Bolivia/ Dudosas credenciales. Elecciones en medio de persecuciones y amenazas [Fernando Molina]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

17 de enero 2020

 <https://correspondenciadeprensa.com/> https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

  _____  

 

Bolivia

 

Elecciones en medio de persecuciones y amenazas.

 

Dudosas credenciales

 

Con el apoyo de los militares, de los medios de comunicación y del aparato
de justicia, el gobierno boliviano continúa con el hostigamiento a los
integrantes del Movimiento al Socialismo. A pesar de eso, los liderados por
Evo Morales todavía conservan la mayor intención de voto de cara a los
comicios del 3 de mayo.

 

Fernando Molina, desde La Paz

Brecha, 17-1-2020 

https://brecha.com.uy/

 

Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los días con
noticias sobre la investigación, el procesamiento o el arresto de uno o de
varios de los ex colaboradores y simpatizantes del exiliado ex presidente
Evo Morales, sobre quien, además, pesa una orden internacional de captura
solicitada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

 

La noticia más reciente fue la detención del ex ministro de Gobierno Carlos
Romero, acusado por la fiscalía de un caso de corrupción. Romero entró a la
cárcel judicial luego de haber estado arrestado informalmente –primero en su
domicilio y luego en una clínica médica– por grupos de civiles que se llaman
a sí mismos “la resistencia” y que tienen el aval de la Policía para imponer
su ley en las calles. Morales los considera “grupos paramilitares y
fascistas”.

 

Estas organizaciones civiles también operan cotidianamente en las
inmediaciones de la embajada de México en La Paz, en la que están refugiados
varios ex ministros y jerarcas del Movimiento al Socialismo (Mas) de
Morales, quienes no pueden ni podrán obtener, del gobierno de Áñez,
salvoconductos para salir del país. Los miembros de estos grupos se turnan
para revisar los automóviles que entran y salen del exclusivo barrio La
Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomática.

 

Actúan por ahora en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor
parte de los duros choques entre seguidores y opositores de Morales antes de
su derrocamiento. La “resistencia” al Mas está compuesta por vecinos
organizados de clase media y por jóvenes estudiantes que, durante la crisis,
se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las
columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las
protestas en contra de lo que la oposición de entonces llamó el “fraude
electoral del 20 de octubre”, las elecciones en las que Morales fue
proclamado reelecto y que llevaron a la crisis política y al fin de su
gobierno.

 

En la mira

 

El hombre más odiado por la “resistencia” es uno de los jerarcas del Mas
asilados en la residencia mexicana, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la
Presidencia y hombre fuerte del anterior gobierno. Quintana está procesado
por sedición y terrorismo. Junto a él están atrapados en la lujosa casa
diplomática los ex ministros de Justicia, Héctor Arce; de Cultura, Vilma
Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos
ellos también enjuiciados por distintos delitos comunes; los acompaña
Nicolás Laguna, el antiguo encargado de informática del Estado, acusado de
fraude electoral, así como otros altos cargos que, hasta ahora, no enfrentan
procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

 

Varias de las acusaciones se deben a algo que los imputados dijeron alguna
vez: Morales es acusado de terrorismo y sedición por haber llamado a un
dirigente campesino y haberle pedido bloquear a las ciudades con rigor, de
modo que “no entren alimentos” en ellas. Hace poco, el ex presidente se
consiguió otro juicio por haber afirmado, en Argentina, que si algún día
volviera al poder, tendría que organizar milicias armadas, como hicieron los
chavistas en Venezuela, para asegurar su mando. Quintana es acusado de
terrorismo y sedición por haber declarado a la agencia rusa Sputnik que un
golpe de Estado contra Morales se debía combatir intensamente, convirtiendo
a Bolivia en “un moderno Vietnam”. El gobierno encarceló a la niñera de este
personaje, así como a un mensajero que trabajaba con Romero. Estas y otras
detenciones controversiales, como la de una doctora que atendió en una
clínica a un ultraizquierdista herido de bala o la de unos jóvenes
funcionarios que se dedicaban a hacer memes en contra del gobierno en
computadores estatales, han provocado algunas quejas individuales en los
principales medios de comunicación, los que, en términos institucionales,
aplauden al gobierno de Áñez y celebran la existencia de la “resistencia”.
Junto con Romero, decenas de personas son enjuiciadas por corrupción;
también se investiga el patrimonio de 600 ex ministros, ex viceministros, ex
directores, gobernadores y alcaldes del Mas.

