Paraguay/ Criminalización de la lucha indígena por la tierra. [Manuella Libardi]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de diciembre 2021

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Paraguay



Criminalización de la lucha indígena por la tierra



Manuella Libardi, desde San Pablo

Inter Press Service, 3-12-2021

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Las imágenes de la policía echando violentamente a 70 familias de la
comunidad indígena hugua po’i, del pueblo mbya guaraní, de sus tierras
ancestrales en el este de Paraguay el 18 de noviembre, es la última
ilustración de la política de desalojo que ya se ha convertido en la marca
registrada del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.



El gobierno no escatimó esfuerzos – envió policiales montados y hasta un
helicóptero para desalojar a los indígenas de tierras que ocupan desde 2014
en el departamento de Caaguazú, como explica Última Hora. Los mbyá guaraní
afirman que esas son parte de sus tierras ancestrales, que incluye un
cementerio de su gente, reasignadas a colonos en la década de 60.



Como muestra un estudio de 1960 titulado “América Indígena”, los mbyá
guaraní tienen su origen en Caaguazú y siempre estuvieron ahí. De hecho, la
simbología de esas tierras es central para los mbyá guaraní. Según su
creencia, el centro de la tierra – o Yvy Mbuté en su lengua – se encuentra
en Caaguazú y es ahí donde nació el padre de todos los guaraníes, Pa’í Reté
Kuaray, según el estudio.



Pero las tierras hoy disputadas, según Última Hora, están aparentemente
registradas a nombre de un grupo de menonitas, secta religiosa de origen
europeo con fuerte presencia en Paraguay.



Durante el proceso de colonización de las tierras que abarcan el
departamento de Caaguazú (entre otros), la venta de propiedades muchas veces
ocurrió con la presencia de indígenas en ellas. Con el pasar de los años y
el desarrollo de políticas que favorecen a los compradores en contra de los
habitantes originales, se produjo un éxodo masivo de indígenas de esa región
y los mbyá guaraní perdieron la gran mayoría de sus tierras ancestrales.



Como el proyecto de usurpación de tierras en América Latina viene de larga
tradición, las leyes han sido implementadas para proteger a los colonos.



De esa forma, hoy los habitantes nativos de las tierras del distrito de Raúl
Arsenio Oviedo son los invasores y los invasores las víctimas de ocupación.
Eso fue lo que determinó el Estado paraguayo, como muestra otro artículo de
Última Hora. Superados en mucho por la cantidad desproporcionada del
contingente policial, los indígenas dejaron sus casas de forma pacífica,
relata el informe publicado.



Histórico de condenas internacionales



Aunque la acción del gobierno Abdo no sorprenda, viola la Constitución de
Paraguay. Esa ley fundamental reconoce los derechos de las comunidades
indígenas a tierras comunitarias, con extensión suficiente para que puedan
vivir según sus tradiciones, además de prohibir el desalojo de indígenas.
Los pactos internacionales firmados por Paraguay también estipulan que el
país debe hacerse cargo de reubicar a personas desalojadas, lo que no ha
sucedido, según la institución Base Investigaciones Sociales.



Por sus frecuentes violaciones de los derechos territoriales indígenas,
Paraguay ya ha sido condenado tres veces por la Corte Internacional de
Derechos Humanos (CorIDH). La CorIDH, además, también ha otorgado una serie
de medidas cautelares a favor de comunidades indígenas en Paraguay.



La corte interamericana  no es el único organismo internacional que denuncia
la política antiindígena de Paraguay.



En octubre de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al
Estado paraguayo por fallar en prevenir la contaminación de un territorio de
los ava guaraní por pesticidas provenientes de plantaciones de las
cercanías.



A pesar de esas condenaciones internacionales, Paraguay sigue avanzando en
su agenda extractivista, con comunidades indígenas y campesinas reportando
un aumento significativo en desalojos sin órdenes judiciales en los últimos
meses, según la organización Base Investigaciones Sociales.



Estas acciones se dan después de que, en septiembre, Abdo promulgó una ley
que aumenta la pena a 10 años en cárcel a los llamados invasores de tierras.
Para muchos, la normativa, conocida como Ley Zavala-Riera, efectivamente
criminaliza la lucha indígena y campesina por la tierra, un derecho
reconocido por la Constitución.



Tierra de la soja y la extranjerización de Paraguay



Los hugua po’i habitaban tierras rodeadas de lo poco que queda de bosque
primario en el departamento de Caaguazú. Entre 2002 y 2020, Caaguazú perdió
40 % de bosque primario, según Global Forest Watch, lo que hace de él uno de
los departamentos paraguayos que más sufre con la deforestación. El área
alrededor de las tierras de la que fueron expulsados los hugua po’i está
tomada mayoritariamente por plantaciones de soja.



Informes locales afirman que las tierras de los hugua po’i serán convertidas
en plantaciones de soja. Según Base Investigaciones Sociales, los
beneficiados por la acción judicial de la semana pasada son los propietarios
alemanes, que están involucrados en el cultivo de soja en la región.

No es de hoy que el gobierno paraguayo concede los derechos de sus tierras a
explotadores de otros países.



En Paraguay, hay un proceso de larga data de venta de propiedades agrícolas
a extranjeros, especialmente procedentes de Brasil. Se estima que por lo
menos 14 % de las tierras del país ya están en manos de brasileños.



En algunos departamentos, como Alto Paraná y Canindeyú, los brasileños son
dueños de más de la mitad de las tierras. En otros, el porcentaje oscila
entre 35 % y 15 %. De los 100 mayores propietarios de tierras de Paraguay,
16 son brasileños, y todos se dedican al agronegocio. De manera similar, los
menonitas también se encuentran en la lista de grandes propietarios de
tierras en Paraguay para la producción agroindustrial.



Como muestra un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Clacso), los departamentos más afectados por la llamada extranjerización
del territorio paraguayo son Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa, donde también
están concentrados los niveles más altos de desplazamiento de comunidades.



Ese proceso ha contribuido a hacer de Paraguay el país con el peor reparto
de tierras de América del Sur, según un informe de investigación de OXFAM
titulado “Los dueños de las tierras en Paraguay”.



La criminalización de las disputas territoriales, además de violar los
derechos indígenas reconocidos por el Estado paraguayo, favorece los
intereses extranjeros frente a los de los paraguayos.



Actualmente, 300 000 familias no tienen acceso a la tierra, en un país con
baja densidad de población. Con 40 millones de hectáreas para solo  siete
millones de habitantes (Alemania es menor que Paraguay y alberga una
población que multiplica por 11 la del Paraguay, con más de 80 millones), el
título de país con la peor distribución territorial de la región simboliza
la incapacidad del Estado paraguayo de preservar los intereses de sus
propios ciudadanos, especialmente los de los pobladores originarios.

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