Argentina/ ¿Estamos en guerra? Apuntes sobre el consenso coercitivo [Juan Dal Maso]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de marzo 2020

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Argentina



¿Estamos en guerra? Apuntes sobre el consenso coercitivo



Juan Dal Maso *

Ideas de Izquierda, 29-3-2020

https://www.laizquierdadiario.com/



La necesidad de responder a la pandemia de coronavirus ha generado un
resurgimiento de las metáforas militares en el discurso público que –¡oh
casualidad!– a su vez busca justificar un aumento de los mecanismos
autoritarios del poder estatal. En este artículo repasaremos algunos de
estos temas tal como se presentan en la realidad argentina para tratar de
orientarnos más allá del discurso oficial, amplificado por los medios de
comunicación y por grandes franjas de la población, especialmente las que
tradicionalmente se denominan como “clases medias”.



¿Guerra o autoritarismo estatal?



“Guerra contra un enemigo silencioso”, “esto es una guerra pero contra un
virus” y otras frases similares son las que sintetizan el modo en que el
gobierno presenta la situación y ofrece una serie de medidas para intervenir
frente a la pandemia.



Definiciones de este tipo no tienen ni pies ni cabeza desde el punto de
vista conceptual. Una guerra supone dos bandos armados enfrentados (dos
Estados en la guerra tradicional o dos clases en una guerra civil), con
intención hostil y objetivos político-militares contrapuestos. Por más letal
que sea el coronavirus, es evidente que no tiene tales atributos de voluntad
ni de fuerza material.



Entonces ¿por qué el uso de este lenguaje y estas imágenes? Una primera
explicación podría ser que se usa ese léxico para explicarle a la gente la
gravedad de la situación. Sin embargo, decir por ejemplo “esta es una
pandemia en la que muere o puede morir mucha gente como ya sucedió en tal y
tal país”, sería suficientemente gráfico como para descartar las metáforas
militares. La razón parece ser la de crear un clima de “unidad nacional”,
objetivo también proclamado por el gobierno y estrechamente ligado al modo
en que decidió enfrentar la pandemia.



La cuarentena generalizada obligatoria es una medida preventiva que se toma
en vistas a reducir la “curva” de propagación del virus, en los marcos de un
sistema de Salud que viene sufriendo un proceso de vaciamiento durante las
últimas décadas. Dado que restringe de manera drástica la circulación de las
personas, se requiere una autoridad fuerte para hacerla cumplir. Ahí tenemos
entonces el discurso de la guerra y la política de crear mediante los
mensajes oficiales y los medios de comunicación la idea de un “estado de
guerra en la sociedad”.



Y como la guerra se hace contra un enemigo otro, extraño y hostil que
amenaza a la sociedad y al Estado, puestos a garantizar la cuarentena, ese
enemigo deja de ser el virus y pasa a ser el “pelotudo que no cumple la
cuarentena”.



Bajo esta denominación se iguala, en una especie de reacción histérica
masiva, a las personas de sectores pudientes que andan paseando por ahí, con
aquellas que tienen que ir a trabajar sí o sí, o simplemente van al almacén
de la esquina a comprar un poco de pan. No estamos en guerra, pero se crea
una “propaganda de guerra” a la medida de los sectores medios que desde el
dulce hogar le gritan al precarizado “quedate en tu casa”.



Las consecuencias de esta política están a la vista. Mientras cerramos este
artículo, las personas detenidas o demoradas en todo el país por “romper la
cuarentena” se cuentan por miles y los casos confirmados de coronavirus se
cuentan por cientos. El gobierno de la provincia de Chubut –mediante la
Resolución 28/2020– estableció que lunes, miércoles y viernes pueden ir a
comprar alimentos las personas con DNI (Documento Nacional de Identidad)
terminado en número par y martes, jueves y sábado, las que tienen DNI
terminado en número impar. El domingo los negocios deben permanecer cerrados
“para desinfección”. El gobierno de Neuquén, mediante decreto 0390/2020
impuso la prohibición de salir de la casa desde las 20 horas, habilitando a
las fuerzas de seguridad a demorar “hasta dar aviso al Fiscal” (o sea que si
quieren dejan a la gente detenida una buena cantidad de horas) a quienes no
cumplan la prohibición. A esto se sumó luego la prohibición total de
circulación de personas los días domingos mediante el decreto 0412/20. Con o
sin decreto, medidas similares se están haciendo de hecho en ciudades de
todo el país.