 

En riesgo

 

Además de policial y judicial, la presión sobre el Mas es política.
Andrónico Rodríguez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y
precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día
en el que el mandato de Evo Morales se habría cumplido, comenzará otra etapa
de la “resistencia pacífica al fascismo”, con lo que sugirió que se
realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de
Gobierno, Arturo Murillo, tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo pone
en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que
no pensaba cometer ningún delito y denunció que el gobierno buscaba asfixiar
a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

 

En un intento de frenar la ola represiva, el Mas aprobó en la Asamblea
Legislativa una ley de cumplimiento de los derechos humanos, que exige al
gobierno de Áñez pagar indemnizaciones a las familias de las 29 personas que
murieron en la represión de las manifestaciones en su contra, poco después
de su llegada al poder, y abre la posibilidad de que los dirigentes
sindicales y políticos que se sientan injustamente perseguidos presenten
recursos ante la justicia. El oficialismo ha considerado esta ley
“innecesaria” y anticonstitucional.

 

Todo esto sucede con el apoyo de los segmentos medios y altos de la
población, los que han convertido al expeditivo Murillo en una figura
popular. El ministro, que antes de llegar al poder era cuestionado por la
torpeza de su roces con Morales, hoy recibe aplausos cuando entra en algún
café de La Paz.

 

En campaña 

 

La “pacificación del país”, que es como se llama oficialmente a las citadas
medidas en contra del Mas, ha convertido a la presidenta Áñez en la
dirigenta política contraria a Evo con la mayor intención de voto (15 por
ciento, según una encuesta realizada por Ciesmori para la televisión Unitel.
El ex presidente Carlos Mesa, en cambio, sólo tiene el 13 por ciento). Pero
Áñez aseguró que no se candidateará en las elecciones programadas para el 3
de mayo. En cambio, quiere impulsar a los diferentes candidatos a unirse en
contra del Mas, que, sin que haya definido aún quién será su candidato, es
la principal minoría del país, con el 20 por ciento de la intención de voto.
Aunque, al mismo tiempo, este partido sea rechazado por la mayoría de los
electores, evitar que los “tiranos” y los “narcoterroristas” saquen la
cabeza en las nuevas elecciones se ha convertido en la principal
preocupación de la parte de la población comprometida con el derrocamiento
de Morales, que es la que domina la opinión pública.

 

La presión por la constitución de un frente antimasista unido no ha logrado
impedir que muchas personas expresen su deseo de convertirse en candidatos
en la inscripción de principios de febrero. Mesa se proyecta como la opción
de centro, un puesto que probablemente le será disputado por el empresario
Samuel Doria Medina, quien fuera el retador de Morales en las elecciones de
2014. Otro ex presidente, Jorge Quiroga, aspira a representar a la derecha
tradicional. Luis Fernando Camacho, referente de la “resistencia” y
principal dirigente del movimiento cívico que se atribuye haber tumbado a
Morales, ha formado una candidatura con su colega Marco Pumari. Esta fórmula
constituye la expresión de la nueva derecha, caracterizada por su
religiosidad, sus “grupos de choque” y su fuerte presencia en las redes
sociales.

 

Se preveía que Camacho y Pumari se convertirían rápidamente en la principal
opción del antievismo, pero hasta ahora no han conseguido despegar en las
encuestas, posiblemente porque el primer acercamiento político entre ellos
terminó en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo
que no iría a las elecciones con Pumari y luego divulgó el audio de una
conversación con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio
de su apoyo, 250 mil dólares y el control de la aduana de Potosí, la región
de la que Pumari es oriundo. Este no negó haber tenido esta conversación,
pero dijo que quería el dinero para financiar su campaña electoral y que la
nominación de un representante cívico en la dirección de la aduana regional
era una “reivindicación del pueblo de Potosí”.

 

La Asamblea Legislativa sigue estando en manos del Mas, pero la brigada
parlamentaria de este partido se halla neutralizada por la popularidad del
gobierno en las ciudades, el absoluto alineamiento con el oficialismo de
militares, policías, fiscales y jueces, y su propia división entre un grupo
“conciliador” y otro “leal” a Morales. El Tribunal Constitucional, que hoy
como antes obedece las instrucciones del Ejecutivo, amplió el mandato de los
parlamentarios, que debía acabar el 22 de enero, hasta la transmisión de
mando, que se calcula para mediados de año.

  _____  

 



------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20200117/c33843bc/attachment-0001.htm