Argentina/ Como se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica [Georgina Orellano - Natalia Arenas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de julio 2020

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Argentina



Cómo se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis
sanitaria y socioeconómica



Natalia Arenas

La Diaria, 22-7-2020

https://ladiaria.com.uy/



Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Asociación Mujeres
Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar), cuenta
sobre las estrategias colectivas para apoyar a las mujeres más precarizadas
y obviadas por el sistema de respuesta oficial.



Las trabajadoras sexuales pertenecen a uno de los sectores económicos
informales que más salvajemente están padeciendo las consecuencias de la
pandemia de coronavirus en Argentina. Desde el 23 de marzo, el gobierno de
Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.



Más allá de la decisión sanitario-política frente a la inexistencia de una
vacuna contra la covid-19, y con base en las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud con respecto a que la única manera de no
contagiarse es mantener una higiene extrema y, sobre todo, aislarse, la
cuarentena expuso en algunos casos y recrudeció en otros la emergencia
alimentaria y habitacional de las y los trabajadores informales.
“Informales” porque no están registrados (ni siquiera como monotributistas),
y eso hace que carezcan de todo derecho laboral.



Las y los trabajadores informales en Argentina están en todos los rubros:
desde domésticas que no son registradas por sus empleadores, plomeros,
gasistas, electricistas que ejercen su oficio de manera independiente, hasta
trabajadores de la construcción y vendedores ambulantes, por nombrar
algunos. Las trabajadoras sexuales también pertenecen a este grupo. Pero con
una contra adicional: la clandestinidad.



Si bien en Argentina la prostitución no es considerada ilegal ni está penada
por el Código Penal –que sí pena el proxenetismo y la trata de personas–,
existen normas que criminalizan el trabajo sexual autónomo. Como los códigos
contravencionales de las provincias, que les dan poder a la Justicia (y en
muchos casos, a falta de fiscales en las calles, a la Policía) para multar y
arrestar a las trabajadoras sexuales en la vía pública.



Esta especie de “limbo legal” es el que permite la clandestinidad. Y, como
en una rueda sin fin, la clandestinidad es la que deriva en la emergencia
recrudecida hoy por la pandemia.



“Todos los meses que llevamos de cuarentena se traducen en deudas. Muchas
con alquileres, hoteles de familia, que superan los 60.000 pesos”, dice
Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Ammar.



Para poner en contexto: hablamos de alquileres de habitaciones o en hoteles
de familia que la mayoría de las veces se dan de manera irregular: no se
firma nada, se arregla de palabra, no hay recibos, se aumenta cuando el
dueño quiere y se desaloja de la misma manera. Por eso, algunas trabajadoras
mantienen ahora su techo entregando objetos de valor para que no las
desalojen.



En la vida legal, el presidente firmó un decreto que prohíbe los desalojos
por falta de pago hasta el 30 de setiembre. Pero en la clandestinidad, todo
vale.



En palabras de Orellano: “Hay algo que se queda estancado en las discusiones
de los feminismos en cuanto al trabajo sexual. Muy pocas veces podemos
contar cuál es nuestra realidad por ejercer un trabajo que si bien no es
ilegal en nuestro país, no estamos registradas en ningún lado. Hay una
mirada social estigmatizada y muchas de nosotras terminamos pagando el
triple de un alquiler o directamente no nos quieren alquilar por miedo,
porque creen que nuestra actividad está relacionada a algo delictivo”.



“La prostitución consentida y voluntaria existe”, dicen las trabajadoras
sexuales, y la diferencian de la explotación sexual y la trata de personas.
En este punto el debate se vuelve similar al de la legalización del aborto
en Argentina. No sólo por las cuestiones personales y morales que se ponen
en juego, sino por la intención de una parte de la sociedad de querer negar
lo que ya existe.



“Creemos que no hay voluntad política para legislar un tema que está
atravesado por cuestiones morales”, dice Orellano. “Lo planteamos como
legislación laboral, pero tenemos que comenzar a desandar antes mil
prejuicios”.



¿Es la sociedad argentina abolicionista? Para Orellano ese es, más bien, un
país punitivista. “Todo lo que no quiere ver y quiere ocultar lo hace
apelando a endurecer las penas, dándole más poder a la Policía y aliándose
con el derecho penal”.



Las putas organizadas



Los primeros días de marzo, cuando en Argentina el coronavirus todavía se
consideraba un virus asiático-europeo, en la Ammar se encendieron las
alarmas. “Como estamos en contacto permanente con organizaciones europeas,
nos empezaron a contar casos de compañeras a las que la situación de no
poder salir a trabajar las agarró de sorpresa”, cuenta Orellano.