Más allá de las provincias en las que los gobernadores se muestran como “más
papistas que el Papa” e introducen más restricciones aún que las del decreto
nacional de aislamiento social obligatorio, el accionar de las fuerzas de
seguridad en todo el país registra hechos similares. En estos días se han
multiplicado los casos de policías de la provincia de Buenos Aires corriendo
en moto a niños que iban al almacén, otros que obligaron a un grupo de
jóvenes a hacer sentadillas y flexiones de brazos. En Neuquén un policía
maltrató a un docente universitario que venía de hacerse diálisis, los
gendarmes detuvieron a una persona con problemas respiratorios que había
salido a comprar y la pusieron en un recinto lleno de gente varias horas, la
policía interrumpió el paso a una trabajadora trans del Hospital Castro
Rendón, retrasando su llegada al trabajo, poniendo en duda su carácter de
trabajadora de Salud y llamándola por el nombre masculino que figura en su
DNI. Policías en Rosario aparecieron amenazando a trabajadores de Pedidos
Ya, que están obligados a trabajar. En Jujuy pusieron unas jaulas en Aceros
Zapla para poner a la gente demorada. Estos son algunos de muchos más
ejemplos que demuestran que en este caso la norma es funcional al abuso de
autoridad. Que luego desafecten a uno o dos policías no hace al fondo de la
cuestión.



Consenso coercitivo



En estos días circulan innumerables análisis sobre el impacto de la pandemia
en la construcción de poder de Alberto Fernández. Desde encuestas que le dan
un 80 % de aprobación, hasta artículos que plantean que se constituyó como
una autoridad fuerte, independizándose del kirchnerismo, hasta otros que
alertan sobre los problemas que deberá afrontar el gobierno al momento de
lidiar con las consecuencias económicas generalizadas de la pandemia.
Queremos llamar aquí la atención sobre ciertos mecanismos en los que se basa
este fortalecimiento de la autoridad presidencial, que van más allá de ella
y que posiblemente dejen ciertas marcas en la sociedad argentina hacia
delante.



No cabe duda de que el gobierno está realizando una política de masas de
gran alcance. No solo ha logrado aprobación para la figura presidencial sino
un apoyo mayoritario a su política de aislamiento social obligatorio. Sus
adherentes de paso se agrandan tanto, que muchos de ellos –especialmente
quienes tienen como profesión la de deambular en Twitter– dedicaron el 24 de
Marzo a atacar a la izquierda. En esto siguieron las indicaciones de su
Presidente, empeñado en presentar a las actuales FF. AA. como democráticas.
Pero el consenso mayoritario en torno a las medidas gubernamentales se basa
en primer lugar en el miedo de la población a la pandemia y en segundo lugar
en el carácter coercitivo de la cuarentena. Se puede objetar que el gobierno
ha dispuesto, pero lo que más ha calado del conjunto de sus políticas es el
“quedate en tu casa”.



Históricamente, las formas “aumentadas” de autoridad estatal que surgieron
en el mundo de entreguerras y tuvieron continuidad durante la segunda
posguerra, se basaron en una expansión del Estado hacia las organizaciones
sociales y políticas no estatales. La estatización de los sindicatos y la
integración al régimen de los partidos de la clase obrera fueron dos de sus
principales características. Pensando en este proceso, cuya consecuencia era
la constitución de un rol de policía para sindicatos y partidos, Gramsci
acuño la categoría del Estado integral: “dictadura + hegemonía” (C6 §155)
[1]. Este proceso de ampliación de los alcances de la autoridad estatal
implicaba a su vez formas híbridas de la relación entre coerción (atribuida
mayormente al aparato represivo) y consenso (atribuido a la esfera de la
opinión pública y las organizaciones no estatales). En términos lo más
sencillos posibles: aunque el monopolio de la fuerza lo tenga el “núcleo
duro” del Estado, la “sociedad civil”, sea bajo la forma de la opinión
pública o de ciertos aparatos específicos como la burocracia sindical
paraestatal también puede reprimir a su manera. Veamos en qué medida algunas
de estas cuestiones históricas y teóricas se presentan en la actual
situación argentina.



En primer lugar, si bien en Argentina los sindicatos están estatizados y la
mayoría de ellos apoya la política del gobierno, su rol de “policía” –más
allá de su extrema moderación y subordinación al gobierno– ha quedado en
segundo plano en la presente crisis en relación con el rol de la opinión
pública. Las organizaciones sociales que agrupan sectores de desocupados y
trabajadores de la economía popular tampoco son los interlocutores
privilegiados del gobierno, aunque muchas se inscriben en su propia órbita.
El presidente actúa como vocero principal de su propio gobierno e interpela
de manera directa a cada individuo o núcleo familiar, convocando a la
disciplina social y la obediencia a las fuerzas de seguridad, más allá de
cualquier organización intermediaria. Una masa –compuesta especialmente por
los sectores medios y altos de la sociedad y convenientemente cebada por la
mayoría de los “periodistas”– se alinea con su política y empieza a jugar un
rol de policía en el sentido amplio señalado en su momento por Gramsci:



¿Qué es la policía? Sin duda, no es solo la organización oficial, reconocida
y habilitada jurídicamente para la función de la seguridad pública, como se
entiende habitualmente. Este organismo es el núcleo central y formalmente
responsable, de la “policía”, que es en realidad una organización mucho más
vasta, en la cual, directa o indirectamente, con vínculos más o menos
precisos y determinados, permanentes u ocasionales, participa una gran parte
de la población de un Estado (C2 §150).



