y hasta
esclavista del Emperador Haile Selassie –brillantemente descrito por el
autor polaco Ryszard Kapuscinski en su obra de semi-ficción «El Emperador»–,
sino para oponerse al imperialismo fascista y defender la autodeterminación
de la nación etíope.



Los gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, podrán
proclamar que el bloqueo y la Ley Helms Burton –medidas que han empeorado
las condiciones de vida de todos los cubanos en la Isla– fueron tomados en
aras de la democracia y del llamado «mundo libre».  El hecho es, sin
embargo, que la política exterior norteamericana persigue sus propios
intereses para promover y defender su imperio, el resto es pura verborrea
ideológica e hipócrita.



Esto lo corrobora la larga trayectoria histórica de la política
estadounidense con su intervención para derrocar gobiernos democráticamente
electos, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y el de Salvador
Allende en Chile en 1973, con la subsecuente ejecutoria asesina de Pinochet.
Por supuesto, aquí hay que incluir su apoyo a la dictadura batistiana, la
invasión de Playa Girón en 1961, así como las numerosas incursiones armadas
y terroristas contra Cuba. Esa trayectoria imperialista también se extiende
a otras partes del mundo con el apoyo de Washington a regímenes sumamente
reaccionarios y antidemocráticos como la Arabia Saudita y su agresión
genocida en Yemen, así como su intervención y destrucción de Iraq en los
últimos treinta años.



Es cierto que es difícil sobrevivir como opositor o disidente en la Cuba de
hoy. Pero existen alternativas a la ayuda del gobierno norteamericano.
Después de todo, hay más de dos millones de personas de ascendencia cubana
fuera de Cuba de las que se podría recabar apoyo financiero independiente
para mantener las actividades políticas de oposición en la Isla.  Eso fue lo
que José Martí hizo en la década de 1890, recabando fondos de los obreros
tabaqueros cubanos en la Florida.



Existe también una extensa sociedad civil norteamericana –sindicatos,
iglesias, organizaciones fraternales, de derechos humanos, mujeres, gays,
entre otras– la gran mayoría de las cuales operan independientemente del
Departamento de Estado, la CIA, o de la Fundación Nacional Cubano Americana
que actúa como vehículo de los gobiernos norteamericanos de ambos partidos.



Los grupos que siguen la vía fácil de acudir a estas agencias
gubernamentales y organizaciones que las auxilian, así como a las embajadas
norteamericanas, no solamente comprometen la independencia de la oposición
al gobierno cubano, sino que también exhiben una fuerte tendencia a «vivir
del cuento», pues al contar con los fondos no se molestan en desarrollar su
propia base de apoyo y acaban con pocos partidarios tanto en Cuba como en el
exterior.



* Samuel Farber nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia
Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros,
recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books,
2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise
and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018).

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