Bolivia/ Luis Arce y el MAS: gobierno sin hegemonía. [Fernando Molina]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de diciembre 2021

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Bolivia



Luis Arce y el MAS: gobierno sin hegemonía



A un año de su regreso al poder, el gobierno del Movimiento al Socialismo
(MAS) mantiene una popularidad significativa y una fuerte capacidad de
movilización social, pero está lejos de la hegemonía del pasado. A las idas
y vueltas de los proyectos presidenciales se suman las tensiones entre
«arcistas» y «evistas» y la persistente polarización del país.



Fernando Molina *

Nueva Sociedad, diciembre 2021

https://nuso.org/



El 9 de diciembre pasado, Marcos Pumari, el segundo dirigente más importante
de las protestas contra el presidente boliviano Evo Morales en 2019, fue
arrestado en Potosí tras un aparatoso operativo policial. Un juez dictaminó
seis meses de prisión preventiva mientras se realiza su juicio. Debe
cumplirlos en Llallagua, una localidad minera en la que él no reside pero
que las autoridades consideran más segura que Potosí, la capital regional,
donde Pumari cuenta con el apoyo de la población.



Se lo acusa de haber provocado el incendio y saqueo del Tribunal Electoral
de Potosí en los días posteriores a la elección del 20 de octubre de 2019,
que la oposición consideró fraudulenta. Poco después de que el candidato que
saliera segundo en esa elección, Carlos Mesa, acusara a Morales de haber
cambiado los resultados de las urnas, hubo ataques de multitudes enardecidas
contra las oficinas electorales en las ciudades de Potosí, Sucre y Santa
Cruz de la Sierra. Pumari era entonces el presidente del Comité Cívico
potosino. Esta institución es, junto con el Comité Cívico de Santa Cruz, la
que más antagoniza con Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS).



La detención de Pumari fue aplaudida por los militantes oficialistas, la
mayoría de los cuales considera que el programa de enjuiciamiento de los
principales protagonistas del derrocamiento de Morales en 2019 se desarrolla
con excesiva lentitud. Un vocero de la poderosa Confederación Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que forma parte del Movimiento
al Socialismo (MAS), declaró: «Nosotros respaldamos plenamente la detención
del señor Pumari, pero no es suficiente, esto es apenas el inicio de la
justicia. Nosotros exigimos también la aprehensión de todos los golpistas».
Y a continuación mencionó los nombres de casi todos los jefes de la
oposición, inclusive el compañero de Pumari en la elección presidencial de
hace más de un año, el actual gobernador de Santa Cruz Luis Fernando
Camacho.



El 14 de diciembre, Camacho no pudo llegar a la opositora ciudad de Potosí a
coordinar con los dirigentes cívicos una reacción movilizada contra la
detención de Pumari, porque los campesinos bloquearon el camino para que no
lo lograra. Al explicar este percance, Camacho habló de «hordas masistas»
que actuaron «como terroristas» en contra suyo y de su comitiva. Desde el
oficialismo le respondieron que los bloqueadores querían sanciones para los
crímenes del gobierno interino de Jeanine Áñez, cuya formación fue
respaldada tanto por Camacho como por Pumari. El MAS cree que la quema de
los tribunales electorales el 21 de octubre de 2009 fue parte del golpe de
Estado que terminaría con la presidencia de Morales tres semanas después.



Esta es, más o menos, la tónica del debate boliviano. Estos, también, son
algunos de los clivajes que dividen al país: campo versus ciudades;
indígenas versus no indígenas; comités cívicos versus sindicatos; Santa
Cruz, Beni, Potosí y Tarija, en el oriente y el sur del país, versus las
regiones del occidente y el norte (donde está La Paz). Y, por supuesto, la
división en torno a las dos opiniones sobre el derrocamiento de Morales y
sobre el carácter del gobierno de Áñez, si fue un ataque a la democracia
boliviana o un intento fallido de salvarla de una «dictadura» previa.



Las detenciones de los opositores al MAS, acusados de ejecutar un golpe de
Estado contra Morales, alimentan esta polarización que mantiene al país en
una constante tensión. Más de una decena de ex-jefes militares está en
prisión por haber «sugerido» a Morales que renunciara al final de la crisis
electoral; los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía en 2019 se
hallan prófugos de la justicia. Y, como se sabe, la ex-presidenta Áñez
también está en la cárcel. Hace poco se la acusó formalmente de dos delitos
menores: resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de
deberes, que se penan con dos años de prisión. También está siendo
investigada por sedición, conspiración y terrorismo, cargos que, de
probarse, podrían mantenerla encerrada durante 20 años.



El procesamiento de estos cargos más graves no avanza. Resulta paradójico
que Áñez sea investigada por su papel en la caída de Morales, que fue menor
al de Camacho, a quien los fiscales no se han atrevido siquiera a convocar
para que testifique. Cada vez que lo intentaron se generó un enorme malestar
en la región del gobernador. (En cambio, sí convocaron al ex-presidente
Mesa, el cual se negó a declarar para no incriminarse. Y no se lo procesó).
Una de las razones por las que Áñez ha sido involucrada en este juicio es
que el oficialismo no puede armar un juicio de responsabilidades por sus
acciones como presidenta interina, porque para ello requeriría de una
autorización de dos tercios de los parlamentarios, una mayoría con la que no
cuenta.



