México/ Un "buen trabajo" de López Obrador. El muro de Trump se levanta en los centros migratorios mexicanos [Elena Reina]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de febrero 2020

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México

 

El muro de Trump se levanta en los centros migratorios mexicanos

Las estaciones donde hay detenidos miles de migrantes hacinados operan sin
que las ONG puedan acceder al total de sus instalaciones desde hace nueve
años.

 

Elena Reina, en México

El País, 31-1-2020 

https://elpais.com/internacional/

 

Un joven de 15 años está tumbado en una colchoneta sin moverse. Su madre,
desesperada, le aplica paños húmedos a su frente ardiendo. En la calle el
termómetro marca 36 grados, en ese cuarto insalubre en el centro de
Tapachula (Chiapas, frontera con Guatemala) la sensación es de por lo menos
cinco más. No ha pronunciado una palabra desde que salieron de la estación
migratoria Siglo XXI, donde estuvieron detenidos 24 días. Diarrea,
depresión, angustia. Todo ese tiempo estuvo en una zona separada de su madre
y su tía, con quienes llegó un mes antes desde Comayagua (Honduras) huyendo
de una amenaza de la pandilla Barrio 18. “Si nos quedamos un día más ahí
encerrados, pido que me regresen a mi país aunque allá quieran matarme”,
resumía Sara Gómez.

 

Su nombre, como el de la mayoría de los migrantes que han pisado estos
centros y han accedido a esperar su proceso de refugio —que puede durar
meses— en libertad, es ficticio. El temor a que cualquier tropiezo con las
autoridades los mande en bus a su país de origen es más fuerte que la
necesidad de denunciar públicamente lo que sucede ahí dentro. México ha
deportado en 2019 a más de 117.689 migrantes, los suficientes para llenar
hasta la bandera el Estadio Azteca. “Nos decían que la comida ahí lleva yodo
para que se nos quite el hambre. Todo el día te la pasas haciendo fila para
comer solo una vez”, contaba Gómez.

 

La estación migratoria Siglo XXI de Tapachula es la más grande de todo el
país, con una capacidad para 960 personas. Ubicada en la ciudad más
importante de toda la frontera sur con Guatemala, aglutina el flujo de
migrantes detenidos en carreteras, caminos y rincones perdidos de la selva.
“Todos los que van a ser deportados tienen que pasar por este centro,
excepto los llamados extracontinentales, africanos, asiáticos y todos
aquellos cuyo regreso obligue a subirse a un avión en el aeropuerto de la
Ciudad de México o de Toluca”, explica Aldo León, de Voces Mesoamericanas.
Según las cifras de Gobernación (Interior), entre enero y noviembre de 2019
fueron detenidas 179.335 personas, de ellas 77.380 fueron en el Estado de
Chiapas. “Dormíamos sentadas, ni siquiera había una cama para cada una de
nosotras. Nos trataban como a perros”, contaba Gómez.

 

El martes un anuncio del Instituto de Migración puso a todas las
organizaciones civiles encargadas de estos temas en alerta. El Gobierno
suspendía el acceso de las ONG a las estaciones migratorias. Y la noticia
provocó un escándalo internacional. Las oficinas mexicanas de la ONU
defendieron el trabajo de las asociaciones y López Obrador negó esta medida
menos de 24 horas más tarde. "Todo parece improvisado o decidido en función
de los intereses por cumplir con el papel de guardián de la frontera de
Estados Unidos", señalaba a este diario el coordinador del área de
incidencia política del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, con sede en
Tapachula, Salvador Lacruz.

 

El jefe del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, explicó en
una rueda de prensa este miércoles que no se negará la entrada a las
organizaciones, pero sí se reprogramarán las visitas. Algo que las ONG
reciben como una traba más en su trabajo diario, ya de por sí obstaculizado
por la burocracia mexicana. "Que el Gobierno se haya atrevido a hacer un
oficio general en ninguna Administración lo habíamos vivido", señalaba este
jueves una representante del centro Fray Matías, Rita Marcela Robles, en una
conferencia de prensa donde más de 200 organizaciones civiles afectadas
denunciaron la "política errática" del Ejecutivo. El grupo además ha
denunciado que todavía hay 10 asociaciones a las que el Gobierno ha denegado
el acceso a los recintos. "El daño ya está hecho", añadía la activista.

