Estado español/ Coronavirus. Estado de alarma sin plan de emergencia social [Manuel Gari - Anticapitalistas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de marzo 2020

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Estado español



Coronavirus



Estado de alarma sin plan de emergencia social



Manuel Garí *

Viento Sur, 15-3-2020

https://www.vientosur.info/



Anoche entró en vigor el "Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo por el que
se declara el estado de alarma para gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID19", tras un largo Consejo de Ministros
extraordinario en el que básicamente se aprobaron dos grupos de medidas con
un plazo de 15 días, transcurrido el cual deberá ser debatido en el
Parlamento:



1. Confinar a la población en sus domicilios



Restringiendo la utilización de las vías de uso público de forma individual
y para los siguientes supuestos: compra de alimentos, productos
farmacéuticos o de primera necesidad, acudir a centros sanitarios, entidades
bancarias o de seguros, ir al trabajo, retornar a la vivienda habitual en
caso de encontrarse fuera de la misma, efectuar cuidados de personas
mayores, menores, dependientes y personas con discapacidad y por motivos de
fuerza mayor o cuestiones justificadas. Los vehículos privados también
estarán justificados y el Ministerio de Interior puede ordenar el cierre de
carreteras. A su vez, el Gobierno recomienda el teletrabajo.



Esta medida en si misma desde el punto de vista preventivo estás
justificada, aunque su impacto será muy desigual en la sociedad pues las
posibilidades reales de teletrabajar están limitadas a un sector minoritario
de la población y a sólo a una parte de las actividades laborales, y las
posibilidades efectivas de efectuarlas con los centros docentes cerrados
también son diferentes en los casos de tener que simultanear el trabajo en
casa con el cuidado de las y los escolares.



El problema que conlleva y al que el gobierno no ha dado solución es el cese
de actividades económicas cuyo primer efecto va a ser el aumento del paro de
los asalariados y de ingresos en los autónomos. Efecto que se va a
manifestar en la pérdida de empleo y salario en el caso de los sectores más
precarizados, multiplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE), que pueden suponer una ocasión de oro para la restructuración de
plantillas por parte de muchos patronos dado que, según dijo Sánchez en la
rueda de prensa, se va a flexibilizar el procedimiento lo que puede suponer
la eliminación de los ya escasos requisitos existentes. Ante ello cabe
preguntarse ¿qué medidas extraordinarias van a adoptarse para asegurar
salarios e ingresos de las y los trabajadores asalariados o por cuenta ajena
que hayan perdido su trabajo? ¿Qué dotaciones extraordinarias van a
efectuarse para poder asumir el coste público de los ERTE? ¿Qué dotaciones
para abordar la situación de emergencia social a la que está abocada una
importante parte de la población?



A tenor de lo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes día 10,
en el que se suspendieron los vuelos desde Italia y los viajes del Imserso o
las actividades deportivas con público, hizo la siguiente provisión: 18.225
millones de euros, de los cuales 14.400 van destinados a PYMES y autónomos
para paliar teóricamente los efectos negativos del impacto de la epidemia,
pero con truco, puesto que 14.000 millones se sustancian en aplazamiento de
impuestos y 400 millones se darán mediante créditos ICO (Instituto de
Crédito Oficial). En ambos casos se trata de aplazar el problema, sin más,
fundamentalmente mediante la minoración actual de ingresos del Estado. Por
tanto, para la atención de necesidades sociales y sanitarias se dedicarán
3.825 millones de euros, de los cuales 3.800 millones son anticipos a las
Comunidades autónomas para que atiendan sus obligaciones competenciales en
materia de sanidad, por lo que no es dinero nuevo ya que repercutirá, si no
se solventa, en menor dotación futura. Los restantes 25 millones se
dedicarán a becas de comedor. Por tanto, de momento, 0 euros para salarios o
ingresos de autónomos o situaciones de emergencia sobrevenidas en las capas
más empobrecidas de la población.



La cuestión que resta plantearse en este punto es ¿el Consejo de Ministros
del próximo martes día 17 de marzo aprobará las partidas necesarias para
conjurar la emergencia social? ¿Adoptará medidas para evitar el
empobrecimiento masivo? ¿Establecerá la posibilidad de impago de las
hipotecas para las rentas inferiores a 30.000 euros anuales? ¿Posibilitará
el cese del pago de alquileres en los casos que lo requieran? ¿Anulará la
obligación de pagar alquileres a los fondos buitres que acogió el PP?
¿Regulará las condiciones laborales para evitar que, una vez más, la crisis
y la salida de la crisis, se haga a costa de las gentes trabajadoras? Y ello
nos lleva a un segundo grupo de preguntas asociadas a la necesidad de fondos
para invertir y gastar: ¿reclamará y cobrará el gobierno de una vez los
65.000 millones de euros del rescate bancario, exigible ya con un sistema
bancario más que saneado y boyante? ¿Decretará la creación de un impuesto
extraordinario sobre los beneficios de las grandes empresas?



