Guatemala/ Contra el "pacto de corruptos". [Ricardo Sáenz de Tejada]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

4 de agosto 2021

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain en montevideo.com.uy/ <mailto:germain en montevideo.com.uy/>

  _____



Guatemala



Contra el «pacto de corruptos»



La destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan
Francisco Sandoval, forma parte de una contraofensiva política y empresarial
para frenar la lucha contra la corrupción. En este marco, el movimiento
indígena organizó un «paro plurinacional» para enfrentar lo que se conoce
como el «pacto de corruptos», un conjunto de redes para cometer delitos y
garantizar impunidad que atraviesa a la política y el Estado guatemaltecos.



Ricardo Sáenz de Tejada *

Nueva Sociedad, agosto 2011

https://nuso.org/articulo/



El pasado 29 de julio, decenas de miles de guatemaltecos se movilizaron en
al menos cien localidades del país. El repertorio de protesta incluyó el
bloqueo temporal de carreteras y caminos, marchas, concentraciones de
personas en plazas y parques, pintadas y graffitis y el posicionamiento de
personas y organizaciones en redes sociales.



A diferencia de las protestas ciudadanas de 2015, que se iniciaron en la
ciudad de Guatemala y desde allí se fueron expandiendo al resto del país, en
esta ocasión la convocatoria y el liderazgo inicial estuvo a cargo de las
autoridades indígenas ancestrales. La junta directiva de los 48 cantones de
Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá y el Parlamento Xinca realizaron
los primeros llamados a la protesta. Rápidamente, la convocatoria fue
secundada y apoyada por la mayoría de las autoridades indígenas,
organizaciones campesinas, estudiantiles, de mujeres, feministas, de la
diversidad sexual, entidades religiosas –incluyendo algunas diócesis de la
Iglesia Católica–, una treintena de empresas privadas, algunos centros de
investigación y ciudadanos sin filiación alguna. Tres partidos políticos del
campo progresista –Movimiento Semilla, Movimiento político Winaq y Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca-MAIZ– se sumaron a la protesta. Se
trató de una movilización nacional en la que, además del llamado de las
autoridades indígenas, se impusieron la espontaneidad, la diversidad y la
pluralidad. De allí que fuera denominado como «paro plurinacional», cuya
demanda central fue la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del
presidente de la República, Alejandro Giammattei.



Días antes de las protestas, el jefe de la Fiscalía Especial contra la
Impunidad (FECI), Francisco Sandoval, había sido destituido de manera ilegal
por la fiscal Porras, una funcionaria nombrada por el ex-presidente Jimmy
Morales (2016-2020) quien, por distintos medios, intentó bloquear las
investigaciones por casos de corrupción. Con el despido de Sandoval, la
coalición gobernante daba el último paso para retomar el control de la
institucionalidad pública y restaurar el régimen de impunidad.



La movilización de los pueblos indígenas y del resto de la ciudadanía fue
una respuesta inicial a la destitución de Sandoval. El sábado 31 las
protestas continuaron y fueron presentadas diversas demandas judiciales para
reinstalar al ex-fiscal y procesar a Porras. La destitución de Sandoval y el
paro plurinacional constituyen un nuevo capítulo en la contienda por el
control del Estado y la defensa de las libertades democráticas.



Crónica de una destitución anunciada



La destitución del jefe de la FECI generó rechazo y condena porque, tras la
expulsión de facto del comisionado de la Comisión Internacional contra la
Impunidad (CICIG) y el fin de del convenio con la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2019, el fiscal Sandoval le dio
continuidad a los casos y siguió investigando redes de corrupción.



Durante su mandato de diez años, pero principalmente desde 2015, la CICIG
junto al Ministerio Público identificaron, investigaron y llevaron a juicio
a integrantes de más de medio centenar de estructuras criminales que,
caracterizadas como Redes Políticas y Económicas Ilícitas, anidaron y
tomaron control de buena parte de las instituciones públicas para
utilizarlas en beneficio privado. En estas redes participan políticos,
funcionarios, ex-funcionarios, jueces y magistrados, militares en activo y
en situación de retiro y empresarios.



