Venezuela/ El Estado venezolano quebró: ¿Es el fin de la universidad pública de calidad? [Víctor Salmerón]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de abril 2021

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Venezuela

 

El Estado venezolano quebró: ¿Es el fin de la universidad pública de
calidad?

 

Víctor Salmerón, en Caracas

Inter Press Service (IPS), 16-4-2021 

http://www.ipsnoticias.net/

Tras caer en bancarrota, la administración de Nicolás Maduro aplica en
Venezuela un severo recorte del gasto público que impacta, entre otros
ámbitos, el funcionamiento de las universidades autónomas que en gran medida
dependen del dinero del Estado para ofrecer educación gratuita, financiar
proyectos de investigación y realizar labores de extensión.

 

La ruina del socialismo del siglo XXI deja en el pasado el sistema en que la
renta petrolera permitía operar a las universidades sin cobro a los
estudiantes, poco peso de los recursos propios respecto a los gastos y un
gran número de jubilados, obreros y empleados.

 

Desde 1958, con la llegada de la democracia, el petroestado venezolano
amplió el acceso a la educación superior mediante distintas vías, pero el
ensayo más exitoso fue a través del financiamiento de cinco universidades
autónomas: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo,
La Universidad de Los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad
Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Universidad del Zulia.

 

Si bien los años de crecimiento constante en la asignación de recursos y
aumento de la calidad, vividos durante 1958-1983, dieron paso a períodos de
menos brillo e inestabilidad, los universitarios venezolanos, por muy
ancianos que sean, no han presenciado una crisis como la actual.

 

La debacle de la producción petrolera, que retrocedió hasta niveles de 1935
y el declive de la recaudación de impuestos, tras siete años consecutivos en
recesión, evaporaron los ingresos. La consecuencia es un ajuste feroz:
Macroconsultores calcula que en términos reales, el gasto del gobierno en
servicios de educación, salud, seguridad y defensa cayó 60 % entre
2014-2020.

 

Vivir con menos

 

El recorte deja a las universidades en el aire: el salario de los profesores
es simbólico, la falta de mantenimiento deteriora la infraestructura,
desaparece la investigación y la emigración del personal es constante. Al
mismo tiempo, la pandemia paraliza las clases en medio de fallas de
internet, carencia de equipos y ausencia de bioseguridad.

 

En febrero los profesores a dedicación exclusiva, el máximo escalafón,
obtuvieron un pago equivalente a 10,46 dólares: 2,97 dólares por salario y
7,49 dólares a través del bono Simón Rodríguez que repartió el gobierno.

 

El 8 de marzo Fapuv afirmó en un comunicado que “al no remunerar el trabajo,
el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo, razón por la cual
declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas”.

 

La Universidad de Los Andes evidencia la insuficiencia de recursos. Sus 4583
profesores, entre jubilados y activos, reciben 19 meses de salario al año al
incluir pagos extra como aguinaldo y vacaciones.

 

Para elevarles el salario hasta 300 dólares mensuales -menos que el salario
mínimo en Ecuador, otro país petrolero sudamericano- requieren 26 millones
de dólares al año y el presupuesto asignado para 2021 equivale a 950 000
dólares.

 

En el transcurso del año es usual que el gobierno aporte recursos extra,
pero en una magnitud que solo alcanza para un ínfimo incremento de salario.
El presupuesto para investigación o mantener la infraestructura
prácticamente es inexistente.

 

Mundos paralelos

 

Con el objetivo de que la revolución bolivariana ocupara todos los espacios
de la sociedad, el expresidente Hugo Chávez impulsó un sistema paralelo
creando la Universidad Bolivariana, la Universidad de las Fuerzas Armadas,
la Misión Sucre y convirtiendo en universidades a institutos universitarios
y tecnológicos.

 

Este sistema controlado políticamente, alineado ideológicamente y de menos
calidad, también sirvió para darle entrada a la educación superior a miles
de jóvenes de bajos recursos que, por recibir una formación deficiente en
liceos públicos, no eran capaces de superar las pruebas de admisión para
ingresar a las universidades autónomas.