El presidente Luis Arce está en el gobierno desde hace más de un año y no ha
logrado encaminar las acciones judiciales para establecer la responsabilidad
de la clase política en los dramáticos sucesos que antecedieron y sucedieron
a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. No quiere frenar
las acusaciones contra ninguno de los políticos opositores ni tampoco actuar
como el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, impulsando el arresto de
dirigentes de partidos políticos que gozan de popularidad, como Camacho y
Mesa. Un camino intermedio parece ser ocuparse solamente de los objetivos
«fáciles», como Marcos Pumari, cuyos días de gloria política ya habían
pasado bastante antes de su detención. Sin embargo, en caso de ser esta la
estrategia, implica dejar a los demás dirigentes opositores (a Camacho y a
Mesa, en particular) en el limbo jurídico, lo que podría impedir que el
oficialismo supere alguna vez «la cantinela del golpe de Estado», como la
llamó un político opositor. Al mismo tiempo, la falta de un cierre para la
serie de acusaciones judiciales impide que el gobierno pueda plantearse un
proyecto constructivo que reconcilie al país o al menos le «quite pólvora» a
la polarización. «Tanto el oficialismo como la oposición están subordinando
sus estrategias de más largo plazo a sus tácticas de confrontación», opina
el sociólogo Fernando Mayorga.



Las encuestas muestran dos hechos contradictorios entre sí: mientras una
parte creciente de la población está molesta por esta animosidad de los
políticos, los dos bandos cuentan con un respaldo parecido (alrededor del
40% cada uno, aunque la oposición está dividida en varias facciones).



El problema ha demostrado ser demasiado complejo para las ideas y los
recursos del gobierno. El presidente Arce es un reconocido economista pero
carece del brillo político de su antecesor, Evo Morales. Arce ha dejado que
«las cosas sucedan», sin tratar de organizarlas dentro de un plan
premeditado e inteligible. Con ello, realmente nadie sabe, ni siquiera
dentro del gobierno, si la persecución judicial irá más allá, hasta abarcar
a las principales figuras de la oposición, o no. Es probable que esta
incertidumbre siga existiendo durante todo el periodo presidencial. Esto ha
llevado a varios analistas a pronosticar que la polarización se transformará
en un mal crónico. En este momento, muchos otros países, de Estados Unidos a
la Argentina, viven una parecida división social de largo plazo.



Por otra parte, Arce ha cometido un error importante, que ha afectado la
estabilidad de su gobierno. Intentó aprobar una serie de leyes para ejecutar
una estrategia de combate al lavado de dinero en Bolivia. La estrategia
tenía un carácter tecnocrático; había sido copiada de las políticas europeas
y resultaba atemorizante en un país en el que 70% de la economía es
informal. Los empresarios informales, que en general habían apoyado al MAS,
reaccionaron con un paro indefinido al que se sumaron los comités cívicos
(los cuales forman la columna vertebral de la oposición boliviana). Esta
alianza, que hubiera sido impensable tiempo atrás, terminó haciendo
retroceder al presidente. Este tuvo que retirar una de las leyes que pensaba
aprobar y pedir a la Asamblea Legislativa que abrogara otra. Se mostró así
como un gobernante «débil» (el calificativo que apareció en la prensa). Sin
embargo, al mismo tiempo que se producía este conflicto, una encuesta
indicaba que su popularidad superaba el 40%, lo que lo ponía muy por encima
del resto de los políticos nacionales.



Como muestra este contraste, la «debilidad» del gobierno de Arce es en gran
parte un efecto del aislamiento del MAS en el campo comunicacional y
cultural. Poco después del paro, Evo Morales, en su condición de presidente
de este partido, organizó una caminata de 180 kilómetros desde Caracollo
(Oruro) hasta La Paz en apoyo al presidente. La marcha comenzó siendo
menospreciada por los principales medios de prensa y terminó movilizando a
decenas de miles de campesinos, vecinos pobres y trabajadores. Mostró dos
cosas a la vez: la gran fortaleza del MAS entre los sectores plebeyos y su
alejamiento de la clase media urbana, de la que, como se sabe, salen los
operadores periodísticos e intelectuales. Aunque el oficialismo cuenta con
algunos medios estatales y privados, la inferioridad de su fuerza
comunicacional ha sido evidente, en especial por el fuerte antagonismo en
contra suya de los principales periódicos, televisoras y radios del país.



Si un extranjero llegara y basara su opinión sobre Bolivia en las columnas
de la prensa, tendría que concluir que Arce se encuentra acorralado y no
para de cometer abusos. La misma correlación de fuerzas desfavorable para el
MAS se observa en las universidades, las instituciones de pensamiento y
debate, etc.



Esta es otra expresión de la polarización sociológica del país. El grueso
del electorado del MAS se halla en los segmentos que no han tenido 12 años
de estudios básicos, es decir, que no han completado el bachillerato. Al
contrario, la oposición tiene mucho más éxito en los sectores mejor educados
del país.