Los casos investigados y llevados a juicio incluyeron desde el pago de
sobornos a decenas de diputados para que aprobaran una ley que favorecía a
una empresa telefónica, hasta la participación de los grupos empresariales
más importantes del país en el financiamiento ilícito de la campaña del
entonces candidato Jimmy Morales que ganó la presidencia en 2015. Las CICIG
y el Ministerio Público trabajaron en diversos niveles, investigando casos
de corrupción desde pequeñas municipalidades en el occidente del país hasta
ministerios como Comunicaciones, Salud, y Gobernación, que fueron
convertidos en maquinarias para saquear fondos públicos. En el sistema de
justicia se mostró la existencia de redes de abogados, jueces y magistrados
que «vendían» servicios de impunidad y se estableció que las altas cortes
fueron conformadas a partir de una negociación espuria entre líderes
políticos. La mayoría de los partidos políticos han estado ligados a estas
estructuras de corrupción en las que tienen participación pequeños, medianos
y grandes empresarios.



El avance de las investigaciones fue produciendo realineamientos en la lucha
contra la corrupción. Mientras la mayoría de la ciudadanía y de la comunidad
internacional aplaudía y apoyaba estos esfuerzos, las elites empresariales y
políticas se fueron oponiendo a la CICIG, a la colaboración del Ministerio
Público y al alcance de las investigaciones. Desde 2016 se empezó a
configurar una coalición en la que participaron personas afectadas y quienes
se sentían amenazados, las cuales empezaron a actuar para frenar las
investigaciones. Esta coalición, bautizada como «el pacto de corruptos». fue
liderada por el mismo presidente Morales (cuyo entorno familiar fue
investigado por un caso de corrupción). Además, incluyó a la mayoría de los
bloques legislativos, a buena parte de las cámaras y grupos empresariales, a
medios de comunicación que son propiedad de integrantes de estas redes, a
personas con influencia procesadas por casos de corrupción y sus familias y
a fundaciones privadas.



La estrategia para enfrentar a la CICIG y la lucha contra la corrupción
incluyó el financiamiento de un lobby ante el gobierno de Estados Unidos (en
una sesión de una comisión del Congreso de dicho país se llegó a afirmar que
la CICIG respondía a los intereses del presidente ruso Vladímir Putin), pero
también cambios legales para proteger a los acusados, una campaña en redes
sociales para erosionar la confianza en la Comisión y una serie de ataques
hacia el comisionado Iván Velázquez. Entre 2016 y 2019 la única prioridad de
la política exterior guatemalteca fue detener el trabajo de la CICIG. Todas
estas acciones afectaron las investigaciones, en tanto que el trabajo de la
CICIG y el Ministerio Público empezó a ser boicoteado por las autoridades
del Ministerio de Gobernación, por jueces y magistrados y por la fiscal
Porras, que asumió el cargo en mayo de 2018.



Pese a los obstáculos, las pesquisas contra las elites políticas y
empresariales continuaron avanzando. La respuesta de Morales fue el intento
de expulsión del comisionado Iván Velásquez en enero de 2019. Aunque esa
medida fue revertida con recursos legales, el jefe de la CICIG no pudo
regresar a Guatemala tras un viaje de trabajo y el mandato de la comisión no
fue renovado, de manera que concluyó en septiembre de 2019.



La experiencia de la CICIG fue reconocida nacional e internacionalmente y en
Honduras y El Salvador fue presentada como un modelo para luchar contra la
corrupción y la impunidad en países donde los estados están capturados por
intereses criminales. Un factor clave para el éxito de la CICIG fue la
estrecha colaboración con el Ministerio Público, donde se formó la Fiscalía
Especial contra la Impunidad, integrada por una generación de jóvenes
abogados e investigadores que, con la colaboración de la CICIG, no solo
descifraron el funcionamiento de las Redes Políticas y Económicas Ilícitas,
sino las estrategias que utilizan para garantizarse impunidad, desviar las
investigaciones y bloquear los juicios. Al frente de este grupo de fiscales
estaba Juan Francisco Sandoval, el destutuído jefe de la Fiscalía Especial
contra la Impunidad.



Tras el fin del mandato de la CICIG, la FECI quedó a cargo de los casos que
estaban en los tribunales y de las pesquisas en proceso. Además, inició
nuevas investigaciones. Contrario a los cálculos del llamado «pacto de
corruptos», sin la presencia de la CICIG, Sandoval y su equipo continuaron
llevando los casos adelante. Para detenerlo, se presentaron denuncias
penales en su contra, se modificó el marco legal de la FECI, sus integrantes
fueron presionados de distintas maneras (por lo menos uno de los fiscales
tuvo que salir al exilio) e incluso, el presidente actual, Alejandro
Giammattei, acusó al jefe de la FECI de actuar con «parcialidad ideológica».




