Colombia/ Un polvorín de violencia y miseria [Socorro Ramírez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de febrero 2021

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Colombia

 

Un polvorín de violencia y miseria 

 

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos
de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos
étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales
extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener
una respuesta: la militarización.

 

Socorro Ramírez *

Nueva Sociedad, febrero 2021

https://nuso.org/

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle
del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la
actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y
constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de
Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de
características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y
maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden
modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso
en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo
lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

 

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay
situaciones que explican por qué.

 

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses
privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas,
servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de
Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha
traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión
de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población
local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por
lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus
territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos
a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural,
ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera. 

 

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la
animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un
«estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para
que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a
quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación
regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen
esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial
los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la
impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas
colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en
Buenaventura y su zona rural. 

 

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó,
Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del
litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una
grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca,
extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra
controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular
alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para
regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar
distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática
presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero
también grupos armados irregulares que se disputan el control del
narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El
Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y
aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde
una perspectiva militarista de la seguridad. 

 

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras
e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la
Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera
en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la
consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los
procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas.
El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de
defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial,
punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que,
desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas
realidades estructurales de saqueo y violencia.

 

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de
inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control
territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas,
esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de
masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y
desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). 

 

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos
(los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va
de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a
comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos
sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a
la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un
aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado
la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con
minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de
los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las
extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de
la región. 

 

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales
pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de
1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido
haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más
resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de
protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del
Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde
2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz,
para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la
protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la
economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las
elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro
cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo
ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales. 

 

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana
recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la
iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo
protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

 

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado
planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico.
Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada
vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional.
Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos
que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay
continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir
compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso
sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el
concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo
predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al
margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece
el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos
gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la
corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y
agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de
escenario a violencias de distinto tipo.   

 

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra,
agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la
conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado
escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el
Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública
terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la
simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera
Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un
puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la
ausencia de Estado y la violencia. 

 

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se
matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del
Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de
bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos
militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de
metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de
las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías,
invisibilizando de este modo su gravedad.

 

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción
Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de
Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá
de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El
obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que
la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo
de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas
de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una
fiebre que está manifestando una infección». 

 

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la
Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se
produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y
el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de
Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a
problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y
la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y
comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos
lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes
proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de
Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector
prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los
trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que
presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las
minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más. 

 

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos
crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las
realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse
en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e
incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que
agravarán la situación de los territorios periféricos. 

 

* Es doctora en Ciencia Política y fue profesora en el Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (iepri) de la Universidad
Nacional de Colombia. Hasta su jubilación, coordinó el Grupo Académico
Colombia-Venezuela y los programas andino-brasileño y Colombia-Ecuador.

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