En este proceso social de “ampliación” de la policía descansa una gran parte
de la aprobación actual que tiene el presidente. Esa cuasi-unanimidad en
torno de la política del gobierno, basada en estos mecanismos de
interpelación disciplinaria, presencia policial en sentido estricto y
ampliación de la policía mediante el recurso a la opinión pública, podría
ser denominada como “consenso coercitivo”. Sin pretensiones de un excesivo
rigor conceptual, esta denominación intenta aludir a la combinación
específica de coerción y consenso que está utilizando el gobierno en este
momento: es un consenso creado en torno a una política disciplinaria y
también mediante ella, de modo tal que el crecimiento de la autoridad
presidencial se basa en gran medida en una relativa derechización
¿coyuntural? de la sociedad. No podemos saber qué ocurrirá en el futuro,
pero es probable que muchos “progres” y también peronistas que quieren un
“Estado fuerte” estén aplaudiendo medidas y sumándose a una opinión pública
que más tarde se volverán contra ellos mismos.



Su ideología y la nuestra



Esta especie de bloque entre los sectores del antiperonismo tradicional y el
gobierno difícilmente pueda sostenerse más allá de la pandemia. Sin embargo,
en el momento actual aparece como sólidamente unido, tras la consigna de
unidad nacional y la figura del presidente.



Los análisis triunfalistas de que “ahora los liberales piden más Estado”
están prescindiendo de que desde la óptica contraria se podría argumentar
que ahora los “populistas” piden más policía, pedido mucho más vehemente en
comparación y que engloba el deseo de orden de unos y otros y que
posiblemente prepare nuevas capitulaciones para los “antineoliberales”.



En un contexto donde las opciones económicas del gobierno son acotadas por
su opción de pagar la deuda, la “vuelta del Estado” tiene mucho más
componentes de control policial que de “Estado redistribuidor”. Si los
actuales “policías civiles” que se cuentan por millones querrán seguir
cumpliendo similares funciones en el futuro, es una incógnita, igual que el
futuro en general. Sin embargo, el peso ideológico de este proceso en curso
dejará sus marcas: el individualismo, la desconfianza hacia el vecino, la
defensa a ultranza de las fuerzas represivas, el intento de silenciar las
voces críticas por el solo hecho de no decir lo mismo que los voceros del
consenso coercitivo, difícilmente se terminen automáticamente con la
pandemia. Por eso resulta incomprensible el análisis de los “intelectuales
albertistas” que ven en esta alianza entre el individualismo reaccionario de
los sectores medios y el gobierno el comienzo del fin del individualismo.
Estaría siendo uno de los “colectivismos” más raros que ví en mi vida.



Desde esta óptica, la lucha por oponer otros valores alternativos a la
ideología de este consenso coercitivo, para evitar que se consolide como un
sentido común duradero en amplias franjas de la sociedad está a la orden del
día. Cuestionar los avances contra las libertades democráticas, defender la
lucha de clases contra los intentos patronales de imponer a la clase
trabajadora y el pueblo pobre los costos de la crisis económica, postular
los ejemplos de miles de experiencias de lucha, organización y solidaridad
obrera y popular en todo el mundo que unen el combate contra la pandemia con
la defensa de los derechos de la clase trabajadora, incluso en la Argentina,
oponer al salvataje de las grandes empresas una salida a favor del pueblo;
son todas peleas imprescindibles para el momento actual pero también para
encarar lo que vendrá.



* Integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 1997, es
autor de los libros El marxismo de Gramsci. Notas de lectura sobre los
Cuadernos de la cárcel (Ed.IPS, 2016) y Hegemonía y lucha de clases. Tres
ensayos sobre Trotsky, Gramsci y el marxismo (Ed. IPS, 2018), así como de
diversos artículos sobre problemas de teoría marxista. Forma parte de la
Asociación Gramsci Argentina.



Nota



[1] Todas las citas y referencias de los Cuadernos de la cárcel con
indicación de Cuaderno y parágrafo (§) han sido tomadas de Quaderni del
carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino
Gerratana, Torino, Einaudi, 2001, cotejando las traducciones con las de la
versión en español de Cuadernos de la Cárcel, Ediciones Era, México D.F.,
1984.

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