 

El trabajo de estas ONG consiste principalmente en acompañar y asesorar
jurídicamente en los trámites de refugio a los migrantes, pero también desde
hace años han denunciado las condiciones de hacinamiento en las que viven y
la "criminalización" a la que son sometidos. Un informe elaborado en 2017
por el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración— formado por un
equipo de más de 20 supervisores y aprobado por el reglamento de la
institución— monitoreó los 59 centros migratorios del país y reveló
prácticas al interior de los centros que violaban los derechos de los
migrantes. Documentaron hacinamiento en todas las estaciones, abusos de
poder de las autoridades, falta de atención médica y psicológica, también de
acceso a una asesoría jurídica, escaso contacto con el exterior, “muchas
personas aseguraron no haber podido llamar a sus familiares nunca”;
prácticas de castigo y áreas de aislamiento; extorsiones “de forma
generalizada”; insuficiencia de personal médico; falta de higiene en las
instalaciones, además de un exceso en los plazos establecidos de privación
de su libertad. Los investigadores concluyeron que las estaciones
migratorias funcionan en la práctica como centros penitenciarios. Y así se
refieren a estos centros tanto los migrantes como los activistas.

 

"It's not a camp, man. It's a jail [no es un campo de refugiados, hombre. Es
una cárcel]", explicaba un migrante marroquí Zouhir Bounou en las calles de
Tapachula a otros migrantes en agosto pasado sobre el centro Siglo XXI.
Según la ley, hay dos tipos de centros migratorios: unos que son de carácter
provisional, en los que no se permite una estancia de más de 48 horas o
siete días; y otros, llamados concentradores, donde el plazo máximo es de 15
días para resolver su proceso migratorio. En estos últimos, en el caso de
que se extienda por motivos establecidos en el artículo 111 de la Ley de
Migración, el plazo máximo sería de 60 días. El informe documentó casos en
los que algunos migrantes habían estado encerrados hasta ocho meses.

 

Desde hace nueve años, cuando se promulgó la Ley de Migración y el
reglamento de estos centros, las organizaciones civiles no pueden acceder en
su trabajo diario a todas las instalaciones de estos recintos. Nadie de
forma independiente y sin un aviso a la institución puede revisar lo que
sucede entre esos muros. La norma establece que se les permitirán zonas
adecuadas para las visitas. Y los activistas consultados por este diario
confirman que siempre han accedido a despachos o bodegas sin ventilación
donde los migrantes llegan para explicarles sus quejas y recibir asesoría
legal sobre sus trámites.

 

“Tenemos un horario concreto, como en un penal, dos veces por semana unas
pocas horas: de 10 a dos de la tarde. Siempre limitado a un despacho y ahí
nos traen a las personas. Pero aun así, ese trabajo es muy valioso para
conocer lo que pasa y para una labor preventiva de las violaciones de los
derechos humanos”, explica el coordinador del área de incidencia política
del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, Salvador Lacruz, que hasta enero
de este año que les negaron el acceso estuvieron atendiendo a más de 1.000
migrantes internos. “En nuestro caso, atendemos en San Cristóbal de las
Casas, Comitán y Tuxtla [centros de Chiapas] en bodegas o áreas sin las
condiciones necesarias para hacerlo de forma independiente, con policías
observando y escuchando lo que nos cuentan. Nunca hemos podido entrar a las
zonas donde ellos viven”, señala un representante de Voces Mesoamericanas,
Aldo León.

 

Los obstáculos para que ingresaran al centro miembros de las organizaciones
civiles han sido una constante desde que existen estos centros, según lo que
han denunciado las ONG y también lo que corrobora el informe. Aunque
habitualmente eran de tipo burocrático y nunca habían sido tan restrictivos
como desde la llegada de las caravanas en octubre de 2018 y especialmente
desde el verano de 2019 y las presiones de Estados Unidos para frenar la ola
migratoria.

 

Desde que Donald Trump amenazara a México con imponer aranceles a los
productos mexicanos si no lograba frenar la crisis migratoria, en mayo del
año pasado, y anunciara un plazo de 45 días para tomar medidas, la situación
en la frontera sur se ha endurecido. La militarización de los límites con
Guatemala es una realidad desde la llegada de la Guardia Nacional en julio.
Y la represión contra la última caravana de migrantes centroamericanos,
formada por unos 3.000, ha sido el más reciente ejemplo de que México
obedece a las peticiones de su vecino del norte.

 

Trump ha declarado públicamente, en plena campaña de cara a las elecciones
presidenciales de noviembre, que México ya está pagando el muro y que López
Obrador está haciendo un “buen trabajo”. Y la situación límite de las
estaciones migratorias, más rebasadas y con menos supervisión  independiente
que nunca, parecen darle la razón.

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