Cuba/ Brigadas médicas. Ante el laberinto de un nuevo mapa político latinoamericano [Luis Brizuela]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

1° de febrero 2020

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Cuba

 

Ante el laberinto de un nuevo mapa político latinoamericano

 

Las brigadas médicas representan un eje de la política exterior de Cuba,
además de una fuente de ingresos, que atraviesa una etapa compleja tras el
retiro de misiones de países de América Latina, donde otrora cosechó
alianzas determinantes.

 

Luis Brizuela, La Habana

Inter Press Service (IPS), 31-1-2010

http://www.ipsnoticias.net/

 

Ocurre tras la llegada al poder de líderes conservadores que, como en Brasil
y Bolivia, además de acercar posiciones con el gobierno de Estados Unidos,
quitan valor a mecanismos de integración regional como la Comunidad de
Estados del Caribe (Celac) o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

 

Varios acontecimientos cuestionan si todavía hoy el primer rubro de la
economía cubana sigue siendo la exportación de servicios profesionales.

 

Cuba debió retirar más de 700 profesionales que integraban el contingente
médico en Bolivia, por la inestabilidad política, clima de inseguridad y
actos amenazantes tras la renuncia, el 10 de noviembre, del expresidente Evo
Morales (2006-2019).

 

En la nación andina, la isla caribeña ofrecía servicios médicos gratuitos
mediante el llamado Programa Integral de Salud, al igual que en otros 26
países con pocos recursos como Haití, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
Honduras, entre otros.

 

En noviembre de 2018, Cuba retiró de Brasil los más de 8500 galenos que
integraban el programa Mais Médicos.

 

El gobierno cubano acusó al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro de
mantener una posición “hostil, irrespetuosa y ofensiva” hacia los
profesionales de medicina que laboraban en regiones pobres y remotas del
país sudamericano, mediante un acuerdo vigente desde 2013, con participación
de la Organización Panamericana de la Salud.

 

El 19 de noviembre de 2019, Cuba y Ecuador firmaron el Acta que dio por
terminados seis convenios específicos de cooperación científica y asistencia
técnica, firmados entre los ministerios de Salud de ambos países desde 2009.
Las autoridades ecuatorianas alegaron razones económicas para no renovarlos.

 

Sin embargo, el 5 de diciembre, una declaración del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba argumentó que las verdaderas razones tenían detrás
presiones de la embajada estadounidense en Quito.

 

Según la nota, funcionarios del estadounidense Departamento de Estado, de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) y diplomáticos de
Washington “han acudido a autoridades nacionales, como en Guatemala, para
inquirir de forma perentoria y sospechosa, datos precisos de la cooperación
médica cubana con el objetivo de encontrar la manera de eliminarla”.

 

Autoridades cubanas rechazan las declaraciones de funcionarios
estadounidenses en que aducen que las misiones médicas cubanas son prácticas
de “esclavitud moderna” y “trata de personas”, o que se inmiscuyen en los
asuntos internos de los Estados donde operan.

 

El Informe de Cuba sobre la prevención y enfrentamiento a la trata de
personas y la protección a las víctimas (2019), publicado el 24 de enero en
el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores, obvia referirse a este
tipo de descalificaciones a las misiones de profesionales de la salud.

 

Además de una publicidad negativa, Cuba ha visto menguar los importantes
recursos financieros que recibía por brindar asistencia médica, estimados
entre los 6000 y 8000 millones de dólares anuales durante los años
recientes, según expertos.

 

Para el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, las relaciones con
América Latina se vuelven más complejas ante la renovada hostilidad del
gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

 

Aunque se mantienen las relaciones diplomáticas reestablecidas en 2015, la
Casa Blanca frenó la política de acercamiento con Cuba del anterior
inquilino, el democrata Barack Obama (2009-2017), y en los últimos 12 meses
endureció la política de sanciones.

 

En mayo, activó los títulos III y IV de la ley Helms Burton que desde 1996
unificó y reforzó en un solo cuerpo legislativo los instrumentos del embargo
económico, comercial y financiero que mantiene contra La Habana desde 1962.

 

Adicionalmente, la administración Trump restringió el monto de las remesas
hacia el país, canceló los permisos de viajes en barcos de recreo y de
pasajeros, incluidos los cruceros; y limitó los vuelos directos y chárter
únicamente a La Habana, entre otras medidas.

 

El gobierno cubano responsabilizó a Washington de presionar a compañías y
buques de transportación de combustibles, a fin de cortar el suministro y
golpear aún más la economía insular altamente dependiente de las
importaciones de petróleo.

 

Aunque tales medidas impactan de manera negativa en las familias y el
incipiente sector privado de este país insular caribeño, Washington
argumenta que buscan hacer desistir a La Habana de la supuesta asesoría en
inteligencia y seguridad al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

 

Por el contrario, Díaz-Canel defiende su apoyo incondicional a Caracas, con
la cual mantiene una alianza estratégica, al tiempo que ha invitado a
Washington a mantener relaciones civilizadas sobre la base de la igualdad y
respeto a la soberanía.

 

Cuba ha acusado en varias ocasiones a la administración Trump de intentar
dividir la región y reactivar la Doctrina Monroe (1823).

 

Sintetizada en la frase “América para los americanos”, tal doctrina se
concibió como un principio de la política exterior de la nación norteña para
garantizar su hegemonía en América Latina.

 

En noviembre, se presentó por vigesimoctava ocasión consecutiva en la
Asamblea General Naciones Unidas la resolución “Necesidad de poner fin al
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de
América contra Cuba”, que sin carácter vinculante, recibió el apoyo de 187
países de los 193 miembros del foro multilateral.

 

Por primera vez Brasil votó junto con Estados Unidos e Israel a favor de
mantener el embargo, mientras Colombia, gobernada por el derechista Iván
Duque, se abstuvo, lo cual quebró la tradicional condena unánime de América
Latina a esa política.

 

A inicios de octubre, académicos e intelectuales colombianos consideraron un
error que Bogotá decidiera romper relaciones diplomáticas con Cuba, tras
frecuentes cuestionamientos de Duque e integrantes de su gabinete contra los
protocolos del proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional
que se efectuaban en la isla.

 

Especialistas llaman la atención sobre el debilitamiento de los conceptos de
integración y consenso que guiaron la constitución de la propia Celac, en
diciembre de 2011, así como el virtual desmantelamiento de la Unión de
Naciones Sudamericanas (Unasur).

 

Ante el auge de la beligerancia y desencuentros regionales, analistas
advierten sobre la necesidad de cumplir uno de los acuerdos más simbólicos
de los 33 países de la Celac, la Proclama de América Latina y el Caribe como
zona de Paz, adoptada en enero de 2014 precisamente en La Habana.

 

Para muchos resultó esperanzador que el gobierno mexicano asumiera este mes
la presidencia pro témpore de la Celac con la misión de fortalecer y
consolidar el instrumento de cooperación más importante de la región.

 

Sin embargo, Brasil confirmó que no colaborará con dicho organismo debido,
según versiones periodísticas, a la presencia de Venezuela y Cuba. Y el 24
de enero, el gobierno interino de Bolivia anunció la suspensión de las
relaciones diplomáticas con Cuba, lo cual supone un desafío adicional.

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