El dilema es claro. De momento Sánchez sólo ha pedido a la población que
adopte una serie de medidas de autoprotección, cosa necesaria, pero a día de
hoy no ha tomado las decisiones que corresponden para evitar que, de nuevo,
el sangre, sudor y lágrimas recaiga en las y los de siempre, las gentes de
abajo sin merma de los privilegios y ganancias de los de arriba.



Que lo tenga claro el gobierno. Ahora no vamos a recordarle que anduvo por
detrás de los acontecimientos arrastrando los pies durante días decisivos y
que fue aceptando la realidad de la gravedad de la epidemia a trancas y
barrancas por error a tener que adoptar medidas impopulares, pero sí que
conviene tener presente que si algo crea alarma y malestar social es la
sensación de la inexistencia de un plan, de una hoja de ruta, que se
manifiesta en dos cuestiones. En primer lugar en la adopción de medidas
parciales, a veces inconexas, con la excusa de que la epidemia es cambiante
(¡ya lo habíamos visto en el caso chino o italiano!) y, en segundo lugar, la
falta de voluntad política para movilizar los recursos económicos necesarios
siguiendo la ortodoxia neoliberal de Nadia Calviño. En ese malestar puede
encontrar la derecha el río revuelto en el que rehacer sus réditos
electorales.



2. Centralización del mando en un Estado mayor



Compuesto por los Ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad,
ese Consejo de administración de la crisis, estará liderado por el
presidente del gobierno, según su propia expresión, cuando hizo el
llamamiento a que todos los demás ( partidos, instituciones y ciudadanía) se
pusieran detrás de él. Ello significa que confiere toda la decisión
sanitaria al Estado, tanto del sector público como del privado, incluyendo
la posibilidad de intervención en la industria sanitaria, pero también unos
poderes extraordinarios a la policía y se reserva un papel de policía al
propio ejército. Para resumir lo más inmediato: todos los cuerpos
policiales, incluso los autonómicos y locales, quedarán bajo el mando único
del Ministerio del Interior. A su vez, el Ministerio de Sanidad tendrá en su
mano "todos los medios sanitarios públicos y privados, civiles y militares".



El primer significado de esta decisión es que la dimensión laboral de los
efectos del estado de alarma se minusvalora con la consiguiente marginación
de la Ministra de Trabajo y que en un momento en el que la distribución de
bienes va a ser esencial se ningunea al Ministro de Comercio. En términos
políticos ello significa que Sánchez monopoliza en el seno del gobierno el
mando en la crisis al dar todas las competencias a ministros socialistas
dejando sin rol alguno a Unidas Podemos (UP).



Pero hay una segunda dimensión de esta decisión aún más importante. Sánchez
establece la relación directa del gobierno con cada individuo residente en
territorio del Estado español como si la sociedad fuera exclusivamente una
suma de individualidades, por lo que no cuenta ni con las organizaciones
sindicales y sociales que vertebran los intereses de las clases populares,
ni tampoco con la realidad del ordenamiento jurídico que distribuye
competencias en el seno de Estado entre el gobierno central y los gobiernos
de las comunidades. Si lo primero supone reforzar la concepción neoliberal
de la sociedad compuesta por individuos y Estado sin más mediaciones, lo
segundo significa dinamitar el Estado de las autonomías en la práctica y una
vía abierta a la recentralización unitarista, renunciando a las
posibilidades que ofrece el autogobierno, siendo este asunto especialmente
grave en los casos de Euskadi (Comunidad Vasca) y Catalunya, donde se
conculcan los escasos derechos nacionales adquiridos. Sánchez en vez de
presidir la coordinación de esfuerzos ha optado por la vía de sustituir en
sus funciones al resto en una dañina (e ineficiente) maniobra política.
Difícilmente podrá solucionar este roto en la reunión de hoy día 15 con los
presidentes de los gobiernos de las comunidades.



