Chile/ Los ricos del "barrio alto" no acatan la cuarentena [Juan Carlos Ramírez Figueroa]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de junio 2020

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Chile



La elite de Santiago no respeta la cuarentena



El llamado “barrio alto” de la capital chilena, de donde surge la elite
gobernante, no acata las normas a pesar de los 9 mil muertos del conteo
“paralelo” que se hace en el país.



Juan Carlos Ramírez Figueroa, desde Santiago

Página/12, 28-6-2020

https://www.pagina12.com.ar/



La cuarentena total en que está sumergida la región Metropolitana de
Santiago desde el 16 de mayo es casi una ficción. A pesar de las multas por
transitar sin permisos o las insistentes imágenes en TV de carabineros
devolviendo a sus casas a quienes no los poseen, en la práctica no son
demasiado respetadas. Las filas para regularizar deudas en los bancos y
comprar en los supermercados siguen siendo enormes, tanto como la cantidad
de autos circulando inclusive bajo toque de queda. Porque en el Chile de
Piñera, la economía es la prioridad y los certificados para circular para
los trabajadores de las empresas han sido excepcionalmente generosos.



En las comunas más ricas de la capital chilena como Las Condes y Vitacura
este relajo ante las normas es muy parecida a la del gobierno chileno, donde
el propio presidente no respetó las medidas sanitarias ni de distancia
social en el funeral de su tío sacerdote, Bernardino Piñera fallecido por
covid-19 la semana pasada y con una investigación abierta por abuso sexual
en el Vaticano. Incluso, cuando la noticia estalló, se intentó ocultar la
causa de fallecimiento y se negó que hubieran más de 20 personas porque los
músicos, que interpretaban a Bach, “no se cuentan”. Buena parte de los
chilenos asumen como natural esta red de complicidades y ocultamientos:
prácticamente la totalidad de la elite gobernante proviene de los mismos
colegios católicos, universidades y barrios.



Sin embargo, el pasado lunes sucedió un pequeño hito: fue declarada
admisible  la primera querella contra Piñera y el exministro de salud Jaime
Mañalich por cuasidelito de homicidio, presentada por el alcalde de la
comuna de Recoleta, Daniel Jadue (PC) y justificada por las notorias
negligencias en el manejo de la pandemia y que afectaron directamente a
vecinos de la comuna, donde reside un gran número de inmigrantes y personas
golpeadas por la cesantía.



Delivery y camiones a toda velocidad



Nada de esto, por supuesto, altera a la elite y su vida diaria. Aunque
existen pequeños gestos como no cobrar por los estacionamientos de
supermercados como el Jumbo del sector Lo Castillo (a un costo de unos 1300
pesos argentinos la hora aproximadamente) y tomar la temperatura al momento
de ingresar; otros como el cercano Banco Estado ni siquiera solicita
salvoconductos a sus clientes, ni menos refuerza la necesaria distancia
social. En avenidas que conectan estos barrios como VI Centenario o Tobalaba
se ven restaurantes y pizzerías abiertos, aunque reinventados en delivery
con la ya clásica postal de decenas de motocicletas de reparto esperando por
los pedidos. Y en Providencia, a nadie le sorprende demasiado que haya
indigentes durmiendo y sin mascarilla.





Si en Santiago Centro, las calles son angostas y llenas de semáforos, en el
sector alto, por su misma estructura de grandes avenidas y autopistas con
tag —modelo californiano consolidado durante la dictadura— hacen que los
conductores se envalentonen y superen los 160 kilómetros como sucedió
durante los primeros días de la pandemia con carreras clandestinas que los
carabineros no se atrevieron a fiscalizar. Ahora en cambio, a pesar de un
auto volcado en plena rotonda Lo Curro, lo que más se ven son camiones que
distribuyen desde alimento a materiales industriales porque la producción en
la realidad no ha parado, al punto que el gobierno ha sido especialmente
generoso en emitir salvoconductos a empresas que los trabajadores ocupan
también para salir a comprar en la feria.



Los porfiados son los pobres



Mientras los voceros del gobierno o los conductores de televisión —que han
tomado un activo rol como “eco” de las decisiones de Piñera— insisten en
acusar de “porfiadas” a las personas, la verdad es que el comportamiento de
los ricos en Chile deja mucho que desear.



Si en Semana Santa hubo al menos dos empresarios que junto a sus parejas
violaron los “cordones sanitarios” para viajar a la costa; recientemente se
reveló que el Club de Golf Lomas de La Dehesa, obliga a sus trabajadores a
seguir manteniendo sus prados bajo una triquiñuela legal: un permiso para
actividades agrícolas.



También está el caso de Fruna, gran fábrica de helados y confites de perfil
popular (célebre por hacer versiones más baratas de galletas o chocolates)
que tenía un jardín infantil funcionando ilegalmente y con permisos falsos,
sólo para que sus trabajadoras pudieran seguir sirviendo a la empresa, lo
que se suma a las denuncias de dirigentes sindicales sobre un brote de
contagios en la empresa.



Un anti-cuarentena que da trabajo a adultos mayores



Una de las figuras de la elite que ejemplifican estos acomodamientos con la
realidad es Juan Sutil, presidente de la CPC (Confederación de la Producción
y el Comercio) y famoso opositor a subir impuestos a los súper ricos. Si a
principios de la pandemia rechazaba la cuarentena argumentando que “si
paralizamos todo nos convertiremos en el país más pobre de Latinoamérica”,
ahora inesperadamente se pone del lado de los trabajadores. Pero bajo las
condiciones del neoliberalismo chileno: la semana pasada se le ofreció
trabajo públicamente en TV a un sereno (“Don Ricado”, 74 años) con hijo y
esposa enfermo, recalcando que será después de la pandemia. Porque para la
elite chilena, el modelo económico que tiene a mayores de setenta trabajando
no es el problema.



Es que los ricos de Santiago —que en las encuestas prefieren autodefinirse
como “clase media”— celebran su solidaridad, como es el caso del colegio
Saint George que habilitó su gimnasio para albergar a unos 80 ciudadanos
peruanos que, tras perder el trabajo, estaban durmiendo en frente al
consulado de su país para presionar a su gobierno el envío de un avión. El
mismo colegio, por cierto, donde se registró uno de los primeros brotes de
covid-19 y todo indica que no hubo, al menos en un principio, acciones
inmediatas de trazabilidad ni transparencia.



Porque en Chile la pandemia fue importada por una elite de vacaciones que
sorteó los débiles protocolos del aeropuerto e incluso siguieron viajando,
yendo al gimnasio o comprando en los numerosos malls de la ciudad, casos que
provocaron la indignación pública y que, al gobierno, que confiaba tal como
en Inglaterra de la “inmunidad de rebaño”, tenía sin cuidado.



Los efectos de esta cadena de irresponsabilidades como hemos visto son
devastadores. Todo esto mientras el gobierno aún no se pone de acuerdo con
el número de muertos: según el reporte oficial de este domingo son 5.509
fallecidos. Sin embargo, en el informe paralelo elaborado por el DEIS
(Departamento de Estadísticas e Información de Salud) y que se entrega a la
OMS y sólo es informado a los chilenos los fines de semana, el total de
decesos desde principios de la pandemia y que incluye los casos sospechosos,
pero sin confirmación de laboratorio, la cifra es de 8935 fallecidos. Una
forma extremadamente enredada y poco transparente del gobierno para decir
que Chile se acerca a los 9 mil muertos.

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