El 15 de diciembre, un piquete de mujeres opositoras hizo una demostración
en la puerta de un hotel de Santa Cruz donde, por convocatoria del Tribunal
Supremo Electoral, cientos de intelectuales se reunían para analizar la
polarización política boliviana. Las mujeres llevaban un cartel con la foto
del presidente Arce y la leyenda «Gobierno fraudulento», y gritaban «Abajo
el comunismo».



No se trataba de un hecho raro. La oposición, en particular en su facción
más radical, cuestiona sistemáticamente al Tribunal Electoral, pese a que
este fue elegido como parte del proceso de sustitución de Evo Morales, para
organizar unas elecciones creíbles para los opositores. El escepticismo de
estos se debe a la historia última del país, en el que la acusación de
fraude electoral ha sido central, y también al hecho de que, luego de
intentar muchas vías distintas –desde el «voto útil» por la candidatura con
mejores perspectivas de vencer al MAS, hasta la activación de procesos para
suspender los derechos electorales de este partido–, la oposición, que
siempre ha estado dividida y carece de líderes con influencia nacional, no
logra derrotar en las urnas a su rival. Justifica su impotencia, entonces,
retomando las sospechas de fraude y echándole la culpa al árbitro.



«Ambas partes sigue absorbidas por la confrontación de 2019. Mientras los
opositores cuestionan la legitimidad de las elecciones (que ganó Arce)
porque intentan reactivar el clivaje ‘democracia y dictadura’ que les dio
éxito en 2019, el gobierno convierte cada iniciativa opositora en un
‘segundo golpe de Estado’», explica Mayorga.



Puesto que se miden los sectores populares con la clase media, el MAS se
siente seguro de su mayoría numérica. Por otra parte, la oposición se
fortalece y radicaliza por su primacía en los medios de comunicación, sus
victorias en la lucha ideológica y su mayoría en las ciudades, especialmente
en Santa Cruz de la Sierra. No es precisamente un empate, sino una dualidad
de las fuentes de legitimidad, la cual impulsa el enfrentamiento político.



¿En qué terminará este? Nadie lo sabe. Algunos piensan en un escenario
parecido al de Chile entre 1971 y 1973, periodo en el que se crearon las
condiciones ideológicas y psicológicas para el golpe de Estado de Augusto
Pinochet. Otros suponen que, pese al fracaso del esfuerzo opositor para
echar al MAS del poder en 2020, el país ha entrado en un momento de
transición entre el ciclo estatista y redistribuidor dirigido por Evo
Morales y otro que todavía no termina de emerger.



A lo largo la historia boliviana, la desaparición política de un caudillo
importante ha generado coyunturas de dispersión del poder, fragmentación
social y disputas caóticas para determinar la forma en que aquel sería
sustituido. El elemento singular de este momento reside en que Morales no ha
desaparecido del panorama político. Todo lo contrario. Aunque las encuestas
de popularidad lo ponen por detrás de Arce y del vicepresidente David
Choquehuanca en adhesiones, la masiva y épica marcha que organizó hace poco
mostró que sigue teniendo una fuerza política que no se puede menospreciar.
Además, posee el control del partido de gobierno, lo que puede ser
definitivo a la hora de definir el candidato para la elección de 2025.



Por otra parte, el sistema político boliviano es fuertemente
presidencialista, lo que en los hechos pone a Arce en competencia con
Morales por la conducción del próximo periodo gubernamental. Ya se habla del
«arcismo», como una corriente dentro del MAS con sus propias dirigentes y
características (ideología fuertemente estatista y anti-elitista con cierta
tendencia tecnocrática, una combinación parecida a la del grupo de apoyo de
Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador). Si Arce optara por la
reelección, algo que le permite la Constitución, es muy probable que el MAS
se dividiría, pues no es un secreto para nadie que Morales quiere volver a
candidatear en 2025.



Este deseo ya ha comenzado a generar rispideces entre el líder indígena y el
presidente. Se sabe que ambos chocaron a raíz de la organización de la
marcha ya mencionada, la cual devolvió a Evo Morales al centro de la
actualidad informativa y le permitió lucir sus «músculos» como conductor de
su partido. En público, sin embargo, se muestran bien avenidos. Morales no
deja de reconocer en sus discursos la primacía de Arce –e incluso de
Choquehuanca, que es su rival personal– en la vida institucional del país, y
muchos de sus seguidores no han sido incorporados al Ejecutivo.



Morales sabe, como cualquier otro boliviano, que la única forma realista a
corto plazo de que la oposición llegue democráticamente al poder pasa por la
división del MAS en las próximas elecciones. Esta comprensión limita sus
posibilidades de maniobra, igual que las de Arce. Sin embargo, las
diferencias entre ambos, que comienzan a despuntar, podrían desarrollarse de
tal manera que desbordaran el marco de prudencia dentro del que han actuado
hasta ahora. El tiempo lo dirá.



* Fernando Molina, es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros,
de El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, La Paz,
2009) e Historia contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, Santa Cruz de la
Sierra, 2016). Es colaborador del diario español El País.

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