Nicaragua/ El fracaso del estado de sitio policial [Wilfredo Miranda Aburto/Maynor Salazar]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

1° de enero 2020

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net <mailto:germain5 en chasque.net> 

  _____  

 

Nicaragua

 

El fracaso del estado de sitio policial

 

La excarcelación de más de 300 presos políticos marcó el año político 2019,
pero la dictadura no cumplió el acuerdo de liberarlos a todos

 

Wilfredo Miranda Aburto/Maynor Salazar

Confidencial, 31-12-2019 

https://confidencial.com.ni/

 

La excarcelación de la mayoría de los presos políticos, entre ellos varios
de los líderes representativos de la protesta cívica contra la dictadura,
marcó el año político en 2019. Aunque fueron liberados bajo la polémica ley
de autoamnistía, aprobada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo,
su excarcelación representó un nuevo aliento a la demanda nacional de
justicia, democracia y la exigencia de la salida de la dictadura del poder.

 

La excarcelación no fue completa. Desde junio a diciembre de 2018, el
régimen volvió a nutrir sus celdas con 170 reos de conciencia. Nicaragua
experimenta, por segundo año consecutivo, una Navidad con presos políticos.
La demanda de la liberación total y sin condiciones de todos los reos de
conciencia sigue definiendo la agenda del cambio político. La propuesta de
reformar el sistema electoral, antepone como condición sine qua non la
liberación de todos los reos políticos, entre ellos al menos nueve presos
políticos reencarcelados.

 

La represión sostenida, que incluye asesinatos selectivos en el campo y la
ciudad a mano de policías y paramilitares, así como la persecución
encarnizada contra la Iglesia católica, han determinado la nueva etapa de la
crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018. Sin embargo, la obstinación
del régimen por mantener un estado policial ha chocado con la resistencia
ciudadana.

 

La comunidad internacional también ha redoblado la presión por abonar a una
salida cívica y negociada a la crisis, que pasa por elecciones adelantadas,
libres y transparentes. Ante la intransigencia de los Ortega-Murillo, las
sanciones han sido la respuesta internacional, aislando a un régimen que
alega, sin credibilidad, que fue “víctima de un golpe de Estado”. Estados
Unidos sancionó en 2019 a dos hijos de la pareja presidencial: el “delfín”
Laureano Ortega Murillo, y Rafael, el principal operador de las finanzas de
El Carmen. El Gobierno liberal de Canadá, que encabeza Justin Trudeau,
también se sumó a sancionar a personeros de la dictadura ante las
perturbadoras pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas
contra los nicaragüenses. Mientras, la Unión Europea se alista para
endurecer y “tomar acciones concretas” contra el régimen.

 

En paralelo a las sanciones, a nivel diplomático la Organización de Estados
Americanos (OEA) inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática
Interamericana, que en caso de concretarse supondría la expulsión de
Nicaragua del organismo. Mientras, las proyecciones económicas para
Nicaragua apuntan a un tercer año consecutivo de recesión económica, en
tanto no se arregle la crisis sociopolítica. 

 

Estos son los doce hitos del balance del 2019 en Nicaragua, frente a una
región latinoamericana convulsionada por protestas sociales, la renuncia de
Evo Morales, en Bolivia, y la amenaza de un juicio político contra Donald
Trump, en Washington.

 

Antes y después de la excarcelación de los presos políticos

 

Nicaragua amaneció convulsa la madrugada del martes 11 de junio: la
dictadura liberó a la mayoría de los más de 400 presos políticos que
mantenía en las cárceles tras las protestas que estallaron en abril de 2018.
Los rostros más visibles de la oposición azul y blanco, entre ellos líderes
sociales, universitarios, campesinos y periodistas fueron excarcelados.

 

Semanas antes, el régimen había liberado a cuenta gotas a otros reos de
conciencia, a medida que el diálogo con la Alianza Cívica, que contó con el
acompañamiento del nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag y la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

La liberación de los presos políticos finalmente fue ejecutada bajo la ley
de autoamnistía, aprobada por el régimen, que más que proveer libertad a los
detenidos, propicia la propia impunidad de los autores de la masacre. Sin
embargo, la liberación de la mayoría de los presos políticos fue asumida por
la ciudadanía como una victoria ante la dictadura, revitalizando el ánimo de
la lucha cívica. Los excarcelados nunca se rindieron y se convirtieron en
una nueva fuerza política en la lucha que demanda el fin de la dictadura.
Este 30 de diciembre la presión cívica obligó al régimen a liberar a 91 reos
de conciencia más. 

 

La demanda de liberar a los últimos 168 rehenes políticos

 

Tras la liberación de la mayoría de los presos políticos, la Alianza Cívica
denunció que el régimen no excarceló a más de 80 reos de conciencia. De
junio a diciembre, el número aumentó a 168, ya que el estado policial
continúa deteniendo a los ciudadanos que siguen manifestándose contra la
dictadura. Al final, tras la excarcelación este 30 de diciembre, en las
celdas de la dictadura quedaron 65 personas. 