Debido al trato dado a UP y sobre todo al segundo aspecto relacionado con
Euskadi y Catalunya, el futuro de las alianzas del PSOE se vuelve incierto,
lo que unido al triunfo –al menos de momento— del ala más neoliberal del
gobierno de las ministras de Hacienda y Economía, no es de descartar que
veamos un nuevo panorama post Estado de alarma en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado. De momento hay movimientos preocupantes.
Por un lado las maniobras de acercamiento de Arrimadas (Ciudadanos) al PSOE
si este rompe las conversaciones con la Generalitat y en concreto con
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por otro el apoyo envenenado de
Abascal (Vox) a las decisiones del gobierno, precisamente por lo que suponen
de recentralización disciplinaria. Por su parte Casado (Partido Popular)
está jugando la carta electoralista de desgaste a toda costa del PSOE,
tomando argumentos de aquí y de allá, intentando liderar el posible malestar
social de amplias capas trabajadoras, proponiendo medidas de apariencia
keynesiana combinadas con el mantra de rebajas de impuestos a las empresas,
olvidando que la privatización de la sanidad y el deterioro de los
hospitales y servicios públicos que perdieron miles de profesionales, vieron
deteriorar sus medios y tuvieron que cerrar camas, fue obra de los gobiernos
central y de las comunidades de su partido, siempre ávido, como ahora con la
medicalización de hoteles, de buscar nichos para el negocio privado.



Corolario



Estamos conociendo tres crisis concomitantes que como tales se realimentan.
La económica que ahora se agrava, la sanitaria que es más dura por el
desmantelamiento sistemático de lo público y, a su vez, incide en la
primera, y la climática que como telón de fondo tiene correlación con las
dos anteriores. En los momentos de crisis es cuando pueden tomarse
bifurcaciones estratégicas. Bien repetir y reforzar la lógica que presidió
la del 2008 y que determinó la actuación del gobierno Zapatero hasta
consumarse en la reforma acelerada del artículo 135 de la Constitución, a la
vez que se seguía apuntalando el modelo económico vigente, ambientalmente
insostenible, económicamente ineficaz y socialmente injusto por estar
subordinado al dictado de las finanzas y la Comisión europea; o bien
impulsar la inversión en un nuevo modelo productivo respetuoso con la
biosfera, poniendo en valor la planificación democrática, la defensa de los
intereses de la mayoría social frente a la oligarquía, creando un sólido
sector público y social en las industrias estratégicas, en la investigación
y en los servicios a la ciudadanía y, en definitiva construyendo una
sociedad sobre nueva planta.



* Manuel Gari, economista, forma parte del Consejo Asesor de Viento Sur.

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Declaración de Anticapitalistas ante el Estado de alarma



16 de marzo 2020



Hemos venido planteando que el gobierno estaba reaccionando lentamente y de
forma errática ante el avance de la epidemia del coronavirus y ayer aprobó
un insuficiente Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo por el que se declara
el estado de alarma para gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID19, tras un largo Consejo de Ministros extraordinario
que tendrá vigencia durante un plazo de 15 días, transcurrido el cual deberá
ser debatido en el Parlamento.



Consideramos que es insuficiente porque no contempla las medidas económicas
y fiscales necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, a sus efectos
económicos y laborables, y muy probablemente a una situación de emergencia
social.



El decreto establece los sacrificios, necesarios, que la población debe
hacer para evitar el contagio, pero no abre un horizonte de esperanza para
que, de nuevo, el “sangre, sudor y lágrimas” que nos pide el presidente del
gobierno Sánchez no supongan sacrificios de las clases trabajadoras que
vislumbran un horizonte con mayores riesgos de empobrecimiento, desempleo y
pérdida de derechos. Y ni siquiera adopta medidas inmediatas para evitar
nuevos dramas habitacionales ni para reforzar el sistema público sanitario.



Confinar a la población en sus domicilios no basta, hay que arbitrar
recursos extraordinarios para dotar a los hospitales públicos y facilitar el
cuidado de escolares. Es necesario recomendar el teletrabajo, pero también
hay que asegurar las medidas de protección a todos los puestos de trabajo
que lo requieren en la sanidad, los trabajos de cuidados, en el transporte y
en todos los sectores económicos. Hay que cortar de raíz, no “flexibilizar”,
la avalancha de ERTEs y EREs con los que la patronal está aprovechando para
reestructurar las plantillas. Y, desde luego, erradicar cualquier ayuda a
empresas con despidos. Hay que asegurar los salarios no percibidos por los
trabajadores o los ingresos no realizados por los autónomos.