Se creó así una situación paradójica. Por un lado, el equipo de la FECI
encabezado por Sandoval realizaba investigaciones sobre redes de corrupción
que conducían a altos funcionarios y al mismo despacho superior del
Ministerio Público. Por el otro, la fiscal general intentaba por distintos
medios sabotear el trabajo de sus subordinados. La presión internacional,
particularmente de Estados Unidos, fueron determinantes para que Sandoval
mantuviera su posición. El gobierno estadounidense, a través de altos
funcionarios del Departamento de Estado, manifestó su apoyo al trabajo de la
FECI y su interés por que el ex-fiscal especial continuara a cargo de esta
entidad. Sandoval fue incluso reconocido por el gobierno estadounidense como
un «campeón en la lucha contra la corrupción». Pese a esto, el interés por
detener las indagaciones de la FECI alcanzó tal nivel que, en las últimas
semanas, la fiscal Porras prácticamente intervino esta entidad, revisando
los expedientes y concentrando las autorizaciones para poder pedir órdenes
de captura y apoyo policial entre otras medidas de centralización y
vigilancia.



Hacia un callejón sin salida



Con la destitución de Sandoval, la coalición de redes de corrupción, «el
pacto de corruptos», quitó uno de los últimos obstáculos para reestablecer
la impunidad y continuar con el proceso de cooptación del Estado. A pesar de
que al principio de su mandato el bloque del partido de Giammattei contaba
con apenas 17 (de 160) diputados, logró construir y mantener una alianza
legislativa que le ha permitido mantener la presidencia del Congreso y a
través de esa mayoría impulsar una legislación que busca cerrar los espacios
democráticos y posicionar una agenda conservadora. Desde el Congreso se ha
asfixiado financieramente a la Procuraduría de Derechos Humanos y se ha
intentado destituir a su titular. Esa mayoría en el Congreso ha pospuesto
por más de un año la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y la
integración de las Salas de Apelaciones, lo que ha debilitado aún más el
Estado de Derecho.



Con la excepción de algunos jueces y magistrados independientes, el sistema
de justicia, incluida a la misma fiscalía, se ha alineado a esta coalición
pro impunidad. En cuanto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos
integrantes fueron electos por el Congreso durante la actual legislatura,
parece haber perdido la imparcialidad, protegiendo a algunos partidos y
actuando en contra de otros.



El desempeño gubernamental de Giammattei ha sido mediocre. La gestión de la
pandemia fue errática y el proceso de vacunación ha sido poco transparente.
Se firmó un contrato con un intermediario ruso y se pagó por un total de 16
millones de vacunas Sputnik. Sin embargo, hasta la fecha se han recibido
menos de medio millón de dosis y el proceso de vacunación se ha realizado
con base en donaciones provenientes principalmente de Estados Unidos. A esto
se suma la denuncia constante de actos de corrupción, la crisis sanitaria
derivada de la pandemia y la falta de atención de otras enfermedades, la
parálisis del sistema de educación pública y la ruptura del presidente con
el vicepresidente Guillermo Castillo quien, a finales del año pasado,
propuso la renuncia de ambos funcionarios y actualmente impulsa una agenda
independiente a la del jefe del Ejecutivo.



En ese contexto, la destitución de Sandoval vino a agravar la crisis,
provocando tanto las protestas ciudadanas como la reacción de la comunidad
internacional y del gobierno de Estados Unidos, que se vio sorprendido por
esta decisión. Desde el mismo día de su despido, se empezaron a conocer los
casos que investigaba la FECI y que aceleraron su destitución. Las redes de
corrupción consideraron un riesgo menor enfrentarse a la indignación popular
y la condena estadounidense que permitir que avanzaran estas pesquisas.
Horas después de su destitución y tras dar una conferencia de prensa,
Francisco Sandoval abandonó el país por vía terrestre con la protección del
embajador sueco y del procurador de derechos humanos. En los últimos días ha
tenido reuniones en Washington con altos funcionarios estadounidenses.