 

Berrnardo Méndez, quien se desempeñó como vicerrector administrativo de la
Universidad Central de Venezuela entre 2008-2020, explica que “a partir de
2015 se nos obligó a excluir de nuestra solicitud de presupuesto áreas como
proyectos de investigación, formación de personal, infraestructura física,
laboratorios y equipamiento de bibliotecas”.

 

A pesar de que la solicitud de presupuesto excluyó estas necesidades, entre
2015-2019 el monto aprobado para la principal universidad pública del país
fluctuó entre 17% y 56% de lo solicitado y para este año apenas representa
2,2%.

 

En otros casos el presupuesto dejó de existir. Mario Bonucci, rector de la
Universidad de Los Andes, explica que “seguimos haciendo nuestro proyecto de
presupuesto pero el gobierno no lo pide, simplemente nos asigna una
cantidad”.

 

Fallas de gerencia

 

En las cuentas de las universidades sobresale el elevado número de obreros,
personal en funciones de administración y jubilados. En la Universidad de
Los Andes, por ejemplo, laboran 2.021 profesores, 2460 empleados y 2157
obreros; es decir, la cantidad de empleados y obreros supera en 128 % a los
profesores.

 

“Nosotros autoadministramos todos los servicios, vigilancia, comedor, aseo,
mantenimiento, jardinería; en una universidad norteamericana o europea estos
servicios son licitados y los realizan empresas privadas”, dice Mario
Bonucci.

 

El personal jubilado en la Universidad de Los Andes, que aparte de los
profesores incluye a empleados administrativos y obreros, suma 7009 personas
y supera en 371 personas al personal activo.

 

Bernardo Méndez indica que “en la Universidad Central de Venezuela más de 60
% es personal jubilado que permanece en la nómina, eso le da estabilidad al
personal jubilado pero el pago de personal absorbe alrededor de 80 % del
presupuesto”.

 

Si empresas privadas se encargaran de las labores administrativas y de
mantenimiento, las universidades no asumirían los pasivos laborales de
obreros y empleados.

 

Leonardo Carvajal, investigador y doctor en educación, considera que en las
universidades hay fallas graves de gerencia: “no se evalúa adecuadamente a
los profesores que reciben la mitad del salario por investigar. Además, la
jubilación debería ser después de 35 años de servicio y no tras 25 años, es
un despilfarro jubilar a un investigador a los 55 años”.

 

“Muchas carreras podrían cursarse en cuatro años en vez de cinco. Para
acabar con la duplicación de esfuerzos y recursos las universidades deberían
funcionar integradas en redes regionales y muchas universidades solo
trabajan 32 de las 52 semanas del año”, dice Leonardo Carvajal.

 

Añade que “sin cambios profundos aun si hipotéticamente aumentara la
producción petrolera y se disparara el precio del barril, no funcionaría el
modelo porque es despilfarrador e irracional”.

 

Vida propia

 

Las universidades podrían disminuir la dependencia del gobierno si
incrementan los ingresos por asesoría, producción de tecnología y servicios
a empresas privadas; pero en medio de la depresión de la economía esta
opción es limitada.

 

De acuerdo con Conindustria, seis de cada diez empresas afirman que no
contemplan invertir este año en investigación y desarrollo. En promedio, la
industria utiliza la quinta parte de su capacidad instalada y el principal
objetivo es sobrevivir a la recesión.

 

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) contempla que
las empresas con ingresos brutos anuales sobre 100 000 unidades tributarias
deben pagar entre 0,5 % y 2 % de sus ganancias para financiar actividades de
investigación.

 

Hasta 2010 las empresas eligieron los proyectos, pero ese año el gobierno
cambió la ley y los recursos ingresaron al agujero negro de las finanzas
públicas.