 

A mediados de noviembre, la demanda por la liberación total de los presos
políticos tuvo como epicentro la iglesia San Miguel, en Masaya. Madres de
los reos de conciencia realizaron una huelga de hambre bajo la tutela del
sacerdote Edwin Román, durante nueve días. El régimen ordenó cercar el
templo para impedir que a las mujeres les llegara agua y medicamentos.
Cuando un grupo de 13 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, entre
ellos la excarcelada Amaya Coppens, intentó llevarles agua, fueron detenidos
y querellados por cargos inverosímiles como tenencia ilegal de armas de
fuego. Los familiares de presos políticos comenzaron por segundo año
consecutivo una cruzada demandando Navidad sin presos políticos.

 

Las ejecuciones extrajudiciales en el norte

 

La familia Montenegro, originaria del Cerro Kilambé, en Jinotega, representa
a cabalidad una de las nuevas etapas de la represión en Nicaragua: las
ejecuciones selectivas de campesinos en el norte de Nicaragua, en especial
en las zonas rurales de Jinotega. Cuatro integrantes de la familia
Montenegro fueron ejecutados de forma violenta en 2019. Es una familia
opositora que participó en los tranques levantados durante la Rebelión de
Abril. En diez meses, en el campo se desató una espiral violenta: 66
personas fueron asesinadas, de acuerdo a la investigación de Elvira Cuadra,
socióloga y experta en temas de seguridad. Lo llamativo es que las víctimas
y las personas que cometieron los asesinatos tenían una vinculación
política. Los perpetradores de los crímenes se vinculan con policías y,
principalmente, paramilitares.

 

El asesinato de Eddy Montes

 

Antes de la excarcelación de la mayoría de los presos políticos, el 16 de
mayo el reo de conciencia, Eddy Montes, fue asesinado por un custodio de la
cárcel La Modelo. La muerte de este ciudadano norteamericano, que residía en
Matagalpa, sacudió al país, confirmando de la peor manera los malos tratos
contra los reos de conciencia en las prisiones de la dictadura. El asesinato
de Montes, que hoy se mantiene en la impunidad, provocó el retiro de la
Alianza Cívica en el diálogo nacional, así como un paro nacional en
protesta, demandando la liberación de los presos políticos.

 

Los asesinatos políticos también continuaron en las ciudades. En la ciudad
de León, la Policía asesinó al joven autoconvocado Bryan Murillo López. En
Matagalpa, el paramilitar Juan Pablo Ortiz fulminó de un disparo en la
frente a la joven ciudadana estadounidense Ariana Enid Martínez. Y en
diciembre, la Policía abatió en Masaya a José Isaías Ugarte, alias Chabelo,
quien participó en la Rebelión de Abril y estaba clandestino hasta que fue
acribillado por los oficiales.

 

El estado de sitio policial

 

Tras el fracaso del segundo diálogo nacional, la dictadura redobló el estado
de sitio policial en todo el país. Patrullas rondan día y noche las ciudades
con el único fin de impedir manifestaciones y la libertad de movilización.
Pese al férreo control de la Dirección de Operaciones Especiales de la
Policía, los ciudadanos se manifiestan, desafiando la represión. La
imposición del estado policial refrendó la falta de voluntad política para
asumir los compromisos adquiridos en la mesa de negociación con la Alianza
Cívica, como es la restitución de las libertades públicas.

 

La demanda por un paro nacional indefinido continúa siendo un reclamo de
diferentes sectores de la ciudadanía, en Nicaragua y en el exilio, que aún
no es consensuado entre los diferentes actores políticos y económicos.

 

La persecución contra la Iglesia católica

 

La dictadura desató una campaña de persecución contra la Iglesia católica,
asediando a obispos, sacerdotes y feligreses, que se solidarizaron con las
víctimas de la represión.

 

Durante la Semana Santa, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, anunció
su exilio forzado en Roma, a solicitud del papa Francisco.

 

Las iglesias católicas se convirtieron para la ciudadanía en refugios para
protestar contra el Gobierno y burlar el estado policial impuesto en las
calles. Los templos, que parecían lugares sagrados y seguros, fueron
profanados por oficiales, paramilitares y simpatizantes sandinistas.

 

La Catedral de Managua, de León, e iglesias en Matagalpa y Masaya fueron
atacadas y cercadas por el régimen. La profanación de templos se inscribe en
una escalada de violencia de la dictadura contra la Iglesia católica.
Sacerdotes, monjas y hasta obispos han sido agredidos físicamente.

 

La demanda de justicia de las Madres de Abril

 

A pesar de que la Fiscalía no dio paso a ninguna investigación para
encontrar a los verdaderos culpables de la matanza orteguista, la Asociación
Madres de Abril (AMA), que reúne a familiares de las víctimas de la rebelión
cívica, continuó exigiendo justicia por todos los asesinatos cometidos por
los grupos irregulares del Gobierno.

 

AMA interpuso al menos 26 recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de
Amnistía, que se recetó el régimen orteguista para tratar de proteger a los
policías y paramilitares que participaron en la masacre del 2018.