Entonces, desde la Ammar empezaron a pensar estrategias para tener
respuestas concretas a la demanda del colectivo de trabajadores sexuales.
Así fue que crearon el Fondo Nacional de Emergencia, una campaña que apeló a
la solidaridad de otras organizaciones y de la sociedad en general.



Con los primeros aportes que recibieron en sus propias cuentas, por Mercado
Pago o Pay Pal, compraron mercadería y armaron bolsones. Las primeras
semanas había 50 compañeras anotadas para recibirlos.



Actualmente están desbordadas: la demanda que están supliendo no sólo es de
alimentos, sino también de remedios, frazadas, estufas, ropa. Con o sin
pandemia, las más perjudicadas siempre son las trabajadoras migrantes,
travestis y trans. Según el último informe de la Red Latinoamericana de
Personas Trans, 80% del colectivo trans travesti se dedica a la
prostitución.



En el contexto de aislamiento social durante la pandemia, varias
trabajadoras sexuales se volcaron por completo a la virtualidad y así logran
sobrevivir. Pero no es el caso de la mayoría: muchas trabajadoras no tienen
acceso a internet y varias más, ni siquiera celular. Esto no sólo las
complica a la hora de generar dinero, sino también al momento de tramitar
DNI, subsidios, pensiones. Ese acompañamiento también lo están realizando
desde la Ammar, con una asistente social y un abogado que una vez por semana
atienden en las sedes.



Los lugares donde viven también son un riesgo en medio de una pandemia. ¿Qué
pasa si vivís en un hotel donde compartís baño y cocina con otras 60
familias? Para reducir los riesgos, las delegadas de la Ammar se organizaron
para hacer también jornadas semanales de limpieza en los hoteles.



La mayoría de las demandas se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde
está la sede principal de la Ammar, la Casa Roja, en el barrio de
Constitución, y otra en el barrio de Flores. Pero también tienen sedes en
otras 12 provincias y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires.



El registro de la discordia



A principios de junio se dio una situación insólita: el Ministerio de
Desarrollo Social habilitó un formulario online de Registro Nacional de
Trabajadores de la Economía Popular. Por primera vez, aparecía la categoría
“trabajadores sexuales”.



“Que día Peronista, compañeras”, tuiteó Orellano. “El Ministerio de
Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía
Popular y nuestro trabajo aparece en el formulario de inscripción. Ya no
debemos ocultamos ni inscribirnos con categorías engañosas”.



La noticia se viralizó y el viejo debate entre abolicionistas y
regulacionistas volvió a instalarse en las redes sociales. Las
regulacionistas y las que van por la despenalización y el reconocimiento de
derechos (como las trabajadoras sexuales agrupadas en la Ammar) celebraron
el gesto político y concreto. Las abolicionistas denunciaban que el gobierno
“estaba reconociendo a la explotación sexual y/o trata de personas como
trabajo”.

Para las trabajadoras sexuales el festejo por la posibilidad no sólo de
recibir algún tipo de subsidio, sino de por primera vez estar registradas en
un formulario estatal, duró unas horas: el escándalo que se generó en las
redes y las propias internas entre funcionarias y funcionarios hizo que el
ministerio bajase el formulario. Antes de que lo diera de baja, en tan sólo
unas horas, se habían inscripto unas 800 trabajadoras y trabajadores
sexuales.



La desprolijidad del ministerio para manejar la situación también fue tema
de debate en las redes y en los medios de comunicación.



Unas días después el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la
ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta,
recibieron a un grupo de trabajadoras sexuales. Allí les contaron que
estaban armando una comisión de trabajo especial para discutir de qué manera
incluirlas en el registro. Es una comisión a la que fueron invitadas a
participar.



“Nosotras aprovechamos para contarles todas las dificultades con las que nos
encontramos y decirles que todas las demandas que absorbimos son demandas
que le corresponde al Estado absorber y que deberíamos poder canalizar a
través del ministerio”, contó Orellano.



Ese canal de diálogo que se abrió es histórico y beneficioso para las
trabajadoras sexuales del país. Y ya tuvo sus primeros frutos: por ejemplo,
en provincias como San Juan y Mendoza, donde nunca las habían escuchado, las
llamaron a los pocos días para asistirlas. Lo mismo en el municipio de Mar
del Plata, de la provincia de Buenos Aires.

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