 

Giuseppe Giannetto, quien se desempeñó como rector de la Universidad Central
de Venezuela entre 2000-2004, explica que a lo interno también hay
limitaciones. “Tras años de poco presupuesto los equipos como los
laboratorios de ciencia y tecnología se han deteriorado y sin esa
infraestructura no se puede prestar mayor servicio al sector privado”,
asegura.

 

Mario Bonucci indica que “en la Universidad de Los Andes tenemos ingresos
propios, pero en conjunto cubren alrededor 5 % de los gastos de
funcionamiento, sin incluir el pago del personal”.

 

“Nuestros laboratorios hacen trabajos que permiten reparar algún equipo o
reponer algún reactivo. Tenemos dos fincas que producen leche, pero los
ingresos alcanzan para el mantenimiento de la finca”, explica.

 

Las regulaciones burocráticas obstaculizan alternativas como dictar cursos o
seminarios de manera virtual e impiden obtener ingresos en divisas.

 

“Podríamos crear un seminario sobre normas internacionales de contabilidad a
egresados nuestros que están en Chile. Un profesor nuestro viaja a Chile e
imparte cursos de manera presencial y el resto se hace vía online. El costo
por estudiante podría ser de 200 dólares, que es bastante accesible”, dice
Bonucci.

 

“Pero por las regulaciones el pasaje aéreo tendría que licitarse, algo que
podría tardar tres meses. Además, el manejo de divisas por parte de las
instituciones públicas es casi imposible; estas cosas tienen que cambiar”,
agrega.

 

Cobrar al estudiante

 

El artículo 103 de la Constitución sostiene que la educación impartida en
“las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario”,
pero tras el quiebre del modelo de financiamiento este dogma y los métodos
de enseñanza son temas a debatir.

 

Leonardo Carvajal indica que “no comparto la idea de que la universidad
puede autofinanciarse por completo, no se autofinancia el ejército o un
hospital, las cosas públicas las financia el Estado. Creo en un
autofinanciamiento parcial y creciente hasta cierto nivel”.

 

Desde su punto de vista una alternativa es el cobro a la salida. “Mantener
la gratuidad, pero una vez que el estudiante se gradúa y obtiene empleo que
pague un impuesto, podría ser de 1 % del salario, en función de las nuevas
generaciones”,plantea.

 

Bonucci indica que “el concepto de educación gratuita debe cambiar a un
modelo donde el que tiene dinero contribuye: ¿si pagas por tu hijo en un
colegio privado por qué no puedes contribuir cuando llega a la universidad?

 

Giannetto señala que “la educación de calidad, el desarrollo de ciencia y
tecnología implica una gran inversión por parte del Estado; podríamos
estudiar esquemas como becas que el estudiante pague con plazos flexibles
cuando termine su educación, pero con el desastre actual no lo veo
factible”.

 

El control académico también está en discusión. Bonucci destaca que “el
estudiante tiene que entender que se hace un gran esfuerzo en educarlo y
debe haber una respuesta apropiada. En las universidades públicas hay
estudiantes con diez o doce años dentro de la universidad, el que no rinde
debe irse”.

 

Carvajal es partidario de “un tiempo para culminar la carrera, luego del
cual el estudiante comienza a pagar. Por ejemplo, si la carrera es de cinco
años, transcurridos siete años y medio si no has terminado pagas por el
tiempo que falta”.

 

Bonucci indica que la manera de transmitir conocimientos debe modificarse.
“El modelo de universidad tiene que cambiar. Desarrollar la educación a
distancia, incluir métodos virtuales, mezclar metodologías. Al igual que
formamos a un médico en un hospital podemos formar a un ingeniero civil en
una constructora”, dice.

 

La medicina indica que cuando un miembro es amputado se sigue sintiendo
durante un tiempo como si permaneciera en su sitio, es lo que se denomina
sensación del miembro fantasma: el sistema en el que operó la universidad
pública de calidad desapareció, pero los venezolanos aún no reconocen esta
realidad.

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