Argentina/ La desigualdad de género es económica y también fiscal. [Candelaria Botto]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de diciembre 2021

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Argentina



Género, impuestos y desigualdad



La desigualdad de género es económica y también fiscal



En Argentina la presión tributaria ronda el 30%. Al tratarse de un promedio,
esconde desigualdades y no “presiona” a todas las personas por igual: las
mujeres no sólo concentran una menor cantidad de ingresos, sino que también
terminan siendo las más afectadas por el peso de los impuestos indirectos.
En un país con una estructura impositiva regresiva, en contexto pandémico y
en el marco de renegociaciones con el FMI, es cada vez más urgente pensar en
una reforma fiscal.



Candelaria Botto *

Revista Anfibia, diciembre 2021

https://www.revistaanfibia.com/



Mucho se habla de los impuestos en Argentina, donde el eje parece estar
puesto en la presión impositiva, que muestra el porcentaje de los ingresos
que las personas y empresas aportan en concepto de tributos en relación a la
riqueza que se genera, es decir, al producto bruto interno (PBI). En nuestro
país, la presión tributaria ronda el 30%. Al tratarse de un promedio,
esconde desigualdades y no “presiona” a todas las personas por igual. En
principio este esquema sería justo si pudiéramos establecer que quienes más
ingresos y riquezas concentran paguen más mientras que quienes menos
ingresos y riquezas concentran paguen menos, lo que definiríamos como un
esquema impositivo progresivo.



Sin embargo, no es la realidad de nuestro país, donde el tributo que más
recauda es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que por definición es
regresivo ya que grava a todas las personas por igual, sin tener en cuenta
su nivel de ingresos. Además, debemos agregar que menos del 1% de la
recaudación nacional viene de impuestos patrimoniales que gravan la riqueza
acumulada (Bienes Personales). A su vez, se estima que casi el 3% del PBI se
pierde en la recaudación a través de gastos tributarios (exenciones,
deducciones y otros tipos de beneficios fiscales), que muchas veces se
convierten en privilegios para sectores de altos ingresos y que involucra,
en la mayoría de los casos, una falta de transparencia en la justificación
de ese privilegio fiscal.



Este esquema impositivo regresivo, donde los impuestos indirectos que pesan
sobre las y los consumidores son lo que más aportan en lugar de los
impuestos directos que se pagan por la riqueza acumulada,retroalimenta una
sociedad estructuralmente desigual en términos de género. Las mujeres no
sólo concentran una menor cantidad de ingresos en el mercado laboral sino
que, a su vez, terminan siendo más afectadas por el peso de los impuestos
indirectos ante la aparente imposibilidad de aumentar la recaudación sobre
los patrimonios, que se encuentran mayoritariamente en manos de varones.



Se estima que casi el 3% del PBI se pierde en la recaudación a través de
gastos tributarios (exenciones, deducciones y otros tipos de beneficios
fiscales) que muchas veces se convierten en privilegios para sectores de
altos ingresos y que involucra, en la mayoría de los casos, una falta de
transparencia en la justificación de ese privilegio fiscal.



Impuestos ¿para qué?



Si bien escuchamos largos discursos, con pocos argumentos y mucha
vehemencia, que caracterizan a los impuestos como “robos” por parte del
Estado, son estos ingresos los que permiten financiar condiciones básicas
para toda la población, tanto de manera directa (por ejemplo en el acceso a
la educación pública), como indirecta (por ejemplo en el hecho de que la
educación privada sea más barata en términos regionales por la existencia de
la educación pública). Es a través de los impuestos que los Estados
financian la infraestructura necesaria para el funcionamiento social y, a su
vez, buscan -o deberían buscar- generar condiciones de equidad para la
población. En este sentido, el rol del Estado es elaborar esquemas
impositivos y presupuestarios que permitan achicar las brechas de
desigualdad de ingreso, de género, capacitistas, étnicas, de orientación
sexual y todas las intersecciones que sean necesarias para revertir
discriminaciones estructurales y generar condiciones de igualdad.