 

Las Madres de Abril dignificaron la memoria de sus familiares en el Museo de
la Memoria contra la Impunidad, que reúne las historias de 71 víctimas de la
represión, con fotografías, videos, recuerdos y más de 200 objetos
personales. Fue instalado por dos meses en el Instituto de Historia de
Nicaragua y Centroamérica (Ihnca) de la UCA, y permanece activo virtualmente
en una plataforma multimedia.

 

Las sanciones internacionales a funcionarios y empresas orteguistas

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2019 a nueve
funcionarios del régimen orteguista y cuatro empresas ligadas a la pareja
dictatorial de El Carmen. Entre los sancionados están dos hijos de Daniel
Ortega y Rosario Murillo: Laureano y Rafael.

 

Las sanciones al mayor de los hijos de Ortega, fueron “un duro golpe al
poder económico” del régimen, pues este administra de manera discrecional la
cooperación venezolana para patrocinar a la familia gobernante desde el
2007.

 

Además de las afectaciones individuales, el Tesoro sancionó al Banco
Corporativo, la red de gasolineras DNP Petronic, Inversiones Zanzíbar y El
Goliat. A las sanciones de Estados Unidos se sumaron las impuestas por
Canadá.

 

Junto con los hermanos Ortega Murillo fueron sancionados, a lo largo del
año, Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Lumberto Campbell, magistrado
del Consejo Supremo Electoral; Roberto López, director del Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social. También Gustavo Porras, presidente de la
Asamblea Nacional; Sonia Castro, exministra de Salud; Orlando Castillo,
director de Telcor, y Óscar Mojica, titular del MTI. 

 

El segundo año de recesión económica: decreció el PIB

 

El Producto Interno Bruto del país decreció por segundo año consecutivo, y
no pronostica mejoría en 2020, convirtiendo la recesión en una depresión
económica que traerá más consecuencias negativas sobre las familias y las
empresas, que verán menor actividad y mayor pobreza y desempleo. El Fondo
Monetario Internacional estima que el PIB 2019 decrecerá en -5.7%, lo que, a
juicio de economistas independientes elevaría la tasa de pobreza general, de
29.4% en 2019, a 31.9% en 2020, llevando a 2.1 millones de nicaragüenses a
vivir con 1.76 dólares, o menos, al día.

 

OEA inicia aplicación de la Carta Democrática

 

La presión internacional contra el régimen orteguista aumentó a lo largo de
2019. Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, una Comisión de
Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que en
Nicaragua existe una “alteración del orden constitucional que afecta
gravemente el orden democrático”, por lo que recomendó al Consejo Permanente
convocar “inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General para examinar” el tema. La recomendación de llamar a una
sesión extraordinaria —en la que participarían los cancilleres de todos los
países— está basada en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana
de la OEA, que se activó este año para tratar la crisis nicaragüense. Por su
parte, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que demanda al régimen el
cese de la represión, que retome el diálogo político, el desmantelamiento de
los paramilitares, la liberación de todos los presos políticos, y la
propuesta de enviar una delegación a Nicaragua que, entre otros temas,
evaluaría el futuro del Acuerdo de Asociación del que Nicaragua podría ser
suspendido.

 

Hacia una “gran coalición opositora”

 

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul
y Blanco dieron el primer paso para la construcción de la gran coalición
opositora, que podría hacer frente en unas elecciones al dictador Daniel
Ortega o al candidato que disponga el Frente Sandinista. Después de sostener
varias reuniones a lo largo del año, finalmente estas dos organizaciones
presentaron una propuesta unificada de reformas electorales que se basa en
la premisa de la liberación de todos los presos políticos, y el
restablecimiento de las libertades democráticas que han sido conculcadas por
el régimen.

 

Los representantes de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, consideran que
dichas organizaciones deben verse como “bloque fundacional” para la creación
de esta gran coalición democrática nacional. Se autodefinen como un proyecto
político no electorero, amplio y sin exclusiones, para brindarle
gobernabilidad al país después de desalojar del poder a la dictadura. Si
bien este es el primer paso, todavía faltan otras organizaciones del
espectro político que tienen que ser incorporadas para edificar la
coalición.

 

El inicio del retorno político del exilio

 

El retorno político de algunos exiliados, entre ellos figuras de la protesta
social, copó las portadas de los medios de comunicación en 2019. Primero
Félix Maradiaga regresó a pesar de no tener garantías de seguridad. Luego
Lesther Alemán, el estudiante que demandó la renuncia de Daniel Ortega en el
primer diálogo nacional. También retornaron los periodistas Aníbal Toruño,
director de Radio Darío en León, el comentarista político Jaime Arellano, y
Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL y Esta Semana.

 

Maradiaga y Alemán coincidieron en que regresaban al país a continuar “la
lucha” por una nueva Nicaragua y continuar denunciando las violaciones de
derechos humanos. A pesar del retorno político, todavía continúan en el
exilio decenas de miles de ciudadanos. Costa Rica sigue siendo el principal
destino, con unos 80 000 nicas huyendo de la persecución política de la
dictadura. Al menos 55 500 han solicitado asilo político.

  _____  

 

------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20200101/e1f2922f/attachment-0001.htm