De acuerdo con la información dada a conocer por Sandoval sumado a otras
revelaciones, los casos que investigaba la FECI incluían a la fiscal
general, el presidente de la República y a políticos y funcionarios del
actual gobierno. Se ha señalado que asesores y ex-asesores cercanos a la
fiscal, vendían y filtraban información para alertar a personas que eran
objeto de investigación de la FECI y de otras fiscalías. Un abogado confirmó
que pagó dinero en efectivo para obtener información y protección para su
cliente y se señaló que esta operación se producía desde el despacho
superior del Ministerio Público. Asimismo, Sandoval indicó que la fiscal
general detenía o aceleraba los casos de acuerdo con su agenda política.



El ex-fiscal declaró que, en dos casos, algunas de las líneas de
investigación conducían al presidente de la República. Estos hechos estaban
relacionados con el pago de sobornos por parte de ciudadanos rusos y el
decomiso de 123 millones de quetzales en efectivo (unos 16 millones de
dólares) que aparentemente fueron acumulados ilícitamente por un ministro
del gobierno anterior que contaba con la protección de un alto funcionario
del gobierno de Giammattei. Otra de las investigaciones en las que trabajaba
la FECI incluían el testimonio de un posible colaborador eficaz, actor clave
en varios casos de corrupción, que mostraría la participación de diputados y
funcionarios en actos ilícitos y que incluían la elección de la junta
directiva del Congreso en enero de 2020.



La destitución del jefe de la FECI impidió la continuidad de estas
investigaciones y que eventualmente estas llegaran a alguna conclusión. El
problema es que ahora no existe ningún ente independiente y con credibilidad
que pueda llevar a cabo esta indagación. La percepción de parte de la
ciudadanía es que se destituyó al fiscal para evitar que llegara a la verdad
de estos y otros casos. No es extraño, entonces, que la principal demanda
del «paro plurinacional» fuera la renuncia del jefe del Ejecutivo y de la
fiscal general. Porras, es en esta coyuntura el eslabón más débil y una
pieza que podría ser sacrificada. El gobierno de Estados Unidos la considera
una persona en la que ya no confía, el presidente Giammattei se desligó de
la destitución de Sandoval y las elites empresariales se muestran divididas
ante la posibilidad de que Estados Unidos establezcan sanciones económicas
contra Guatemala. Sin embargo, la destitución de la fiscal es muy difícil,
ya que solo puede hacerse tras la sentencia en firme de un tribunal, y, a
pesar de las muestras de rechazo (incluido un escrache virtual por parte de
sus alumnos de maestría) no parece que vaya a renunciar.



Pese a lo que parece ser una situación política estancada, la reacción
popular a la destitución del fiscal Sandoval puede contribuir a una
convergencia social y política que supere los límites de las protestas de
2015. Como se indicó al principio de este artículo, la convocatoria y el
liderazgo de las autoridades indígenas ha contribuido a superar dos clivajes
que han marcado la política guatemalteca: la división entre el mundo rural y
el urbano, y las diferencias entre indígenas y ladinos (población mestiza).
Una de las marchas realizadas en Ciudad de Guatemala el 29 de julio fue
encabezada por las autoridades ancestrales de un municipio cercano, ancianos
y ancianas mayas, quienes con las varas en alto (bastones tradicionales
símbolos de la autoridad ancestral) lideraron un contingente policlasista
que incluyó estudiantes universitarios, trabajadores, religiosos y
organizaciones de diverso tipo.



Así, además de la demanda de renuncia de los altos funcionarios, se ha
venido configurando un programa compartido que incluye el rescate y la
transformación del Estado, relevando las demandas de los pueblos indígenas.
Las posibilidades de construir un proyecto de este tipo descansan, por un
lado, en el reconocimiento de que el pacto de corruptos va por todo y busca
perpetuarse en el poder y, por otro, en la irrupción de las autoridades
ancestrales indígenas en la arena política nacional, con legitimidad
comunitaria y regional, y la consolidación de una generación política de
hombres y mujeres que, forjados en el ciclo de protesta iniciado en 2015,
reconocen la necesidad de disputar el poder político a las redes mafiosas y
sus aliados. El tiempo corre en esta contienda, uno de cuyos escenarios
determinantes serán las elecciones de 2023, en el que esta posible coalición
podría convertirse en una opción para derrotar al «pacto de corruptos».



* Es antropólogo y politólogo. Es profesor de la Escuela de Historia,
Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

  _____





--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20210804/47e5aff5/attachment-0001.htm