Ahora bien, parándose en la desigualdad de género y partiendo de un análisis
binario por la limitación estadística que tienen los indicadores oficiales,
tenemos evidencia que muestra brechas de género en el mercado laboral, en la
apropiación de ingresos, en la propiedad patrimonial y también en el pago de
impuestos. En este escenario es necesario visibilizar el rol del estado de
achicar estas brechas para acercarnos a una sociedad cada vez más
igualitaria a través de su esquema impositivo y la política económica
traducida en el presupuesto. El no hacerlo, o el ser “ciego” al género,
reproduce entonces estas brechas y desigualdades estructurales. Por lo
tanto, no estamos ante una situación donde nos debatimos entre la
neutralidad o la acción afirmativa, sino que la decisión oscila entre
generar una acción afirmativa para la corrección de desigualdades o la
reproducción de una acción negativa que alimenta esa desigualdad.



Desigualdad de ingresos y desigualdad patrimonial



En nuestro país, pero también en la región y en el mundo, se evidencia una
desigualdad estructural en términos de género. Las mujeres tienen mayores
tasas de desempleo, mayores niveles de precarización laboral y obtienen
menos ingresos en el mercado del trabajo. Decimos que es estructural porque
más allá de efectos coyunturales, como épocas de crisis o de crecimiento,
esta desigualdad se reproduce e incrementa en los momentos de recesión. De
hecho, cuando analizamos los datos de pre pandemia y los actuales vemos que
esta diferencia entre los indicadores de los varones y las mujeres
(nuevamente toca aclarar que nos limitamos al análisis binario por una
limitación estadística), se ha incrementado más de un 10%.



Estas diferencias en los ingresos se plasman en la feminización de la
pobreza, el hecho de que 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de
menores ingresos sean mujeres, y en su contracara, la masculinización de la
riqueza, que muestra que casi 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de
mayores ingresos sean varones. Si bien los datos del mercado de trabajo son
más susceptibles de cambiar ante la coyuntura económica, la feminización de
la pobreza y la masculinización de la riqueza se mantienen sorprendentemente
estables.



Hay un sesgo de género que se evidencia en la feminización de la pobreza y
la masculinización de la riqueza, la estructura impositiva regresiva impacta
de manera diferencial en las mujeres.



La desigualdad de ingresos que desarrollamos hasta acá se complementa con la
desigualdad patrimonial, es decir, no sólo en los flujos de ingreso que se
reciben hay diferencia entre varones y mujeres sino también en el stock de
riqueza concentrada. En este sentido, según el estudio de CEPA, que utiliza
como base la declaración de impuestos de Bienes Personales, que justamente
grava al patrimonio (bienes inmuebles y muebles, autos, depósitos de dinero,
los títulos y acciones en el país y en el exterior, etc.) de las personas
que superan, en 2018, el $1.050.000 en valores patrimoniales, vemos que sólo
el 34% del total son mujeres. Lo que corresponde con la diferencia que
veíamos en términos de ingreso: hay una masculinización de la riqueza.



La regresividad impositiva y su impacto en la vida de todes



El gran peso de los impuestos indirectos, como vimos, genera una estructura
impositiva regresiva, que implica que quienes más impuestos pagan en
relación a sus ingresos son quienes menos ingresos concentran. Lo contrario
que se espera de un esquema impositivo que busque generar condiciones de
equidad. Para dar un dato concreto, en 2018, los impuestos regresivos fueron
el 61% de la recaudación total mientras que los progresivos aportaron el 39%
restante. A su vez, como hay un sesgo de género que se evidencia en la
feminización de la pobreza y la masculinización de la riqueza, vemos que
esta estructura impositiva regresiva impacta de manera diferencial en las
mujeres.