Lo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes día 10 nos da una
pista de un camino antisocial. Se aprobó una línea de ayudas de 18.225
millones de euros con la siguiente composición: 14.400 para PYMES y
autónomos en forma de aplazamiento de impuestos y 400 millones se darán
mediante créditos ICO. Con ello se aplaza el problema, sin más, a la vez que
se merman los ingresos de las arcas públicas. A las necesidades sociales y
sanitarias se dedicarán 3.825 millones de euros, de los cuales 3.800
millones son anticipos a las Comunidades autónomas para que atiendan sus
obligaciones competenciales en materia de sanidad, por lo que en el futuro
habrá menos transferencias, simplemente se demora el agujero; y 25 millones
irán a becas de comedor. Así pues, no hay inyección de dinero para
inversión, investigación, salarios perdidos, ingresos no realizados de
autónomos o situaciones de emergencia social sobrevenida o agravada.



Por ello, exigimos que el Consejo de Ministros del próximo martes día 17 de
marzo apruebe las partidas necesarias para conjurar la emergencia social; el
impago de las hipotecas para las rentas inferiores a 30.000 euros anuales;
el cese del pago de alquileres en los casos justificados; eliminación de la
obligación de pagar alquileres a los fondos buitres; regular las condiciones
laborales para evitar que, una vez más, la crisis y la salida de la crisis
se haga a costa de las gentes trabajadoras. Para ello es necesario sacar el
dinero de dónde está. El gobierno debe cobrar los 65.000 millones de euros
del rescate bancario y crear un impuesto extraordinario sobre los beneficios
de las grandes empresas.



La centralización en manos de Sánchez y de los Ministerios de Defensa,
Interior, Transportes y Sanidad, junto con unos poderes extraordinarios a la
policía y el conferir un papel de policía al propio ejército, son elementos
de alto riesgo democrático. Ignorar las recomendaciones planteadas por el
ministerio de Trabajo y marginar al Ministro de Consumo, cuando es más
necesario que nunca organizar a la sociedad en ese terreno, es un claro
intento de dejar sin peso a las voces más a la izquierda del gobierno. Todo
el mundo conoce nuestra posición crítica con la estrategia del gobierno de
coalición, pero no nos da igual en qué sentido se resuelva la batalla en el
seno del ejecutivo. La “línea Calviño” significaría agudizar el sufrimiento
de millones de personas, pulverizaría las relaciones comunitarias y lanzaría
a la gente trabajadora a una lucha por la supervivencia.



Por otro lado, Sánchez establece la relación directa del gobierno con cada
individuo residente en territorio del Estado español y no cuenta con las
organizaciones sindicales y sociales ni tampoco con gobiernos de las
comunidades. Ello significa una recentralización unitarista que atenta al
autogobierno, especialmente en Euskadi, Galicia y Catalunya, donde se
conculcan los escasos derechos nacionales conquistados. Sánchez ha preferido
imponer la vía “ordeno y mando” a presidir la coordinación de esfuerzos. El
trato dado a UP, la recentralización y el triunfo –de momento– del ala más
neoliberal del gobierno de las ministras de Hacienda y Economía, nos hace
entrever un futuro incierto de las alianzas del PSOE en asuntos tan
relevantes como los Presupuestos Generales del Estado.



Hay maniobras de acercamiento de Ciudadanos al PSOE a condición de que rompa
sus conversaciones con los nacionalistas catalanes. Incluso VOX ha aplaudido
la recentralización porque la ve como un mecanismo que facilita una salida
autoritaria de la crisis sin cuestionar a la minoría privilegiada. El
Partido Popular, en plena euforia electoralista, está realizando una
oportunista y cínica oposición al gobierno sin reparar en sus
responsabilidades en el desmantelamiento de la sanidad pública y proponiendo
medidas contradictorias de aumento del gasto y bajada de impuestos.



El gobierno puede adoptar la misma vía fallida que tomó en la crisis de 2008
que supuso un reforzamiento de la oligarquía y un empobrecimiento de la
mayoría social, un creciente autoritarismo y un duro golpe al frágil “Estado
del bienestar” existente en el estado español. La vía de Zapatero allanó el
camino a Rajoy. También puede adoptar la contraria. No se pueden pedir
sacrificios en el terreno de los derechos sociales y del bienestar económico
cuando estamos viendo casos de enriquecimiento corrupto y obsceno en la
monarquía.



Es necesario optar por la vía que pone en el centro la vida, los intereses
de las clases trabajadoras y la ampliación de los derechos y libertades. O
sea, la defensa de los servicios públicos, la socialización de los sectores
estratégicos de la economía y el impulso de la planificación democrática
para poner en pie un modelo productivo y reproductivo en armonía con la
biosfera. Precisamente cuando hay una crisis, es el momento en que hay que
elegir. Y hoy más que nunca, es necesario elegir: o con la gente trabajadora
o con los beneficios de la banca y de las grandes empresas.



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