En el mismo sentido, los recortes presupuestarios para los servicios
públicos, la seguridad social y los subsidios económicos también tienen un
golpe asimétrico en la sociedad que repercute en mayor medida en quienes
menos ingresos tienen, en su mayoría mujeres. Pensar un presupuesto con
perspectiva de género incluye adentrarse en los impactos que tienen, tanto
los mecanismos de recaudación como los objetivos de gasto estatal, en la
vida de las mujeres, teniendo en cuenta que ambas acciones actúan sobre un
terreno atravesado por la desigualdad de género.



El 74% de las personas que pagó el aporte solidario fueron varones. Es
decir, 3 de cada 4 personas fueron hombres, verificando así la
masculinización de la riqueza.



De esta manera, cuando adoptamos una perspectiva de género y tenemos en
cuenta la desigualdad de la que partimos, podremos evidenciar cómo las
políticas de ajuste estructural y achicamiento del estado afectan más
fuertemente la vida de las mujeres. En este aspecto,  el Comité de la CEDAW
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
reconoció que la aplicación de programas de ajuste estructural y el aumento
de la carga de la deuda han impedido progresar en la plena realización de
los derechos de la mujer e insta a los Estados a corregir o mitigar los
graves efectos negativos de las medidas de austeridad en la vida de las
mujeres. Finalmente, ha quedado en evidencia que la austeridad fiscal
repercute en la garantía de derechos.



La experiencia del aporte solidario a las grandes fortunas, ¿un paso hacía
la progresividad?



El aporte solidario que se hizo de manera extraordinaria en 2021 da cuenta
de la misma imagen que venimos analizando. El 74% de las personas que lo
pagó fueron varones, es decir, que 3 de cada 4 personas que pagaron el
aporte fueron hombres, verificando la masculinización de la riqueza y
marcando que ante mayores riquezas esta masculinización se profundiza. Es
decir, que los más ricos dentro del grupo poblacional de altos ingresos es
aún más masculinizado.



En este sentido, podemos ver cómo la experiencia de aumentar la recaudación
de impuestos directos sobre la renta genera efectos progresivos no sólo en
términos de ingreso sino también de género. Empezamos hablando sobre la
presión impositiva en nuestro país, que de todas formas en Argentina es
significativamente menor a la de los 38 países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para enfatizar la necesidad
de financiar políticas públicas que achiquen brechas a través de
presupuestos con perspectiva de género pero también que en su forma de
recaudación logren ser una herramienta para generar condiciones de mayor
equidad.



Es urgente pensar en una reforma fiscal, que dé por resultado una mayor
progresividad en la recaudación impositiva, y en programas que busquen
achicar las brechas de género que se profundizaron con la pandemia.



La libertad no se ejerce en abstracto, no es una percepción sino que es una
acción, y en tanto acción requiere posibilidades materiales concretas sobre
las cuales decidir. Sos libre de desear lo que quieras pero solo podrás
concretar lo que puedas de hecho alcanzar, es trabajo de los Estados generar
un campo de igualdad de oportunidades para que todos, todas y todes seamos
libres de elegir.



En un país con una estructura impositiva regresiva y en el marco de
renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que auguran
programas de austeridad fiscal, es cada vez más urgente pensar en una
reforma fiscal, que dé por resultado una mayor progresividad en la
recaudación impositiva, y en programas que busquen achicar las brechas de
género que se profundizaron con la pandemia. El marco de derechos humanos da
herramientas y guías claras para avanzar en este sentido. En los Principios
de Derechos Humanos en la Política Fiscal especialistas y organizaciones de
la región (entre las que se encuentran ACIJ y CELS de Argentina) reunieron
esas guías para promover que los Estados cumplan con sus compromisos, las
empresas y las personas aporten de forma más justa de acuerdo a su capacidad
de pago, y la ciudadanía pueda exigir políticas fiscales que promuevan la
igualdad.



Aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir, de hecho, la libertad.



* Es economista, docente, divulgadora económica y activista feminista.
Trabaja como coordinadora de la asociación civil Ecofeminita, es profesora
en nivel superior y columnista económica en diversos medios radiales,
televisivos y gráficos.

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